El empresario automotriz dio su visión sobre el valor del tipo de cambio y elogió al gobierno por el superávit fiscal. Además, el ex número uno de FCA (Fiat Chrysler) criticó la gestión del expresidente Alberto Fernández.
El empresario ítalo-argentino, Cristian Rattazzi, analizó la agenda pública actual y dio su visión sobre la política cambiaria del Gobierno: “Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio”.
En esta línea, el expresidente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) elogió a la gestión de Javier Milei por “llegar al superávit fiscal en el segundo mes” y afirmó que “ahora, 2% por mes es una inflación altísima”.
El empresario no solo analizó la economía, sino que también dio su opinión sobre diversos temas, tales como el tratamiento de ficha limpia en la Cámara de Diputados y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
“A mí ya no me sorprende nada de la Argentina del pasado. Trato de ver hacia el futuro. Es insólito que más del 30% vote a una banda de ladrones hace muchos casos. ¿Proscripción? (A Cristina Kirchner) Se pueden decir muchas cosas. Lo que sí se ve en los números es la cantidad de plata que robaban mes a mes, cifras siderales“.
En esta línea, el expresidente de FCA elogió al presidente Milei por alcanzar el superávit fiscal en el segundo mes y explicó que eso “quiere decir que se cortaron muchos gastos raros que eran insólitos porque tampoco se sintió en la sociedad”. En esta línea, agregó: “Ahora hay que enseñarle a la gente del Gran Buenos Aires que la alternativa no es narcotráfico, robar o tener una asignación. Tiene que empezar a trabajar seriamente., una cuestión de educación que hay que hacer y que va a llevar tiempo”.
“Nosotros llegamos a la vergüenza de la pesificación asimétrica. Es un país muy enfermo. Yo soy liberal libertario desde muy adentro, no por [Javier] Milei. Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio. Ahora, 2% por mes es una inflación altísima, es enorme”, explicó sobre la economía.
Por último, el ítalo-argentino también opinó sobre la posible designación del próximo juez de la Corte Suprema de Justicia y remarcó: “Acá hay una cuestión de institucionalidad. ¿Ustedes creen que los otros jueces que hay son mucho mejores que Ariel Lijo? Yo no tengo esa sensación, no me importa quién es“.
La primera en explicar la deserción de su oferta fue Jan de Nul. Junto a DEME, era la empresa con más posibilidades de ganar la fallida licitación millonaria.
Jan de Nul, la empresa que actualmente tiene un contrato con la ex Administradora General de Puertos para el dragado de la Vía Navegable Troncal (VNT) de los ríos Paraná-Paraguay -conocido como la Hidrovía- y que continuará haciéndolo hasta que se realice una nueva compulsa, fue la primera en dar una explicación formal de las razones de su deserción. Lo hizo a través de una carta dirigida a las autoridades nacionales, sorprendiendo a los funcionarios del Ministerio de Economía.
Durante más de cinco horas, varios integrantes del equipo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que conduce Iñaki Miguel Arreseygor, realizaron frenéticos llamados a sus superiores en Casa Rosada para despejar la confusión generada tras recibir una sola oferta.
La única propuesta fue de la empresa Dredging Environment and Marine Engineering NV (DEME), oriunda de Bélgica, igual que Jan de Nul. Esta firma había presentado reclamos en la Justicia, acusando un supuesto direccionamiento en la redacción de los pliegos a favor de Jan de Nul.
DEME fue más allá que los holandeses Boskalis y Van Oord, que protestaron solo de manera administrativa. DEME reclamó ante la Justicia la postergación del proceso licitatorio. Sin éxito en su planteo, quedaron como los únicos oferentes, cuya propuesta fue rechazada por la administración Milei, que no solo declaró nula la licitación, sino que decidió acudir a la Justicia para investigar posibles delitos cometidos por DEME.
El 12 de febrero, solo unas pocas personas conocen lo que realmente sucedió, aunque en el gobierno de Milei exigen explicaciones.
