El integrante del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) y presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados (Caicha), Gustavo Lázzari, valoró hoy el contenido de la reforma laboral que contiene el DNU 70/2023, apartado que actualmente se encuentra suspendido tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Hay varias cosas que apoyamos, pero fundamentalmente estamos con la reforma laboral que contiene el trabajo”, manifestó Lázzari esta mañana a radio Urbana Play.

El economista, gerente general del Frigorífico Cárdenas e hijo de la extitular de la Liga de Amas de Casa, Lita de Lázzari, forma parte del PEP, entidad pyme que recibió el sábado pasado un comunicado de agradecimiento por parte del presidente, Javier Milei.

La Oficina del Presidente informó ese día en su cuenta de X que “más de 2.000 pymes, emprendedores y productores destacaron que las medidas promoverán la creación de empresas, las exportaciones e inversiones”, y “generarán nuevas fuentes de trabajo”.

“Desde el comité del PEP hicieron hincapié en que las reformas brindarán un marco regulatorio más flexible y adaptado a las necesidades de los sectores productivos”, y “remarcaron que el DNU ordenará los costos laborales para las pymes, permitiendo así la creación de empleo privado de calidad”, señaló el comunicado que destaca el apoyo de la organización, fundada tras publicarse el decreto.

Lázzari valoró, como principal punto, la eliminación de las multas laborales por falta de registro o registración eficiente.

“La ley dice que, en indemnizaciones, hay que pagar un mes por año trabajado y un mes de preaviso cada cinco años. Eso no se toca. Lo que cambia es que la Ley de Empleo de la década de lOS 90 había puesto unas multas para favorecer la formalización”, indicó.

Señaló que las multas provocaban que “se multiplicara por cuatro veces o más la indemnización”.

En ese sentido, apuntó que “una multa de $ 1.200.000 podía llegar a $ 8.000.000 o $ 9.000.000”, generando “una industria del juicio”.

“Las empresas, fundamentalmente las pequeñas, medianas y los emprendedores, estábamos con temor a contratar porque esos problemas efectivamente suceden. Muchas veces no se contrataba en negro pero capaz ponían que un almuerzo era parte del sueldo y había que demostrar que no”, explicó Lázzari.

La justicia laboral –subrayó- “para muchas empresas terminó siendo su cementerio”.

Sobre la posibilidad de que las empresas reemplacen las indemnizaciones por un fondo de desempleo, un punto habilitado por el DNU, Lázzari consideró que es “un error” y que, si bien funciona en actividades como la construcción por su carácter estacional, en su opinión “no es válido para actividades permanentes”.

De todos modos, recalcó que es una modalidad “optativa a resolver en convenios colectivos”.

Por otro lado, el empresario valoró la “eliminación del estatuto del viajante” que consideró como “muy obsoleto y mal diseñado”, y la supresión de la presunción de relación de dependencia respecto de la prestación de servicios profesionales.

El decreto crea contratos no laborales donde no son de aplicación las cláusulas de la Ley de Contrato Laboral con un tope de cinco colaboradores.

“Para trabajos ocasionales permite la formalización de todos esos trabajos. Hay muchas actividades donde necesariamente se requiere la contratación ocasional como el fletero, un pintor, un jardinero. Estas cosas, si sumamos, permitiría que las escalas del monotributo sean mucho mayores y se blanquee la economía porque todo el mundo estaría facturando”, enfatizó Lázzari.

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