Por considerarla discriminatoria, la Legislatura provincial aprobó un Proyecto de Declaración en Repudio a la Resolución 249/17, publicada este mes por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. La iniciativa fue presentada por el legislador Martín Sereno, candidato a diputado nacional del Partido Agrario y Social (PAyS).
“El Ministerio de Agroindustria recortó un programa histórico que brinda asistencia técnica a pequeños y medianos productores, y excluyó del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno”, sostuvo.
El recorte llegó de la peor manera: el Ministerio de Agroindustria puso como condición para acceder al beneficio ser nacido en territorio argentino, o hijo de ciudadano nativo, dejando fuera a más del 80% de los productores, en su mayoría bolivianos. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, presentarán una denuncia ante el INADI, por considerar la nueva reglamentación como discriminatoria”, explicó Sereno en sus argumentos.

Es una medida discriminatoria
El organismo publicó en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de Cambio Rural, un Programa que existe desde 1993, y tiene como objetivo asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales, para mejorar su situación productiva y socioeconómica.
La Resolución 249 publicada el 6 de septiembre, afirma que luego de 20 años de existencia, el programa fue desviándose paulatinamente del fundamento de su acción, y que desde el Ministerio se propusieron corregirlo a través de nuevos requisitos para acceder al programa.
Entre ellos, remarcaron que para recibir el beneficio, el Ministerio solventa una parte de los horarios de un ingeniero agrónomo que asiste al productor que debe ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, dejando con este requisito afuera a más del 80% de los productores que integran los cordones hortícolas periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, que son inmigrantes, en su mayoría provenientes de Bolivia.
Desde las organizaciones que agrupan a los pequeños productores, advirtieron que el Ministerio ya recortó unos 780 cupos de Cambio Rural que asisten a estas familias, lo que significó también la pérdida de una fuente laboral para unos 500 ingenieros. Además recurrirán al INADI por considerar la medida discriminatoria, que ni siquiera incluye a los argentinos nacionalizados.

Excluyen a los inmigrantes que rondan el 80%
“Nuestro Proyecto está motivado en la reciente publicación en el Boletín Oficial de la discriminadora Resolución 249/17 publicada por el Ministerio de Agroindustria, que conduce el radical Ricardo Buryaile, donde se modificó el programa que brinda asistencia técnica a pequeños horticultores. 

Además de limitar la ayuda, la reforma excluyó a los productores que no son argentinos, en un sector donde el 80% son inmigrantes. Los especialistas advierten que se vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”, opinó el diputado Sereno, autor del Proyecto.
El Programa Cambio Rural surgió en los 90 para financiar la asistencia técnica de los productores pequeños y medianos pero con un perfil capitalizado, los productores de La Pampa Húmeda que tal vez tienen cien hectáreas. Hace diez años se amplió el alcance para empezar a asistir técnicamente a los pequeños productores de la periferia del Gran Buenos Aires con mano de obra familiar, básicamente todo el sector hortícola. Ahora, esta nueva reconversión vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado.

La mayoría trabaja con mano de obra familiar
Los productores hortícolas del cordón La Plata-Berazategui-Florencio Varela, unas diez mil familias, están muy lejos de tener cien hectáreas propias. La mayoría alquila entre cuatro y cinco, y no tienen empleados, sólo cuenta con la mano de obra familiar y padecen muchísimas necesidades. Por ejemplo, muchos viven en casillas precarias de chapa y madera porque los dueños de la tierra no les permiten construir.
El programa subsidia el 50% de los honorarios de un ingeniero del INTA, el Ministerio pone unos 4.500 pesos y el productor debe poner otros 4.500 más. Como para las familias ese dinero es una suma difícil de alcanzar, se juntan entre varias y arreglan. De otra forma les es imposible contratar un ingeniero por su cuenta y es fundamental la asistencia técnica.
“Exponemos nuestra preocupación y repudio por la situación, y denunciamos el vaciamiento de las políticas destinadas a los pequeños productores locales y regionales, desde una mirada discriminatoria que ejerce el Gobierno Nacional”, finalizó el diputado del PAyS.