Jan de Nul fue la primera en responder formalmente. A través de un escrito firmado por Wim Bosteels, apoderado de la compañía, se enumeraron razones de competencia empresarial. Bosteels destacó que “los competidores han cuestionado injustificadamente los requisitos técnicos incluidos en los pliegos, planteando un supuesto direccionamiento que no es tal”. El objetivo, según la compañía, era boicotear la licitación.
Entre los argumentos de Jan de Nul, se mencionó una “durísima campaña mediática” para perjudicar su participación. La firma decidió no presentarse ante el “riesgo altísimo” de que el proceso se suspendiera de manera indefinida, como finalmente ocurrió.
Además, la empresa cuestionó costos y exigencias técnicas del pliego, como la instalación y el mantenimiento de sistemas de vigilancia, seguridad y control de derrames, lo que, según ellos, “excede claramente el alcance tradicional de dragado y balizamiento” de la autopista fluvial.
Otro punto clave fue el plazo exiguo para presentar la oferta, una crítica compartida por DEME y Boskalis.
Por último, Jan de Nul mostró preocupación por la información sensible que debía incluirse en la propuesta, ya que “los competidores podrían usarla para acceder a datos estratégicos, planes de trabajo y estructura de costos”.
En síntesis, no se presentaron para evitar divulgar información estratégica y como medida de resguardo comercial.
El gobierno espera más respuestas de otras empresas, aunque poco se sabe sobre cuándo se lanzará una nueva licitación para cubrir las necesidades del entramado productivo argentino, que requiere buques de mayor calado para competir con Brasil, ya convertido en una auténtica potencia agrícola.
Escribe Dorothea Schmidt-Klau / OIT – A medida que las sociedades de todo el mundo experimentan rápidos cambios demográficos, el envejecimiento de la población y el desempleo juvenil presentan desafíos interconectados para los mercados laborales. En este artículo, Dorothea Schmidt-Klau explora la necesidad de un marco político de empleo holístico e intergeneracional que fomente la solidaridad y la resiliencia.
Originalmente, cuando comencé a escribir un blog para la serie Employment in Focus, se suponía que iba a ser sobre las perspectivas para 2025 y las respuestas de la política de empleo. Sin embargo, con tantas incertidumbres en el horizonte, tal vez sea mejor centrarse en algo que sabemos con certeza: las sociedades de todo el mundo están envejeciendo. Las implicaciones de este cambio demográfico son profundas y afectan a todos los aspectos de las economías, los mercados laborales y las sociedades.
Si bien el envejecimiento se considera a menudo como una realidad exclusiva de los países desarrollados, en realidad se trata de un fenómeno mundial con consecuencias de gran alcance para todas las sociedades. Para 2030, se prevé que la población mundial de 60 años o más alcance los 1.400 millones, mientras que se espera que el número de niños menores de 10 años sea de aproximadamente 1.350 millones. Además, se prevé que para 2030, casi tres cuartas partes de la población mundial de edad avanzada residirá en países en desarrollo.
Al mismo tiempo, el desempleo juvenil es un desafío apremiante, ya que los jóvenes luchan por encontrar empleos estables y decentes en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. A pesar de que las tasas mundiales de desempleo juvenil se encuentran en un mínimo histórico, el 13% de los jóvenes siguen desempleados y el 20% están clasificados como ninis (ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación). En las sociedades envejecidas, la principal preocupación no es el desempleo entre los trabajadores de más edad, sino más bien la inactividad económica y la discriminación por edad. Datos recientes muestran que, como resultado, uno de cada cinco adultos mayores en la UE corre el riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social, y muchos trabajadores de edad avanzada tienen dificultades para permanecer en el mercado laboral debido a los prejuicios. El envejecimiento también se hace muy visible en las zonas rurales de los países en desarrollo, un hecho que pone en riesgo la producción agrícola con consecuencias de gran alcance para la seguridad alimentaria en todo el mundo.
