La decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión paga agitó el fantasma de la grieta con una oposición que rápidamente salió a defender a uno de los principales grupos empresarios por sobre los de la sociedad. Jugada arriesgada e inesperada del Presidente, que se muestra decidido a utilizar el capital político conseguido después del exitoso arreglo de la deuda, que le da oxígeno en medio de la pandemia. No hubo siquiera demasiadas explicaciones sobre las motivaciones de una decisión comunicada por redes sociales un viernes a la noche, cuando la mayoría de los medios ya estaban en modo fin de semana. Tras bambalinas deslizan que se trata de una devolución de gentilezas a una movida especulativa de sectores ligados al grupo Clarín, que motivó una escalada del dólar informal. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich transparentó su posición: “El gobierno nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de TV por cable e Internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal”.
No debe pasar inadvertido que en las últimas horas se habían anunciado aumentos en las tarifas de los servicios -no regulados- que debían estar congeladas hasta el 31 de agosto. Ahora seguirán congeladas hasta el 31 de diciembre y los futuros aumentos deberán ser aprobados por el Estado. Seguramente también se deberán garantizar planes mínimos. Pero una regulación no es una estatización. Se fijarán precios y topes, como en el sistema de salud privado, lo que inclina más la decisión hacia una medida para aplacar la inflación en momentos en que la actividad todavía no se recupera de la recesión que la pandemia no hizo más que profundizar.
Lo cierto es que en el siglo XXI la conectividad es un derecho tan relevante como otros y el Estado debe estar para garantizarlo. No se trata de una estatización ni de avanzar sobre la propiedad privada, sino de regular precios y asegurar que toda la sociedad pueda tener acceso a un servicio mínimo. ¿Alcanzará con un decreto? Seguro que no. La “última milla” -necesaria para llevar internet al hogar- es la más compleja y poco rentable para las grandes operadoras. ¿El Estado invertirá recursos en extender las redes? A la par del decreto de declaración de servicio público, se conoció otro decreto del Presidente en el que destina tres mil millones de pesos a la extensión de la red federal de fibra óptica.
Desde hace años que el servicio de telefonía digital y el de internet encabezan los rankings de denuncias en defensa del consumidor y son innumerables los países que los tienen como servicios públicos. En 2016 Estados Unidos, la meca del capitalismo financiero, declaró a internet como servicio público. Finlandia, Canadá, Francia, España, Suecia y Alemania también la consideran esencial. Otros países tienen regulaciones similares.
La narrativa de que se inhibirán inversiones, o que supone una estatización, es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio público y es privada desde 1990; y las TIC como “servicio público en competencia” registraron un gran impulso inversor mientras estuvo vigente, explica el especialista en telecomunicaciones, Martín Becerra.
De hecho, el hoy gobernador Gerardo Morales -uno de los líderes residuales de Cambiemos- y el radical Julio Cobos, desde hace años vienen bregando por declarar a la telefonía celular como un servicio público para garantizar su acceso. Incluso hay proyectos presentados en el Senado y Cámara de Diputados.
Misiones es el mejor ejemplo de la necesidad de contar con un Estado activo para garantizar el acceso. Las ciudades sobre o cercanas a la ruta nacional 12 tienen un servicio moderno con competencia entre empresas. Las ubicadas sobre la ruta nacional 14 o más al este, bordeando el río Uruguay y más al norte, como Andresito o San Pedro o Bernardo de Irigoyen padecen la falta de conectividad y deben recurrir a proveedores de Brasil.
La creación de la empresa estatal Marandú suplió la ausencia de jugadores privados y hoy brinda conectividad al cien por ciento de las escuelas públicas. En medio de esta pulseada de gigantes, Misiones tiene una inédita soberanía tecnológica y en telecomunicaciones gracias a la conexión de Marandú con la Red Capricornio, inaugurada en abril de 2019. La red permite el ingreso de internet desde Bernardo de Irigoyen para ser distribuida en toda Misiones, cuatro provincias del norte y con posibilidad de exportar a Paraguay y Chile.
Si el Gobierno provincial no hubiese extendido el anillo de fibra óptica de Marandú, todo el Alto Uruguay seguiría en el olvido impuesto por políticas que consideraban a la zona de frontera, una “hipótesis de conflicto” con Brasil.
