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El Gobierno fijó en USD 28/MWh el precio de la energía de Yacyretá durante todo 2026

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció que la energía generada y la potencia disponible de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) serán reconocidas y facturadas a un valor unificado de USD 28 por megavatio hora durante todo el año 2026. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 5/2026, publicada el 6 de enero, y apunta a consolidar un esquema de previsibilidad tarifaria, orden contable y sostenibilidad financiera para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sin requerir aportes adicionales del Tesoro Nacional.

La medida impacta de manera directa en las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en la operatoria de CAMMESA y en la relación financiera entre el Estado argentino, ENARSA y la EBY, en el marco del Tratado de Yacyretá y del acuerdo bilateral vigente con la República del Paraguay.

Marco normativo y antecedentes del esquema tarifario

La resolución se sustenta en el entramado legal conformado por las Leyes N° 15.336, 20.646 y 24.065, y en el Tratado de Yacyretá aprobado por la Ley N° 20.646, que creó la Entidad Binacional Yacyretá como organismo internacional encargado de estudiar, construir, operar y explotar la central hidroeléctrica sobre el río Paraná.

De acuerdo con ese Tratado, cada Estado parte tiene derecho a retirar hasta el 50% de la energía generada, previéndose mecanismos de cesión voluntaria y compensación económica. En ese contexto, el Decreto N° 303 del 5 de mayo de 2025 facultó a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería a suscribir un Acta Acuerdo con la EBY y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del Paraguay, estableciendo condiciones de asignación, retiro, cesión y pago de la energía producida.

Ese Acta Acuerdo fijó un valor provisorio y unificado de USD 28/MWh como esquema de remuneración, en el marco de un plan de reestructuración financiera de la EBY destinado a cubrir costos operativos, de mantenimiento e inversión. La Cláusula Sexta del acuerdo previó revisiones anuales, que fueron ratificadas por la Entidad Binacional mediante la Nota N° 52080 del 9 de octubre de 2025.

Aplicación en el MEM y reglas de facturación

La implementación del esquema tarifario comenzó en 2025 a través de la Resolución N° 258/2025, que reconoció formalmente el valor de USD 28/MWh para la energía entregada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), instruyendo a CAMMESA a su aplicación en el MEM. Posteriormente, la Resolución N° 288/2025 estableció los aspectos operativos y contables, definiendo que los montos serían convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia “A 3500” del Banco Central de la República Argentina, vigente al vencimiento de cada obligación.

La Resolución 5/2026 extiende ahora ese criterio desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciendo que el precio será neto de todo cargo, tributo, deducción, retención o compensación, y deberá ser percibido íntegramente por la EBY. Asimismo, dispone que los servicios de reserva regulante, de corto plazo y los cargos de gestión vinculados a Yacyretá se liquidarán bajo el mismo tratamiento unificado, dejando sin aplicación, para ese período, lo previsto en el artículo 3° de la Resolución N° 288/2025.

Impacto financiero y sostenibilidad de la Entidad Binacional

Desde la Secretaría de Energía se destacó que la aplicación del esquema unificado permitió ordenar y homogeneizar la liquidación de transacciones en el MEM, aportando reglas claras, transparencia y previsibilidad para los agentes del mercado. Al mismo tiempo, el mecanismo fortaleció la sostenibilidad financiera de la EBY, reduciendo la incertidumbre sobre ingresos y contribuyendo a la continuidad del abastecimiento eléctrico sin requerir transferencias del Tesoro Nacional.

El procedimiento financiero previsto contempla que la EBY emita una nota de crédito a favor de ENARSA por la diferencia entre la tarifa histórica del Tratado y el valor de USD 28/MWh efectivamente abonado, y una nota de débito por el mismo importe con cargo al Gobierno argentino, como compensación por deudas vigentes vinculadas a la construcción del complejo hidroeléctrico.

Proyección institucional y repercusiones

La decisión consolida un esquema de cooperación energética bilateral entre Argentina y Paraguay, al tiempo que brinda previsibilidad al MEM para todo el ejercicio 2026. Para CAMMESA, ENARSA y la propia EBY, la resolución establece un marco estable de liquidación y facturación, reduciendo riesgos financieros y administrativos.

