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Ecologizar el comercio para el desarrollo

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Escribe Mari Elka Pangestu – Es fácil ver cómo el comercio internacional contribuye al cambio climático. Los buques, camiones y aviones que trasladan mercaderías por todo el mundo contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la producción de bienes que se comercian internacionalmente —desde alimentos como el trigo y el maíz hasta productos como el acero y el cemento— también son fuentes de emisiones. En total, una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se relacionan con los flujos de comercio mundial. 

Sin embargo, el comercio es también una parte vital de la solución al cambio climático. Si se produce una tormenta o una inundación, el comercio proporciona los suministros de emergencia, alimentos y medicamentos, y los bienes necesarios para reconstruir. Y el comercio distribuye asimismo los servicios, las tecnologías y los bienes que pueden reducir las emisiones de carbono, como paneles solares y turbinas eólicas.

Según un informe (i) reciente del Banco Mundial, los países de ingreso bajo y mediano son un componente central del nexo entre el comercio y el clima . En conjunto, sus emisiones anuales aumentaron más rápido que el promedio mundial durante el período 2010-18. Esto se atribuye en gran medida al afán por lograr sus objetivos de desarrollo en las últimas décadas, aunque el total combinado de sus emisiones sigue siendo inferior al de los principales emisores, China y Estados Unidos, y representan una pequeña fracción de las emisiones históricas. Sin embargo, sus economías son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Muchos dependen en gran medida de la agricultura y el turismo, sectores afectados por el aumento de las temperaturas y el nivel del mar. Más aún, muchos cuentan con recursos limitados para adaptarse.

Recientemente tuve la oportunidad de reunirme con comunidades de Vietnam y ver cómo se están esforzando por producir y exportar arroz “bajo en carbono” que utiliza menos agua y fertilizantes, aumenta los rendimientos y los ingresos y reduce las emisiones de CO2. Cada país tendrá diferentes prioridades y necesidades para responder al cambio climático. Los dos sectores más importantes para Vietnam, la agricultura y la industria, se concentran en las tierras bajas costeras y los deltas, y son vulnerables a las tormentas tropicales y el aumento del nivel del mar. Etiopía, por otra parte, es propensa a las sequías, que representan un riesgo importante para el ganado, que constituye una importante fuente de ingresos para muchos de sus 115 millones de habitantes.

El aumento de las temperaturas mundiales está reduciendo el rendimiento de los cultivos y la productividad de la mano de obra agrícola en los países de ingreso bajo. Según un estudio realizado, con cada grado centígrado que aumenta, las exportaciones de dichos países se reducen un 39 %, mientras que en los países de ingreso alto la disminución es inferior al 6 %. Se prevé que para 2030 otros 70 millones de personas estarán en riesgo de sufrir hambre debido al cambio climático, la mayoría de ellas en África subsahariana y Asia meridional. 

Estas proyecciones sugieren que el comercio desempeñará un papel cada vez más importante en la seguridad alimentaria (i). La adopción de medidas gubernamentales de política comercial puede promover la agricultura sostenible fomentando la difusión de nuevas tecnologías que permitan aumentar los rendimientos, como nuevos tipos de fertilizantes y variedades de semillas resistentes al clima. La mejora del acceso a las tecnologías y los datos digitales puede ayudar a los agricultores a reducir los desechos.

Por lo tanto, será importante reducir los aranceles sobre los alimentos y las barreras no arancelarias, como las normas sanitarias y fitosanitarias arbitrarias y los procedimientos fronterizos engorrosos. También se deben bajar los aranceles sobre los bienes y servicios ambientales. Y cuando los fenómenos meteorológicos extremos provocan una crisis, como sucede cada vez con más frecuencia, los países deben abstenerse de aplicar restricciones a las exportaciones que exacerban la escasez de alimentos.

Los países están comenzando a tomar medidas para reducir las emisiones de carbono provenientes del transporte transfronterizo.  Por ejemplo, en el marco de un plan elaborado por la Organización de Aviación Civil Internacional, las aerolíneas de los países con las principales industrias de la aviación deberán comprar compensaciones de las emisiones de carbono en los casos en que estas superen los niveles de 2019.

