Se trata de Cuentas para Adolescentes, las cuales incluye nuevas medidas de seguridad y protección para los menores.
El acceso de los adolescentes y menores a las redes sociales fue creciendo en los últimos años, lo que puede ocasionar a veces algún inconveniente si las cuentas que poseen no tienen un control de un adulto porque pueden cruzarse en línea con desconocidos de los que no se sabe las intenciones que tiene para con el menor.
Desde inicios de 2025, se están incorporando las Cuentas Adolescentes de Instagram y las mismas comenzarán a implementarse en América Latina y se trata de una nueva experiencia digital con protecciones adecuadas para los jóvenes y guiadas por los padres o tutores.
Las mismas incluyen protecciones integradas que limitan quién puede ponerse en contacto con los jóvenes y el contenido al que pueden acceder, aunque, por el momento se desconoce cuándo llegará a Argentina la actualización de la aplicación.
Según se informó, a los menores de 16 años se les asigna una Cuenta de Adolescente y siempre necesitarán el permiso de sus padres para realizar cualquier cambio en los ajustes, mientras que desde Meta, según indicó El País que las cuentas están diseñadas para responder a las principales preocupaciones de las familias, como con quién hablan sus hijos online, el contenido al que pueden acceder y si el tiempo que dedican está bien invertido.
Además, se supo que la compañía incluyó la supervisión parental en las Cuentas de Adolescente para que los padres puedan estar más presentes en la experiencia digital de sus hijos, por lo cuales, las mismas son privadas y entre sus funcionalidades se incluye restringir los mensajes para que los adolescentes solo reciban mensajes de sus seguidores o personas conocidas, así como limitar las interacciones para evitar que sean etiquetados en publicaciones por parte de desconocidos.
Los padres también pueden establecer límites de tiempo diarios y, una vez alcanzados, los adolescentes no podrán volver a acceder a la aplicación, mientras que además los progenitores pueden bloquear el uso de Instagram durante periodos de tiempo específicos con un botón, por ejemplo, para dormir o en los momentos de estudio.
La compañía también impuso normas más estrictas en cuanto a contenidos, eliminando aquellos que infrinjan sus políticas y, de esta manera, los adolescentes no recibirán contenidos potencialmente sensibles, como los de carácter sexual o los que hablen de suicidio o autolesiones.
Las protecciones integradas de las Cuentas de Adolescentes
Algunas de las nuevas protecciones integradas en las cuentas de Instagram para adolescentes incluyen:
Tener una cuenta privada automáticamente.
Restricciones de mensajería y límites de contenido.
Una nueva función de modo de reposo que silencia las notificaciones por la noche.
Herramientas adicionales de supervisión parental que permiten a los padres ver a quién envía mensajes sus hijos.
Con la supervisión parental activada, los padres también pueden decidir cuándo y durante cuánto tiempo sus hijos pueden usar Instagram.
Los adolescentes también tendrán acceso a una nueva función, creada solo para ellos, que les permite seleccionar los temas que quieren ver en Explorar y sus recomendaciones para que puedan enfocarse en el contenido divertido y positivo que les encanta.
Inter Press Service – Cerca de 60 países, con la notoria excepción de Estados Unidos y el Reino Unido, acordaron este martes 11 en la capital francesa una posición común en favor de una inteligencia artificial (IA) abierta, inclusiva y ética, al concluir una cumbre de gobernantes que tuvo al presidente francés Emmanuel Macron como anfitrión.
“Se estableció un enfoque inclusivo, abierto y de múltiples partes interesadas que permitirá que la IA sea ética, segura, confiable y basada en los derechos humanos”, asentó la declaración final divulgada por el gobierno de Francia.
Al mismo tiempo, la cumbre, a la que acudieron gobernantes de naciones del Norte industrializado y del Sur en desarrollo, “destacó la necesidad y la urgencia de reducir las desigualdades y apoyar a los países en desarrollo para desarrollar sus capacidades de inteligencia artificial”, indicó el documento.
