Junto con la segunda ola de coronavirus, llega a su fin el DNU que congela alquileres, prorroga contratos y suspende desalojos. A partir del 1 de abril, la medida implementada por el Gobierno para garantizar la vivienda en plena pandemia quedará caduca y los inquilinos deberán comenzar a afrontar sus deudas o iniciar mediaciones para evitar desalojos.

Con la llegada de la segunda ola de coronavirus al país, el DNU que congela alquileres, prorroga contratos y suspende desalojos llegará hoy a su fin. A partir del 1 de abril, la medida implementada por el Gobierno para garantizar la vivienda en plena pandemia quedará caduca y los inquilinos deberán comenzar a afrontar sus deudas o iniciar mediaciones para evitar desalojos. 

Hace tan sólo cinco días, desde la Federación de Inquilinos Nacional le presentaron una carta al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y al presidente Alberto Fernández para solicitar la extensión de la iniciativa a nivel nacional y el lunes realizaron un ruidazo contra los abusos del mercado inmobiliario.

A principios de marzo, Ferraresi adelantó que el DNU no se extendería. La medida entró en vigencia el 29 de marzo del año pasado, a 9 días de iniciada la cuarentena estricta en nuestro país y, con dos extensiones mediante, llegó hasta el 31 de este mes. 

El ministro argumentó, apenas comenzado el mes, que no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, dado que “lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”.

Según la última encuesta realizada por la Federación Nacional de Inquilinos en todo el país, el 40% de las personas que alquilan no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto. Además, el 35.7% (lo que equivale a 1.249.500 hogares) no pudo pagar el mes de enero o pagó parcialmente”, lo cual refleja la delicada situación económica en la que viven las familias que no tienen una casa propia. 

Ante la situación epidemiológica, económica y social actual, los inquilinos le plantearon al funcionario y al presidente que “hace dos meses el gabinete nacional firmó el decreto 66/21, donde se decía que la pandemia modificó la cotidianeidad y las previsiones de los argentinos, y que muchos trabajadores,  comerciantes, profesionales y pymes vieron afectados sus ingresos “fuertemente”. ¿Qué cambió en apenas 60 días para que se anuncie que no habrá prórroga del decreto?”.

En la misiva, aseguraron que la medida, “además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo, y cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado que lleva adelante una maniobra inhumana de aumentos, incumplimiento de lo dispuesto por la nueva ley de alquileres y recurrentes amenazas, maltratos y hostigamientos hacia los inquilinos que intentan se cumplan sus derechos”.

Por eso, desde la Federación de Inquilinos Nacional realizaron el lunes un ruidazo contra el abuso inmobiliario por el increíble aumento de precios de los últimos meses y las condiciones restrictivas para acceder a un alquiler, además de pedirle al Gobierno que “extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola”. 

Por otra parte, solicitaron un plan de desendeudamiento para las familias inquilinas. Sobre este punto, el Gobierno avanzó en un sistema de cuotas más ampliado que el inicial. El decreto del 29 de marzo del 2020 estipuló un esquema de seis cuotas sin intereses para quienes no hayan actualizado el precio de sus alquileres previstos en el contrato y de seis cuotas con intereses para quienes no hayan abonado el mes o meses correspondientes. Ésto se amplió a doce pagos con la última extensión del DNU pero no alcanza.

Además, exigieron el “control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses” y remarcaron que “el Gobierno, y en especial el ministro de desarrollo territorial y hábitat Jorge Ferraresi, siguen en silencio frente a la incertidumbre de cientos de miles de familias”. Para reflejar la dramática situación, compartieron en sus redes sociales las amenazas y abusos sufridos por inquilinos de todo el país en las últimas semanas.

“Estamos realmente preocupados por la situación de cientos de miles de familias que no saben donde van a ir a vivir ni cómo en 15 días. No se pueden tomar decisiones tan irresponsables. Desde que el ministro declaró que no se extendía el decreto vemos cómo se llevan adelante desalojos violentos a familias que tienen deuda de alquiler por haber perdido el trabajo en plena pandemia. Hay que llevar adelante un plan de desendeudamiento antes de finalizar el decreto para que las familias inquilinas puedan saldar sus deudas y no quedar en la calle, y los propietarios que no cobran el alquiler, puedan hacerlo. Se tiene que extender y el ministro lo tiene que anunciar de manera urgente”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación hace unos días.

En ese contexto, elevaron un pedido de informes para saber si el Ministerio tiene registro o  información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1 de abril, momento en que el decreto dejará de tener vigencia.

El decreto entró en vigencia el 29 de abril de 2020 porque la emergencia sanitaria “torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país”.

En los fundamentos, el Gobierno consideró que las “medidas adoptadas por el presente decreto son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud de la población y en la situación social”. Luego, con los mismos argumentos, la norma se extendió en septiembre hasta el 31 de enero del 2021 para volver a prorrogarse hasta abril.

Los argumentos se repitieron meses más tarde, en septiembre, cuando se prorrogó la medida y se mantuvieron en enero, cuando volvió a extenderse. En ese momento, la prórroga congeló el precio de las locaciones de los contratos de locación de inmuebles hasta el 31 de marzo y rige para cada cuota mensual. Además, extendió la vigencia de los contratos de locación con vencimientos pactados por contrato durante la vigencia del decreto.

Además, suspendió los desalojos, también hasta el 31 de marzo y estableció una mediación obligatoria para estos casos una vez finalizado el decreto. Por otro lado, determinó la extensión del número de cuotas para abonar deudas, ya sea por congelamiento de actualizaciones o falta de pago mensual. Los saldos negativos generados por la diferencia entre el monto acordado contractualmente y el efectivamente aplicado – o sea, sin aumentos semestrales – se podrán saldar en doce meses con pagos mensuales, iguales y consecutivos a partir de la finalización del decreto y sin intereses. En tanto, las deudas generadas por falta de pago también podrán abonarse en 12 cuotas pero con intereses compensatorios. 

About The Author