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¿Empresas públicas sí o no?

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Hay discusiones en el mundo desarrollado que ya han sido zanjadas en base a la experiencia y a los estudios; en la Argentina como siempre volvemos a refundar todo porque “antes estaba bien y lo cambiaron” o “si estaba mal esta vez vamos a hacerlo bien porque aprendimos” y ahí vamos… En este caso estamos hablando de la conveniencia o no de que el Estado expropie Vicentín a modo de empresa testigo en un sector tan sensible como el agroexportador.

Definiciones útiles:

Las empresas pueden ser privadas, públicas o mixtas de acuerdo con quien es el propietario; si los particulares, el Estado o ambos. Creo que lo importante aquí es ver el contexto en el que se desarrollan y que tipo de bienes o servicios proveen para concluir que le conviene a la sociedad.

Si bien hay posiciones extremas (todo debería estar en manos del sector privado porque lo hace mejor y de manera más eficiente; o todo debería estar en manos del sector público porque sería una sociedad más equitativa) existe un consenso generalizado en el mundo normal sobre lo siguiente:

1 En el caso de bienes públicos (que satisfacen necesidades sociales: como caminos, plazas etc.) los puede fabricar empresas privadas (constructoras), pero su provisión debe estar en manos del Estado porque el mercado no funciona para proveerlos de manera eficiente.

2 En el caso de servicios públicos monopólicos (luz, agua, transporte público) pueden ser explotados por empresas públicas o privadas, pero siempre deben estar regulados tanto en su precio como en su cantidad por el Estado.

3 En el caso bienes privados en general (los de consumo individual como alimentos vestimentas etc.) deben ser provistos por el sistema de mercado, que logra una administración más eficiente a través de la competencia que de la regulación pública.

Por supuesto que existen innumerables excepciones a las reglas precedentes, pero en líneas generales y en tiempos normales esto funciona mejor así.

Ahora vamos a nuestra historia:

Argentina tiene una tradición de generador de empresas públicas desde finales del siglo 18, con los ferrocarriles; luego vinieron los combustibles con YPF; líneas aéreas; servicios públicos etc. Muchas de ellas florecieron con la oleada mundial del Estado como propietario de los recursos energéticos; estratégicos para el desarrollo del país y aquí cabe hacer traer la primera anécdota que puede servir de lección para los tiempos que corren:

Arturo Frondizi, el político desarrollista por excelencia; que venía proponiendo la nacionalización del petróleo por su importancia estratégica un día se vio sentado en el sillón de Rivadavia y se dio cuenta que sus buenas intenciones de soberanía energética chocaban contra un pequeño problema: el país no tenía capital ni recursos para lograr el autoabastecimiento petrolero; las importaciones de petróleo rondaban los 300 millones de dólares anuales y representaban el 25 % de las importaciones totales, si lográbamos el abastecimiento pasábamos a tener superávit comercial y solucionábamos la falta de dólares del país ( si….ya en los 50 era un problema ).

Realidad mata ideología

Frondizi hace acuerdos con empresas norteamericanas para la exploración y explotación petrolera en el país, le renunció la mitad del Gobierno, la mitad del país lo tildó de traidor y terminó como terminaban comúnmente las presidencias en la Argentina: con un golpe de Estado que echó al “cipayo vendepatria”.

Pero siempre hay otra historia… el déficit comercial hacía inviable el país ya que no había divisas para importar la energía que necesitábamos, tampoco había empresas dentro de la Argentina que tuvieran la capacidad de invertir lo necesario en el sector y los recursos de YPF o del Estado nacional tampoco eran suficientes. Las empresas extranjeras ganaron dinero, pero también en 30 meses se consiguió el autoabastecimiento pasando de una producción de 5,6 millones a 16 millones de metros cúbicos de petróleo. 