En términos institucionales, la medida refuerza el rol de Yacyretá como unidad técnico-económica estratégica dentro del sistema eléctrico argentino, con reglas homogéneas que buscan compatibilizar el cumplimiento del Tratado internacional con las necesidades de ordenamiento del mercado mayorista.

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Economía lanzó un canje dólar linked para enfrentar vencimientos récord

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En el inicio del nuevo régimen cambiario, el Banco Central compró US$ 21 millones y el Ministerio de Economía activó un canje de letras dólar linked para enfrentar vencimientos por más de $6 billones. Las medidas buscan aliviar tensiones de liquidez y sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de fuertes compromisos financieros y escasa previsibilidad en la acumulación de reservas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes 5 de enero la compra de US$ 21 millones en el mercado de cambios, en lo que representa la primera adquisición de divisas en nueve meses y el primer movimiento operativo bajo el nuevo régimen cambiario que comenzó a regir a inicios de 2026. En paralelo, el Ministerio de Economía lanzó un canje de letras del Tesoro dólar linked para administrar vencimientos concentrados a mediados de enero y aliviar presiones de liquidez en el mercado financiero.

Ambas decisiones se inscriben en una estrategia oficial orientada a recomponer reservas internacionales, ordenar el frente financiero y atravesar un período crítico marcado por pagos de deuda superiores a US$ 4.100 millones esta semana, con cerca de US$ 3.700 millones en manos de inversores privados, y un elevado volumen de instrumentos atados al dólar con vencimientos inmediatos.

Primeras señales del nuevo esquema cambiario y regreso del BCRA al mercado

La compra de divisas por parte del BCRA se produjo en la segunda jornada financiera del nuevo programa cambiario, anunciado en diciembre y vigente desde el 2 de enero de 2026. Se trata de la primera intervención compradora desde el 3 de abril de 2025, cuando la autoridad monetaria dejó de adquirir dólares tras el acuerdo del Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la implementación de un sistema de bandas de flotación cambiaria.

El nuevo esquema introduce un cambio relevante: las bandas del tipo de cambio oficial se ajustan mensualmente en función de la inflación oficial con un rezago de dos meses, dejando atrás el mecanismo de actualización diaria. Además, el BCRA anticipó que buscará acumular reservas internacionales mediante compras de dólares siempre que las condiciones de liquidez y demanda de dinero lo permitan, con una meta indicativa que podría alcanzar hasta US$ 10.000 millones en 2026, supeditada al comportamiento monetario del mercado local.

No obstante, operadores del mercado advirtieron que durante la jornada el Tesoro habría intervenido para sostener la estabilidad del dólar, en un contexto de elevada sensibilidad cambiaria. Si bien se trata de cuentas independientes, fuentes financieras señalaron que, ante necesidades de divisas, el Tesoro podría recurrir al BCRA, lo que reabre interrogantes sobre la consistencia del esquema y la coordinación entre política fiscal y monetaria.

Canje dólar linked: Economía busca descomprimir un cuello de botella financiero

En simultáneo, el Ministerio de Economía lanzó una operación de conversión de deuda dólar linked para enfrentar un vencimiento clave previsto para el 16 de enero de 2026. La convocatoria, abierta hasta el miércoles 7 de enero, invita a los tenedores de la LELINK D16E6, que vence el 16/01, a canjearla por la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero de 2026, apenas dos semanas más tarde.

El objetivo oficial es asegurar un rollover ordenado, reducir la incertidumbre financiera y evitar tensiones adicionales en el mercado en un mes cargado de compromisos. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al 16 de enero vencen aproximadamente $6 billones en letras dólar linked, a los que se suman otros $651.000 millones hacia fin de mes, lo que dimensiona la magnitud del desafío para la gestión económica.

La licitación se realizará con un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar el valor nominal en dólares estadounidenses y el precio en dólares por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. La adjudicación está prevista para el 12 de enero de 2026 (T+3) y no se pagarán comisiones. El monto máximo a colocar estará limitado por la normativa vigente.

