¿Quiénes son los jueces cercanos al Papa Francisco?
La justicia “franciscana” emitió dos comunicados sobre la necesidad de tener un Poder judicial que atiende las necesidades de los vulnerables en el marco de la pandemia.
Desde el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana presentaron un escrito con sus reflexiones sobre la pandemia, mientras que el Capítulo Argentino de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana hizo hincapié en atender las necesidades de los más vulnerables.
Son más de 300 jueces y juezas de América Latina que se referencia en la doctrina franciscana a la cual adhiere el Papa Francisco son de diferentes nacionalidades como Ana Inés Algorta Latorre de Brasil (Vicepresidenta), María Julia Figueredo Vivas de Colombia, Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi de Perú, Daniel Urrutia Laubreaux de Chile y Gustavo Daniel Moreno de Argentina.
Así como los referentes de ambos movimientos son el juez porteño Andrés Gallardo y Carlos F. Balbín, Juez de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y ex procurador del Tesoro del gobierno de Mauricio Macri. Cuenta entre sus integrantes a los magistrados, César Jiménez, Roberto Pompa y Guillermo Treacy, Fabiana Schafrik, Claudia Caputi, entre otros.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, es presidido por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, compartió sus reflexiones acerca de la pandemia generada por el Covid-19, y los puntos “a tener presentes al momento del obrar judicial”. Su presentación en sociedad fue en septiembre del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA, y fue constituído el 4 de junio de 2018 en el Vaticano con el aval del Papa Francisco.
En diálogo con este, Gallardo explicó que el “Comité Panamericano” de magistrados y magistradas de todos los países de las “tres Americas tiene como objetivo organizar y coordinar esfuerzos entre los colegas para concretar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestros respectivos países. Nos conformamos en el Vaticano hace dos años con la presencia del Papa Francisco y estamos trabajando en el ámbito de la Academia Pontificia de las Ciencias”. La sede en la Argentina es en la Pastoral Social de la Ciudad.
“Lo conozco al Papa Francisco desde los inicios de los dos mil, hace casi 20 años. He seguido su trayectoria y evolución dentro de la Iglesia y comparto su visión del mundo y de la crisis. Es un líder político en el cual me referencio y que por cierto admiro”
Andrés Gallardo, juez porteño
En el análisis del comité que integran también Ana Inés Algorta Latorre de Brasil (Vicepresidenta), María Julia Figueredo Vivas de Colombia, Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi de Perú, Daniel Urrutia Laubreaux de Chile y Gustavo Daniel Moreno de Argentina, sobresalen la “amenaza de la armonía planetaria” y “la revelación de un síntoma global, en el que el planeta adopta formas defensivas frente a la degradación y a la destrucción causada por la acción humana”, así como el planteamiento de “la supuesta dicotomía entre salud y economía como una falacia”, remarcando que “no hay economía sin ser humano, ni ser humano digno sin salud”.
Para el comité, esta pandemia puso en tela de juicio, entre otras cosas, la “descomposición de un sistema que se cimienta en el privilegio de pocos y el sufrimiento de muchos”, y la “muerte del derecho neoliberal”. “La crisis del sistema de dominación y su agotamiento, marcan lo propio para el campo jurídico y evidencian la urgente necesidad de refundar las bases de la normatividad acompañando un proceso de ascenso y protagonismo de los sectores descartados y empobrecidos”, refuerza el escrito que llama a “apoyarse en la capacidad creativa y romper con los moldes del pasado”.
“El sistema neoliberal ha potenciado al máximo los descartes humanos. Millones de seres viven hoy sólo para dar testimonio de presencia, pero carecen de dignidad y de rol histórico. Son seres abandonados a su suerte, sin protección estatal ni contención social”, aseveran desde el Comité Panamericano y enfatizan que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) “deben abandonar su supuesto carácter programático y constituirse en inmediatamente operativos”. “No existe otro límite para su consolidación que el de la disponibilidad de riqueza en el territorio de los estados”, agregan.
