ONG Bitcoin Argentina compartió su visión y propuestas a la Comisión Nacional de Valores acerca de la regulación sobre Activos Virtuales

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En reunión con las máximas autoridades de la CNV, la asociación civil planteó la necesidad de preservar un ecosistema sano para garantizar el derecho al acceso a la autocustodia y soberanía financiera, sumado a la preferencia por mecanismos de autorregulación transparente y supervisada sobre la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

El Presidente de la CNV, Dr. Roberto E. Silva, su Vicepresidente, Dra. Patricia Boedo y la gerente y subgerente del sector, Dras. María Laura Viggiano y Victoria Donato respectivamente, recibieron esta semana a los miembros de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina, quienes expresaron preocupación y propuestas relativas a los proyectos de regulación de la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El Dr. Silva destacó la nueva responsabilidad otorgada por la ley a la CNV al haberle encomendado la creación del Registro de PSAV y la regulación de su actividad, con la protección de los usuarios como principal objetivo y la adecuación a las directivas del GAFI como marco. También, destacó la gran afluencia de prestadores que concurrieron a inscribirse en el registro recién abierto.

Los visitantes se refirieron al rol de la ONG como representante de los usuarios y de los desarrolladores y al trabajo realizado durante los últimos once años en la construcción de comunidad, la difusión del conocimiento y del buen uso de bitcoin y de sus herramientas como medio de conservación y transmisión de valor, para el desarrollo y preservación de la soberanía financiera de los individuos.

“Hemos señalado con banderas amarillas algunas de las normas que ya se han dictado, porque los parámetros fijados para obligar a la inscripción de prestadores de servicios en el nuevo Registro de PSAV son demasiado estrictos”, declaró el Presidente de la ONG, Ricardo Mihura.

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“Obligar a registrarse a quien hace operaciones por valor de 35.000 UVA por mes implica considerar como un negocio regulado y nutrido de obligaciones administrativas a una actividad que no deja más de mil dólares de comisiones mensuales. Proponemos, al menos, triplicar ese valor y, en todo caso, complementarlo con un valor menor por operación o por persona”, agregó también Mihura.

En la reunión, se refirieron a algunas de las condiciones que aisladamente determinan para exchanges extranjeros la obligación de registrarse en el país, y recomendaron la conveniencia de verificar el cumplimiento de combinado de dos o más de los hechos reveladores de actividad en el país. “Si por el mero hecho de hacer publicidad en Argentina un proyecto pasa a ser un PSAV obligado, nos quedamos sin la posibilidad de traer al país a lo más avanzado de la industria en el mundo, para que compartan sus propuestas y patrocinen eventos como Descentralizar, con el cual la ONG llega a miles de personas todos los años, en distintas ciudades del interior”, expresó Rodolfo Andragnes, fundador y directivo de la ONG.

“También podrían ser excluidos de la registración los individuos que se limitan a operar P2P con liquidación de cripto en PSAV y de pesos en una entidad financiera, ya que hay entidades reguladas y KYC en ambos extremos, por lo que es un costo inútil cargarlos con obligaciones administrativas difíciles de cumplir a pequeña escala”, agregó Manuel Ponce Peñalva, integrante también de la Comisión Directiva de la ONG.

Con relación a los proyectos de regulación, los visitantes recomendaron a los directivos de la CNV que se establezca un sistema de autorregulación, por el cual cada PSAV explicite y declare al regulador cómo habrá de cumplir, en cada uno de los rubros que sean predefinidos, los objetivos que manda la ley.

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“Va a ser mucho más preciso un PSAV definiendo sus objetivos de operación según las características propias de su actividad, que el trazo grueso y uniforme del regulador, que necesariamente quedará grande para algunos operadores y pequeño para otros”, señaló Ponce Peñalva. “Luego, una vez definidas las condiciones individuales de la autorregulación, la CNV debería supervisar estrictamente su cumplimiento”, redondeó.

“Como usuarios — expresó Ricardo Mihura — nos interesa que los PSAV se desarrollen y sean confiables. Por eso preferimos que compitan en la calidad y confiabilidad de sus servicios, en sus condiciones de solvencia, seguridad, en la integridad de sus plataformas y en la honestidad de los activos que ofrecen, y no que se limiten a cumplir con un estándar que iguale a todos, mejores y peores, bajo un mismo sello de la CNV”.

La directora ejecutiva de la ONG, Jimena Vallone, puso también a disposición de las autoridades los recursos educativos de la institución para contribuir en la formación de sus cuadros técnicos y profesionales.

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