Datos que matan relatos

 -En el año 2008 (un año muy bueno para Argentina), las empresas públicas en conjunto presentaban un déficit (es decir pérdidas) por $220.147,4 millones de pesos, equivalentes, en ese momento al 5,9% del Gasto Corriente del Estado y del 13,4% del Gasto de Capital del Estado Argentino.

– Según IDESA en el Plan Alimentario del Ministerio de Desarrollo Social (hoy plan “Argentina contra el Hambre”) gastó $18 mil millones por año a precios actuales”; 

“En Aerolíneas Argentina gastó en subsidios y aportes de capital $28 mil millones por año a precios actuales”. Fuente: https://idesa.org/se-gasta-mas-en-aerolineas-que-en-la-lucha-contra-el-hambre/

Pero vayamos a algo más general: en el siguiente gráfico está el déficit de las empresas públicas de la Argentina desde 1970 hasta un 1985

Fuente: elaboración propia.

El PBI de Argentina en 2018 fue de 520.000 millones de Uss, o sea que si hoy se contara con toda la infraestructura pública de los 70/80 Argentina debería gastar en sus pérdidas entre 12.000 y 15.000 millones de uss. anuales. Estamos de acuerdo que las privatizaciones se hicieron mal y hubo mucha corrupción en el proceso. Pero esa es otra discusión, la realidad es que se combate mejor la pobreza destinando el esfuerzo del estado ahí, y no a repetir cosas que siempre salieron mal y no se porqué acá siempre se piensa que esta vez va a ser distinto.

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Ley de alquileres, un paso hacia el derecho al acceso a la vivienda digna

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La política de ampliación de derechos del Gobierno Nacional se vio enriquecida este jueves último en el Senado de la Nación, con la aprobación de la Ley de Alquileres implicando un paso significativo hacia el derecho al acceso a la vivienda.

Esta ley tiene como puntos clave:

  • El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA)
  • El plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años.
  • No podrá exigirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes. El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.
  • Introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler, ante la negativa o silencio del locador frente a un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí a cargo del locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación.
  • El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el ABL y ARBA- ni el pago de expensas comunes extraordinarias.
  • Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario).
  • El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.
  • Establece que el locador debe intimar fehacientemente al locatario dando un plazo no menor a 10 días corridos de recibida la notificación y lugar de pago previo a la acción judicial de desalojo.
  • Será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.
  • Para la resolución de conflictos, el proyecto establece que deberán crearse en el ámbito público de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo.
  • La intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un profesional matriculado y si interviene un solo corredor, ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar comisión.
  • Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, esta medida tiende a aliviar la situación de 9 millones de inquilinos de todo el país, trabajadores/as, hijos de trabajadores /as, estudiantes (trabajadores en formación) que tienen cientos de conflictos a la hora de acceder a un alquiler y/o vivienda, lo que significa un progreso en materia de derechos y un avance más hacia la justicia social. De hecho, en la Argentina uno de cada 6 hogares es alquilado según los números de Federico González Rouco (2020) que se especializa en la temática de vivienda.

 El proyecto con fuerza de ley, constituye una excepcionalidad en el contexto de Aislamiento social preventivo y obligatorio ya que el Senado de la Nación sesiona de manera virtual (con todo lo que ello implica) y en este caso particular, con 41 votos a favor y la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio, que fieles a sus principios y convicciones pro-mercado sostuvieron que la inclusión del abordaje de los alquileres es no vinculante con el contexto de pandemia, por ende explicitan sus intenciones de que los alquileres continúen siendo  administrados por las “leyes” del libre juego de la oferta y la demanda. 

La disputa central en el debate por la ley de alquileres es la vivienda como una mercancía o la vivienda como un derecho; lo que está en juego es si lo regula el Estado en beneficio de las mayorías o lo regula el mercado y sus intereses mezquinos. En este sentido el Estado avanza en posicionarse como actor central para el desarrollo de la sociedad, contemplando las demandas de los inquilinos, toma partida e intercede en las relaciones entre las cámaras inmobiliarias y los ciudadanos, siendo nuevamente protagonista de un cambio de paradigma, ahora, a favor las mayorías populares.

