El Banco Central pidió que se investigue perjuicio al Estado por los acuerdos con el FMI

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En línea con el discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones legislativas, el Banco Central (BCRA) solicitó este lunes que se investigue el perjuicio al Estado de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmados durante el Gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2018.

Para colaborar con esa búsqueda, la autoridad monetaria elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada con dicha negociación, entre ella el informe sobre las actuaciones tramitadas en el Ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019”.

El informe mencionado concluye que los u$s44.500 millones desembolsados a partir del acuerdo con el fondo abastecieron, junto a las reservas internacionales, “una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los u$s45.100 millones…”.

El art. VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice textualmente: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.

Además, el Central presentó actuaciones administrativas referenciadas y de expedientes que fueron remitidos a fines de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación.

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Según la entidad conducida por Miguel Pesce, los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados con el fondo incurrirían en “incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.

“En el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la ‘ausencia de dictamen jurídico previo’ a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”, sostuvieron desde el BCRA.

“Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características”, acotaron.

En ese sentido, el BCRA afirmó que la legislación vigente (como las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) dice que el PEN no tendría facultades para la firma del acuerdo.

Respecto del segundo acuerdo, afirmaron que se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión.

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“La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante”, sentenciaron desde el organismo público a través de un comunicado.

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