El presupuesto presentado por Sergio Massa contiene una “trampita” que provocó el enojo de los gobernadores. El ministro de Economía quiere retener fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias acordados entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público, para pagar las facturas de la energía consumida por las provincias. La decisión aparece en el artículo 90 del Presupuesto 2023 y beneficia directamente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico que tendrá la garantía de cobrar la energía que le suministra a las provincias, muchas de las cuáles están en litigio, como Misiones, que al mismo tiempo reclama retenciones indebidas de las regalías de Yacyretá y Salto Grande, por un monto equivalente a la deuda exigida.

Cammesa es casi un ente “supranacional”: privado y que gana dinero por administrar la energía generada en el país. Una entelequia que nació en los años de las privatizaciones de Carlos Menem y que fue ganando poder con los años. 

El 80% de Cammesa está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Estado Argentino. Cammesa se creó en julio de 1992 y, como Dios y casi todo, atiende en Buenos Aires. Su directorio es casi desconocido, más allá de que es presidido por el secretario de Energía, en este momento la salteña Flavia Royón. 

Lo llamativo es que Massa haya optado por una retención de los fondos que se giran a las provincias -las famosas transferencias discrecionales- para cumplir con la empresa. Es cierto que hay provincias que acumulan deudas, pero otras, como el caso de Misiones, también le exige pagos atrasados a la Nación, que es a su vez la que preside el organismo. 

En la primera reunión de comisión para analizar el Presupuesto, varias voces pidieron eliminar el polémico artículo, pero el secretario de Hacienda Raúl Rigo lo defendió a capa y espada. “Hay situaciones donde una empresa provincial acumula deuda con Cammesa y la provincia tiene superávit primario, que no es la situación del tesoro nacional. Y este artículo nos pareció una manera ordenada de abordar ese problema”, sostuvo Rigo, ante una pregunta del diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo, habitual aliado del Frente de Todos. 

El polémico artículo 90 obliga a provincias y municipios “como titulares de  servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción”, a “controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos  asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada  jurisdicción”.

Se les otorga a las provincias seis meses para adecuar legislación local para asegurar el pago a Cammesa y establece que el Gobierno nacional podrá “retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público que por consumos de energía y potencia adeuda a Cammesa el prestador del servicio público de distribución a su cargo”.

De esta manera, si una empresa distribuidora no le paga a Cammesa el gobernador de la provincia en la que presta servicio deberá afrontar la deuda como un descuento de la coparticipación federal, que se gira en forma automática a la recaudación. 

La principal queja de los mandatarios, es que el artículo deja afuera a las concesiones nacionales como las de Edenor y Edesur, que nunca fueron transferidas a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Pero aunque la exigencia no corre para las prestadoras del Amba, son las que más deben: Edenor y Edesur acumulan atrasos por 207.000 millones, de una cuenta total de 460.500 millones contabilizando todas las distribuidoras del país.

Misiones está al día con las cuotas mensuales, aunque tiene una deuda de larga data: Cammesa le reclama 25 mil millones, pero es idéntico el monto que Misiones le reclama a la Nación por regalías no pagadas de Yacyretá y Salto Grande. En horas de discusión del Presupuesto, los gobernadores negocian con Economía el impacto del polémico artículo.

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