Esa teoría marcó a fuego el desarrollo de la zona. Más de tres décadas pasaron para que tuvieran acceso a una justicia cercana, con una reforma judicial que en la noche del jueves fue aprobada por la Legislatura provincial. Se creó una quinta circunscripción judicial para atender las causas penales, civiles y comerciales, de familia y de violencia de género en San Vicente, San Pedro, El Soberbio, Bernardo de Irigoyen, Dos de Mayo y el flamante municipio de Pozo Azul. Tendrán jueces propios, fiscales y defensores, distribuidos en toda la zona, sin tener que trasladarse cientos de kilómetros por un expediente.
El debate parlamentario tuvo un episodio curioso. Había coincidencia y todos los bloques celebraron la creación de la nueva circunscripción, pero la oposición dio la nota, así como se opone al debate de la reforma judicial que avanza en el Congreso. El diputado Isaac Lenguaza y el radical de Cambiemos, Gustavo González, cuestionaron que en la ley aprobada se mudaban algunas pertenencias de oficinas en otras circunscripciones porque eso dejaba “desamparados” a vecinos y abogados. El peronista Rafael Pereyra Pigerl los frenó en seco: “”Parece que no leen los dictámenes. Este fue firmado el 5 de agosto y nadie reparó en nada”, cuestionó. En efecto, el dictamen ya había sido aprobado en comisión sin reparos, pero las quejas llegaron recién en la sesión, ante las cámaras.
“No solo se debe postular un acceso a la jurisdicción, sino que además debe ser efectivo”, argumentó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, autor de una de las iniciativas que dieron origen a la ley que beneficia a unas 300 mil personas.
“Debe haber una verdadera y palmaria posibilidad de acceder a la justicia, debido a que el Estado está obligado a remover las barreras de índole jurídico, social, económico y cultural que impiden el pleno ejercicio de los derechos por parte de sus titulares”, sentenció.
No fue la única ley aprobada pensando en mejorar el acceso ciudadano de los que viven en el corazón de Misiones. Se hicieron modificaciones al Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud, ampliando sus objetivos con el propósito de reconocer su importancia y de establecer la incorporación posterior de este personal altamente capacitado en los lugares donde exista una mayor demanda o no estén garantizadas las coberturas esenciales de atención primaria de la salud. Los residentes deberán percibir un sueldo equivalente a un cargo de tiempo completo con dedicación exclusiva y adicionales cuando se desempeñen en zonas desfavorables.
La salud es uno de los pilares de la gestión de la Renovación que hoy se distingue en plena pandemia. Es una de las provincias con menor cantidad de casos, con buena parte de la economía activa y con constantes aperturas, como el turismo interno. La escasa cantidad de contagios hace que se permitan las reuniones familiares, mientras que otras provincias están en pleno retroceso.
La responsabilidad política y social se conjugan para que se sostenga el estatus sanitario. Sin embargo, los sectores críticos de la cuarentena también se hacen notar, festejados desde el otro lado del mundo por el ex presidente Mauricio Macri. “Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer (lunes pasado) para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, tuiteó desde Suiza. Cambiemos hizo propia la marcha anticuarentena con el argumento de que se destruye la economía. Pero los principales países del mundo ven su economía desplomarse, con o sin cuarentena. Entre febrero y junio, la economía del Reino Unido cayó 17,3%, Brasil 9,6, Estados Unidos, 5,8 por ciento. Argentina, cerca del 12.
Vale recordar que sin pandemia de por medio, durante su gestión se perdieron 228 mil empleos registrados y se cerraron 24.000 PyMEs. Su legado es un 40 por ciento de pobreza, que la pandemia seguramente profundizará.
Cambiemos se regodea con los efectos de la pandemia en la economía y sueña con volver al poder: “A solo ocho meses de haber asumido ya le estamos soplando en la nuca al peronismo”, dijo el radical Ernesto Sanz antes de preguntarse: “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”. El radicalismo hablando de crisis y explosiones.