Entre los 58 gobiernos signatarios de la declaración -más la Unión Europea y la Unión Africana- figuraron cuatro de América Latina: Brasil, Chile, México y Uruguay.
Macron saludó la adopción del documento porque “estamos sentando aquí las bases, junto con la innovación y la aceleración, de lo que permitirá que la IA surja y se mantenga, es decir, las claves de la confianza”, según dijo.
“Necesitamos seguir avanzando en la gobernanza internacional de la inteligencia artificial”, lo cual “nos permitirá consolidar los elementos de confianza en la inteligencia artificial, y nos permitirá sentar las reglas porque las necesitamos para que la IA avance”, aseveró.
Macron insistió en que “básicamente, creemos en la innovación, en la aceleración, en la inversión, pero también queremos una IA confiable, una que recree la unidad en la comunidad internacional”.
En la cita, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento a los países a que utilicen juntos la tecnología de IA “para reducir la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo, no para ampliarla”.
“La IA ya está transformando nuestro mundo, pero su poder está en manos de unos pocos”, advirtió Guterres, por lo que es urgente acordar e implementar “barandillas globales” y compartir las mejores prácticas, “en aras de la solidaridad, las políticas equitativas y los negocios justos”.
La discrepancia de Estados Unidos con el acuerdo mayoritario fue marcada por el vicepresidente, James D. Vance, quien al rehusarse a firmar la declaración advirtió sobre las asociaciones “con regímenes autoritarios” y “una regulación excesiva” de la IA que “podría matar una industria en plena expansión”.
“Estados Unidos quiere asociarse con todos ustedes, pero necesitamos marcos regulatorios internacionales que fomenten la creación de tecnologías de IA en lugar de sofocarlas”, dijo Vance, y agregó que “haremos todo lo posible para promover políticas procrecimiento en materia de inteligencia artificial”.
El Reino Unido, por su parte, hizo saber que no firmó la declaración de París por “razones de interés nacional”.
En el documento acordado por la cumbre los gobiernos se comprometen a promover la accesibilidad de la IA para reducir la brecha digital, y garantizar que sea “inclusiva, transparente, ética, segura y confiable, de conformidad con los marcos internacionales”.
Asimismo, a “permitir la innovación en el campo de la IA, creando las condiciones propicias para su desarrollo y evitando la concentración del mercado, apoyando así la recuperación y el desarrollo industrial”.
También a “fomentar el despliegue de una IA que tenga un impacto positivo en el futuro del trabajo y los mercados laborales y que abra perspectivas de crecimiento sostenible”, así como a “fortalecer la cooperación internacional y promover la coordinación de la gobernanza internacional” en la materia.
Señalaron que los miembros fundadores “han lanzado una gran plataforma e incubadora para la IA de interés general, para apoyar, amplificar y reducir la fragmentación entre las iniciativas públicas y privadas sobre IA de interés general y cerrar la brecha digital”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea pretende movilizar 200 000 millones de euros en inteligencia artificial, en “la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una IA fiable”.
La declaración recoge que en la cumbre “discutimos por primera vez, y en un formato de múltiples partes interesadas, temas relacionados con la IA y la energía”.
Junto con alentar el debate y fomentar inversiones en sistemas de IA sostenibles, la cumbre acordó crear un observatorio sobre los efectos energéticos de la IA en el marco de la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, expuso que las tendencias de demanda de electricidad ya se han visto afectadas por los centros de datos y otros requisitos clave de infraestructura de IA.
“Se construirán miles de centros de datos, y no hay IA sin energía. El reto para los gobiernos es encontrar electricidad de forma limpia, sostenible y asequible”, dijo Birol.
A la cumbre de París acudieron también representantes de empresas, del mundo académico y de investigación. Se acordó que la próxima cumbre sobre inteligencia artificial se realizará en India.
