El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que el malestar económico ya no se expresa sólo como una evaluación negativa sobre el país, sino como una experiencia directa sobre la vida cotidiana de los hogares. El 59,5% considera que la situación económica nacional es mala o muy mala, pero el dato más delicado aparece cuando esa mirada se traslada al plano personal: el 42,4% también evalúa negativamente su propia situación económica. Esa diferencia es clave porque la economía del país puede ser leída como diagnóstico general, pero la economía personal se mide en ingresos, consumos, cuentas a pagar y capacidad para sostener el mes. Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar.

El informe también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de los precios. El 70,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le está ganando a la inflación. La combinación de ambos datos muestra que el problema no es únicamente la inflación, sino la relación entre precios, ingresos y credibilidad. Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida y eso debilita la capacidad del dato oficial para ordenar la experiencia económica. La percepción de pérdida se vuelve todavía más visible según los estratos sociales: 50,7% se identifica como clase baja o media baja, lo que implica que más de la mitad de los encuestados se percibe en los segmentos más vulnerables de la estructura social.

La presión sobre la economía doméstica también aparece en la capacidad de llegar a fin de mes. Según el MOP, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, lo que refleja que la restricción no se concentra solamente en los últimos días del mes, sino que se instala antes y obliga a reorganizar consumos, postergar gastos y ajustar decisiones familiares. Incluso entre los votantes oficialistas de 2025, el 66,2% sostiene que su salario no le gana a la inflación, un dato políticamente sensible porque muestra que el malestar económico atraviesa también al propio electorado de La Libertad Avanza. La diferencia no está en la existencia del problema, sino en su interpretación: mientras en la oposición tiende a transformarse en rechazo al rumbo económico, dentro del oficialismo todavía puede convivir con apoyo político, aunque bajo una tolerancia cada vez más condicionada.

Rumbo al 2027
 

El MOP también muestra que el debate sobre el rumbo económico empieza a proyectarse directamente sobre el escenario presidencial de 2027. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Gobierno con el plan económico actual, el 63% de los encuestados respondió que debería cambiarlo, mientras que el 34,8% sostuvo que debería mantenerlo. La lectura política es clara: el plan conserva una base de apoyo relevante, pero enfrenta una mayoría social que ya demanda algún tipo de corrección. No se trata necesariamente de un rechazo completo al Gobierno, sino de una señal de desgaste sobre la estrategia económica vigente, en un contexto donde el malestar cotidiano aparece asociado a salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes.
 

Proyectando hacia 2027, esa discusión empieza a transformarse en criterio electoral. El 28,3% afirma que definirá su voto por la situación económica del país, el 17,9% por el cambio de rumbo y el 14,2% por la situación económica de su hogar. En conjunto, esos factores muestran que más de 6 de cada 10 electores miran la próxima presidencial desde una clave económica, ya sea por el rumbo general, por el impacto sobre su economía personal o por la expectativa de una corrección del modelo. La continuidad del gobierno actual, en cambio, aparece como principal factor para el 15,8%, lo que confirma que la elección no se perfila únicamente como una disputa de liderazgos o pertenencias partidarias, sino como un plebiscito sobre resultados económicos concretos.

De cara a las reformas electorales que comenzarán a debatirse en el Congreso de la Nación, el 46,1% de los encuestados considera que las PASO deberían eliminarse, mientras que otro 14,6% cree que deberían mantenerse, pero sin carácter obligatorio. El dato marca una señal relevante: existe una mayoría social abierta a revisar el funcionamiento del sistema electoral, ya sea por rechazo directo a las PASO o por una demanda de menor obligatoriedad y menor carga institucional sobre el votante.
 

La división aparece con más fuerza cuando se observa el corte político. Entre votantes oficialistas, la eliminación de las PASO encuentra mayor adhesión, en línea con una mirada más favorable a simplificar el calendario electoral y reducir instancias de competencia previa. Entre votantes opositores, en cambio, crece la resistencia a eliminarlas, probablemente porque las primarias son vistas como una herramienta para ordenar candidaturas, ampliar participación y evitar decisiones cerradas por las dirigencias partidarias. Así, el debate sobre las PASO deja de ser sólo una discusión técnica y pasa a expresar una diferencia política más profunda sobre cómo debería organizarse la competencia de cara a 2027.

INDEC
 

En mayo, la distancia entre la inflación informada y la inflación percibida se mantiene en niveles altos y deja de aparecer como un salto aislado. El 70,6% de los consultados considera que el dato del INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, prácticamente en línea con el 70,3% registrado en abril y muy por encima del 56,4% de enero. La serie muestra que el problema ya no es sólo una reacción puntual frente a un mes determinado, sino una desconfianza más estable sobre la capacidad del dato oficial para representar la experiencia económica de los hogares. Cuando 7 de cada 10 personas no validan el índice como reflejo de su realidad cotidiana, el Gobierno enfrenta un problema que excede la comunicación económica, porque la desaceleración estadística pierde fuerza si no logra ser reconocida socialmente.
 