Sin dudas uno de los problemas centrales en la Argentina y en América Latina es el acceso a la vivienda, que ha sido generado como consecuencia de más de 40 años de hegemonía del neoliberalismo financiero y su estela de exclusión social.

En la Argentina durante la etapa 2003-2015 se desarrollaron experiencias enriquecedoras como el Plan Federal de Viviendas y del plan PROCREAR: políticas orientadas a solucionar el problema del acceso a la vivienda, y que lamentablemente fueron desarticuladas durante los últimos cuatro años de la alianza cambiemos. 

El escenario actual y el proyecto político vigente en nuestro país, constituye una oportunidad histórica para avanzar hacia Un Plan integral de Viviendas que permita resolver de forma estructural esta problemática social que afecta a millones de argentinos. Una salida superadora y estratégica es poner en debate la necesaria recuperación y nacionalización del Banco Hipotecario -privatizado en la década del 90-  organismo clave para resolver el problema habitacional a través de créditos accesibles para la vivienda de los/las trabajadores/as, que además se traducirá en un dinamizador de la producción que  promueva  la construcción y fortalezca el mercado interno.

Por ello, destacamos  dos cuestiones relevantes: Por un lado  la importancia y sentido de contar con una nueva Ley de Alquileres en Argentina (después de 36 años), y por el otro, es necesario garantizar la plena y total aplicación de esta ley.  Es fundamental  orientar las  políticas estatales públicas hacia el derecho al acceso de la vivienda, generando las condiciones y garantía en concordancia con aquello que menciona el Papa Francisco “una casa para cada familia”-

Sin dudas la nueva ley de alquileres es un paso significativo para el derecho de acceso a la vivienda y a la vez para la construcción de una sociedad más justa, digna y equitativa.!!

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La coyuntura de junio

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El coronavirus covid-19 sigue acaparando los noticieros nacionales y hasta algunos internacionales en donde la revista Time elaboró un ranking sobre la reacción de los países frente a la pandemia del coronavirus y concluyó que la Argentina es uno de los que tuvo una respuesta “más rápida y eficaz”.

En el artículo “Las mejores respuestas globales a la pandemia de Covid.19 el columnista y editor Jan Bremmer manifiesta que Argentina es el único país latinoamericano que integra la lista de los que mejor reaccionaron frente al coronavirus. Se ubica en el puesto 11 del ranking elaborado según las estrategias para mitigar los efectos económicos y sociales del coronavirus.

La gestión sanitaria, la conducción política y la respuesta económica son las categorías tomadas en cuenta por Bremmer, que también es presidente de Eurasia Group, una consultora de riesgo político, para la selección de los países.

Los otros diez países seleccionados son Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Alemania, Islandia, Emiratos Árabes Unidos y Grecia. “La entrada más sorprendente de esta lista, dado que el país ha desencadenado su noveno default financiero. Argentina registró su primera muerte por coronavirus el 7 de marzo, para cuando el gobierno impuso una cuarentena, el 20 de marzo, el mundo se había puesto al día con la amenaza de la crisis y Argentina impuso estrictas medidas de distanciamiento social, y los ciudadanos la acataron” sostiene Times.

Como resultado, dice el artículo, “sus números se ven mucho mejor que la mayoría de sus vecinos” y destaca que “”la cooperación bipartidista de los gobernadores y de las figuras del Congreso, la respuesta del flamante Gobierno de Alberto Fernández a la gestión del coronavirus (que obtuvo la aprobación del 83% de los argentinos)ha dado lugar a un aumento de los índices de popularidad”.

