Rafael Mafei, especial para Piauí. Cármen Lúcia comenzó su voto en un ambiente de cierta aprensión. No porque hubiera dudas de que condenaría a Jair Bolsonaro y a los demás acusados de la conspiración golpista, como de hecho hizo, ya que esto era más que esperado. Sino por la expectativa de que ella usaría parte de su tiempo para reaccionar específicamente al voto de Luiz Fux. El día anterior, él emitió un voto que sorprendió incluso al más optimista de los abogados de los acusados. Aceptó tesis que ni siquiera las propias defensas habían presentado.
En medio de uno u otro punto relevante en las preliminares procesales, cuya futura discusión no debe ser ignorada solo porque fueron presentados en el paquete de disparates de un voto que causó perplejidad en el mundo jurídico, Fux pasó casi catorce horas desfilando contradicciones que espantaron incluso a los peores críticos que nunca esperaron de él cohesión o coherencia. Contradicciones con su pasado de sabido desprecio por las tesis defensivas propias del verdadero garantismo, que beneficiarían a acusados de hurtos insignificantes y a mujeres pobres encarceladas, cuyos hábeas corpus él sistemáticamente niega. Contradicciones con su paso por la presidencia del Supremo, cuando, el 8 de septiembre de 2021, firmó una nota llamando “antidemocráticas, ilícitas e intolerables” a las mismas declaraciones que ayer minimizó como “declaraciones desafortunadas” y “discursos inflamados e irreflexivos”. Contradicciones con sus votos en los casos del 8 de enero, especialmente en cuanto a los delitos de organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio catalogado. Contradicciones con la regla ética por la cual los jueces deben guiarse, absteniéndose de comentarios sin valor jurídico y políticamente explosivos, como la absurda alusión que hizo a Adélio Bispo y a la puñalada de 2018. Contradicciones, en fin, con la lógica básica de la experiencia y de la vida, que guía al juez de buena fe en el análisis de las pruebas, y jamás admitiría la condena de Mauro Cid por ejecutar un golpe a favor de Jair Bolsonaro, pero absolver a Jair Bolsonaro por falta de pruebas en relación con el mismo golpe que se considera probado para Mauro Cid.
Fue una verdadera “revelación” de Fux. Bolsonaro ya había dicho que tenía el 20% del Supremo, en referencia a Kássio Nunes Marques y André Mendonça. Al adoptar ideas que solo se ven en los grupos de WhatsApp del bolsonarismo más radical – como la afirmación de que el verdadero crimen contra la democracia fue el “Mensalão” –, Jair puede actualizar su contabilidad. La postura de Fux en la sesión de este jueves (11), manteniéndose en silencio, cabizbajo y con los ojos fijos en el celular mientras los demás ministros interactuaban libremente, incluso lanzándole indirectas nada sutiles, explicita su posición como un outsider entre sus pares.
El voto de Cármen Lúcia fue claro, rápido y objetivo. Disipando la aprensión del inicio de la sesión, no polemizó con Fux. Comenzó por la discusión de la acusación de organización criminal, una reacción directa, aunque no nominal, al voto del día anterior. Al afirmar su comprensión de que el delito estaba caracterizado, Cármen Lúcia ya explicitó que consideraba a Jair Bolsonaro el líder de la organización, sellando la mayoría necesaria para condenar al ex presidente por ese delito. Inmediatamente después, concluyó rápidamente su voto para acompañar a Moraes y Dino en su totalidad, condenando a todos los acusados por todas las imputaciones, aunque señalando alguna posible divergencia con el ponente en la dosimetría de las penas.
Cristiano Zanin habló por último y también despejó algunas cautelas que existían sobre sus posturas. La primera se refería a la alegación de indefensión, por el llamado document dump – el agobio de las defensas con cantidades excesivas de documentos, para ser analizados en un plazo corto. Se sospechaba que Zanin, quien como abogado fue un célebre crítico de tácticas de lawfare y defensor de las prerrogativas de la abogacía, pudiera ser sensible a ella. Pero él rechazó el argumento, como también rechazó las demás preliminares, incluida la relativa a la nulidad de la delación de Mauro Cid, por la cual algunas defensas, especialmente la de Braga Netto, lucharon mucho.
Ya pasaban de las seis de la tarde cuando la palabra volvió al ponente, que inició la dosimetría de las penas. Moraes recordó la forma de cálculo de las penas, que según el Código Penal se realiza en tres fases, y también recuperó la jurisprudencia de la Primera Sala en la dosimetría de los casos del 8 de enero, sugiriendo que las penas de los acusados del núcleo crucial, incluso las menores, tendrían que quedar por encima del umbral de los ya condenados. Posiblemente su objetivo también era estimular al ministro Fux a mantener en el juicio de hoy los mismos estándares que ya había aplicado en cientos de esos casos. Hizo poca diferencia, ya que Fux, aunque pudo hacerlo, optó por no votar las penas de los acusados que absolvió – prácticamente todos.
