Comité de jueces denuncia hostigamiento de Bullrich contra el juez Gallardo
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, Capítulo Argentina, ha expresado su enérgico rechazo a la denuncia formulada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Doctora Patricia Bullrich, contra Roberto Andrés Gallardo, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un comunicado oficial, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, liderado por el juez misionero César Raúl Jiménez, calificó la acción de la Ministra Bullrich como un acto de hostigamiento y persecución contra un miembro del Poder Judicial por el ejercicio de sus funciones. La organización enfatizó que la evaluación del acierto o desacierto de las decisiones judiciales compete al Tribunal que pueda entender en su revisión y no al Poder Ejecutivo, y criticó el uso de “la denuncia, la amenaza, el hostigamiento y la persecución mediática” como mecanismos impropios para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
La denuncia se originó a raíz de una medida cautelar dictada el 6 de abril de 2025 por el Juez Gallardo en la causa caratulada “Confederación General del Trabajo (Comité de Derechos Humanos), Unión de Trabajadores de la Economía Popular y Otros Contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Sobre Amparo Seguridad Pública”, Expediente 51.190/2025-0, relacionada con la seguridad en una manifestación.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana defendió la independencia del Poder Judicial y la autonomía de los jueces, subrayando su rol en la garantía de los derechos ciudadanos y la búsqueda del bien común. Asimismo, recordó su postura previa contra la represión de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, haciendo alusión a un incidente del 12 de marzo.
En relación a la medida cautelar cuestionada, el Comité explicó que el Juez Gallardo actuó en respuesta a hechos de violencia institucional y ante la amenaza de nuevos incidentes en la movilización del 9 de abril de 2025. La decisión judicial ordenaba al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de la Ciudad, a asumir la responsabilidad operativa de la seguridad en la manifestación, excluyendo la intervención de las fuerzas federales.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana argumentó que el Juez Gallardo se ajustó a la ley, citando la Resolución Número 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Ley de Seguridad Interior 24.059, que establecen los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad federales en jurisdicciones locales.
Finalmente, el Comité solicitó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que rechace “in limine” la denuncia presentada por la Ministra Bullrich contra el Juez Gallardo.
