Día: 9 octubre, 2025

La oposición le puso fecha al dictamen del Presupuesto 2026

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Habida cuenta de que por primera vez en la historia reciente no se sanciona el presupuesto nacional durante dos años consecutivos, la oposición de la Cámara baja apeló a una medida también inédita: votó el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a que debata el tema y llegue a emitir el dictamen correspondiente el día 4 de noviembre próximo.

El debate se dio en el marco de la fuerte controversia que rodeó la figura de quien hasta esta semana era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien terminó siendo desplazado primero de la candidatura al frente de la lista bonaerense de La Libertad Avanza y luego de la conducción de la citada comisión.

Previo al inicio del debate de este tema la sesión estuvo al borde de caerse. De hecho, el diputado libertario Alvaro Martínez pidió levantar la sesión ya que no había quórum para votar el tratamiento del tema sobre tablas. Ocurrió cerca de las 22.30, y mientras Germán Martínez tomaba asiento presuroso para tomar la palabra, su compañera de bloque Cecilia Moreau le advertía a Martín Menem: “No seas tramposo, no seas tramposo”. “Le voy a pedir que no me falte el respeto”, le replicó el presidente de la Cámara.

“Usted sabe que hay quórum”, le advirtió Martínez, que se quejó porque se había acomodado el horario de la cena a esa hora para especular conque a la hora de votar algo se pudiera caer el quórum. “Tenemos no solamente el quórum, tenemos la cola acá para que nosotros podamos efectivamente el quórum necesario para poder avanzar. Hay que ser honestos en el juego parlamentario”, señaló y chicaneó a los oficialistas que estaban parados al lado de sus bancas diciendo que “son los mismos que durante dos años han dejado a la Argentina sin ley de presupuesto”.

Tras la intervención de Martínez, el oficialista Santiago Santurio la emprendió contra el kirchnerismo, recordando la inflación del 211% que dejó Sergio Massa, o los números “ficticios” de Axel Kicillof. “No había ley de presupuesto, había un dibujo que no respetaban nunca. Ahora nos vienen a dar cátedra de la ley de presupuesto…”. Y lanzó: “Acá hay una irresponsabilidad de tener un gasto excesivo en la Argentina, que no nos tomen el pelo”.

Y cerró advirtiendo que “no vamos a permitir que vengan a romper el déficit fiscal para volver a caer en el aumento de la pobreza y la desigualdad (…) Ahora no nos apuren con la ley de presupuesto, porque nosotros ya comenzamos el debate”.

Desde el Pro, Silvana Giudici aclaró que “el momento para sostener el quórum es cuando se va a votar una moción, una ley, en este caso un emplazamiento… Por lo tanto, la moción de orden (para votar) estaba mal pedida porque recién se iniciaba el tratamiento”. Pero aclaró que “el sostenimiento del quórum depende de los bloques que pidieron la sesión, y a las 10 de la noche se fueron a comer… Déjense de llorar cada vez que se les cae el número diciendo que la culpa es de los bloques que no compartimos esta agenda”.

Finalmente fue Nicolás Massot (Encuentro Federal) el que hizo una moción de emplazamiento para tratar el presupuesto 2026 con seis reuniones informativas y una séptima para el dictamen. Las fechas y horarios previstos fueron las siguientes: 1°) martes 14 de octubre a las 15.00 hs; 2°) miércoles 15 a las 14.00 hs; 3°) martes 21 a las 13.00 hs; 4°) miércoles 22 a las 10.00 hs; 5°) martes 28 a las 11.00 hs; 6°) miércoles 29 a las 10.00 hs; y la última, para dictaminar, el martes 4 de noviembre a las 12.00 hs.

Por otra parte, Massot aclaró que para no jugar al misterio había un acuerdo para que el nuevo presidente fuera Bertie Benegas Lynch, y correspondía que en la primera sesión fuera ungido y se votaran además todas las invitaciones que  la comisión acordara labrar. Y solicitó por último que se comunicaran con Carlos Guberman Pablo Quirno para invitarlos para el próximo martes, para poder completar la exposición que la semana anterior quedó trunca.

Silvana Giudici aceptó las fechas, salvo la del dictamen, proponiendo una fecha “mucho más realista”, ya que ponía en duda que pudieran tener dictamen para el 4 de noviembre. Massot le aclaró que un cambio no le competía a él, pues tenía que llevar adelante en todo caso “una serie de conversaciones bien variopintas”. Pero explicó que no tenían idea de si el Gobierno pretendía llamar a extraordinarias, razón por la cual tenían que manejarse con el cronograma de ordinarias. “Y el Senado necesita mínimamente tres semanas completas para trabajar”, explicó, insistiendo entonces con dictaminar el primer martes de noviembre.

Ex senadora nacional, Laura Rodríguez Machado habló desde su experiencia para señalar que todos saben que los senadores que quieren participar del debate asisten a las reuniones de Diputados, por lo que apoyó la propuesta de Giudici de “ser un poco más laxos”. Y advirtió además que “prácticamente Massot está manejando la Comisión de Presupuesto”, por lo que le reclamó una mínima elasticidad.

