Ante Wall Street, el Gobierno defiende esquema cambiario y advierte sobre litigios, pero evita hablar de salida del cepo

En un contexto de alivio financiero para Argentina y una reducción del riesgo país, el Ministerio de Economía envió un informe anual a la SEC, el regulador de mercados financieros de Estados Unidos, detallando el estado actual de la economía local. Aunque reconoció la apreciación cambiaria acumulada en el año, aseguró que el tipo de cambio sigue siendo competitivo y destacó que las privatizaciones son uno de los pilares del plan económico. El documento también advirtió sobre los juicios pendientes en tribunales norteamericanos, que el país considera como un “factor adverso”.

El extenso informe, conocido en la jerga financiera como 18-K y firmado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ofrece un análisis de la economía y la política argentina en los últimos años, cumpliendo con la práctica habitual de informar a los inversores en Wall Street. Sin embargo, el Gobierno brindó escasa información sobre temas clave que el mercado espera: la política cambiaria en un entorno más favorable y los avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, entre otros.

Defensa del esquema cambiario y plan económico

En el informe, el equipo económico defendió la política de crawling peg implementada tras la devaluación de diciembre, con ajustes mensuales del 2% como herramienta antiinflacionaria. “El Banco Central ha complementado su objetivo de acumular reservas con una estrategia de corto plazo para manejar la volatilidad cambiaria, impulsando así el proceso desinflacionario y asignando de manera más eficiente las divisas mediante regulaciones cambiarias”, explicó el informe.

El documento también destacó que, aunque la apreciación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) se intensificó, el tipo de cambio real se mantiene en niveles competitivos, coherentes con el promedio de las últimas dos décadas.

En el frente fiscal, el Gobierno reafirmó su objetivo de déficit cero para el primer año, equilibrando el ajuste fiscal con el control de la inflación. “En 2024, la Secretaría de Energía ajustó temporalmente las tarifas para respaldar la desinflación, retomando las actualizaciones en agosto para evitar distorsiones y mantener la sostenibilidad del sector energético”, apuntó el informe, subrayando que el nuevo esquema de subsidios busca proteger a los sectores vulnerables.

Privatizaciones y litigios pendientes

El documento también reitera el compromiso del gobierno de Javier Milei con la privatización de empresas públicas. “El objetivo es reducir el gasto público, modernizar el sector estatal y promover una administración pública más ágil y eficiente”, explica el informe, rememorando los efectos positivos que las privatizaciones de los años 90 tuvieron sobre la inversión extranjera directa.

En el apartado de factores de riesgo, el informe detalla las demandas legales que enfrenta Argentina en el extranjero, incluidas las de los cupones PBI en Estados Unidos e Inglaterra, y los casos pendientes en el Ciadi. Uno de los litigios de alto perfil, en manos de la jueza Loretta Preska, involucra la posible obligación de pago de USD 1.500 millones, una carga que podría tener efectos importantes para las arcas del Banco Central.

Además de estos riesgos externos, el documento advierte sobre factores internos como el incremento de la inflación, alzas en las tasas de interés y la volatilidad cambiaria, cada uno de los cuales podría amenazar las reservas y el crecimiento económico. En el ámbito externo, menciona la disminución de la inversión extranjera, la volatilidad de los precios de las materias primas y las tensiones geopolíticas, incluidas las hostilidades en Gaza y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también podrían afectar la economía argentina en el mediano plazo.

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