Los retos a los que se enfrentan tanto los trabajadores jóvenes como los de mayor edad están profundamente relacionados. El edadismo, el hecho de que las personas basen sus decisiones en percepciones erróneas y discriminatorias por edad, afecta a ambos grupos, ya que los trabajadores jóvenes son vistos como inexpertos y los trabajadores mayores son percibidos como incapaces de mantenerse al día con las demandas modernas, entre otros prejuicios. Esto conduce a potenciales sin explotar, ineficiencias económicas, una creciente desigualdad social y, a menudo, una falsa competencia entre jóvenes y mayores.
Abordar estos desafíos requiere un enfoque político holístico guiado por la solidaridad intergeneracional, la idea de que todas las generaciones, jóvenes y mayores, pueden apoyarse mutuamente económica y socialmente.
¿Qué elementos contendrían los marcos de política de empleo intergeneracional?
Un elemento importante sería invertir en habilidades para jóvenes y personas mayores. Durante años, los gobiernos se han centrado en invertir en la educación y la formación de los jóvenes, pero también es necesario reciclar y mejorar las competencias de los trabajadores de más edad para poder contribuir con su potencial al crecimiento económico y al bienestar de las personas y las sociedades.
Sin embargo, esa inversión sólo dará sus frutos si se crean puestos de trabajo decentes. De lo contrario, estos esfuerzos pueden conducir a la frustración, en el peor de los casos incluso al malestar social, como hemos visto en muchos países durante la Primavera Árabe y posteriormente. Debemos recordar que las políticas (incluidas las políticas macroeconómicas, las políticas sectoriales, las políticas comerciales, las políticas de inversión, etc.) no son neutrales en cuanto al empleo ni en cuanto a la edad, es decir, tienen implicaciones muy diferentes para el tipo de puestos de trabajo creados y el impacto que tienen en los diferentes grupos de edad.
La protección social es también un elemento importante de los marcos de política de empleo amplios y sensibles a la edad. Los trabajadores de más edad deberían tener derecho a seguir trabajando si así lo desean, pero no deberían verse obligados a hacerlo debido a pensiones inadecuadas o al aumento de la pobreza. Del mismo modo, los jóvenes necesitan protección al ingresar al mercado laboral, asegurándose de que no queden atrapados en trabajos precarios e informales que los dejen vulnerables en el futuro.
Cuando más personas participan en los mercados laborales y tienen un trabajo decente, esas personas contribuyen a los sistemas de protección social y a tasas de dependencia más bajas. La participación en la fuerza laboral se ve muy afectada por las políticas de empleo, incluidas las políticas del mercado laboral bien diseñadas. Las tasas de participación varían, especialmente entre las poblaciones jóvenes y mayores, y tenemos que aprender de los países exitosos cómo logran aumentar la participación en la fuerza laboral entre esos grupos a través de esas políticas. Suecia, por ejemplo, tiene una tasa de participación en la fuerza laboral de las personas mayores (55 a 64 años) superior al 80 por ciento (el promedio mundial es de alrededor del 60 por ciento) y los Países Bajos tienen una tasa de participación en la fuerza laboral juvenil (15 a 24 años) también superior al 80 por ciento (el promedio mundial es ligeramente superior al 40 por ciento). Curiosamente, en los países donde las tasas de participación en la fuerza laboral están por encima del promedio mundial para los jóvenes, a menudo también están por encima del promedio mundial para las personas mayores (Gráfico 2), y cuando uno aumenta, el otro también aumenta.
Además, los empleadores desempeñan un papel crucial en el fomento de lugares de trabajo adaptados a las personas mayores. Los estudios demuestran que los equipos de edades mixtas mejoran la productividad, y los programas de tutoría benefician tanto a los empleados más jóvenes como a los mayores. Reconocer el valor de cada grupo de edad al tiempo que se adopta la innovación puede conducir a empresas más fuertes y resilientes y a aumentos de la productividad.
El envejecimiento de las sociedades no es un reto al que temer, sino una realidad que hay que gestionar. Los gobiernos, las empresas y los interlocutores sociales deben trabajar juntos para desarrollar marcos integrales de empleo que integren políticas tanto para jóvenes como para mayores. Solo abordando las necesidades de todos los grupos de edad podremos crear mercados laborales resilientes e inclusivos que permitan a cada generación contribuir de manera significativa a la sociedad. Es hora de crear mercados laborales que funcionen para todos, jóvenes y mayores por igual.