Inter Press Service – Desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán en 2021, se ha prohibido sistemáticamente la educación a niñas y mujeres, lo que convierte al país en el único del mundo que niega la escolarización a las niñas mayores de 12 años.
La situación sigue deteriorándose, e incluso la matriculación de niñas en la escuela primaria, a donde sí las dejan acudir, está disminuyendo, según datos de la Unesco.
Además las mujeres que son profesoras tienen prohíbido instruir a los niños, con lo que la escasez de educadores ha agravado aún más la crisis de la educación en Afganistán.
En este panorama desolador, la educación en línea se ha convertido en la única esperanza para unos 1,4 millones de niñas afganas mayores de 12 años, desesperadas por seguir aprendiendo. Sin embargo, esta alternativa está plagada de obstáculos formidables.
Barreras para el aprendizaje en línea
La deficiente infraestructura de internet de Afganistán y el suministro inestable de electricidad hacen que la educación a distancia no sea fiable.
La situación de la electricidad en los centros urbanos es relativamente mejor que en las zonas rurales, pero sigue sin garantizar un acceso fácil a la enseñanza en línea para todos. La cantidad de dinero necesaria para equipos como ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes está fuera del alcance de la mayoría de las familias afganas de bajos ingresos.
Además, debido a los imprevistos e imprevisibles cortes de energía en Afganistán, el aprendizaje en línea es problemático. La electricidad puede cortarse repentinamente sin previo aviso y, a menudo, durante varias horas. Esos frecuentes apagones hacen que sea cada vez más difícil impartir clases en línea y los estudiantes no pueden descargar material didáctico de internet ni hacer sus tareas.
En Afganistán, los cursos de educación en línea no tienen reconocimiento universal y ninguna entidad pública los ofrece.
Además de la deficiente infraestructura, los padres temen que los talibanes puedan estar rastreando en secreto la educación en línea y, si los descubren, sus hijas podrían traer dificultades sustanciales a toda la familia.
Un padre afgano que tiene una hija de 18 años expresó su desesperación.
«Mi hija siempre ha querido estudiar derecho, para luchar por la justicia para las mujeres en un país donde los derechos de las mujeres se ignoran habitualmente, pero ahora no puede estudiar tranquilamente en su propia casa», contó.
Continuó describiendo los problemas típicos a los que se enfrenta tanto su hija como toda la familia: «No tenemos electricidad, no hay internet, y si los talibanes descubren que está estudiando en línea, su vida podría estar en peligro y todos nos meteremos en problemas».
La mayoría de las veces, el entorno doméstico no permite estudiar sin interrupciones, especialmente en familias numerosas debido a la congestión de espacio.
El aprendizaje en línea es el único camino para la educación con que cuentan las mujeres y niñas afganas mayores de 12 años. Imagen: Learning Together
Una red de aprendizaje, pese a los riesgos
Muchas de estas instituciones educativas en línea, unas 33 en total, están disponibles en varios países de Occidente y en la región del sur de Asia, y cuatro operan dentro de Afganistán.
Proporcionan educación de calidad en una amplia gama de materias, como ciencias médicas, economía, ingeniería, informática y tecnología de la información, administración de empresas, derecho, arte y ciencias sociales.
Las principales plataformas de medios de comunicación, como la televisión, la radio y los periódicos, están sometidas a una estricta censura por parte de los talibanes y, por lo tanto, son de poca utilidad como fuentes de información en esas materias.
Pero, afortunadamente, los estudiantes pueden recurrir cómodamente a las plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y Telegram, para obtener información complementaria adicional.
Aunque se enfrentan a numerosos desafíos en la búsqueda de la educación en línea, esta ha producido resultados positivos, lo que ha mantenido vivas las esperanzas de un futuro mejor para las niñas que, lamentablemente, han sido metidas en su casa después de los 12 años y abandonadas por los talibanes.