Massot insistió con esas fechas, ya que especuló con una sesión en Diputados para debatir el presupuesto 2026 el miércoles 12 de noviembre, por lo que el Senado debería estar dictaminando al filo del cierre del tiempo para dictámenes: 18 o 19 de noviembre. “Acá no hay capricho; no tenemos certezas de que el Gobierno quiera tratar el presupuesto”, cerró Massot.

El emplazamiento fue votado y aprobado a mano alzada.

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No prosperó el proyecto de los gobernadores que modificaba el reparto del impuesto a los combustibles

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La iniciativa no consiguió la mayoría especial necesaria para su aprobación. Proponía modificar la Ley 23.966 para redefinir la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y disolver dos fondos fiduciarios.

Cerca de las 3 de la madrugada de este jueves jueves, con más de 14 horas ya de sesión, el pleno se abocó al último de los temas puestos en consideración: el proyecto que disponía la eliminación de diversos fideicomisos y la modificación a la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural.

Antes de la votación, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem aclaró que el proyecto necesitaba una mayoría absoluta para su aprobación, lo que fue rechazado enfáticamente por Germán Martínez, quien expresó su desacuerdo, recordando que no se había votado así en el Senado y que “cuando uno le está sacando fondos a las provincias, ahí siempre en defensa de las provincias argentinas se necesita una mayoría especial; cuando lo que estamos haciendo es devolviéndoles recursos, no se necesita ni se necesitó mayoría especial”.

El secretario Parlamentario leyó entonces el artículo 75 inc. 3ro de la Constitución como argumento, señalando que se modificaban asignaciones específicas de recursos coparticipables.

Tras ello, Nicolás Massot también expresó su desacuerdo recordando cómo se votó la Ley de Bases, no exigiéndose mayoría especial a la hora de eliminar ahí fideicomisos.

No hubo caso con eso y a la hora de votar el resultado fue de 126 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, con lo que no se alcanzó esa mayoría absoluta necesaria.

Las abstenciones correspondieron a los diputados de la izquierda porque, según explicó Christian Castillo, el proyecto eliminaba fideicomisos como los destinados a Vialidad, destinándolos en cambio a los gobernadores.

“Este proyecto se reparten el botín Nación y gobernadores”, argumentó Castillo.

Ricardo López Murphy dijo por su parte que el sector público argentino lo componen tres secciones: una, los gobiernos locales, otra el Estado federal y la tercera la seguridad social. “Las medidas que se están tomando distraen recursos del Estado federal a los gobiernos provinciales -dijo-. El problema más serio es la seguridad social. Lo mejor hubiera sido afectar estos fondos a la seguridad social, que está profundamente desfinanciada. Por eso expresó su disidencia con la iniciativa”.

El proyecto de ley impulsado por los gobernadores proponía la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se iban a redistribuir entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa buscaba una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.

Además, se modificaba la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefinía cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación.

Los fundamentos del proyecto indicaban que la propuesta surgió de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaron, además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.

Finalmente, mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta buscaba que tanto Nación como provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica. Consideraron que esta redistribución permitirá “una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, sin comprometer la sustentabilidad fiscal del país”.

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La Cámara autorizó a un juez a tomar medidas de prueba sobre Espert

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Fue al cabo de un largo debate que se generó al tomar conocimiento el Cuerpo de un pedido de medidas de registro y secuestro de bienes del diputado libertario.

Inmediatamente después de que se aprobara la designación de la terna para conducir la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Cámara baja se abocó a tratar una novedad que se había dado durante la jornada: un pedido de autorización a la Cámara baja para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes del diputado José Luis Espert, remitido al Cuerpo por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López planteó tomar las medidas necesarias para resguardar todas las pruebas. Para evitar que las medidas de prueba se pudieran frustrar, pidió entonces un cuarto intermedio en las bancas a fin de que se reunieran los jefes de bloques y el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a los efectos de ver cómo atender el pedido del magistrado, siendo “cautos y prolijos”.

“El juez no pide el desafuero, sí la autorización de las medidas”, aclaró.

Sin embargo desde el bloque Unión por la Patria su titular, Germán Martínez aclaró que no querían un cuarto intermedio, sino que todo lo que fuera a resolverse se hiciera públicamente.

Intervino entonces el diputado Martín Soria, quien solicitó que se leyera el oficio recibido y de manera inmediata se pudiera ordenar a los órganos de la Cámara para resguardar la oficina legislativa de Espert. Y recordó que en Viedma este miércoles se encontró en un cesto de residuos de la vivienda donde cumplía arresto domiciliario Fred Machado “un contrato que echa por tierra las burdas excusas que viene dando José Luis Espert”.

Pidió, en definitiva, fajar y sellar la oficina del legislador oficialista para garantizar la actuación de la justicia.

El secretario Parlamentario, Adrián Pagán, aclaró que no leería el oficio por entender que así lo pedía el juez, quien al pie del mismo expresaba que “a todo evento le aclaro que el expediente se encuentra bajo secreto del sumario, en función de lo cual se solicita evitar la publicidad del siguiente oficio y sus pormenores”.