Esa desconfianza se explica mejor cuando se cruza con la evolución del salario. En mayo, el 85,1% afirmó que su salario no le ganó a la inflación, apenas por debajo del 86,6% de abril, pero todavía en un nivel extremadamente alto. El dato muestra que el núcleo del problema no está únicamente en si la inflación baja o sube, sino en si los ingresos recuperan capacidad de compra frente a los precios que las personas enfrentan todos los días. Para la mayoría, la inflación no se evalúa mirando el índice, sino midiendo cuánto dura el sueldo, qué gastos se recortan y hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos. Por eso, mientras el salario siga siendo percibido como insuficiente, el dato oficial puede ordenar el discurso macroeconómico, pero no alcanza para reconstruir confianza en la economía cotidiana.
 

Principales preocupaciones
 

El MOP muestra que la agenda de preocupaciones públicas combina malestar económico, deterioro material y pérdida de confianza política. La incertidumbre económica aparece como el principal tema señalado por los encuestados con el 58,1%, seguida por la corrupción con el 52,9% y los ingresos y salarios con el 46,5%. Más atrás aparecen el desempleo con el 39,9% y las deudas con el 31,9%. El orden de las respuestas muestra que la preocupación social ya no se concentra en un solo problema económico, sino en un cuadro más amplio donde el ingreso, el empleo, la deuda y la credibilidad pública aparecen conectados. La inflación sigue pesando, pero no aparece aislada: forma parte de una percepción más general de incertidumbre sobre la capacidad de sostener la economía cotidiana.
 

El corte por voto 2025 muestra dos formas distintas de ordenar ese malestar. Entre votantes oficialistas, las principales preocupaciones son la incertidumbre económica con el 21%, la corrupción con el 18,2% y los ingresos y salarios con el 18,6%. Esto indica que incluso dentro del electorado que acompaña al Gobierno hay preocupación por el rumbo económico y por la credibilidad institucional. Entre votantes opositores, en cambio, la agenda aparece más asociada al costo material directo: las deudas con el 20%, la corrupción con el 13,8%, la incertidumbre económica con el 13,4%, el desempleo con el 12,2% y la inflación con el 10%. La diferencia central no está en que unos estén preocupados y otros no, sino en cómo se organiza la preocupación: el oficialismo combina apoyo político con dudas sobre economía y corrupción, mientras que la oposición traduce el malestar en una lectura más dirigida al impacto económico concreto sobre la vida diaria.
 

Imágenes políticas
 

En mayo, la imagen de Javier Milei continuó en terreno negativo y confirmó que el deterioro registrado en los meses previos no fue un movimiento aislado. Su imagen positiva se ubicó en el 35,6%, mientras que la negativa alcanzó el 59,6%, con un diferencial adverso de 24 puntos. El dato político más relevante es que la figura presidencial parece haber dejado atrás la zona de equilibrio que había mostrado a comienzos del año y empieza a estabilizarse en un nivel de rechazo alto. En un contexto donde la mayoría evalúa negativamente la situación económica del país, gran parte de los hogares siente que su salario pierde contra la inflación y crece la demanda de cambios en el plan económico. Así, la imagen presidencial queda cada vez más atada a los resultados concretos de la economía cotidiana.
 

Hacia los próximos meses, el escenario muestra poco margen para una recuperación espontánea si no aparece una mejora visible en los ingresos, en el consumo y en la capacidad de llegar a fin de mes. Con este nivel de preocupación y de pesimismo sobre el presente económico, Milei parece sostenerse principalmente sobre su núcleo más firme, asociado al electorado más antiperonista y más dispuesto a tolerar el costo del ajuste. El riesgo aparece en el electorado más blando, que acompañó por expectativa de ordenamiento, por rechazo al pasado o por promesa de mejora económica, pero que es mucho más sensible a los resultados materiales. Si esa franja no percibe una recuperación concreta, la imagen presidencial puede seguir perdiendo capacidad de expansión y quedar cada vez más encerrada en su base dura.
 

Por su parte, Axel Kicillof muestra una recuperación relevante de imagen y logra salir del momento más débil de la serie reciente. Después de haber tocado en febrero un piso de imagen positiva, en mayo volvió a ubicarse cerca de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa se mantuvo elevada, en el 53%. El dato no alcanza para hablar de una consolidación plena, porque el diferencial sigue siendo negativo, pero sí marca un cambio de tendencia políticamente significativo: en un contexto de creciente descontento con el Gobierno nacional, Kicillof recupera volumen como figura opositora y aparece en el informe como el principal líder de la oposición con 32,3%.

