Se trata de Thierry Decoud. Dos allegados son investigados por haber solicitado un retorno en su nombre para concretar una operación con una empresa israelí.

El presidente Javier Milei echó a Thierry Decoud, hasta hoy interventor de Yacimientos Río Turbio, en medio de un escándalo de pedido de coimas. La información fue revelada por el vocero Manuel Adorni en su habitual ronda de prensa.

El funcionario había quedado en la mira luego de que una investigación del diario Clarín revelara que dos “intermediarios” solicitaron un retorno para concretar una operación con la empresa israelí TEGI. Estos dos “facilitadores” son Andrés Gross y Alejandro Salemme, cuyas voces quedaron registradas en conversaciones con ejecutivos de la compañía en donde surgieron los presuntos pedidos de coimas.

El escándalo gira en torno a una operación de compra de 30 mil toneladas de carbón por alrededor de 2.100.000 dólares. Cuando el acuerdo estaba por cerrarse en junio pasado, Gross apareció como “intermediario” de la negociación y habría solicitado un pago adicional al representante de TEGI en la Argentina, Juan Agustín Yarke Ariet.

En una grabación de una conferencia en la que participan los “intermediarios” y representantes de la firma israelí se escucha a Gross justificarse: “Nos están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”. Sin embargo, no especifica a quiénes se refiere. Gross es amigo personal de Decoud y juegan juntos al fútbol.

En el mismo registro, Saleme, el otro “broker” en la negociación, sugiere una salida para que el contrato finalmente se concrete. “Queremos llevar adelante el negocio, es cuestión de sentarnos a charlar, fijate de qué manera inteligente podés planteárselo a Constantín”. Constantín es el CEO de TEGI.

“El despido del interventor obviamente está relacionado con la denuncia de corrupción. Donde se detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, el presidente siempre va a hacer a un lado al responsable, no porque sea efectivamente el responsable sino porque el Presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaran los hechos, el Presidente ha tomado la decisión de despedir al interventor”, precisó Adorni.

Decoud llegó a YCRT a fines de 2023, tras la asunción de Milei como presidente de la Nación. Tiene 42 años y cuenta con experiencia en el sector energético. Los libertarios, que en las últimas horas buscaban despegarse de él, asocian su llegada a la administración nacional a un pedido especial de PRO.

Sin embargo, en el espacio amarillo aclararon que los ex funcionarios del partido que se sumaron al actual gobierno lo hicieron a través de acuerdos privados. Es más, aseguran que los únicos dos nombres recomendados por ellos fueron Diógenes de Urquiza y Cristian Larsen.

Más allá del fuego cruzado, en concreto, Decoud fue parte de diferentes áreas de gobierno de PRO: su recorrido en la gestión pública comenzó en el año 2013, cuando ocupó el cargo de director general de tratamiento y nuevas tecnologías en la Secretaría de Higiene Urbana del gobierno porteño, bajo la dirección de Edgardo Cenzón.

Su relación con Cenzón fue clave para lo que fue su posterior traslado a la provincia de Buenos Aires en 2015, cuando se desempeñó como presidente y CEO de Centrales de la Costa Atlántica durante la gestión de María Eugenia Vidal. Posteriormente, en el año 2017, fue convocado por el rabino Sergio Bergman para liderar la Secretaría de Control Medioambiental. En esa función se desempeñó hasta el final del mandato de Mauricio Macri.

En 2019, Decoud lanzó un emprendimiento denominado Ludec SA, en sociedad con su ex esposa. La empresa se dedica a la “prestación, administración, intermediación y gerenciamiento” de diversos servicios, incluyendo atención médica, emergencias domiciliarias, cuidados de internación y servicios hoteleros hospitalarios, además de la organización de viajes.

Desde 2020 comanda (con dos socios) la empresa FTL SA, que provee sistemas de tecnología para tránsito. Y en paralelo a ese proyecto, Decoud también incursionó en el sector minero: el 23 de enero de 2023 fundó Remkor SA, una sociedad enfocada en la “explotación, exploración y adquisición de minas y canteras”, abarcando materiales ferrosos, no ferrosos, metálicos y no metálicos, así como la venta y elaboración de estos productos.