La otra oradora del mitín por zoom, fue Patricia Bullrich, la comandante de la tropa abandonada por Macri, quien hizo extrañas confesiones: “Fuimos muy descoordinados y no tuvimos una clara conducción en economía. Estuvimos un poco tupacamanizados que cada uno tiró de su lado y no hubo un jefe de equipo lo que nos llevó a generar una situación de contradicción entre la misma economía”, reconoció. “El ministro de Hacienda se enteraba por los diarios que el 2% del PBI se iba en una reparación histórica que nadie supo muy bien que era”, fue otra de las frases de La Piba, desnudando la gestión “Golden Boy” Alfonso Prat Gay.
Esa “reparación histórica” consumió recursos de la Anses y desfinanció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, endeudando a las provincias a cambio de un Pacto Fiscal que nunca prosperó. Recién ahora Misiones pudo renegociar con la Nación vencimientos por 900 millones de pesos que ahora se postergaron en varias cuotas y dejarán de descontarse de la coparticipación. “Son un total de 900 millones que se deberían descontar de la coparticipación. Eso se difiere para más adelante”, explicó el gobernador Oscar Herrera Ahuad a Economis después de mantener reuniones virtuales con Alberto, Sergio Massa y Máximo Kirchner y un par de ministros.
El mandatario misionero también confirmó que la Nación reconoció la deuda de 2017 por la caja previsional. “Firmamos un convenio para el pago de la Nación a Misiones por el déficit de la caja previsional de 2017, que que son 350 millones”, señaló.
Esa sintonía fina es clave para que Misiones consiga las reivindicaciones que busca desde hace años. Mientras se espera una mejor distribución de la coparticipación, el Gobierno avanza a fondo en el pedido de transformar a la provincia en una zona libre de impuestos nacionales, para atraer inversiones, generar empleo y dólares vía exportaciones.
El documento firmado por Herrera Ahuad y elevado a la Nación cosechó una inmediata adhesión de los principales empresarios de la provincia y hasta el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea elogió la línea elegida. La Confederación Económica de Misiones ya mantuvo reuniones para analizar el alcance de las medidas pedidas por Herrera Ahuad y en las próximas horas su presidente, Alejandro Haene estará en Casa de Gobierno para formalizar respaldos y acompañar nuevas medidas económicas.
Pese a ser una de las provincias con peor índice de coparticipación, Misiones sostiene una enorme inversión pública. El área social es la que encabeza el ránking de distribución de los recursos públicos y los objetivos son fortalecer la industrialización de la producción primaria para generar arraigo en la chacra, como proyectó el ministro del Agro, Sebastián Oriozabala. En paralelo, Herrera Ahuad anunció un fondo de 308 millones de pesos para financiar la compra de maquinaria vial en los municipios, con un tope de cuatro millones por localidad. La tasa del Fondo de Crédito Misiones es de apenas el 12 por ciento, lo que fortalece el rol clave del Estado en el desarrollo económico.
Las encuestas avalan muestran una satisfacción con el rumbo. Según una encuesta realizada por la consultora Innovación, Política y Desarrollo, Herrera Ahuad es el dirigente político con mejor imagen en Misiones, con un respaldo del 73,1%. La brecha entre su imagen positiva e imagen negativa sobrepasa los 51 puntos. La gestión de Leonardo Stelatto en Posadas tiene un sustento positivo del 62,58%.
La imagen del mandatario misionero está por encima de la valoración del propio Presidente que es positiva para el 52,1% pero negativa del 44,3%. En contraposición, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner es mayormente negativa. Su imagen negativa es del 54,5% y su imagen positiva del 41,4%, aunque para los misioneros el ex Presidente Mauricio Macri posee la peor imagen positiva entre todos los dirigentes políticos. Su imagen negativa es del 61,3%, mientras que su imagen positiva es del 32,3%.
Otro dato llamativo es que según IPD, la percepción de la gestión del Gobierno Nacional entre los misioneros presenta una evolución negativa. En junio, la percepción positiva era del 63,5% y en agosto del 52,2%. Ese dato tiene anclaje en la realidad: hay funcionarios que, con el paraguas de la pandemia, todavía no arrancaron. Otros ni siquiera con esa excusa. El misionero Sergio Lanziani fue eyectado de la Secretaría de Energía este viernes después de una gestión absolutamente gris, llena de polémicas y sin aciertos conocidos.