El informe del Banco Mundial sugiere que los aranceles mundiales deben reajustarse en favor de los bienes que generan menos emisiones de carbono. En la actualidad, los bienes que generan altos niveles de emisión de carbono, como los ladrillos y los fertilizantes, reciben menos protección arancelaria que las industrias más limpias, como los bienes de consumo. La diferencia en el tratamiento tarifario aumenta la demanda de industrias relativamente más baratas y contaminantes. Esto crea un “subsidio” implícito al carbono estimado en entre USD 500 000 millones y USD 800 000 millones por año a través de un tratamiento arancelario favorable.

El informe también identifica que el cambio climático también abre nuevas oportunidades para los países de ingreso bajo y mediano. Estos son importantes productores de los llamados productos ambientalmente preferibles (como las resinas, los colorantes y la lana), que tienen menos impacto en el medio ambiente que otros productos del mercado que se utilizan para el mismo fin. Los países que cuentan con las dotaciones de recursos naturales necesarias para la generación de energía eólica o hidroeléctrica podrían convertirse en lugares atractivos para la producción de bienes, como el hidrógeno verde, que requieren grandes cantidades de electricidad.

En el informe del Banco Mundial se ofrecen dos sugerencias adicionales sobre cómo los países podrían responder a los desafíos comerciales que plantea el cambio climático, en particular después de períodos de fenómenos meteorológicos extremos que pueden afectar el suministro de alimentos.

En primer lugar, se debe compartir más información sobre los mercados de bienes esenciales, como alimentos y medicamentos . Una mayor transparencia puede dar lugar a decisiones más informadas y coordinadas que no perjudiquen las restricciones comerciales. La recopilación y el intercambio de información sobre las existencias mundiales de alimentos, por ejemplo, sería un paso importante.

En segundo lugar, se debe intensificar la cooperación a nivel regional y multilateral en cuestiones comerciales de importancia crítica para la salud y la seguridad alimentaria . Los países exportadores podrían comprometerse a no aplicar restricciones a cambio de que los países importadores levanten los aranceles de importación. Nueva Zelandia y Singapur han mostrado el camino: acordaron reducir los aranceles y abstenerse de imponer restricciones a la exportación de 124 bienes esenciales.

El comercio es un importante motor del crecimiento económico que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas en las últimas décadas. La adaptación al cambio climático y el cambio hacia una trayectoria de crecimiento con bajas emisiones de carbono son desafíos clave para los países en desarrollo.  Para ayudar a los países a avanzar hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo es necesario comprender las nuevas oportunidades que tienen los países en desarrollo de poner el comercio al servicio del desarrollo.

Mari Elka Pangestu -Directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial

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Gobierno brasileño confirmó que analiza un caso sospechoso de “vaca loca”

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería del Brasil (MAPA) informó hoy la aparición de un caso sospechoso de Encefalopatía Espongiforme Bovina -la enfermedad denominada como de la vaca loca-, y que se están adoptando todas las medidas preventivas necesarias.

En un comunicado, la cartera agropecuaria del vecino país señaló que “la sospecha ya ha sido sometida a análisis de laboratorio para su confirmación o no y, en función del resultado, se aplicarán de inmediato las acciones correspondientes”.

El escueto comunicado de prensa -de dos párrafos de extensión- no precisó la zona en la que se detectó el caso sospechoso.

En base a versiones periodísticas de medios regionales, el caso habría sido detectado en un animal de edad avanzada en el estado de Pará.

El resultado del segundo análisis, que será el definitivo, estará disponible el jueves.

La aparición del caso sospechoso obligó a paralizar preventivamente el mercado de hacienda para faena.

Un aspecto clave a tener en cuenta es que Brasil es el principal exportador mundial de carne bovina y una noticia así genera que sus mercados compradores puedan frenar importaciones.

En 2021, Brasil suspendió las exportaciones de carne vacuna a China después de confirmar dos casos de la enfermedad “atípica” de las vacas locas en dos plantas cárnicas.

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es una enfermedad progresiva, degenerativa, con daño neurológico generalizado, que tiene un largo período de gestación en el ganado bovino (hasta 8 a 10 años) y concluye con la muerte del animal.