Agrega que “esa aprobación interna es fundamental, mientras se defiende de los inversores internacionales y atraviesa el noveno default del país. Los Fernández(junto con su vicepresidenta y ex presidenta Cristina Kirchner) son peronistas que suscriben políticas económicas de izquierda y, fieles a sus raíces ideológicas, ofrecieron a los trabajadores de bajos salarios una suma global de 10.000 pesos para ayudarlos a capear la crisis” remarca Times y continua: ”Pero aunque se note su voluntad de gastar en estímulos
internos, , la realidad de las finanzas de su Gobierno y los inminentes reembolsos de deuda a los acreedores extranjeros los limitan considerablemente (su paquete de estímulo asciende a solo el 4,9%del P.B.I.) , y su intento de imprimir puede empujarlos al infierno de la inflación”.

Sin embargo agrega, ”su deseo de cuidar de la gente y la decisión de desviar recursos del pago de la deuda para hacerlo- aun a riesgo de un inminente colapso financiero, ha sido la mejor opción entre las malas alternativas”.

Sin embargo estas medidas consideradas racionales por el FMI que acepta una renegociación de la deuda argentina con sus acreedores, todos “fondos buitres” cuyo objetivo es comprar deudas a precio vil para luego litigar en el juzgado de Nueva York, donde la jueza Loreta Presska, sucesora del célebre Thomas Griesa, cuyos fallos en contra de la argentina significaron la transferencia de una suma considerable que afectó por mucho tiempo a la economía argentina

El caso Vicentín dividió la opinión de los argentinos. Una gran multitud se opuso a la nacionalización de la firma desconociendo que fue una de las mayores estafas de la historia argentina que perjudicó a entidades financieras y en especial al Banco de la Nación Argentina que con la complicidad de Gonzales Fraga le otorgó millonarios créditos cuando la firma había hecho una convocatoria de acreedores y declarado la cesación de pagos. Entre sus acreedores figuran entidades financieras del país y del exterior, cooperativas cerealeras que le habían entregado su producción, empleados de la misma a quienes no se les pagaba el salario que les correspondía, etc,.

La nacionalización de la firma por parte del presidente Alberto Fernández significó la posibilidad de tener una firma testigo para las exportaciones de cereales y evitó que la misma sea adquirida a precio vil por fondos especulativos, por maniobras fraudulentas. Los ceos de la firma Padoan y Nardelli por sus maniobras de acaparamiento de los fondos, generaron un conflicto familiar donde herederos y accionistas damnificados denunciaron penalmente a los mencionados gerentes que por el vaciamiento que han generados y trasferido los recursos a paraísos fiscales, debieran estar en fondo obscuro de una cárcel.

Todas estas acciones que han sido valoradas en medios nacionales e internacionales, han sido vigorosamente criticadas por el diario Clarín que con el acompañamiento de La Nación que en sus artículos atacan todas las medidas que el gobierno implementa para resolver la pandemia y la crisis económica. Parecen gozar de la muerte de los argentinos quienes se apropiaron de Papel Prensa con la complicidad de la dictadura militar. Pero ello es tema de otro artículo donde Lidia Papaleo que fue torturada para que trasfiera Papel Prensa, ha iniciado un juicio en tiempos que el escenario ha cambiado y existen mayores garantías.

Miguel Schmalko, asesor y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones).

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Yacyretá: parece equivocado el director