Entre las historias de éxito individuales se encuentra la de Raihana, una de las pocas chicas que ha tenido la oportunidad de estudiar economía en una universidad en línea.
«A pesar de todas las dificultades y desafíos que he experimentado durante este tiempo, sigo teniendo esperanza», aseguró la joven.
Según Raihana, estudiar en línea le permite conectar con otros estudiantes de todo el mundo y le permite obtener diferentes perspectivas.
«Quiero decirles a otras chicas que nunca se rindan, aunque las condiciones parezcan difíciles», dijo. «Además, todos los días pienso en cómo algún día volveré a la sociedad y ayudaré a mi comunidad para que más niñas tengan derecho a la educación», añadió.
La investigadora del CONICET Sandra Díaz recibió el Premio Tyler 2025 por sus estudios sobre el entrelazamiento entre los seres humanos y la naturaleza.
Sandra Díaz, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC) fue reconocida junto con el investigador brasilero-estadounidense Eduardo Brondízio con el Tyler Prize 2025 por sus estudios sobre el entrelazamiento entre la biodiversidad y los seres humanos.
El Premio Tyler, comúnmente conocido como “el Premio Nobel del Medio Ambiente”, es considerado una de las distinciones ambientales anuales más prestigiosas del mundo, y Díaz y Brondizio son los primeros sudamericanos en recibirlo.
El Comité Ejecutivo del Premio Tyler resolvió otorgar el premio de 250 mil dólares a Díaz y a Brondízio, por su compromiso con el abordaje de la pérdida de biodiversidad y su impacto en las sociedades humanas.
“El trabajo de Sandra Díaz ha sido fundamental para redefinir cómo se conceptualiza y valora la biodiversidad en el mundo,” afirmó Julia Marton-Lefèvre, presidente del Comité. Tanto Díaz como Brondízio buscan llamar la atención sobre el entrelazamiento de la humanidad con la naturaleza, y a reconocer las responsabilidades compartidas en la trama de la vida’. “La justicia socio-ambiental y el respeto por nuestras conexiones con otras formas de vida en la Tierra deben dejar de ser conceptos abstractos”, afirmaron ambos ganadores en un comunicado conjunto.
Díaz, investigadora a la vanguardia del estudio de las interacciones entre la biodiversidad y la humanidad, pide que el respeto por la naturaleza y sus contribuciones vitales para la gente se incorporen en sectores de la legislación y la economía. Brondízio, un antropólogo que lidera estudios interdisciplinarios sobre la Amazonia, demanda un cambio en la forma en que académicos, tomadores de decisiones y financiamiento internacional de clima y biodiversidad ven e interactúan con la Amazonia.
Díaz y Brondízio trabajaron juntos en el Informe de Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) publicado en 2019, así como en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad.
El presidente estadounidense dijo que solo habrá excepciones con Australia y que el impuesto será del 25 por ciento. Afecta exportaciones por más de 600 millones de dólares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en conferencia de prensa que no habrá excepciones para Argentina en la imposición de aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de acero y aluminio. “Tenemos un pequeño déficit con Argentina, como con todos los países”, afirmó el mandatario al justificar la medida.
Trump aclaró que la única excepción será Australia, debido a que “tenemos superávit por la compra de aviones”, mientras que el resto de los países enfrentará el mismo trato. “No me importan las represalias de los países”, subrayó, marcando su postura firme respecto a las barreras comerciales.
La decisión supone un golpe para la estrategia del presidente Javier Milei, ya que las exportaciones argentinas de acero y aluminio hacia Estados Unidos representan unos u$s600 millones anuales.
Según datos del INDEC, en 2024 la balanza comercial bilateral fue superavitaria para Argentina en u$s228 millones, debido principalmente a la caída del 27,9% en las importaciones desde Estados Unidos, producto de la recesión.
