Caputo protege fideicomiso clave para víctimas de trata y evita su absorción por el Tesoro
El Ministerio de Economía preserva fondos para víctimas de trata y los excluye de la liquidación general de fideicomisos
El Gobierno nacional oficializó la exclusión del Fondo Fiduciario Público de Asistencia Directa a Víctimas de Trata –creado por la Ley N° 27.508– del proceso general de liquidación de fideicomisos dispuestos por la Resolución 796/2024. La decisión busca garantizar la disponibilidad inmediata de recursos destinados a la atención de personas afectadas por delitos de trata y explotación.
Fondos decomisados seguirán destinados a víctimas de trata
A través de la Resolución 788/2025 publicada este 11 de junio en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió que el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata quedará exceptuado de las medidas de transferencia automática al Tesoro Nacional, previstas en la normativa que rige la disolución de otros fideicomisos públicos.
Esto implica que los fondos originados en decomisos judiciales y causas por lavado de activos vinculadas a delitos de trata de personas seguirán utilizándose con su fin específico, conforme lo establece la Ley N° 26.364 y sus modificaciones.
Antecedentes: de la creación del fondo a su disolución
El Fondo Fiduciario se constituyó en 2019 a partir de la sanción de la Ley N° 27.508, y se encontraba operativamente vigente bajo un contrato de fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos S.A. Su objetivo era canalizar recursos provenientes de bienes decomisados hacia asistencia directa, atención y reparación integral a las víctimas.
Sin embargo, el Decreto 1048/2024 dispuso su disolución junto con otros fideicomisos, en el marco de un proceso más amplio de racionalización de estructuras estatales. La Resolución 796/2024 estableció que los fondos líquidos y activos financieros de estos fideicomisos serían transferidos al Tesoro Nacional.
Frente a este escenario, el Ministerio de Economía reconoció la excepcionalidad del caso y, mediante esta nueva resolución, garantiza que los recursos del fondo no pierdan su destino legal ni su orientación reparadora.
La decisión del Ejecutivo, firmada por el ministro Luis Caputo, ratifica la vigencia de las políticas públicas de lucha contra la trata de personas, aunque se haya procedido a la disolución técnica del fideicomiso. El Ministerio remarcó que esta medida tiene como objetivo preservar la eficacia de los mecanismos de asistencia directa, que requieren disponibilidad financiera inmediata y no pueden depender de reasignaciones presupuestarias posteriores.
La resolución también respalda el principio de no regresividad de los derechos humanos, al proteger el acceso de las víctimas a reparaciones efectivas mediante el uso de bienes obtenidos del delito.
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