Dorothea Schmidt-Klau, Jefe de la Subdivisión de Empleo, Mercados de Trabajo y Juventud de la OIT
El Ejecutivo incluyó a ese grupo en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Apuntan contra Facundo Jones Huala, que reivindicó los ataques con fuego en el Sur. Los detalles y las implicancias de la decisión
Tras los devastadores incendios en los bosques patagónicos de Chubut y Río Negro, el gobierno de Javier Milei declaró hoy formalmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) organización terrorista, al incorporarla al registro público que agrupa a personas y grupos acusadas por ese tipo de accionar ilícito.
La decisión se conoce poco después de que el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, lanzó una polémica declaración que provocó el repudio generalizado, pero también denuncias ante la Justicia: “Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”.
En una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial, se estableció, en cuarto artículos, “declarar reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“. Además, se dispuso dar intervención a la Cancillería para que presente conformidad con la normativa vigente, debido a que los datos e información será compartida por la Argentina a otros gobiernos.
En ese registro figuran organizaciones de terrorismo islámico, como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda o el Taliban, la Jihad Islámica o ISIS, pero también los nombres de todos los acusados por el atentado a la AMIA que tienen pedido de captura internacional.
Es que el RePET, que están en jurisdicción del Ministerio de Justicia, tiene como objetivo facilitar el acceso y el intercambio de información sobre personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento, promoviendo la cooperación tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial se detalla que, desde hace más de una década, la RAM llevó a cabo una serie de acciones violentas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur de Argentina. Entre los hechos más destacados se encuentran incendios intencionales que han devastado bosques milenarios, ataques a viviendas, establecimientos y vehículos, así como agresiones directas contra personas.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, estos actos han sido reivindicados públicamente por líderes de la organización, como Jones Huala, quien recientemente admitió el uso del incendio como herramienta de presión.
En la resolución también se señala que la RAM opera en coordinación con otras agrupaciones que, aunque utilizan nombres distintos, comparten los mismos objetivos y responden a una estructura común. Estas acciones, según el informe, tienen como propósito “sembrar el terror y presionar a las autoridades”, cumplen con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que agrava las penas para delitos cometidos con fines terroristas.
La decisión de inscribir a la RAM en el RePET se enmarcó, según se desprende de la resolución, en compromisos asumidos por Argentina en diversos tratados internacionales. Entre ellos, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que instan a los Estados a establecer regímenes jurídicos y administrativos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento. Asimismo, el país ha adoptado resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que exige a los Estados congelar los activos financieros de personas y entidades vinculadas al terrorismo.
En los fundamentos se destacó que la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas -y que habilitó los desalojos- “ha contribuido al aumento de los conflictos en la región”. Esta ley, que durante 18 años impidió los desalojos de tierras usurpadas, dejó un vacío legal que, según el Ministerio de Seguridad, ha sido aprovechado por la RAM para intensificar sus actividades.
Para el Gobierno, desde entonces los incendios en los bosques del sur argentino han aumentado significativamente, y en varios casos se ha comprobado que fueron provocados de manera intencional.
El Ministerio de Seguridad subrayó que el crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, lo que exige respuestas urgentes y contundentes. En este contexto, la inscripción de la RAM en el RePET busca cortar cualquier tipo de financiamiento que pueda sustentar sus actividades. Además, se destaca la importancia de la colaboración y el intercambio de información entre los distintos actores del Estado y con organismos internacionales para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
La resolución también resalta la necesidad de optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Según el Ministerio, la complejidad y el alcance de las conductas criminales vinculadas a estas organizaciones demandan un esfuerzo coordinado a nivel nacional.
El gobernador Ignacio Torres celebró la detención de grupos extremistas mapuches por el ataque a una propiedad en Chubut
“Es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines”, estableció la resolución. Y concluyó: “La colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
Escribe Mario Osava / Inter Press Service – Los eventos extremos están aumentando en frecuencia e intensidad en Brasil, según la jerga de los climatólogos que adquirió ahora un efecto temible al ser traducido en datos comparativos durante las tres últimas décadas.