Frenos que han puesto los jueces a la agenda de Trump
Desde su regreso a la Casa Banca el 20 de enero, Donald Trump ha impulsado su agenda de transformaciones a una velocidad vertiginosa.
Ese primer día al frente del gobierno de Estados Unidos eliminó de un plumazo 78 órdenes ejecutivas que había heredado de su antecesor, el demócrata Joe Biden.
A partir de allí, ha emitido decenas de medidas propias que, de llegar a concretarse, no solamente cambiarían el tamaño y la forma de funcionamiento del Poder Ejecutivo en EE.UU., sino que además afectarán las potestades de los otros poderes del Estado e incluso cambiarán la manera en la que se aplican y reconocen algunos derechos constitucionales.
Las medidas de Trump han sido recibidas con entusiasmo por gran parte de sus seguidores, que ven en estas órdenes ejecutivas una señal de que Trump planea hacer bueno uno de sus lemas de campaña: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.
Sin embargo, estas iniciativas preocupan a millones de funcionarios públicos estadounidenses -que ahora no saben si podrán conservar sus empleos-, así como a miles de empresas, ONGs y particulares dentro y fuera de EE.UU., que no saben si los fondos, contratos o ayudas que vienen recibiendo seguirán en vigor.
También causan consternación en muchos individuos y familias cuyas vidas están siendo afectadas profundamente por los cambios impulsados por Trump.
Entre estos se encuentran, por ejemplo, mujeres embarazadas que al estar indocumentadas ya no saben si sus hijos podrán acceder a la ciudadanía estadounidense y centenares de miles de migrantes que hasta hace semanas estaban amparados legalmente para permanecer en EE.UU. por un parole (permiso humanitario) o por un TPS (estatus de protección temporal).
Muchas de estas medidas de Trump han sido objetadas ante los tribunales que es donde, hasta ahora, han encontrado la mayor resistencia.
Al menos seis iniciativas han sido suspendidas por jueces de distintas partes del país, lo que ha generado frustración dentro del gobierno.
El domingo, el vicepresidente JD Vance, mostró su enfado con estas medidas y sugirió que el poder judicial estaba llegando al límite con estas decisiones.
“A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”, escribió en X.
“Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal”, apuntó.
Y este martes fue el multimillonario Elon Musk, quien encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el que atacó a un juez que puso freno a una de las medidas del gobierno de Trump.
“Al menos deberíamos INTENTAR despedir a este jurista drogadicto”, escribió en un mensaje en su red social X.
“¡La idea de tener un puesto de juez de por vida, sin importar cuán malas sean las sentencias, es ridícula! Ya es suficiente”, dijo Musk.
Mientras, el propio Trump, en una intervención junto a Musk en la Oficina Oval este martes, dijo que le sorprendía que los jueces quisieran impedir que su administración acabe con la corrupción. “Quizás hay que invesigar a esos jueces”, dijo.
BBC Mundo te cuenta seis casos en los que la justicia estadounidense ha frenado al Ejecutivo de Trump.
1. Derecho a la ciudadanía por nacimiento
Pie de foto, Si Trump logra cambiar la interpretación de la Enmienda 14, los nacidos en EE.UU. de padres indocumentados no tendrán derecho a la ciudadanía de ese país.
Detener la inmigración ilegal ha sido un objetivo de Donald Trump desde la primera vez que compitió por la Casa Blanca en 2016.
Una de sus primeras medidas, tras llegar por segunda vez al poder, fue intentar abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para aquellos casos en los que los padres del bebé sean migrantes indocumentados o extranjeros que se encuentran en EE.UU. con un estatus temporal.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está establecido en la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., adoptada en 1868, tras el final de la Guerra Civil, como una forma de resolver la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en EE.UU.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que este derecho se aplica a los hijos de inmigrantes.
Inmediatamente después de que Trump firmara su orden ejecutiva sobre este asunto, se introdujeron varios recursos ante diversos tribunales en el país.