La operación se encuadra en el artículo 2° del Decreto 846/24, que habilita la suscripción en especie. En caso de incumplimiento en la entrega de la LELINK D16E6, la normativa prevé la liquidación mediante débito en pesos en la cuenta CRYL del BCRA, aplicando una penalidad del 20% sobre el valor efectivo y utilizando el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA según la Comunicación “A” 3500.

Impacto y señales al mercado

El regreso del BCRA al mercado cambiario y el lanzamiento del canje dólar linked buscan contener riesgos inmediatos, pero también exponen las tensiones estructurales del programa económico. La elevada concentración de vencimientos, la dependencia de instrumentos indexados al dólar y la limitada previsibilidad en la compra de divisas condicionan la estabilidad financiera de corto plazo.

Para el mercado, el resultado del canje será una señal clave sobre la confianza de los inversores en la capacidad del Tesoro de administrar la deuda en pesos y en dólares bajo el nuevo régimen. Al mismo tiempo, la capacidad del BCRA de sostener compras netas de divisas será determinante para fortalecer reservas y reducir la vulnerabilidad externa.

En un escenario de compromisos crecientes y márgenes estrechos, las decisiones de enero funcionan como una prueba de consistencia del nuevo esquema cambiario y de la coordinación entre política monetaria, fiscal y financiera.

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Trump impone una doctrina de fuerza global y Venezuela activa el estado de conmoción exterior

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La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.

La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Una doctrina de fuerza sin control legislativo

El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.

La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.

En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Venezuela responde con un estado de conmoción exterior

Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.

El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.

El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.

Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.

Impacto político, económico e institucional

La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.

En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.

Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.

El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.

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ARCA digitaliza las importaciones personales desde 2026 y ordena el régimen

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha desde 2026 una modernización administrativa del régimen de importaciones personales que reemplaza trámites en papel por procesos digitales. Aunque no modifica topes, tributos ni productos habilitados, la medida reaviva dudas en un contexto de mayor trazabilidad y control fiscal.

A partir de este año, ARCA activó una serie de cambios operativos que vuelven a poner bajo la lupa a las importaciones personales. El eje de la reforma no está en lo que se puede ingresar al país, sino en cómo se tramitan esas operaciones. Con menos papel y más digitalización, el organismo busca ordenar un régimen que, con el paso del tiempo, había quedado fragmentado en múltiples excepciones, formularios y criterios dispares entre aduanas.

Desde ARCA insisten en que no se trata de una reforma de fondo sino de una actualización administrativa, orientada a adaptar los procedimientos a herramientas digitales acordes a los procesos actuales. Sin embargo, cada modificación sobre importaciones activa un reflejo inmediato de dudas y temores sobre un eventual endurecimiento de controles, aun cuando la normativa no altere las condiciones sustantivas del régimen.

Qué cambia desde 2026: simplificación del trámite sin cambios en topes ni tributos

Según la normativa oficial, el alcance del régimen de importaciones personales se mantiene sin modificaciones. Está destinado exclusivamente a personas humanas que ingresan bienes nuevos o usados para consumo propio, sin fines comerciales ni industriales. En ese marco, no se amplían ni se restringen los productos permitidos, ni se modifican topes, tributos o controles vigentes.

La novedad central radica en el soporte del trámite y en la interacción del usuario con la Aduana. El objetivo declarado es simplificar los procedimientos administrativos y reducir instancias presenciales, sin alterar el esquema de fondo que regula estas operaciones.

Desde el organismo remarcan que la medida busca ordenar un sistema que había acumulado excepciones y formularios específicos, generando complejidad operativa tanto para los usuarios como para las dependencias aduaneras.

El formulario OM-2153-A deja el papel y pasa a un sistema digital

Uno de los cambios más relevantes es la digitalización del formulario OM-2153-A, un documento clave para quienes ingresan productos del exterior bajo el régimen de importaciones personales. A partir de 2026, este formulario deja de utilizarse en formato papel y pasa a ser digital e interactivo.

El nuevo esquema permitirá cargar la información de manera online, reduciendo pasos presenciales y mejorando la trazabilidad de cada operación. En los hechos, el formulario digital apunta a ordenar un proceso que hasta ahora dependía, en gran medida, del criterio operativo de cada aduana y del manejo manual de la documentación.