Desde el punto de vista económico, pusieron el foco la necesidad de una “distribución igualitaria de la riqueza”, haciendo propias las palabras del Papa Francisco, quien señaló que “no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza ni justicia en la inequidad”. La concentración de la riqueza ha de ser atomizada si se desea construir una sociedad nueva, integrada, justa y humana.
“La pandemia ha puesto en evidencia también la fragilidad del sistema político y la imperiosa necesidad de su revisión. La democracia representativa ha colapsado frente al progresivo y evidente avance del orden informativo que redacta las agendas políticas y diseña con su cotidiana erosión sobre la opinión pública, los límites del propio sistema. El law fare y otras formas de intervención externa enmarcadas en los conflictos de cuarta generación, minan todo intento por sostener la soberanía de los pueblos y la legitimidad democrática”, completan pero afirman también desde el comité: “La pandemia no es la única peste del presente. Las violencias de género y la intrafamiliar, son sin dudas la otra pandemia en esta emergencia sanitaria. El racismo y la discriminación como formas de odio y de intolerancia, son un virus mortal para la sociedad humana”, según el comunicado que envío el sitio Ijudicial de ambos foros de jueces cercanos al Papa Francisco.
Capítulo Argentino de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana
Sin embargo, dichas reflexiones se suman también al documento recientemente presentado por el Capítulo Argentino de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, a cargo de Carlos Balbín, donde el foco está puesto en “la necesidad imprescindible de atender de manera inmediata la situación de los grupos vulnerados o pobres”.
Para Balbín, el fenómeno “impactó con mayor intensidad en sociedades que, como la nuestra, se caracterizan por una marcada desigualdad estructural y la existencia de amplios sectores excluidos, profundizando la pobreza y la vulneración de derechos fundamentales”. Por ello, para el letrado es “necesario plantearse no sólo cómo mitigar el impacto inmediato de la enfermedad, sino también la necesidad de planificar y ejecutar políticas públicas tendientes a revertir sus efectos a mediano y largo plazo, sin perjuicio de las medidas de contingencia que se adopten para reducir en la mayor medida posible el riesgo de contagio en estos barrios”.
Además, destaca la delicada situación que están transitando las personas mayores, especialmente aquellos que se encuentran en residencias geriátricas, así como los pueblos indígenas, quienes cuentan además con mayores barreras para acceder a las infraestructuras hospitalarias y, en términos generales, a las prestaciones públicas.
Otro de los puntos a tener en cuenta es la violencia de género, que se ha visto recrudecida en el marco de la pandemia, con un aumento de cerca del 40% de casos durante el primer mes de aislamiento, según datos oficiales.
Finalmente, hace énfasis en la necesidad de “acompañar de manera especial a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad donde también se cuentan los niños, niñas y adolescentes, las personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y personas desplazadas internas; las personas privadas de libertad; las personas LGBTI; las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad”.
“Es imprescindible que los poderes públicos asumamos una actitud proactiva respecto de estos grupos, a fin de anticipar sus necesidades y los jueces, en particular, comprometernos en el respeto y reconocimiento de tales derechos”, dice Balbín y advierte: “La respuesta estatal para la preservación de los derechos sociales en este contexto demandará recursos significativos, y estos recursos no podrán ser aportados por quienes menos tienen, pues son precisamente ellos quienes deben ser asistidos. Asimismo, las medidas estatales no podrán circunscribirse a la coyuntura, pues la pandemia, una vez superada, dejará una sociedad con más pobreza y exclusión”.
“La crisis demanda cambios profundos y, en este escenario, el diálogo social en el que puedan participar los representantes de los sectores más vulnerables –que por lo común no son invitados a sentarse en la mesa de discusión- se presenta como un camino ineludible. Vivimos en una región atravesada por la desigualdad, que amenaza con hacerse aún más pronunciada. Por ello, es necesario discutir políticas sociales distributivas e inclusivas, como la renta universal, pues solo así será posible construir una sociedad justa e igualitaria”, completa el escrito.
