Juicio por YPF: la jueza Preska ordenó a la Argentina dar información sobre el oro del Banco Central y otros activos

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La jueza de Nueva York emitió un fallo contundente relacionado con el caso por la expropiación de la petrolera, obligando al país a revelar datos clave solicitados por los demandantes.

La jueza Loretta Preska, que preside el caso por la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo. Entre los datos solicitados se encuentra información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos, como parte del proceso judicial en curso.

En su fallo, hecho público por Sebastián Maril de LATAM Advisors, Preska criticó la actitud del país en relación con la entrega de estos documentos, indicando que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”. Este señalamiento puso de manifiesto las demoras en la producción de la información exigida por el tribunal.

Adicionalmente, la jueza aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.

El fallo también incluyó observaciones sobre la integridad de las producciones documentales entregadas hasta el momento. La jueza Preska remarcó que es probable que se haya gastado más tiempo y recursos discutiendo sobre la entrega de la información que en completar la tarea de producirla, evidenciando las tensiones existentes entre las partes.

La orden de Preska,hecha pública

Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales.

Al cierre de este fallo, las partes involucradas en el litigio deberán seguir los plazos impuestos por el tribunal para garantizar que la documentación sea entregada sin mayores demoras.

En diálogo con Infobae, Maril explicó las particularidades del sistema judicial estadounidense y su contraste con el argentino, un aspecto clave para entender el fallo de la jueza Loretta Preska. “El sistema judicial argentino es diferente al americano. La sentencia de Preska está firme, pese a que sea apelable y haya sifo apelada”, señaló. Además, recordó que existen dos formas de evitar embargos: una de ellas es presentar una garantía, algo que, según él, “Preska recomendó apenas asumió Javier Milei, pero el presidente no lo hizo porque había otras prioridades”.

Sobre los embargos, Maril destacó que desde el 30 de enero, fecha en que se ordenaron las medidas iniciales, comenzaron los procesos para intentar embargar activos argentinos como las acciones de YPF en manos del Estado o el oro del BCRA, como parte de las solicitudes de los beneficiarios del fallo.

En relación con la inmunidad de los activos argentinos, Maril explicó la actitud de la juez. Está diciembre “ustedes no son quienes para decirme qué activos gozan de inmunidad soberana y qué activos no. Ustedes tienen que presentarlo y yo digo qué es inmune”. Según el analista, esto incluye desde propiedades consulares y cuentas bancarias hasta las reservas de oro.

Maril explicó que uno de los objetivos principales de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. “Si usaste la cuenta de una propiedad consular para un pago comercial, eso es algo que los demandantes buscan identificar”, afirmó.

Respecto de la apelación que está en curso, el especialista indicó que solo el 32% de los casos llegan a argumentos orales, mientras que el resto se decide sin ellos. “Si no hay argumentos orales, ya empezaron a deliberar. Si los hay, todavía no empezó la deliberación”, explicó.

En una reflexión sobre la estrategia del Gobierno frente al caso, Maril afirmó: “Si hay algo que aplaudo de este Gobierno, es que todo lo que estaba mal lo está cambiando. Si hay algo que no cambió es la estrategia legal. Es la misma que tenían CFK, Macri y Alberto. La estrategia legal es patear la pelota”.

Un litigio adverso

El caso por la expropiación de YPF, que enfrenta a la República Argentina contra el fondo de inversión inglés Burford Capital, se encuentra en una etapa clave. Según información reciente, la sentencia inicial dictada por la jueza Loretta Preska acumula una cifra de más de USD 17.000 millones, incluyendo intereses y honorarios legales. De este total, unos USD 1.000 millones corresponden únicamente al presente año.

Burford, que invirtió USD 400 millones en la demanda y luego vendió el 60% de sus derechos para financiar el litigio, apuesta a cobrar el fallo este año. Para ello, continúa litigando en primera instancia sobre cuestiones paralelas, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino. Esto permitiría avanzar con embargos y, eventualmente, hacerse con las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago.

La apelación presentada por la Argentina en octubre de 2023 ante el Segundo Circuito de Apelaciones será fundamental para definir el rumbo del caso. Si no se convocan argumentos orales, el tribunal podría fallar directamente. En caso de un resultado adverso, Argentina tendría la opción de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque esta instancia suele evitar intervenir en casos de este tipo.

Burford observa con atención el escenario económico y político del país. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street, que aumentaron más de 170% en un año, sumado a la baja en el riesgo país, crea un contexto que consideran favorable para negociar con el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se han alcanzado acuerdos, ya que el Ejecutivo optó por esperar el fallo de apelación antes de tomar decisiones concretas.

