INYM: Productores piden que se remueva al presidente y la gerenta por resolución que habría favorecido a yerbateras

Un grupo de asociaciones yerbateras pidió hoy que se remueva temporalmente de sus cargos al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Re, y a su histórica gerenta, la contadora Rosana Biale y que se investigue una polémica medida que se dictó la semana pasada y, sostienen, favoreció a empresas yerbateras.

Los representantes de cinco entidades de productores -que se reunieron esta tarde en la sede del INYM-, hicieron esta solicitud en una carta dirigida al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere. El INYM es un ente autárquico con representación privada y pública, pero en el organigrama depende del Agroindutria, cuyo ministro es quien designa al titular de la entidad.

El jueves pasado, el directorio del INYM modificó el régimen de multas que se aplican a las empresas que violan normas de la ley 25.564 (la ley que creó el INYM y regula la actividad yerbatera).

La modificación hizo que ante una falta, la multa máxima pasara de equivaler a 1 millón de kilos de yerba canchada, a un máximo de 10.000 kilos. Con la posibilidad adicional de reducirla en un 50% si se paga en forma voluntaria. O sea, la multa máxima paso de un tope de 58,1 millones de pesos ($58,1 está el kilo de canchada) a 290.000 pesos.

El INYM publicó hace dos días en el Boletín Oficial la resolución 268/2019 que oficializa este nuevo régimen de sanciones, e inmediatamente después emitió penalidades pendientes que habrían recaído en un grupo de empresas yerbateras cuyos nombres no se divulgaron. Estas empresas se beneficiaron con la reducción en las multas por sumas millonarias, dicen los productores.

Según los productores, hubo una “condonación de multas por una cifra cercana a los 90 millones de pesos”.

Lo cierto es que desde la conducción del INYM se defienden, y destacan que se avanzó en multar a un grupo de empresas, aún ante la resistencia de estas firmas a ser castigadas. “Reafirmamos la potestad del INYM para multar a las empresas ante diversos incumplimientos, algo que era muy resistido, además los montos se adecúan más a la situación que están viviendo las empresas y el país”, dijo Re, en diálogo con Economis.

Es cierto que una multa de 58 millones de pesos, como lo era la máxima penalidad antes de los cambios, hoy parece una suma fuerte, capaz de poner en aprietos financieros a una yerbatera, sobre todo si se toma en cuenta la actual crisis y la envergadura media de estas empresas. Equivale a 1 millón de dólares al cambio de hoy.

Reunión caliente en el INYM

Pero apenas trascendió esta novedad, algunos dirigentes pusieron el grito en el cielo y convocaron a una reunión en el INYM que se realizó esta tarde y que duró más de cuatro horas.

Después de esa cónclave, los productores firmaron y difundieron la nota dirigida a Etchevehere en la que le piden que investigue qué sucedió y que remueva temporalmente a Re y a Biale, a quienes acusaron de tener “fuertes vínculos con el sector molinero”.

Como presidente del INYM Alberto Re podría alejarse de la entidad si hay cambio de guardia en la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. Cuando Etchevehere reemplazó a Ricardo Buryaile en Agroindustria, Re le presentó la renuncia para dejarle las manos libres a designar otro presidente. Pero Etchevehere respaldó a Re.

Pero lo más llamativo de la carta de hoy no fue el pedido de la “cabeza” de Re, sino el de Rosana Biale, contadora, e histórica funcionaria del organismo yerbatero, donde trabaja desde hace más de 10 años.

Biale tiene un amplio manejo sobre cuestiones administrativas del organismo, que incluye el manejo de información del mercado y las empresas, que el INYM considera secreta y reserva a muy pocas personas. Es oriunda de Colonia Liebig, una localidad sinónimo de la cooperativa que descolla en el sector como ninguna otra firma en los últimos años (Playadito, segunda del mercado).

Los productores que hoy firmaron la carta son Hugo Sand (APAM), Julio y Jonás Peterson (ACPYN), Ariel Stefen (ACPYN), Victor Fabián Tarnowyk (ACPYN), C de la Pierre, Martin Dellien (Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera San Pedro), y Roberto Buser (Arya), Rubén “Cacho” Ozeñuk, Nelson Dalcomo (Asociación Chimiray), y Juan José Szychowski.

“Apoyamos a la propuesta de removerle al presidente y la gerente. Deberían estar pendientes de garantizar el buen funcionamiento del INYM y el cumplimiento de la ley. Hoy es más conveniente incumplir el pago del precio oficial de la hoja verde y pagar la multa, que hacer lo que indica la ley”, explicó a Economis, Julio Peterson.

“El INYM está contaminado, no se está defendiendo al productor”, explicó Ariel Steffen, productor de San Pedro. “¿El INYM está a favor de las grandes empresas?”, se preguntó el productor.

Crisis de representatividad en el INYM

La carta y el pedido de la cabeza de Re y su gerenta, además, vuelve a poner en crisis de representatividad al INYM, porque enfrenta a los representantes de la producción, pata fundamental del organismo (junto a los industriales), con la conducción de la entidad.

Como sucedió en abril de 2017 cuando los productores llegaron a tomar la sede del organismo durante varios días. En aquella oportunidad hubo promesas de modificaciones de fondo en el funcionamiento del INYM, entonces muy cuestionado, sobre todo en su capacidad para intermediar entre productores e industriales y lograr condiciones más favorables para la parte más débil de esa relación. O sea, el pequeño productor.

Pero con el paso del tiempo, cuando se aquietaron las aguas, esa promesa de revisar a fondo el funcionamiento del INYM se fue diluyendo. El organismo yerbatero mostró incapacidad para generar anticuerpos a sus vicios de funcionamiento y todo siguió más o menos igual. Aquí no ha pasado nada.

A la calma posterior también contribuyó, en parte, el buen ciclo de la yerba, que está pasando por uno de esos momentos que se dan cada 7 o 10 años, donde el mercado paga precios incluso superiores a los que establece el INYM y el pequeño productor puede resistir algo mejor.

Sin embargo en los últimos tiempos se encendieron algunas alarmas. A mediados de agosto, en la anteúltima sesión para definir el precio oficial de la materia prima (septiembre-febrero), un grupo de asociaciones de productores firmó una nota desconociendo lo que acababan de negociar sus directores-productores. Es decir, aquellos que deberían supuestamente representarlos.

Como una muestra de la desconfianza que generaban sus representantes en el directorio, esas asociaciones pidieron por escrito ir inmediatamente al laudo de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y cancelar la tercera y última sesión de precios del directorio. El pedido de por sí es atípico, los productores suelen hacer hasta el último esfuerzo por acordar el precio en el seno del INYM, cosa que sucede menos de la mitad de las veces.

Un dato más. En esas cuestionadas sesiones para definir el precio, de los tres directores que representan a la producción, dos también tienen o tuvieron roles como industriales yerbateros.

Porque uno de ellos es también dueño de una pequeña pero reconocida empresa yerbatera. Otro, es socio y antes fue directivo de la Cooperativa Liebig, la cual, como se dijo más arriba, es la empresa que junto a Las Marías, lidera el negocio yerbatero en la Argentina.

Como si en una paritaria, los que representan al sindicato son también industriales o miembros de la UIA.

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