En la fase del cálculo de las penas, quien respiró aliviado fue Mauro Cid. Sin dejar de señalar omisiones del colaborador, Moraes reconoció la efectividad de su cooperación y le concedió todos los beneficios que había acordado con la Policía Federal. Cid salió con una pena de dos años de reclusión, en régimen abierto. En el extremo opuesto quedó Bolsonaro, el líder de la organización criminal: 27 años y tres meses. Un poco por debajo quedó Braga Netto, con 26 años. Anderson Torres y Almir Garnier tuvieron la pena fijada en un nivel ligeramente inferior, en 24 años. Las penas menores, pero aún así altas, quedaron para Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Alexandre Ramagem: respectivamente, 21 años, 19 años y 16 años, 1 mes y 15 días de prisión con pérdida del mandato parlamentario. Ramagem y Torres perderán sus cargos de delegados de la Policía Federal. Todos fueron declarados inelegibles por un período de ocho años.
Los acusados deben comenzar a cumplir sus penas en régimen cerrado. La cuestión del lugar de reclusión de Bolsonaro debe ser un debate aparte. El tribunal tendrá que decidir el peso que deben tener tanto su condición de militar retirado, aunque el Ejército ya ha dicho que no desea recibirlo como huésped carcelario, como su condición de ex presidente de la República, que no le confiere en sí mismo derecho a un trato diferenciado, pero lo convierte en una persona cuya seguridad merece especial atención, como ocurrió con Lula. Por isonomía, es posible que su celda sea un ambiente análogo a la sala de la Policía Federal donde Lula estuvo detenido. La condición de salud de Bolsonaro también es un hecho que debe ser considerado: es seguro que el ex presidente buscará la llamada prisión domiciliaria humanitaria, que no debe ser concedida antes de que un perito médico lo evalúe, y los responsables del establecimiento donde esté encerrado respondan si hay, o no, condiciones para que reciba un seguimiento médico adecuado allí mismo.
Antes de hablar del cumplimiento de las penas, hay que esperar la firmeza de la sentencia, porque – a diferencia de lo que defendía el ministro Luiz Fux cuando este debate se libró en el STF y le interesaba directamente a Lula – el inicio del cumplimiento de una pena criminal presupone que la sentencia condenatoria sea firme, agotándose todos los recursos aplicables. Además de los embargos de declaración, un recurso que rara vez cambia el resultado de lo que se decidió. Por lo tanto, las defensas deben buscar llevar el caso al plenario del STF a través de los llamados embargos infringentes. Para que sean exitosos, el Supremo tendrá que cambiar el entendimiento que viene adoptando desde 2018, cuando (a mi parecer erróneamente) pasó a exigir dos votos absolutorios, y no solo una divergencia cualquiera, para la recepción de este recurso. La procedencia de los embargos debe ser la principal cuestión jurídica que anime el resto del juicio.
A medida que se cierran las cortinas de su juicio en el Supremo, Jair Bolsonaro y los demás acusados deben volcar sus esperanzas y esfuerzos hacia las instancias políticas. Se espera, en primer lugar, que sus partidarios desaten de inmediato una guerra visceral contra el Supremo. Si en los últimos tiempos este combate está siendo protagonizado por los bolsonaristas que están bajo la guarda y protección de Donald Trump, como Paulo Figueiredo y Eduardo Bolsonaro, no causará sorpresa si aquellos que desde hace un tiempo han observado una relativa y estratégica discreción ahora vuelven a la carga con todo contra el tribunal. Idealmente, en los casos en que los miembros de la falange sean también parlamentarios, sus propias casas legislativas deberían encuadrarlos, pero no hay ninguna esperanza de que eso ocurra: si ni siquiera Eduardo Bolsonaro es molestado por las instancias disciplinarias de la Cámara, nadie más lo será. Con esto, seguiremos en el diapasón de siempre: los mismos partidos que hablan de pacificación a través de la amnistía crean todos los estímulos para que los diputados y senadores más radicales minen cualquier paz posible con sus ataques al tribunal.
La segunda consecuencia esperada es que el bolsonarismo debe jugar todas sus fichas en las elecciones para el Senado y, claro, para la Presidencia de la República. Si hacen un cálculo racional, Jair y sus hijos, especialmente Eduardo, deben dejar de producir confusión en torno a la definición del candidato del campo bolsonarista, pues el futuro del padre fuera de la prisión dependerá en gran medida del éxito de esa candidatura. El Senado, que será renovado en dos tercios en 2026, es la casa donde comienzan y terminan los procesos de impeachment de ministros del STF, lo que debe convertirse en una obsesión bolsonarista tan grande como lo es hoy la amnistía. Ya sea para la presidencia, o para el Senado, “acabar con la dictadura de la toga” será el lema de campaña más adoptado en todo Brasil.
Aún quedan las incógnitas que se avecinan para el futuro de la política en general. El próximo presidente de la República tendrá la oportunidad de nombrar al menos a tres ministros para el Supremo. Si es un bolsonarista, los tres ministros que hoy Bolsonaro puede considerar como “suyos” llegarán a cinco – pues uno de ellos, Fux, se irá por jubilación obligatoria. En este escenario, lógicamente, cualquier iniciativa para deshacer las condenas que hoy fueron encaminadas pasaría a tener más posibilidades de prosperar. Aún más si las amenazas al Supremo provenientes de un Senado más bolsonarizado son suficientemente concretas. La conclusión de las acciones penales contra el golpe es histórica y debe ser celebrada, pero aún queda camino por recorrer hasta el final de la maratón por la defensa de la democracia.