La primera decisión judicial se produjo el 23 de enero, cuando un juez federal en Seattle emitió una orden de restricción temporal del decreto presidencial.
“Es una orden descaradamente inconstitucional”, dijo entonces el juez John Coughenour a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
Posteriormente, una juez en Maryland emitió una orden nacional que suspendía indefinidamente la aplicación de la orden ejecutiva y, este lunes 10 de enero, un tercer juez emitió una medida similar para paralizar los efectos de la medida de Trump.
2. Incentivos para la renuncia de funcionarios públicos
Pie de foto, Los funcionarios federales están viendo peligrar sus puestos de trabajo.
A finales de enero, el gobierno de Trump envió una comunicación a más de dos millones de funcionarios públicos, a quienes se les ofreció la oportunidad de renunciar voluntariamente a sus puestos de trabajo ahora y seguir cobrando unos ocho meses de salario -sin trabajar- a modo de compensación.
El texto fijaba hasta el 6 de febrero como fecha para aceptar esta oferta con la que la Casa Blanca busca reducir la burocracia gubernamental y advertía que no estaba garantizado que quienes no renunciaran pudieran conservar sus empleos.
La iniciativa del gobierno fue cuestionada por las dudas sobre su viabilidad como procedimiento administrativo, así como por su legalidad pues -argumentan los críticos- la compensación ofrecida a quienes renuncien depende de fondos que el Congreso aún no ha aprobado para tal fin.
Cuatro sindicatos de funcionarios públicos, con el apoyo de 20 fiscales generales demócratas, cuestionaron la medida ante los tribunales, señalando que se tratada de un “ultimátum ilegal” que buscaba forzar las renuncias.
El pasado 6 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de esta medida y extendió el plazo que tenían los trabajadores para aceptar la oferta.
Hasta este 10 de febrero se estimaba que solamente unos 65.000 funcionarios habían aceptado.
3. El fin de USAID
Pie de foto, El trabajo de USAID ayuda a enfrentar el hambre y las enfermedades en lugares muy pobres del mundo.
La continuidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se encuentra en duda desde que Trump regresó al poder.
El nuevo gobierno ordenó la paralización de casi todos los programas de ayuda internacional, el regreso inmediato de todo el personal que trabaja fuera de EE.UU. y anunció que miles de empleados quedarían suspendidos de sus funciones.
Creada a inicios de la década de 1960, esta agencia opera en más de 60 países alrededor del mundo, realizando numerosas operaciones humanitarias: desde el envío de alimentos a zonas en riesgo de hambruna hasta la gestión de programa de salud para, por ejemplo, repartir vacunas contra la polio en países donde aún circula el virus que causa esta enfermedad.
El pasado 7 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente un plan del gobierno de Trump -y, en concreto, del Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk- para suspender de sus funciones a unos 2.200 empleados de USAID.
El juez Carl Nichols también ordenó que se permitiera el regreso a sus labores de otros 500 funcionarios que habían sido suspendidos previamente y ordenó que aquellos empleados de la agencia fuera de EE.UU. no sean repatriados antes del 14 de febrero a la medianoche.
Estas medidas temporales responden a demandas iniciadas por sindicatos que denuncian que el gobierno de Trump quiere reducir el número de empleados de USAID de 14.000 a solamente 300.
Según escribió el 7 de febrero el mandatario en su cuenta de Truth Social, el gasto de USAID “es totalmente inexplicable”. A lo que agregó: “Ciérrenla”.
4. Congelación de las ayudas públicas
Pie de foto, Los planes para congelar las ayudas federales han causado malestar y confusión.
Tras llegar a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ordenó congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales.
La iniciativa fue ejecutada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, que ordenó a las agencias federales que “suspendieran temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”.
El gobierno aseguraba que esta medida tenía como objetivo dar tiempo a la nueva administración para evaluar qué subvenciones y préstamos se ajustaban a su agenda.