En la década de los 90 se registraron 725 desastres climáticos como promedio anual. De 2020 a 2023 ese promedio subió a 4077 al año, es decir un aumento de 104 casos cada año, constató un informe de la Alianza Brasileña por la Cultura Oceánica, una red de alcaldías, variados gestores públicos, organizaciones sociales e investigadores.
En otra comparación, la primera década del período considerado (1991-2023) registró 6523 desastres y en los cuatro últimos años (2020-2023) 16 306.
“Los desastres climáticos se multiplican no solo por los eventos extremos en sí mismos, sino porque aumentó la vulnerabilidad de la población, expuesta al riesgo en áreas inundables o derrumbes en las cuestas”: José Marengo.
Los datos, originados en los municipios, son del Sistema Integrado de Informaciones sobre Desastres (S2ID) del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional, procesados por la Alianza en la primera publicación de una serie sobre “Brasil en transformación – impacto de la crisis climática”.
Se trata de una iniciativa en el ámbito de la Década de la ciencia oceánica, instituida por las Naciones Unidas.
La larga sequía en la región semiárida del nordeste de Brasil, entre 2012 y 2018, confirma el aumento de los desastres climáticos en las últimas décadas en el país. En este caso la región estaba mejor preparada para esos eventos que en las sequías anteriores que provocaron millones de muertes. Imagen: Mario Osava / IPS
Océanos dictan el clima
Los desastres climáticos son un tema prioritario de la Alianza por la Cultura Oceánica porque las condiciones de los océanos influyen en el clima, incluso lejos del mar, explicó el biólogo Ronalto Christofoletti, secretario ejecutivo de la red.
“El océano regula el clima. Si el océano no está bien, así será con el clima”, 2024 fue el año más caliente por el deshielo de la Antártica, “el aire acondicionado del mundo”, observó a IPS por teléfono desde Santos, ciudad portuaria de 420 000 habitantes, donde es profesor de la Universidad Federal de São Paulo.
De los mares del sur vienen las masas de aire, las llamadas “frentes frías”, que regulan la temperatura y el ciclo de lluvias en Brasil, desde el meridional estado de Rio Grande do Sul a la Amazonia, ejemplificó.
Por cada 0,1 grado centígrado de aumento en la temperatura global de la superficie del océano ocurrió un aumento de 584 registros de desastres climáticos en Brasil, señala el estudio de la Alianza.
Las estadísticas apuntan que 5117 municipios sufrieron daños a causa de esos fenómenos entre 1991 y 2023, es decir casi todo el país, que se compone de 5570 municipios. Los afectados sumaron 219,7 millones de personas, lo que significa que muchas vivieron el drama más de una vez, ya que Brasil tiene actualmente 212 millones de habitantes.
Las muertes identificadas como consecuencia directa no fueron muchas, un total de 4923, pero también aumentaron, ya que en los últimos cuatro años sumaron 1034 víctimas, cuatro veces las 249 registradas en los años 90.
Bomberos intentan controlar uno de los miles de incendio que destruyeron buena parte de los bosques amazónicos de Brasil en 2024, incluso en tierras indígenas como la de la foto. Imagen: Mayangdi Inzaulgarat / Ibama
Muertes invisibles de la sequía
Eso se explica quizás porque la mayor cantidad de los desastres notificados se relacionan con la reducción de las lluvias: estiaje, sequía, incendios forestales y baja humedad del aire. Fueron 32 010 casos en el período 1991-2023, o 49,8 % del total de 64.236 registros.
Son eventos que, en general, no se apuntan como causa directa de las muertes.
“La sequía no mata en los registros”, incluso porque se extiende por amplias áreas, al contrario de inundaciones que tienen locales y víctimas fácilmente identificados, comentó José Marengo, coordinador de investigación del Centro de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden).