Pidieron investigar por coimas y tráfico de influencias al ex interventor de YCRT y a dos “facilitadores”

La legisladora Graciela Ocaña denunció el escándalo en los tribunales de Comodoro Py 2002. Interviene el juez federal Julián Ercolini

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de una denuncia contra Thierry Decoud, hasta hoy interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y dos supuestos “facilitadores” que quedaron involucrados en un escándalo por presuntas coimas. La denuncia, radicada por la legisladora porteña Graciela Ocaña, pide investigar los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

“El actual gobierno hace alarde de su austeridad y su intención de privatizar y/o cerrar todas las empresas estatales que no ganan plata. Ahora bien, si las empresas estatales siguen rodeadas de funcionarios corruptos que, directa o indirectamente, solicitan coimas y en su afán de cobrar sumas indebidas frustran negocios lícitos y millonarios para el Estado, el problema no radica en la empresa, sino en el funcionario”, dice la presentación, a la que accedió Infobae,

“Es evidente que acá estamos en presencia de ‘allegados’ a los funcionarios, en este caso el interventor de YCRT, que buscan cobrar una coima para no frustrar un negocio totalmente lícito, y el único motivo por el cual no se concretó fue que la empresa no quiso pagar dicha coima. Por tal motivo, es que realizo la presente denuncia, a fin de que se investigue este hecho gravísimo”, afirmó Ocaña.

Para Ocaña, en las conversaciones “se puede apreciar cómo Andrés Gross y Alejandro Salemme intentan cobrarle una coima a la empresa israelí TEGI para cerrar una operación de compra de carbón”. En medio de la propuesta, y previa aprobación por parte de la entidad estatal, relata la denuncia, Gross y Salemme contactaron al representante de TEGI en Argentina, diciéndole que para “cerrar el negocio” era necesario que pagaran una coima que el propio Gross sostiene que “no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”.

“Es importante destacar que ni Gross ni Salemme forman parte de YCRT, pero en la conversación dicen que tienen contacto con la persona que termina de decidir la venta y pueden frenar la operación. Asimismo, según trascendidos en los medios, Gross sería amigo íntimo del interventor de YCRT, Thierry Decoud, y hasta jugarían al fútbol asiduamente. Lo que terminó sucediendo es que la empresa israelí no quiso pagar la coima y las amenazas de Gross y Salemme terminaron materializándose: YCRT rechazó la oferta de compra de TEGI por un carbón de muy mala calidad, que le hubiera generado a la empresa estatal deficitaria un ingreso de 2,1 millones de dólares. También se puede observar, en la conversación, que esta era solo una primera compra de carbón por parte de TEGI, y que en el corto/mediano plazo iba a aumentar la cantidad de carbón que TEGI podría comprar a la estatal YCRT, haciéndole perder millones de dólares al Estado argentino”, afirmó la presentación.

El escrito remarca que Yacimientos Carboníferos Río Turbio es una empresa estatal donde a lo largo de la historia se sucedieron muchos hechos de corrupción. Solo a modo de ejemplo, es posible recordar que YCRT fue parte del plan energético anunciado por el kirchnerismo, que nunca cumplió su promesa productiva. En YCRT se construyó una usina termoeléctrica para generar energía eléctrica con el carbón de la mina”. Y destacó que la obra fue denunciada como parte del “entramado de corrupción en la famosa causa de los cuadernos de la ruta del dinero K”. Según destacó, el exchofer Oscar Centeno declaró que una empresa española pagó coimas a funcionarios kirchneristas durante la construcción de la usina termoeléctrica.

“La corrupción es un delito inaceptable que vuelve a las empresas más ineficientes. Se ha perdido un contrato millonario. Es imperioso designar funcionarios idóneos e intelectualmente honestos si queremos que las empresas estatales funcionen como corresponde”, dijo Ocaña tras hacer la denuncia judicial.

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