Esa mejora parece apoyarse menos en una adhesión plenamente consolidada y más en un corrimiento del clima político frente al desgaste del oficialismo. La presión sobre la microeconomía de los hogares, la percepción negativa sobre la situación del país y la demanda de cambios en el rumbo económico abren espacios para dirigentes opositores con perfil de gestión y capacidad de representación institucional. En ese escenario, Kicillof empieza a afirmarse como una de las figuras con mayor capacidad para canalizar el malestar, aunque todavía enfrenta un límite claro: su crecimiento convive con niveles altos de imagen negativa y con una oposición que sigue fragmentada, sin una conducción única ordenada de cara a 2027.
 

Mientras tanto, Patricia Bullrich logra sostener una imagen positiva relevante y muestra una resistencia mayor al desgaste que hoy afecta a otras figuras del oficialismo. En mayo alcanzó el 40,6% de imagen positiva frente al 54,2% de negativa, un diferencial adverso, pero menos crítico que el de otros nombres asociados al Gobierno nacional. Su perfil aparece relativamente menos golpeado por la coyuntura inmediata, algo que puede leerse en relación con el lugar político que ocupa: su figura queda más asociada a una idea general de orden, autoridad y firmeza que a la gestión económica cotidiana. En ese marco, los problemas de la microeconomía parecen afectarla menos que a los dirigentes más directamente vinculados con la conducción diaria del oficialismo.

Más que como ejecutora directa del presente económico, Bullrich sigue siendo leída por una parte del electorado como una expresión política de rumbo, control y decisión. Esa diferencia le permite preservar mejor su capital simbólico en un contexto general de desgaste, aunque sin quedar fuera del clima negativo que atraviesa al oficialismo. Su imagen sigue siendo mayoritariamente desfavorable, pero conserva un piso competitivo que la distingue de figuras más expuestas al costo económico, a la dinámica interna del Gobierno y a las tensiones reputacionales que hoy golpean con más fuerza al núcleo presidencial.
 

Por su parte, Myriam Bregman aparece como una de las novedades más significativas del escenario político. En un contexto de ajuste, desgaste del relato oficial y creciente malestar frente al rumbo económico, su figura empieza a expandirse como canal de una oposición más frontal a Javier Milei. Con 44,6% de imagen positiva y 43,4% de negativa, es la única figura medida que presentó diferencial favorable. El dato es políticamente relevante porque muestra que el descontento no está siendo capitalizado únicamente por perfiles opositores con mayor volumen institucional, como Axel Kicillof, sino también por referencias con una identidad ideológica más nítida y una crítica más directa al oficialismo.

Ese crecimiento no implica todavía una centralidad electoral consolidada, pero sí marca un cambio en el clima opositor. A medida que se acumulan las tensiones por la economía cotidiana, la pérdida de poder adquisitivo y la demanda de cambios en el plan económico, también empieza a abrirse espacio para discursos que no plantean sólo una corrección del rumbo, sino una impugnación más amplia del proyecto libertario. En ese sentido, Bregman parece captar una parte del malestar que no busca únicamente alternancia de gestión, sino confrontación política, económica y simbólica con el mileísmo.
 

En el caso de Manuel Adorni, el deterioro aparece todavía más pronunciado y lo ubica como el principal foco de vulnerabilidad reputacional del oficialismo. Con apenas 17,9% de imagen positiva y 73,6% de negativa, registró el diferencial más adverso entre las figuras medidas por el MOP. El dato se vuelve especialmente sensible por el contexto político que lo rodea: los escándalos vinculados a presuntos hechos de corrupción, las dudas sobre su evolución patrimonial y el hecho de que todavía no haya presentado su declaración jurada lo colocan en una zona de alta exposición pública. Para una fuerza que construyó buena parte de su legitimidad sobre el discurso anticasta, el problema excede a la figura individual de Adorni y golpea sobre la credibilidad moral del oficialismo.
 

Finalmente, Diego Santilli queda ubicado en una zona intermedia del tablero político. Como ministro del Interior, su figura tiene hoy un rol central en la articulación política del Gobierno con gobernadores y Congreso de la Nación, pero su imagen todavía no aparece plenamente asociada al núcleo más expuesto del oficialismo. Con el 36,7% de imagen positiva y el 50,6% de negativa, conserva un nivel de conocimiento y competitividad relevante, aunque con diferencial adverso. Su caso muestra una tensión particular: puede funcionar como puente político para ampliar gobernabilidad y ordenar acuerdos, pero también corre el riesgo de quedar alcanzado por el desgaste general del rumbo económico si la gestión nacional no logra resultados concretos.