El Presidente se mostró a favor de usar medidas punitivistas, pero en la práctica Patricia Bullrich sólo sigue el tema de reojo y deja las protestas en manos en las fuerzas de seguridad locales. Sintonía circunstancial con los rectores y algunos gremios que no avalan las medidas más radicales

Las tomas en universidades de todo el país se multiplican e intensifican desde la semana pasada, cuando se confirmó el veto a la ley de financiamiento, pero el Gobierno decidió restarles importancia. Si bien Javier Milei se mostró a favor de usar medidas punitivistas, no tomará acciones concretas. “Que protesten todo lo que quieran, no es un tema”, minimizó el conflicto con los estudiantes y sectores del gremialismo duro un funcionario del círculo íntimo del Presidente.

Al contrario, en la Casa Rosada intentan bajar el humo del conflicto y siguen en contacto con los rectores, que también se muestran en contra de las tomas.

El conflicto crece: se extendió a ocho facultades de la UBA -con momentos de tensión con la policía en la de Psicología- y más de 40 casas de estudio ubicadas en las provincias. Fue tomada la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y hubo incidentes en la Universidad de Quilmes. En paralelo, docentes del Colegio Nacional Buenos Aires realizan un paro de 96 horas, y hay planes cortar calles y marchar a Plaza de Mayo y el Palacio Pizzurno.

Sin embargo, el Presidente no mencionó el tema en su mesa chica de acción política. Mientras, en el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, de quien depende Educación, aseguraron que el ruido político se restringe a las redes sociales. Según aseguran, las clases y los exámenes se están dando y tomando como siempre. Y el Ministerio de Justicia no tiene previsto avanzar con denuncias contra los impulsores de las medidas de fuerza. “Las manifestaciones que se observan en redes corresponden a lo que se conoce como toma activa. Hay grupos minoritarios que protestan en alguna parte del edificio, mientras que el resto funciona con normalidad”, dijeron.

La información de la que se nutren Petovello y su secretario educativo, Carlos Torrendell, proviene de los reportes que les proveen los rectores, a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Después de la escalada del conflicto durante las últimas semanas, que tuvieron su cenit en la marcha del 9, las protestas en las facultades encuentran al Gobierno y a las autoridades universitarias en la misma vereda.

“El diálogo se ha cortado con varios de nosotros, porque la respuesta del Gobierno a los rectores más expuestos ha sido de ataque y deslegitimación. Pero, a pesar de todo, creemos en el diálogo y en encontrar una solución. Queremos que nuestras universidades funcionen plenamente”, dijeron desde el CIN. “El sistema universitario argentino siempre se ha caracterizado por ser pacífico. Estas imágenes que estamos viendo no representan a quienes defendemos el sistema universitario”, sostuvo un rector.

También algunos centros de estudiantes marcaron distancia con las acciones más radicales. Por caso, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, Axel Santos, cuestionó la decisión de la asamblea autoconvocada de alumnos que resolvió ocupar las instalaciones en la sede.

Perdida la batalla contra el veto en el Congreso, las autoridades de las universidades llaman a visibilizar de manera pacífica y dar la pelea por el funanciamiento en el mismo ámbito legislativo. Esta vez, por un aumento de las partidas previstas en el Presupuesto 2025. Primero, en las reuniones en comisión y, eventualmente, si hay dictamen, en el recinto.

El Gobierno propuso un presupuesto de 3.7 billones, cuando el CIN calcula que se necesitan 7.2 billones, es decir, el 50%. “Este presupuesto hace muy difícil el funcionamiento de las universidades el próximo año. Es necesario modificarlo para lograr un aumento que garantice el funcionamiento de las instituciones. Esta es la clave para desescalar el conflicto. Si el Gobierno asegura que no va a implementar aranceles, debería enviar un presupuesto más acorde con la ley original”, sostuvieron, con calma.

En la misma tesitura, este mediodía el vocero Manuel Adorni, que baja la línea de los hermanos Milei, dijo que es un “tema interno” de las universidades y que le corresponde a los rectores (aunque las tomas apuntan contra el Gobierno).

El jefe de Estado oscila entre la mirada punitivista desde el discurso (expuesta en su cuenta oficial de X), y la decisión estratégica de mantenerse al margen e incluso bajar el tono a las respuestas del Gobierno. Por un lado, anoche tuitéo mensajes diciendo que debería intervenir la policía. “Si el Rector de la UBA no llama a la policía para desalojarlos, será el gran responsable de arruinarles la vida a los chicos que sí quieren estudiar y de estafar a los contribuyentes que bancan la universidad pública”, decía un tuit de José Luis Espert que fue replicado por Milei. No obstante, unas horas después, por la mañana, en una entrevista con LN+, el primer mandatario evitó hacer alusiones en ese sentido. Y, para pacificar, aclaró que el Gobierno no busca arancelar las universidades.

Sus asesores cuentan, en privado y con cierta satisfacción, que esa no es su verdadera mirada, y que aún cree en el polémico sistema de vouchers que pregonó en la primera fase de la campaña presidencial. El Presidente disimula su ideología para evitar contribuir a una escalada de violencia.

Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mira el tema de reojo. Aunque las tomas están en boga, no tiene listado en sus planes inmediatos tomar acción. En cambio, deja en manos de las fuerzas de seguridad locales el manejo de las manifestaciones, como en el caso de los incidentes en la Universidad de Quilmes, donde actuó la policía bonaerense de Axel Kicillof, y de las sedes de la UBA en la Ciudad, donde intervinieron agentes de la Policía Metropolitana. Por ejemplo, anteayer el gobierno de Jorge Macri ejecutó un inédito operativo con varios patrulleros para una clase pública en Económicas.

Como el Presidente, Bullrich se mantendrá dentro de los márgenes del discurso. Esta tarde irá al Congreso a defender el Presupuesto 2025 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde respondió sobre los recortes para la educación superior, en contraste con los aumentos que le otorga la nueva ley a su propia área. Antes, Petovello había anunciado modificaría un decreto de 2022 que impedía a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditar las cuentas de las universidades. Más allá de la confrontación verbal, en el Gobierno decidieron abordar el tema de las universidades con cautela.

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