La enfermedad fue identificada en Inglaterra en 1985 y, aunque su aparición es incierta, existe acuerdo científico en que está asociada a la alimentación del ganado con harinas de origen animal que no habrían recibido el tratamiento térmico adecuado.

Dicho problema incluiría a las ovejas, las cuales sufren una enfermedad equivalente llamada “scrapie”, y también se han descripto enfermedades similares en otros rumiantes y también en felinos, en zorros y en ciertos tipos de ciervos.

La enfermedad es causada por un agente transmisible no convencional que es una proteína infecciosa denominada prion y se caracteriza por tener un periodo de incubación prolongado y variable en torno a los 4 ó 5 años.

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Cooperativa metalúrgica logró histórico acuerdo con Siderar-Techint para compra directa de insumos

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La Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Llavallol (Cotramel) firmó un acuerdo con Siderar Techint, a través del cual podrá acceder a la compra directa de insumos, que permitirá una baja en los costos de producción y una mejora en la competitividad.

“Es un reconocimiento de la multinacional hacia las empresas recuperadas como cualquier pyme”, destacó el director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo “Vasco” Murúa, en diálogo con Télam.

A partir de la gestión de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas (DNER) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la empresa recuperada por sus trabajadores Cotramel (ex Canale) podrá acceder a la compra directa de insumos, sin intermediarios, a la empresa Siderar del Grupo Techint.

De esta manera, Cotramel se convirtió en la primera empresa del sector que accede a la compra directa de materias primas con la productora de acero, que le permitirá mayor competitividad comercial y productiva.

En este sentido, el dirigente manifestó que también busca firmar acuerdos similares con las empresas automotrices “porque también tenemos un problema ahí, ya que las empresas de autopartes nuestras no pueden entrar en el mercado de las grandes automotrices”.

Las grandes empresas como Techint, tienen mecanismos de venta que excluyen a las empresas recuperadas o a las pymes más chicas, de manera que la forma de acceder a los insumos es a través de distribuidoras que operan como intermediarias, encareciendo el costo de producción hasta en un 25%.

“Lo que buscamos es integrar, porque somos igual que esos empresarios pero con una forma jurídica distinta. Por eso, es preciso poder romper esta discriminación que hay a veces hacia el sector cooperativo en la mayoría de las grandes empresas, con las cooperativas, poder romper esa lógica”, explicó Murúa.

Por otra parte, esta semana se reunieron en la sede de Cotramel, ubicada en Llavallol, provincia de Buenos Aires, trabajadores de fábricas recuperadas, diputados nacionales, funcionarios nacionales y provinciales, con el objetivo de impulsar el proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas.

El proyecto de ley declara de utilidad pública el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de quiebra privilegiando los bienes necesarios para ese fin.

Además, dispone ceder en comodato los inmuebles expropiados a través de esta ley, a la cooperativa de trabajadores, bajo la condición de que sus instalaciones que no sean utilizadas para la producción, puedan usarse para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, tareas de cuidado y formación profesional.

A través de una mesa de debate, y en diálogo con los trabajadores, los legisladores remarcaron la importancia de esta ley para lograr la seguridad jurídica de las empresas recuperadas; establecer un sistema eficiente para recuperar empresas en la Argentina que proteja los puestos de trabajo y que, al mismo tiempo, no signifique una carga económica para el Estado.

Sobre este punto, Murúa sostuvo que el objetivo es “que la ley se presente claramente ante la sociedad que no le va a costar ni un centavo más ni un impuesto a nadie”.

“Que no somos una carga para el conjunto del pueblo, sino que estamos haciendo que un pasivo concursal, un pasivo de quiebra, se convierta en un activo para el Estado y los trabajadores, manteniendo los puestos de trabajo y el Estado recuperando sus créditos”, precisó el funcionario.

Asimismo, también se planteó el punto de impulsar el establecimiento de un fondo para el desarrollo productivo de las empresas recuperadas.

No obstante, sobre este eje, señaló que “ese fondo especial no lo creemos necesario, sino que queremos que se trabaje sobre la compensación de los créditos” a las empresas recuperadas.

En este marco, los diputados nacionales que participaron del encuentro, Daniel Arroyo, María Rosa Martínez y Juan Marino se comprometieron a avanzar en el tratamiento de esta ley para fines de marzo.

