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Cualquier reforma es política

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El presidente Alberto Fernández presentó una propuesta de Reforma de la Justicia Federal argentina, integrativa en algunos aspectos, ampliación de la cantidad de juzgados con el objetivo de dinamizar un servicio de justicia que se ha quedado en el tiempo, y, por último, el estudio sobre la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Para ello, ha designado una comisión que se encargará de analizar y proponer al Ejecutivo, las posibles reformas a la actual estructura del fuero federal.

Para entender el problema actual de este poder central del Estado, debemos hacer un poco de historia, con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, se adecuó la estructura que internacionalmente se exigía para garantizar el debido proceso, se creó el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura para intentar transparentar la elección de nuevos jueces y controlar su actuar. 

Veintiséis años después, seguimos estancados en los fines buscados,  un fuero que se conforma de antiguo, por métodos muy alejados de la perspectiva de calidad institucional a la que se aspiraba.

El sistema acusatorio ingreso a la vida jurídica Argentina con la reforma constitucional, hasta la fecha no se ha concretado, el rol esencial del fiscal, ser único titular de la acción penal pública, lo que se trata de concretar con este proyecto de reforma.

La duplicación de juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires, debe tener un claro argumento vinculado a la explosión demográfica y de hechos punibles que día a día se pueden advertir sin mayor esfuerzo, los datos criminológicos son una sólida base argumentativa.

Mientras la dinámica de la convulsionada vida de nuestro país implica para cada ciudadano cambios laborales, carencias e incertidumbres, el Poder Judicial Federal se caracteriza por la estabilidad laboral y salarial, lo que genera gran resistencia a cualquier cambio que signifique una amenaza al estilo de vida adquirido. Es muy común ver, aún en Misiones, la conformación del cuerpo judicial por miembros de una misma familia y/o amigos ejerciendo distintos roles, lo que llevó en el tiempo, a una clara distorsión de lo que implica un servicio público, encargado de reconocer y hacer valer los derechos de la persona. 

Fernández, con profundo conocimiento del derecho penal y el fuero en donde se ejerce la rama del derecho, reconoció explícitamente esta problemática sociológica que se encuentra enquistada, producto de muchas razonas y de costumbres abusivas que han permitido la ocupación de espacios de poder a personas claramente inidóneas. 

El Consejo Consultivo tiene una labor técnica, eminentemente Constitucional y Convencional, no decide qué se debe reformar y que no, solo hace propuestas. 

Toda reforma normativa o de constituciones de poderes públicos, siempre tienen un contenido político, es inevitable, pero debe entenderse, que en este caso, se trata de agilizar un servicio de justicia que debe actualizar su actividad, transparentar su labor, dando respuestas racionales y dignas a la persona y la sociedad, se trata de romper con grupos de poder instalados dentro de una agencia estatal que, esencialmente, debe tutelar y realizar los derechos de los más vulnerables, fin que se ha dejado de buscar hace mucho tiempo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene una conformación claramente incompatible con su labor de máxima instancia en la interpretación y aplicación de la Constitución y bloque de Derechos Humanos que conformar nuestra Carta Magna. 

No solo su incremento en el número de conformación es necesario, también girar hacia un sistema de salas por materia, sería una solución al histórico y endémico problema que implica la mora judicial que se reconoce históricamente.

Todo lo que signifique un mayor y mejor servicio de justicia es bienvenido, si detrás existe alguna connotación política, debemos entender que en todo el mundo, y en todo momento de la historia, cualquier modificación a zonas sensibles del poder público, implica una decisión política y no necesariamente, debe implicar su desvalorización.

Debemos ser pacientes y ver a futuro, cual será en definitiva, lo que se concretará en este proyecto institucional.

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