Su aplicación, no obstante, provocó confusión y malestar entre quienes reciben estos fondos (como organizaciones sin fines de lucro y de investigación), pues se enfrentaron a la posibilidad de perder rápidamente su financiación que se destina a múltiples asuntos: desde ayuda en caso de desastres hasta investigación sobre el cáncer.
El 28 de enero, la jueza Loren AliKhan ordenó la suspensión temporal de la medida, tras recibir una demanda según la cual esta era ilegal.
Por otra parte, una coalición de estados gobernados por los demócratas presentaron otra demanda para bloquear la orden, calificándola de inconstitucional.
Varios estados informaron de problemas para acceder a fondos a través de Medicaid, un programa de seguro médico del gobierno para personas de bajos ingresos. La Casa Blanca dijo más tarde que el programa no se vería afectado y que el problema se resolvería pronto.
El 31 de enero, el juez John McConnell se pronunció sobre el caso ordenando una pausa temporal a la ejecución de la medida.
Ante la confusión y las acciones legales, el gobierno de Trump optó por revocar la orden que había emitido, aunque afirmó que eso no implicaba que cancelaban el plan para congelar los fondos federales, sino que buscaban eliminar la ambigüedad que se derivaba de las órdenes judiciales.
Este 10 de febrero, el juez McConnell dijo que el gobierno de Trump ha estado violando la orden de seguir distribuyendo las ayudas federales y sugirió que el Ejecutivo podría ser objeto de algunas sanciones.
De acuerdo con el fallo de este juez federal, la suspensión actual de la distribución del financiamiento federal viola “la letra misma” de la orden que él había emitido.
En un fallo de 5 páginas, McConnell dictaminó que las dificultades actuales para obtener dinero federal para cosas como la educación infantil temprana, la reducción de la contaminación y la investigación para la prevención del VIH violaban su orden del 31 de enero.
5. Traslado de mujeres transgénero presas a cárceles de hombres
Pie de foto, La decisión de Trump de reconocer oficialmente solamente dos géneros ha trastocado la vida de las personas trans.
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump limitaba el reconocimiento del género de las personas, según el sexo asignado al nacimiento.
En ese contexto, se ordenó a las autoridades carcelarias transferir a las mujeres transgénero a prisiones de hombres y poner fin a sus terapias hormonales.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas transgénero criticaron la medida, alertando que su aplicación las podría ponerlas en peligro.
“Habrá violaciones y agresiones físicas debido a esta política”, dijo Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, según reseñó The New York Times.
El pasado 5 de febrero, un juez federal suspendió temporalmente la transferencia de tres mujeres transgénero a cárceles de hombres y bloqueó también la medida de retirarles la terapia hormonal.
El juez Royce Lamberth de Washington, D.C., adoptó esta decision temporal mientras estudia la demanda recibida, según la cual la orden de Trump discrimina a las personas transgénero y viola sus derechos constitucionales.
6. El acceso de Elon Musk a la delicada información de Tesorería
Pie de foto, El prominente rol que ha asumido el multimillonario Elon Musk en el nuevo gobierno ha sido motivo de controversia.
El gobierno de Trump se vio inmerso en una polémica por la decisión del Departamento del Tesoro de permitir que los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -que encabeza el multimillonario Elon Musk- accedan al sistema masivo de pagos y cobros del gobierno federal, y a los datos personales que contiene.
El pasado 8 de febrero, un juez federal emitió una orden preliminar para prohibir el acceso del DOGE a estos datos financieros y ordenó a Musk y a su equipo que destruyan inmediatamente cualquier copia de los registros.
La decisión se produjo a raíz de una demanda de los fiscales generales de 19 estados, interpuesta luego que se supo que Musk y su equipo recibieran este acceso.
Según los demandantes, darle acceso a Musk, un “empleado especial del gobierno”, y a DOGE, que no es un departamento oficial del gobierno, viola la ley federal.
