Estudio asegura que la desregulación yerbatera causó una pérdida de 14 mil dólares por productor
Un estudio realizado por los economistas Javier Gortari y Leonardo Batista, marca que para una cosecha anual del orden de los 900 millones de kilos de hoja verde -este año la cosecha está al borde de los mil millones de kilos si se realiza la zafriña que por ahora está en dudas-, cada 100 pesos menos que se le paga al productor por kilo, implica una caída de ingresos totales para el sector primario del orden de los U$S 90 millones (calculando con un dólar de $1.000). Como la baja en los precios rondó los $200 por kilo de hoja verde, la pérdida se duplica. Considerando que son 13.000 los productores registrados por el INYM, el impacto de la aplicación del DNU 70/23 implicó una pérdida anual promedio del orden de los 14.000 dólares por productor.
El DNU 70/23 inhibió al INYM de su potestad central que venía ejerciendo desde 2002 -año en que se creó ese organismo por ley del Congreso Nacional-: establecer cada 6 meses el precio de la materia prima (kilo de hoja verde y de la yerba canchada) de la actividad yerbatera.
El efecto se hizo sentir en la primera cosecha gruesa que le siguió: de abril a septiembre del 2024. Un kilo de hoja verde que se estaba pagando en diciembre 2023 alrededor de los $370 al contado, terminó en septiembre 2024 en $180, pagaderos en $100 al contado (para cubrir gastos inmediatos de cosecha y flete) y $80 con cheques posdatados hasta en 180 días.
El registro INYM de 13 mil productores yerbateros incluye a los de la provincia de Corrientes, que son pocos y grandes y aportan el 10/15% de la producción total. Para Misiones, las EAPs yerbateras representan algo más del 50% del total de EAPs censadas. Lo que da dimensión de su relevancia relativa en términos de agricultura provincial. Reiterándose la diferenciación social para los agricultores misioneros en general: unos 1.000 productores grandes con plantaciones superiores a las 100 hectáreas concentran el 50% de la producción de hoja verde.
La concentración está directamente ligada a la percepción diferencial de ingresos. Para una producción anual de 900.000.000 de kilos, el estrato de grandes productores alcanza un ingreso promedio anual de $45.000.000 (lo que surge de multiplicar el 50% de la producción anual -450.000.000 kg- por los $100 que le quedan netos por kilo deducidos los $80 para gastos de cosecha y flete al secadero, y dividiendo por 1.000 productores). Lo que representa un ingreso promedio mensual por productor para ese estrato de $3.750.000.
Para los otros 12 mil productores chicos (el 92% del total), el ingreso promedio por su cosecha yerbatera es de indigencia: la mitad restante de la producción anual -450.000.000 kg- multiplicada por $100 y dividido ahora por 12.000 productores, da un ingreso promedio anual de $3.750.000 y mensual de $312.000 por productor.
Gortari recordó que este escenario ya se vivió en los 90. En 1991 y en coincidencia con la primera gobernación de Ramón Puerta, la política yerbatera dio un vuelco con el decreto desregulador de Domingo Cavallo durante la primera presidencia de Carlos Menem. Se disolvió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y se liberó la actividad, provocando una caída fenomenal de los precios de la materia prima en un contexto donde el valor en góndola del producto al público se mantuvo relativamente estable.
Durante la década desregulada que terminó con los tractorazos de 2001 y 2002, en números gruesos, el kilo de yerba mate al consumidor se mantuvo entre los $2 pesos -regía la Convertibilidad y la inflación desapareció-. En tanto el kilo de la hoja verde puesta en secadero pagado al productor pasó de $0,20 al inicio del período, a $0,06 al cabo de los diez años. Lo que implicó pasar de una participación del sector primario del 30% en el valor final (3 kilos de hoja verde para producir un kilo de producto final), a una participación del 10%. En un negocio que mueve cifras próximas a los U$S 1.000 millones anuales, esto significó una transferencia de ingresos del sector primario a los otros sectores del orden de U$S 200 millones anuales.
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