El diputado Christian Castillo insistió a continuación para que, tal cual había pedido al principio de la sesión su par Vilma Ripoll, se procediera a expulsar al diputado, mientras que el diputado Pablo Juliano sugirió constituir una sesión secreta para darle al tema el tratamiento requerido.

Finalmente la diputada Mónica Frade hizo una moción para votar la autorización para que el juez federal del Juzgado Número 2 de San Isidro pudiera llevar adelante las medidas de prueba solicitadas en el expediente, tras lo cual se generó una prolongada discusión en torno a qué sería lo correspondiente.

No todos estuvieron de acuerdo. Desde Democracia para Siempre, Fernando Carbajal aclaró que no sabía cuáles eran las medidas solicitadas. “No puedo autorizar algo cuyo contenido no conozco”, dijo, e insistió con la sesión secreta que había pedido Juliano. O que al menos fueran informados los jefes de bloques, porque –insistió- “no podemos votar algo a ciegas y no es lo que el juez nos ha pedido”.

Por la sesión secreta se manifestaron el santacruceño José Luis Garrido y el oficialista José Peluc, mientras que Cristian Ritondo sugirió directamente aprobar la solicitud. “Todos están de acuerdo en aprobar. Las cosas que pide son secretas, hay que autorizar lo que el fiscal pidió”, señaló.

Mónica Frade insistió en que “no tenemos porqué saber cuáles son las pruebas que el juez considera procedentes en el marco de una investigación. No vamos a intervenir ni tener ninguna injerencia, simplemente votemos la moción, que es autorizar a que el juez lleve adelante las medidas que considera pertienentes”.

Sobre el final del debate, la diputada Marcela Pagano pidió al cuerpo convocar a una sesión secreta para el día siguiente en la que “todos podamos conocer el contenido del oficio y todos votar en secreto”.

Finalmente se optó por votar la autorización al magistrado, la cual fue aprobada por 215 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

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Cómo fue la votación de la Ley de DNU y quiénes cambiaron su voto en el artículo que se cayó

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El oficialismo festejó el rechazo de un artículo clave, lo que provocó además el regreso del texto al Senado. Los nombres de los que cambiaron de postura.

El oficialismo respiró este miércoles en la Cámara de Diputados luego que un artículo clave del proyecto que modifica la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, resultara rechazado, lo que provocó la vuelta del texto al Senado -que podrá insistir con la redacción original o no-.

En la votación en general, la iniciativa recibió 140 votos afirmativos. Estuvo a 18 de los dos tercios de los presentes.

Las voluntades a favor fueron 95 de Unión por la Patria, 12 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 4 de Coherencia, 4 de la UCR (Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas y Roberto Sánchez), 3 del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla Álvaro González) y 2 del MID.

En tanto, los 80 negativos correspondieron 35 a La Libertad Avanza, 29 del Pro, 6 de Liga del Interior, 2 de Futuro y Libertad, 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, los dos radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, la tucumana Paula Omodeo y el fueguino Ricardo Garramuño.

Las 17 abstenciones fueron de los radicales Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Rodrigo De Loredo, Roxana Reyes, Natalia Sarapura y Martín Tetaz; de los 4 misioneros de Innovación Federal, Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; de los chubutenses que responden al gobernador Ignacio “Nacho” TorresJorge “Loma” Ávila (EF) y Ana Clara Romero (Pro); y de la santafesina que responde a Maximiliano Pullaro, Melina Giorgi (DpS). También Mario Barletta (Unidos) y Ricardo López Murphy (RU).

Además, en la votación en general hubo una veintena de ausentes: 4 de IF, 3 UP, 3 DpS, 3 Independencia, 2 Pro, 2 EF -el entrerriano Francisco Morchio -bajo órdenes del gobernador Rogelio Frigerio– y la cordobesa Alejandra Torres– y 1 MPN. Por La Libertad Avanza no estuvieron María Celeste Ponce José Luis Espert (licencia).

Los cambios a la hora de votar el artículo 3

El artículo 3 del dictamen, que establecía que los decretos “se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”, resultó rechazado por 127 votos a favor, 90 en contra y 17 abstenciones.

De afirmativo en general a negativo en el artículo 3 pasaron Héctor Baldassi (Pro), Carlos D’Alessandro (Coherencia), Eduardo Falcone (MID), Álvaro González (Pro), Gerardo González (Coherencia) y Oscar Zago (MID).

De afirmativo a abstención lo hicieron Karina Banfi (UCR), Victoria Borrego (CC), Marcela Campagnoli (CC), Juan Manuel López (CC) y Fabio Quetglas (UCR).

De abstención en general a negativo el artículo 3 pasaron Jorge “Loma” Ávila (EF), Sofía Brambilla (Pro), Melina Giorgi (DpS) y Ana Clara Romero (Pro).

De abstención a afirmativo pasó Mario Barletta (Unidos). Mientras que afirmativo a ausentarse lo hicieron Tanya Bertoldi (UP) y Facundo Manes (DpS); de la abstención a la ausencia Ricardo López Murphy (RU); de negativo a ausente Gabriel Chumpitaz (FyL); y de ausente en general a negativo en el artículo 3 Silvia Lospennato (Pro).

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