Entre las alternativas que Burford estaría dispuesto a aceptar, se encuentran quitas de capital o el pago mediante bonos soberanos. Según un informe de Bloomberg, el fondo incluso evaluaría opciones como bonos “zero-coupon” a 10 años, que no generan intereses y comienzan a pagarse tras una década.

Otro elemento central en el desarrollo del juicio es el papel del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y de la Procuración del Tesoro. Aunque técnicamente la causa es llevada adelante por la Procuración, las decisiones finales dependen de la aprobación del Ejecutivo. Fuentes cercanas al caso indican que Caputo, si bien no descarta eventualmente negociar, preferiría que el Congreso o el Presidente asuman la responsabilidad de autorizar un acuerdo.

El próximo movimiento del caso será la presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que emitirá su opinión sobre un pedido de Burford: la entrega de las acciones de YPF como parte de pago. Aunque el organismo previamente se opuso, un fallo reciente de la Corte de Apelaciones relacionado con activos de Irán podría influir en esta nueva instancia.

El desenlace del caso no solo determinará el futuro de YPF, sino también las posibilidades de acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito y la estrategia del Gobierno frente a demandas similares en el ámbito global.

¿Dónde está el oro del BCRA?

Los beneficiarios del fallo por el juicio de la expropiación de YPF buscan saber dónde están los activos de la República Argentina, entre los que se encuentran las reservas de oro en el Banco Central, para tenerlos en la mira ante eventuales embargos. La jueza Loretta Preska, que preside el caso en el Tribunal del Distrito Sur Nueva York, ordenó este martes al país entregar toda la información requerida por los demandantes como parte del proceso judicial en curso.

En su fallo, hecho público por Sebastián Maril de Latam Advisors, Preska criticó la actitud del país en relación con la entrega de estos documentos, indicando que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”. Este señalamiento puso de manifiesto las demoras en la producción de la información exigida por el tribunal y solicitada por el fondo de inversión inglés Burford Capital.

Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales. La Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones y en el último año se sumaron intereses por otros USD 1.000 millones.

Adicionalmente, Preska aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del BCRA o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.

La autoridad monetaria comunicó a principios de septiembre pasado que completó “exitosamente” transferencias de parte de sus reservas en ese metal a una cuenta en el extranjero, aunque no precisó el destino, luego de las denuncias que realizó la oposición sobre estas operaciones ante la vulnerabilidad de los activos frente a eventuales embargos y pedidos de acceso a la información pública. El último balance de la entidad arrojó que las reservas de oro representan el equivalente a más de USD 5.400 millones.

En ese marco, el Banco Central destacó: “La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria, que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.

“Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente USD 4.981 millones, según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024″, agregó en ese momento la entidad que preside Santiago Bausili. Finalmente, el BCRA expresó su preocupación por lo que consideró “difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”.

Sin embargo, explicaron a este medio fuentes al tanto de la operación, el traslado brinda a la entidad herramientas para generar rendimientos por el depósito del metal en el exterior –tasa de interés– o, en caso de requerirlo, utilizarlo como garantía para conseguir dólares líquidos a través del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés).

De hecho, el BCRA había informado en abril que completó la cancelación de la deuda con el BIS, que ascendía, al asumir Javier Milei, a los USD 3.117 millones, por un swap por el que Argentina entregó oro durante la gestión de Alberto Fernández. Es por eso que ahora el camino para volver a solicitar liquidez se encuentra allanado.

La utilización del metal en manos de la entidad y, en especial, su traslado al exterior generó controversia en los últimos años cada vez que se habló del tema, a pesar de que no es algo nuevo en la Argentina. Es en ese marco que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, realizó varios pedidos de acceso a la información pública para conocer el destino de esos activos y luego se sumaron otros dirigentes de la oposición que señalaban el riesgo por eventuales embargos por los fallos adversos que enfrenta el país.

Según tres personas que tienen o tuvieron en el pasado responsabilidad sobre esas operaciones consultadas por este medio, para utilizar las reservas de oro como las tenencias de moneda extranjera hace falta un procedimiento muy sencillo. Alcanza con vender a cambio de dinero en efectivo o, más fácil aún, tomar un préstamo en dólares con oro como garantía, lo que en la jerga se conoce como un swap. La operación, por su puesto, tiene como costo una tasa de interés.

El oro ubicado fuera del país, explicó uno de los ex responsables del tema a este medio, es el más fácil de usar para un swap y transformar en dinero. El que está ubicado en Buenos Aires, mientras tanto, puede tomar un par de días antes de ser utilizados.

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