Si bien desde ARCA subrayan que no hay cambios en los controles ni en las obligaciones, especialistas del sector advierten que la digitalización suele implicar una mayor capacidad de fiscalización, ya que los datos quedan registrados y pueden ser cruzados en tiempo real. Esto no supone nuevas prohibiciones, pero sí menos margen para errores o zonas grises en la operatoria.

Unificación de regímenes y aplicación gradual en las aduanas

Otro aspecto clave del nuevo esquema es la eliminación de regímenes especiales que hasta ahora convivían dentro de las importaciones personales. Casos como el ingreso de obras de arte mediante declaración jurada o el régimen particular para productos de línea blanca quedarán integrados bajo un único marco normativo.

La intención, según fuentes del comercio exterior, es evitar superposiciones regulatorias y criterios dispares entre aduanas. “Es una actualización tecnológica y normativa, no una reforma estructural”, sintetizan desde el sector.

La implementación del formulario digital no será automática ni uniforme en todo el país. ARCA aclaró que la aplicación será gradual y dependerá de cada aduana. El foco inicial estará puesto en aduanas de frontera, especialmente en pasos de alto movimiento como los cruces con Chile, donde el sistema digital funcionará como una opción adicional y no reemplazará de manera obligatoria a los esquemas tradicionales.

Cada dependencia aduanera podrá definir si adopta un sistema totalmente digital o uno mixto, en función de su volumen operativo y capacidad técnica, lo que anticipa una transición escalonada durante 2026.

Impacto y lectura política de la medida

Para los particulares que ingresan productos del exterior, las reglas de fondo no cambian, pero el trámite será más ordenado, digital y trazable. En términos institucionales, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia de modernización del Estado y de fortalecimiento del control a partir de herramientas tecnológicas, sin recurrir —al menos por ahora— a cambios normativos de mayor alcance.

No obstante, en un contexto de sensibilidad sobre importaciones y controles aduaneros, el reordenamiento vuelve a encender alertas en sectores acostumbrados a un régimen flexible. El verdadero impacto de la medida se verá en la práctica: si la digitalización logra reducir burocracia sin convertirse en un filtro más restrictivo para el ingreso de bienes de uso personal.

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¿Quién es Barry Pollack, el abogado de Maduro que defendió a Julian Assange?

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El abogado del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se declaró este lunes inocente de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, es Barry Pollack, un letrado de alto perfil conocido por defender a Julian Assange en el caso ‘WikiLeaks’.

Pollack se presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de EE.UU. contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado 3 de enero en una operación nocturna en Caracas y posterior traslado al país.

En esta primera audiencia, Pollack dijo que «por el momento no solicitará la libertad bajo fianza» pero cuestionó la «legalidad de la abducción militar» de su cliente, declarando que se trata del «jefe de un estado soberano y tiene derecho al privilegio» de su cargo, según PBS.

Las credenciales de abogado de Maduro

El abogado cuenta con unas amplias credenciales detalladas en la página web de su firma, Harris St. Laurent & Wechsler, entre ellas el acuerdo de culpabilidad de Assange, acusado de espionaje por publicar en WikiLeaks información clasificada, y que resultó en su liberación.

Otras dos representaciones de éxito que destaca fueron las que llevaron a la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron tras el escándalo de fraude en la empresa y de un hombre llamado Martin Tankleff, erróneamente acusado de matar a sus padres a los 17 años.

¿Quién es Barry Pollack, el abogado de Maduro que defendió a Julian Assange en el caso 'WikiLeaks'?
Fotografía de archivo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange (i), mientras sale de un tribunal de Estados Unidos, junto a su abogado, Barry Pollack (c). EFE/Samantha Salamon

Con más de 30 años de experiencia, Pollack fue el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores y habitualmente trata casos penales de delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como civiles, incluyendo aquellos de crimen organizado.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se le imputan, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

Donnelly, destaca la web de su firma, trabajó en la investigación y juicio político del fiscal general de Texas Ken Paxton por supuestos sobornos y abuso de poder en 2023, en el que fue exonerado, aunque siguen las pesquisas a nivel federal.

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