Además estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y la Subsecretaria de Oficios y Territorios de Lomas de Zamora, Ileana Arisqueta, entre otros funcionarios.

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Senasa intensifica control y afirma que influenza aviar no representa un peligro para la población

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El vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi, aseguró hoy que los casos de influenza aviar “no representan un peligro en la salud de la población en Argentina, ni para la cadena comercial de venta”.

En diálogo con Télam, el funcionario detallo además las medidas de prevención que llevan adelante dependencias nacionales y provinciales para evitar la expansión del virus.

“La influenza aviar no representa un problema para la salud de la población en el país, y estamos garantizando todas las medidas sanitarias para evitar su expansión. Las chances de afectar a las personas son bajas, y esta enfermedad no se contagia por el consumo de la carne de pollo ni de huevos, la única manera que las personas pueden contagiarse es si manipulan aves muertas o enfermas por este virus. Por lo que, no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos, y no afecta a la cadena comercial de venta”, dijo Acerbi.

Tras la confirmación el miércoles pasado del primer caso en Jujuy, lo que determinó la declaración de situación de emergencia sanitaria por parte de la Secretaría de Agricultura, el Senasa relevó más de 100 muestras a nivel nacional, en los que se detectaron casos positivos en otras tres provincias: Córdoba, Salta y Santa Fe.

En Jujuy la enfermedad fue detectada en aves silvestres de la especie de ganso andino.

Luego se confirmaron casos de influenza aviar (IA) H5 en patos y gansos silvestres hallados muertos en la provincia de Córdoba, a los que se sumó otro caso de contagio -en este caso de una gallina de traspatio- en Salta.

Hoy, la dependencia sanitaria dio cuenta de otro caso, en Santa Fe, en la localidad de Villa Cañás, con el hallazgo de gallinas y pavos de traspatio infectados con el virus.

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto tanto en la diversidad de aves silvestres como en la producción avícola, debido a que provoca altos índices de mortandad.

Hasta el momento, las 5 especies de aves que han sido identificadas con gripe aviar en el país son: ganso andino, pato silvestre, gallinas, pavos y patos domésticos o de traspatio.

Tras haberse confirmado estos casos, los ministerios de Producción de las provincias y personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) adoptaron acciones sanitarias y establecieron una zona de contención en función de la detección y sospechas epidemiológicamente relacionadas, además, se reforzaron controles de rutas en colaboración con la Gendarmería Nacional para delimitar la zona.

En la provincia de Entre Ríos se llevan a cabo controles preventivos en la frontera con Uruguay -en los puentes “Gral. San Martín” (Gualeguaychú/Fray Bentos), “Gral. Artigas” (Colón/Paysandú), “Salto Grande” (Concordia/Salto)-, luego de que la semana pasada se detectara un caso en el Departamento de Maldonado.

“Sabemos que el servicio uruguayo está muy atento a la situación con los equipos de salud correspondientes, y hasta el momento no se han reportado nuevos casos positivos”, dijo Acerbi sobre la situación en el vecino país.

También, se están realizando controles en la frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay donde se verifica diariamente el cumplimiento de los requisitos exigidos para cargas comerciales que se exportan e importan, como también el control de equipaje de los viajeros al ingreso a la República Argentina.

Sobre los casos positivos de influenza aviar, el vicepresidente del Senasa sostuvo que la enfermedad “hasta hace mucho tiempo no complicaba la situación en Sudamérica”.

El nuevo cuadro de situación comenzó tiempo atrás en EEUU “con una enorme cantidad de casos, para luego detectarse en México, Cuba, República Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela y Chile”, entre otros países.

“Hasta hace mucho tiempo, esta enfermedad no afectaba las líneas migratorias y no complicaba la situación en Sudamérica. En el último tiempo se volvió más agresiva y el virus ha crecido. El año pasado con el caso de México, hicimos un simulacro en conjunto con organismos de la región para trabajar con aves migratorias -especialmente gansos salvajes-, para anticiparnos a la posible llegada”, dijo el funcionario.

