El Poder Ejecutivo envió este viernes al Senado de la Nación un proyecto de ley para modificar aspectos de las leyes de Medios y de Argentina Digital, entre ellos, habilitar a las empresas de telefonía a proveer televisión satelital y obligar a las empresas a compartir su infraestructura callejera que las pequeñas compañías puedan brindar servicios de telecomunicación.
El proyecto ingresó este viernes en la Cámara alta y desde la comisión de Medios de Comunicación, que encabeza el peronista chubutense Alfredo Luenzo, adelantaron que el martes próximo, desde las 14, se aguarda la asistencia del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, para dar detalles de la iniciativa.
Según se acordó, la intención es escuchar a Ibarra y luego, en las semanas siguientes, convocar a especialistas en telecomunicaciones y a empresarios vinculados con el sector para conocer su opinión.
La iniciativa modifica y deroga varios artículos de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nunca llegó a aplicarse completamente, y de Argentina Digital, ambas sancionadas durante las presidencias de Cristina de Kirchner.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado consta de doce artículos y, según sus fundamentos, pretende “eliminar barreras legales que restringen la competencia en materia de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones” en particular referidas a infraestructura y a radiodifusión por suscripción.
Sin embargo, el ítem más importante es el que permite la posibilidad de que las telefónicas brinden servicios de televisión satelital.
La decisión de modificar la Ley de Argentina Digital está basada en una decisión tomada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de diciembre de 2017, y por una resolución del Enacom de enero de este año.
La Ley de Argentina Digital, aprobada en 2014, dispone que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) “con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital”.
Según los fundamentos del proyecto, “la distinción entre la radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico, por un lado, y la que se presta a través de medios satelitales, por el otro, resulta artificial, por lo que no se justifica otorgar un distinto tratamiento regulatorio a prestaciones que, en esencia y desde el punto de vista del usuario, resultan idénticas”.
El proyecto del Ejecutivo reseña que Defensa de la Competencia “identificó a los servicios de televisión por cable y televisión satelital como servicios sustitutos”, y que la distinción regulatoria “distorsiona el mercado” a la vez que “atenta contra la competencia entre servicios que resultan sustituibles entre sí”.
De hecho, la resolución del Enacom de enero habilitó la prestación de servicios de radiodifusión mediante cable o satélite.
En ese sentido, para “permitir el inicio inmediato de la prestación de los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo satelital allí donde no exista un prestador del servicio de TV por cable o donde sólo exista un prestador” el Poder Ejecutivo establecerá un cronograma de inicio de la prestación, “considerando el ámbito geográfico, temporal y de evolución de la integración, hasta el 1° de enero de 2019”.
Por otra parte, el proyecto enviado hoy también establece “lineamientos y condiciones” para el fomento del despliegue y el uso compartido de la llamada “infraestructura pasiva” como torres, postes o cámaras que alberguen cables, antenas u otros dispositivos.
“Es política del Gobierno nacional promover la competencia de infraestructuras, facilitando que los prestadores de estos servicios desplieguen sus propias redes, para generar mayor conectividad e inversión en infraestructura, que redunde en más y mejores prestaciones a los consumidores, a precios competitivos y con mayor calidad”, se señala en el documento que ya fue girado a los senadores que integran la Comisión de Medios.
Según asume el Ejecutivo, “el uso compartido de infraestructura permite una utilización más eficiente del capital, acelera el despliegue de redes, respeta en mayor medida el medio ambiente y redunda en una disminución de los costos del sector y por ende facilita la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales”.
Dentro de esta política de “compartir” la infraestructura para la construcción de nuevas redes también se incluye a las antenas y demás artefactos de uso afín que pertenezcan al gobierno nacional.
Asimismo, el proyecto establece que el gobierno “adjudicará en forma directa a la Empresa AR-SAT, las frecuencias que requiera” para concluir la Red Federal de Fibra Optica que se encuentra en expansión.

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Redacción Economis

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