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El nuevo Director Ejecutivo por la parte argentina de la Entidad Binacional Yacyretá, hizo declaraciones a poco de asumir, respecto a los objetivos que plantea a su gestión.
Es correcto que enfatice la gestión, pues es inherente a su función asumida. Como empresario maderero no cabe duda que debe saber gestionar.
Sin duda es urgente que se avance en la obra de Aná Cuá, que permitirá utilizar el importante caudal de agua que hoy se desperdicia por el vertedero, con la cual se aumentará la Potencia Instalada y la capacidad de generación (apta como Energía de Base, por su seguridad y previsibilidad). Coincidencia total en este objetivo estratégico.
Pero resulta totalmente discutible, que repitiendo el discurso del recién nombrado Secretario de Energía de Misiones (Ing. Paolo Quintana), exprese como objetivo “colaborar en el desarrollo de energías alternativas”.
Se sabe que el concepto de “energías alternativas” es una de las tantas definiciones, que el ecologismo ultra montano presiona para imponer como eufemismo para citar básicamente a las energías eólica y solar; además de algunas otras de menores importancias en sus aplicaciones a escala mundial, como la de biomasa, la undimotriz, la mareo motriz, las micro hidroeléctricas y otras.
Al respecto, las fuertes presiones de esas ONGs y de los poderosos intereses vinculados con las promociones al como sea de esas “nuevas fuentes” de energía (otra de las definiciones, falaz en si mismo, pues no son “nuevas” en sus utilizaciones), muy vinculadas con las corporaciones petrolíferas, han dado lugar a implementar negociados escandalosos (como los recientes del macrismo, en un pasamanos de una adjudicación de eólicas), y a presentar y hacer aprobar como si tal cosa, las condiciones leoninas en contra de los intereses del Estado Argentino y de los consumidores, en los procesos de instalaciones forzosas de eólicas y solares, que no por casualidad fueron el objetivo energético central del recientemente caducado gobierno neoliberal.
Y no es casual, pues los gobiernos de tipo liberal en lo económico y ultra conservadores en lo político, desde siempre en Argentina están vinculados a la generación termoeléctrica, y operan en contra de las energías hidroeléctrica y nuclear. En los últimos años, esos gobiernos de tipo oligárquico están a favor de las “renovables amputadas” (eólica y solar), pues por limitaciones técnicas 
insalvables, por regla general están vinculadas con usinas termoeléctricas.
“Amputadas” pues excluyen a las hidros, renovables por antonomasia.
Por el contrario, los gobiernos de orientación nacional y popular, como los peronistas, con enfoques estratégicos de largo plazo, se posicionan a favor de hidroeléctricas y nucleares, preferentemente, pues son energías técnicamente aptas como bases de sistemas eléctricos, económicas y de muy fiable operación.
Las condiciones leoninas a favor de eólicas y solares, tienen que ver con haberse aprobado tarifas dolarizadas e indexadas, exenciones impositivas muy amplias para las importaciones y operaciones, la casi nula promoción de la industria argentina en esas inversiones en equipamientos, y la “perlita adicional” de establecerse prioridad total para el despacho (venta) de esas energías, sin importar sus precios. O sea que son un “salvavidas de plomo” para el desarrollo nacional.
Por otra parte, la vinculación muy estrecha de petroleras y gasíferas
transnacionales, con la promoción a ultranza de las “renovables”, tiene que ver con la dependencia de eólicas y solares respecto a centrales termoeléctricas en casi todos los casos, termoeléctricas que deben operar como reservas en caliente (o sea funcionando), quemando gas o petróleo, para salvar los constantes baches de generación de eólicas y solares, así como para estabilizar el voltaje de las mismas.
Esa sola dependencia de centrales térmicas (por lo general turbinas de gas), echa por tierra la supuesta “limpieza” de eólicas y solares. Pero además, estas últimas tienen una sumatoria de elevados costos ambientales, que sus promotores ocultan cuidadosamente, por lo que el común de la gente que no es especialista en la temática, “compra” con facilidad esa mentira pseudo ecológica.
Pero además, las eólicas y solares tienen sensibles costos ambientales “propios”.
Las eólicas insumen costos ambientales muy elevados para fabricarlas, transportarlas, instalarlas, mantenerlas, y luego desguazarlas. El mantenimiento de las eólicas es en extremo peligroso, pues su equipamiento electromecánico está a gran altura, y los accidentes en muchos casos son mortales. Además, el propio funcionamiento ocasionó accidentes, al desprenderse componentes, que pueden ser disparados en áreas circundantes como proyectiles. Por eso, sus áreas de seguridad abarcan diámetros que según el país en que se aplican, van de diámetros de 500 metros a la redonda a más de un kilómetro. Eso, y los ruidos molestos, son causas de rechazos en países con mucha densidad poblacional. Por caso, en Horspath, Oxfordshire, Gran Bretaña, en su momento hubo fuertes manifestaciones que impidieron la instalación de un parque eólico.