Pero hay excepciones, cuando se habla de millones de muertos a causa de sequías, como la que ocurrió en países como India y China, además de Brasil, en los últimos años de la década 1870, en el siglo XIX, recordó.
Para Marengo, un experto en meteorología, es “interesante” la compilación histórica de las estadísticas de los desastres naturales, para destacar su evolución, pero “el aumento de los registros no corresponde necesariamente a un mismo incremento en la cantidad de desastres”.
Los municipios no registraban tales eventos décadas atrás, el conocimiento y las tecnologías avanzaron mucho en años recientes, además un evento meteorológico anormal no siempre equivale a un desastre, matizó.
“Una lluvia intensa no es desastrosa, pasa a serlo si cae sobre una población vulnerable. Puede beneficiar la Amazonia o provocar muchas víctimas en Petrópolis”, comparó, en una referencia a la ciudad montañosa cercana a Río de Janeiro, de 290 000 habitantes, donde lluvias torrenciales mataron a más de 230 personas en 2022.
“Los desastres climáticos se multiplican no solo por los eventos extremos en sí mismos, sino porque aumentó la vulnerabilidad de la población, expuesta al riesgo en áreas inundables o derrumbes en las cuestas”, sostuvo Marengo a IPS, por teléfono desde São José dos Campos, sede de Cemaden, a 90 kilómetros de São Paulo.
De la misma forma, no siempre una interrupción de las lluvias equivale a una sequía, que ocurre cuando un desbalance entre precipitaciones y evapotranspiración seca y calienta el suelo, definió.
Son fenómenos extensos. La región semiárida en el noreste de Brasil comprende 1477 municipios y sufrió una sequía prolongada de 2012 a 2018.
Algunas flores alimentan la esperanza de la resiliencia de la naturaleza, en un área de protección ambiental en Brasilia, destruida por incendios en 2024. Imagen: Matheus Ferreira / Agência Brasilia
Ciudades, inundaciones, calor
Las lluvias en exceso o escasez concentran tres cuartos de los desastres registrados en el informe de la Alianza por la Cultura Oceánica. Además de las sequías, los eventos hidrológicos, como torrentes, inundaciones y anegamientos, suman 26,5 % del total de desastres climáticos en 1991-2023.
Otros fenómenos extremos que componen el balance, entre ellos tempestades, olas de calor y frio, derrumbes, erosiones costeras o continentales, epidemias y plagas, representan menos de 25 % del total de desastres.
El informe de Cemaden sobre sus alertas y el estado del clima en 2024 es también alarmante. En septiembre, Brasil tenía 4748 ciudades, 85 % de sus municipios, en situación de sequía, siendo 1349 en un grado severo o extremo.
En consecuencia, los incendios forestales alcanzaron 30,8 millones de hectáreas, lo que supera el territorio de Italia.
La cifra representó un récord en la historia del país y supuso un crecimiento de 79 % en relación a 2023, según el MapBiomas, una plataforma de monitoreo creada por una red de organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas de tecnología.
Pero fueron las lluvias excepcionales de mayo en el estado de Rio Grande do Sul que provocaron los daños más graves, 183 muertes, 27 desaparecidos, 18 864 heridos y 834 645 desalojados.
La tragedia desnudó la vulnerabilidad de la mayoría de los 10,8 millones de habitantes de ese estado meridional brasileño, que se concentran en áreas inundables, cercanas a los ríos y lagos hacia donde convergen las aguas precipitadas en las sierras del norte que transforman en torrentes la humedad proveniente del sur.
Las ciudades tienen que adaptarse al aumento de los eventos extremos que proliferan como efecto de la crisis climática, que no se limitan a las inundaciones y anegamientos, pero incluyen las olas de calor, destacó Christofoletti.
En Rio Grande do Sul se duplicó la frecuencia del calor extremo, en las tres últimas décadas. Entre el9 y el 12 de febrero la Justicia ordenó la suspensión de las clases escolares debido a ese fenómeno. En el centro-oriental estado de Espírito Santo la repetición de ese evento “casi se triplicó” en sus ciudades costeras, concluyó.