En los últimos días, autoridades y técnicos nacionales y regionales del Senasa participaron de una reunión virtual con funcionarios provinciales y municipales, en los que se repasó la situación a nivel país y las principales medidas de bioseguridad implementadas.

“Si bien no es posible frenar o mitigar el avance de la enfermedad a través de las zonas donde asientan las aves migratorias, sí resulta posible adoptar medidas de prevención y mitigar su diseminación y su impacto negativo en la avicultura”, recalcó Acerbi.

El vicepresidente del Senasa detalló los procedimientos llevados a cabo en articulación con las provincias en casos sospechosos, y subrayó la importancia del seguimiento.

En primera instancia se realiza un trabajo de rastreo con la gente de parques nacionales o traspatio (residencias particulares), “esto nos permite cortar la cadena de transmisión”, señaló.

“Cuando encontramos un caso positivo o sospechoso se traza un diámetro de 3 kilómetros alrededor de rastrillo intensivo, viendo humedales, granjas familiares, y si hay establecimientos comerciales de huevos o de pollo, allí el equipo saca la muestra que tarda unas 48 horas máximo en detectar el virus”, precisó.

En el plano preventivo, Acerbi remarcó que el personal que trabaja en determinados perímetros no puede desempeñarse en otras zonas, y deben estar, por lo menos, 21 días de cuarentena antes de volver a realizar tareas para evitar el potencial traslado del virus.

Cuando se confirma algún caso, a los 3 kilómetros iniciales, se agregan otros 7 kilómetros de monitoreo por espacio de 21 días, y se establece una restricción en los movimiento de vehículos, así como en el plano social y laboral.

Por último, desde el Senada emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para actuar de manera preventiva:

-Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol.

-Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

-No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y ajustar las medidas sanitarias en el trabajo comercial.

-Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas

-En caso de encontrar algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, o enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar.

También ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un WhatsApp al 11-5700-5704

-Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan tomen las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos.

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El presidente del Congreso de Perú dijo que el adelanto de las elecciones no está descartado

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El presidente del Congreso unicameral de Perú, José Williams, afirmó hoy que entre marzo y julio “se puede volver a tratar el tema” del eventual adelantamiento de las elecciones generales, reclamado por la opinión pública y rechazado hasta ahora por el parlamento, pero advirtió que las diferentes bancadas “no se ponen de acuerdo”.

“De aquí a julio se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 17, sino también a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con un nuevo dictamen”, dijo Williams en declaraciones a periodistas.

Las elecciones generales están previstas para 2026 y su anticipo es reclamado por gran parte de la opinión pública y por los manifestantes que protestan en las calles desde el 7 de diciembre pasado, pero depende de un complejo proceso legal.

La Constitución establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional y solo puede ser aprobada por dos tercios del Congreso en dos períodos legislativos consecutivos o una sola vez con mayoría simple, pero en este caso debe ser ratificado por un referendo.

Al haber finalizado el viernes pasado la legislatura 2022-23 sin aprobar el adelanto de los comicios, la única posibilidad de que se efectúen este año quedó limitada a la aprobación por mayoría simple y la realización de un referendo.

Desde el comienzo del año, el parlamento debatió más de media docena de iniciativas destinadas a adelantar las elecciones, algunas a 2023 y otras a 2024, y en algunos casos con el agregado de un llamado a referendo sobre la necesidad de reformar la Constitución, pero ninguna obtuvo el número necesario de votos para ser aprobada.

Williams sostuvo que los congresistas deben llegar a un consenso antes de volver a presentar una propuesta de adelanto de comicios que pueda prosperar.

“Es necesario un tiempo de meditación, un tiempo para que los congresistas puedan pensar bien en el asunto y no nos apresuremos con un proyecto a 2023, 2024, otros a 2026, creo que una calma es conveniente para analizar bien las cosas”, dijo.

“Hay congresistas que quieren que sea en 2023 pero con constituyente, otros abril 2024 y otros 2026; cada uno de ellos tiene sus razones y no llegan a un consenso porque son políticos, no se ponen de acuerdo”, apuntó, según la agencia de noticias Andina.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

Los manifestantes reclaman esencialmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo por ser hasta entonces su vice, y el adelantamiento de las elecciones generales.

En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado ayer.

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