Reforma en los subsidios de colectivos en el AMBA: empresas piden más recursos o ajustes de tarifas
Colectivos del AMBA tras readecuación de subsidios, empresarios reclaman por más fondos o suba de tarifas
El Gobierno nacional anunció una reestructuración en la distribución de los subsidios destinados al transporte público bajo jurisdicción nacional, con un nuevo esquema enfocado en la demanda de pasajeros en lugar de la oferta. En paralelo, las empresas de colectivos solicitaron mayores recursos o, en su defecto, una suba en el precio del boleto para cubrir el reciente incremento salarial pactado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La resolución 45/2024, publicada por la Secretaría de Transporte, establece que los subsidios se asignarán en función del volumen de pasajeros transportados, un cambio que sigue una recomendación de la Auditoría General de la Nación de 2017. A partir de ahora, el cálculo de las compensaciones tarifarias se basará en los datos de la tarjeta SUBE, un sistema que, según el Gobierno, permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos y una prestación de servicio ajustada a la demanda real.
Desde la Secretaría de Transporte, el titular Franco Mogetta explicó que “anteriormente, la política era subsidiar a las unidades en circulación independientemente del número de pasajeros, lo que permitía a las empresas recibir subsidios por el consumo de combustible sin una correlación directa con la demanda real”. Ahora, agregó, se busca incentivar que las empresas transporten más pasajeros y adapten su servicio a la demanda, eliminando prácticas ineficientes.
Este cambio, aseguran, no afectará directamente a los pasajeros, quienes continuarán pagando la misma tarifa. Sin embargo, podría perjudicar a las líneas con menor caudal de usuarios, ya que las compensaciones estarán atadas al volumen de viajes efectivos.
Reestructuración y Reclamo Empresarial
Las cámaras empresariales del sector, incluyendo a AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA, emitieron un comunicado en el que instaron al Gobierno a otorgar más subsidios o permitir un aumento en las tarifas, lo cual consideran fundamental para hacer frente al acuerdo salarial con UTA. Dicho acuerdo establece que los choferes perciban un salario básico de $1.140.000 en noviembre, con un incremento a $1.200.000 en enero, ajuste avalado por la Secretaría de Trabajo y que evitó un paro de colectivos.
“Firmamos este acuerdo confiando en que ni la tarifa ni los subsidios se mantendrán congelados hasta enero, ya que sería insostenible pagar los salarios acordados y cubrir los costos de insumos para mantener el servicio”, explicaron las cámaras en el comunicado. También expresaron que esta negociación se firmó sin contar con garantías sobre cuándo o cómo se ajustarán las tarifas o los subsidios, a pesar de que el Estado ha impuesto que el 100% de los costos se cubra exclusivamente por una de las dos vías.
Además, las empresas señalaron que la inflación mensual, aún entre el 3% y 4%, continúa afectando sus estructuras de costos, y subrayaron que no eligieron este régimen de subsidios, por lo que favorecerían una eliminación total de los mismos o su redireccionamiento exclusivo a los usuarios que realmente los necesiten.
Esta medida, aunque prometedora en términos de eficiencia, suma una nueva presión sobre el sector de transporte público, que se debate entre la necesidad de financiamiento y las demandas del Estado en un contexto de ajuste económico.
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