Las solares, por su parte, tienen tan escasos rendimientos, que según la latitud en que se instalen, apenas generan poco más que toda la energía necesaria para fabricarlas, transportarlas, instalarlas, mantenerlas (roturas y limpiezas), y por último desmontarlas. Incluso, al sur de Buenos Aires, la ecuación es directamente negativa (se gasta más energía en todo el proceso, que la poca que generan en la vida útil de los paneles). Y hubo preocupación por la disposición final de las chatarras, en buena parte inutilizables y en algunos casos, con presuntos componentes tóxicos.
No es un tema menor adicional, considerar que las eólicas y las solares, son casi totalmente importadas, por lo que inciden negativamente en la Balanza de Pagos, lo cual es clave en una coyuntura de marcada escasez de divisas; además que al no ser de industria nacional, sus efectos multiplicadores y generación de fuentes de trabajo, son muy escasos. En síntesis, una ruinosa ecuación, que sus promotores ocultan muy cuidadosamente, bajo montañas de palabrerías rimbombantes, como el ya mencionado cliché de “energías limpias”.
En cambio, las usinas hidroeléctricas y nucleares, tienen altos porcentajes de insumos nacionales, y para construirlas demandan mucha mano de obra, lo cual es crucial en el contexto de crisis doblemente heredada del neoliberalismo macrista y de la pandemia.
Resulta lamentable que el recién designado Director Ejecutivo (luego del interregno neoliberal, como tal escaso en obras y concreciones), no manifieste interés en seguir los lineamientos de acciones que claramente había bosquejado y comenzado a ejecutar el anterior Director Ejecutivo Oscar Thomas, quien a las vastas concreciones en importantes obras en ambas márgenes y en la propia central hidroeléctrica, le había agregado la notable visión estratégica de centralizar todas las acciones para avanzar hacia las ambiciosas y muy positivas concreciones de las grandes hidroeléctricas binacionales de Corpus, Panambí y Garabí.
Las diferencias de Potencia Instalada, Generación Media Anual, costos reales por kWh, y calidad operativa (energías de base), respecto a las pequeñas, poco confiables técnicamente, carentes de calidad operativa por sus baches de generación y oscilaciones en el voltaje, y altos costos reales de energía, de eólicas y solares, son simplemente abismales.
El Director Ejecutivo debería considerar que es factible obtener
financiaciones para esas grandes obras, acorde a los precisos ofrecimientos en su momento hechos y concretados con China y R usia, la mayor parte de los cuales el macrismo dejó sin efecto, habida cuenta su claro objetivo de destrucción nacional .
Pero ahora, seguramente las posibilidades están latentes, y es cuestión de avanzar hacia ellas.
Se debe considerar que el incremento previsible de la demanda eléctrica de Misiones en una década, es equivalente a la totalidad de la generación que corresponderá a Argentina en la obra de Garabí. Y eso, con “ventiladores” y “espejitos” no se cubrirá, ni por sus escasas capacidades de producción, ni por sus insalvables problemas técnicos. Por caso, el pico de la demanda se da en la primeras horas de la noche…¿cubrir eso con energía solar? Es absurdo.
Por otra parte, más allá de la financiaciones externas que bien pueden gestionarse para las grandes hidroeléctricas (que de construirse posicionarán a Misiones con la principal provincia productora hidroeléctrica); con fondos propios de la EBY, podría encararse la construcción de alguno de los ocho proyectos, totalmente estudiados y en su momento con los pliegos licitatorios listos, de obras hidroeléctricas a construirse en cursos de agua interiores de Misiones. El más interesante y redituable de ellos, es el del Túnel del Urugua-Í, que tal como está proyectado, sin incorporar ninguna turbina adicional, permitirá triplicar la Generación Media Anual de la central, la cual hoy provee la energía más económica que dispone Misiones. Y si se ampliara incorporando más turbinas, permitirá empuntar el funcionamiento de Urugua-Í, cubriendo el pico de la demanda, o sea la energía más valiosa de todo sistema eléctrico.
Y si el actual Director Ejecutivo concretara ese proyecto, le cabrá el mérito de potenciar la obra que en su momento, con notable coraje cívico, su propio padre comenzó a construir siendo gobernador, allá por 1985, rompiendo con ello el monopolio termoeléctrico que era el cáncer que impedía crecer a Misiones.

