Nueva constitución en Chile: un cachetazo al pasado

Chile ocupó las tapas de todos los diarios del mundo en octubre y noviembre de 2019 tras incesantes jornadas de protestas, en las que el pueblo chileno se manifestó en las calles contra el atropello sistemático de un modelo de gobierno y de políticas que tienen fuerte origen en una constitución nacional autoritaria. 

El año 2020, en conjunción con la crisis sanitaria que azota a todo el mundo a través de la pandemia de COVID – 19, siguió siendo un año de lucha en las calles, y, finalmente el 2021 dio sus frutos: 155 nuevos representantes comenzaron a formar parte de la Convención Constitucional, encargada de redactar una nueva Carta Magna y de elegir un nuevo presidente y vicepresidente para el ciclo 2022 – 2026. ¿El dato a tener en cuenta? Los independientes y la izquierda vapulearon a la derecha tradicional.

Ahora bien… ¿qué tiene que ver la Constitución en todo esto?

Es de absoluta importancia entender que la Carta Magna de cada país es el determinante jurídico directo que modifica, trastoca y legitima las relaciones entre los ciudadanos y del Estado con ellos. La Constitución chilena, epicentro de las críticas de un sistema donde impera la desigualdad social, tiene un origen enquistado en la etapa histórica más oscura del pueblo chileno.

La Constitución que se busca reformar entró en vigencia en el año 1980, en pleno contexto de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La misma comenzó a trabajarse tan solo días después del golpe de Estado contra el gobierno del líder de la izquierda chilena y, por entonces, presidente electo de Chile, Salvador Allende en 1973. Esta Constitución pasó por un dudoso plebiscito, el cual no contó con registros electorales, y finalmente entró en vigencia en 1980.

La constitución de Pinochet es la piedra angular que institucionalizó la desigualdad en Chile. Dos grandes premisas toman fuerza desde entonces: el hecho de focalizar, homogeneizar y neutralizar un enemigo, y el papel de un Estado desregulador de la economía. Estos dos puntos son fundamentales. Desde el punto de vista histórico, para todo régimen que carezca de elementos institucionales asentados en la democracia, es de vital importancia poder divisar a su enemigo y atacarlo, con el fin de poder unificar un discurso y no generar una oposición real. La dictadura pinochetista pudo cometer los actos más violentos y cruentos, incluyendo casi 40.000 víctimas según el informe de la Comisión Valech.

Entendiendo esto, el segundo punto de la polémica dictadura de Pinochet es la parte económica, entendiendo el modelo (neo)liberal que ha sostenido por décadas la nación trasandina. 

No fueron los Estados Unidos de Ronald Reagan ni la Gran Bretaña de Margaret Thatcher los pioneros del modelo social y económico conocido popularmente como neoliberalismo. Chile fue el laboratorio de los Chicago Boys. Tras la destitución de Allende y un proceso de dictaduras de derecha en Latinoamérica, el pueblo chileno fue testigo de la implantación de políticas económicas de monetarismo estatal. 

Para ello, la Junta Militar chilena necesitaba un cuerpo jurídico que legitime su accionar, por lo tanto, la Constitución de 1980 sería el lugar simbólico ideal. La desregularización del mercado y la escueta intervención estatal en materia de economía fueron dos puntos salientes para el neoliberalismo chileno. 

El fuerte protagonismo que se le otorga a las iniciativas privadas en materia de salud, educación y vivienda constituyen el corazón del entramado de la desigualdad social en Chile, promoviendo la movilidad social sin prestaciones estatales para los sectores mas desfavorecidos, ampliando la brecha entre los “que tienen y los que no”. 

Estas son las cuestiones que el pueblo chileno buscará modificar mediante una nueva Carta Magna, que a mediados de 2022 deberá ser aprobada (o no) por un plebiscito. Ante esto, el escenario que se presenta en materia de contenidos pareciera ser un cachetazo al pasado, un revanchismo histórico y casi una poesía para la izquierda o una pesadilla para la derecha.

Hacia una mirada progresista y ecológica

Las nuevas corrientes ideológicas que predominan en la Constituyente chilena proponen una nueva forma de encauzar a la sociedad desde la lupa jurídica. Primeramente, se habla de un progresismo casi innato: una norma que contemple la educación, la salud y la seguridad social como parte de su programa abocado hacia la construcción de un Estado Social de Derecho. Esto buscaría recomponer un rol del Estado en Chile donde se encuentre presente de manera intervencionista a favor de los sectores populares, dejando atrás la premisa desreguladora. 

Esta nueva mirada progresista también incluye un balance entre la figura presidencial y el Congreso, entendiendo un ensamblaje en el régimen de gobierno. Otro punto, y que no es para nada menor, guarda relación con el reconocimiento y la participación activa en la sociedad de los pueblos originarios, quienes han sido invisibilizados y acallados durante décadas por los gobiernos nacionales y durante siglos por los vencedores en perspectiva histórica. Inclusive, varios representantes de la Convencional Constituyente hablan de incorporar la figura de Estado Plurinacional, en respuesta simbólica a la recomposición social con los pueblos originarios. 

El medioambiente y la ecología también dicen presente. Las nuevas voces del poder chileno buscan que el Estado, mediante una nueva Constitución Nacional, garanticen el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Esto podría representar una problemática a nivel económico, ya que el modelo de producción chileno se centra casi irrestrictamente en el extractivismo. 

Otro punto que se aborda desde lo medioambiental es el derecho al agua, su protección y la garantía de uso y consumo responsable de dicho bien. La finalidad de luchar por una gestión autónoma y pública del agua se basa en la premisa de la casi total privatización de las aguas en suelo chileno, privatización garantizada por la Constitución pinochetista.

Asimismo, la situación para llegar a consolidar una nueva Constitución no es fácil. Deberán contar con una mayoría en la votación, y tanto independientes como la izquierda se encuentran fragmentados en tanto y cuanto se hable de unidad política. Podría ser este un punto a favor para la derecha de poder seguir defendiendo una Carta Magna que los beneficie, aunque los “agitadores” sigan saliendo a las calles.Estos son los puntos que debate la sociedad chilena, siendo un experimento histórico de la impartición de políticas de monetarismo estatal, las décadas pusieron en relieve las desigualdades sociales y económicas en el país trasandino, como así también la generación de un nivel de vida para los pudientes que se encuentra absolutamente descontextualizado con la realidad de América Latina, y que además es construida a partir del sudor del chileno promedio. Los “millennials y centennials” salieron a tomar las calles y parecen no retroceder bajo ningún aspecto. Casi de manera irónica, es la “generación de cristal” la que salió a las calles a romper los paradigmas conservadores que avalaron años de dictadura y de un sistema que dejó a mucha gente en los márgenes. El progresismo y el medioambiente como bandera de lucha, y el resarcimiento histórico son las hipótesis más apresuradas que pueden visibilizarse de este proceso y de la recomposición de un pueblo que dijo basta.

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