“Jueces papales” enviaron un mensaje a los presidenciables
La “liga de jueces papales”, una agrupación nacida de manera formal hace un mes, emitió un nuevo documento que tuvo como destinatarios los seis candidatos a la Presidencia, y donde hicieron explícitas las pautas que -a su criterio- deberían guiar a los magistrados, basados en la doctrina del papa Francisco. Nucleados en el Comité Panamericano por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, los jueces remitieron un decálogo sobre el denominado “proyecto de justicia ecosocial” que aspira a modificar el paradigma desde el cual se aplica el Derecho con foco a hacer valer la dignidad de las personas por sobre cualquier injerencia de los intereses político-partidarios o económicos. Es la consolidación de un experimento que el Vaticano ha ido tanteando desde algunos años con invitaciones periódicas de juezas y jueces muy relevantes en el ámbito local y que ha inaugurado una serie de “capítulos” en América Latina para desarrollarse a nivel regional.
Liderados por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Roberto Andrés Gallardo, uno de los principales interlocutores entre los magistrados y Jorge Bergoglio, la “liga” hizo su diagnóstico acerca de la crisis estructural a escala internacional que obligaría a replantear el rol y la misión de los magistrados. Gallardo fue la pesadilla de Mauricio Macri en sus sucesivas administraciones al frente de la Ciudad de Buenos Aires y fue un escollo a los planes del jefe de Gobierno tanto así que lo puso en la mira con intenciones de destituirlo, sin éxito.
Cada vez más influyente en su llegada a Santa Marta, Gallardo como el presidente del Comité Panamericano no está solo: integran el grupo varios jueces y camaristas porteños, como Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro de la Nación y ahora el coordinador del Capítulo Argentino, y firmante del documento. También forman parte de ese concilio el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Guillermo Tracy y su par María Claudia Caputi; el camarista laboral y excandidato a la presidencia de la Asociación de Magistrados, Roberto Pompa; la camarista del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Fabiana Schafrik; y César Jiménez, juez Correccional y de Menores de Misiones. Comodoro Py también tiene sus adscriptos que cuentan como referentes a Sebastián Casanello y a Ana María Figueroa. Ya totalizan dos centenares de magistrados argentinos que se darán cita en marzo próximo en Iguazú para continuar acentuando su nuevo rol bajo influencia papal.
En el nuevo “paper” que redactaron los magistrados para los presidenciables, lo ambiental, lo social, lo político y lo económico constituyen categorías interconectadas que debieran ser consideradas por la Justicia como un todo, y que “las desigualdades y las exclusiones estructurales nacen, en parte, del diseño y prácticas de las instituciones; y es necesario, por tanto, repensarlas desde ese lugar”. Por eso el Poder Judicial debería ser más independiente y decidir sobre la base de la Constitución y a la dignidad de las personas, sin influencias externas. Y que las decisiones del Estado no pueden quedar excluidas del análisis y control judicial. En una de las partes más contundentes del documento, afirmaron que “los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son operativos y exigibles, agregando que las sociedades duales son injustas y violentas y que el derecho y la Justicia deben contribuir especialmente a la integración cultural, social y económica de las personas; y garantizar y recomponer su dignidad”. En ese esquema, resaltaron que los Derechos Humanos -por el marco legal en el que se hallan inscriptos en materia internacional- son “superiores a los tratados de comercio o sobre finanzas internacionales”. Y alertaron que más allá de la responsabilidad política, existe una responsabilidad jurídica en las decisiones de Estado si esos derechos no se respetan.
Con el objetivo de hacer llegar el mensaje a los candidatos antes de la elección, los jueces nucleados en esta agrupación apuntaron a poner en debate cómo se integrarían sectores excluidos en pos de la “construcción de una sociedad justa e igualitaria”. Visualizaron que para reconstruir la credibilidad del Poder Judicial, es deber de los magistrados no sólo actuar con ética y coherencia, sino también con el compromiso de esos derechos.