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Misiones no solo es perjudicada en el reparto de coparticipación: ocupa el lugar más bajo del NEA en transferencias no automáticas

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No es nueva la discusión acerca de cómo Misiones está siendo perjudicada por los desactualizados porcentajes de distribución secundaria de las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (o coparticipación), aunque sí es cierto que, en los últimos días, a raíz de la visita presidencial a la provincia, se volvió a poner dicho asunto en la agenda pública.

Misiones es la provincia con menos participación en el reparto de recursos de coparticipación. Léase, es la que menos dinero recibe en este punto, pero a ser la provincia de la región con la mayor cantidad de habitantes.

Solo para graficar esta situación, en mayo Misiones recibió de transferencias automáticas $5.348,9 millones contando con 1,2 millones de habitantes. Chaco recibió $7.910,0 millones y tiene 1,1 millones de habitantes. Corrientes captó $5.973,7 para 1,1 millones de habitantes, y Formosa captó $5.697,5 para 0,6 millones de habitantes.

El ejemplo es más que claro: Misiones tiene el doble de habitantes que Formosa, pero recibió 350 millones menos en mayo. Esta asimetría es una deuda pendiente del estado nacional con la tierra colorada.

Lo mismo ocurre al ver las transferencias no automáticas que recibió Misiones desde el inicio del 2020 al 10 de junio incluido. En total, ingresaron a las arcas provinciales en este período $3.116,3 millones, que en términos per cápita, equivale a $2.498,3 por misionero. Se ubica último en el NEA, ya que en Formosa la suma per cápita es de $4.447,6 por habitante, en Chaco es de $3.667,9, y en Corrientes es de $2.815,5. En relación al total de las 24 jurisdicciones, Misiones se ubica 18º en este punto.

Otro punto en relación a esto mismo que confirma lo dicho es al analizar las transferencias de recursos no automáticas que van de la Nación a la Administración Central provincial para financiar gastos corrientes, medidos en el grado de ejecución sobre su crédito presupuestario original: estas transferencias van al gobierno provincial sin asignación especifica y es donde ingresar, por ejemplo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cualquier otro desembolso que la provincia recibe para financiar sus gastos operativos.

Este punto tuvo enormes crecimientos en todo el país debido a la asistencia del gobierno nacional por la emergencia provoca por la situación de pandemia, y eso queda comprobado cuando se observa cual el es porcentaje de lo recibido sobre lo que estaba previsto por presupuesto: en Misiones dicha ejecución es del 508,8%. Es decir, recibió 5 veces más que lo originalmente previsto en presupuesto.

Pero, a pesar de ser una importante asistencia financiera, nuevamente queda ultima en el NEA: en Chaco el grado de ejecución en este punto es del 869,5%; en Corrientes del 622,4% y en Formosa del 562,1%.

Misiones tiene una economía que está más fortalecida que el resto de las provincias de la región, pero ello no es motivo suficiente para que no se contemple las particularidades de su situación. Estas asimetrías pueden ocasionar serias distorsiones, sobre todo en contextos de crisis y, si bien hoy no es el momento, el debate sobre una nueva base de reparto de recursos federales no debería postergarse mucho más tiempo.

Por ALEJANDRO PEGORARO.
Director de Consultora Politikon Chaco.

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