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Con una intervención en Lugones, Naranja X apuesta al fútbol y a la memoria colectiva

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Con una intervención urbana de alto impacto en uno de los corredores más transitados de la Ciudad de Buenos Aires, Naranja X, sponsor oficial del fútbol argentino, dio inicio al año con una acción simbólica y emocional: la instalación de un contador gigante que marca los días que faltan para 2026, una fecha que, sin necesidad de aclaraciones, remite de forma directa a la próxima gran cita futbolística internacional. La iniciativa apunta a capitalizar el recuerdo colectivo de 2022 y posicionar a la fintech como una marca asociada a la pasión popular, en un contexto de alta competencia por la atención y el engagement emocional.

El cartel fue emplazado sobre la avenida Lugones, un punto estratégico por su alto caudal de circulación, y comenzó a funcionar el 1° de enero de 2026, convirtiendo el inicio del año en un disparador de expectativa y conversación social, tanto en la vía pública como en redes sociales.

Una intervención urbana para activar memoria emocional y engagement

La acción se apoya en un antecedente reciente de fuerte impacto simbólico: la celebración de 2022, cuando Argentina obtuvo su tercera estrella y generó una experiencia colectiva que, según el propio planteo de la marca, permanece latente en el imaginario social. A partir de esa memoria compartida, Naranja X decidió trasladar el sentimiento futbolero a la calle mediante un reloj urbano de gran escala, que funciona como disparador emocional inmediato para quienes transitan la zona.

La propuesta se inscribe dentro de una estrategia de branding experiencial, donde el mensaje no se construye desde lo explícito sino desde la evocación. El contador no necesita explicar su significado: la cuenta regresiva opera como un código común que conecta directamente con el público, generando identificación, expectativa y conversación espontánea.

Desde la compañía explicaron que el objetivo fue convertir el comienzo del año en un punto de inflexión emocional. “Nuestra idea fue transformar el comienzo de año en un punto de partida emocional. Quisimos llevar esta acción a la calle porque es ahí donde la pasión se vive de forma genuina”, señaló Lucila Castellani, Creative Excellence Manager de Naranja X. En esa línea, agregó: “Con esta señal, buscamos alimentar esa ilusión compartida y empezar a palpitar lo que todos estamos esperando. ¡Que vuelva la manija!”.

Estrategia de marca, fútbol y presencia en el espacio público

La intervención refuerza el posicionamiento de Naranja X como sponsor oficial del fútbol argentino, un vínculo que la fintech explota como plataforma de construcción de identidad y cercanía con audiencias masivas. En un contexto donde las marcas financieras compiten por diferenciarse más allá de los servicios, la apuesta por el fútbol y la emoción colectiva aparece como un activo estratégico.

El impacto fue inmediato entre los automovilistas y peatones que circulaban por la autopista Lugones, quienes identificaron rápidamente el sentido de la acción. En medio de la vorágine de fin de año y del inicio del nuevo calendario, el reloj se convirtió en un elemento disruptivo del paisaje urbano, generando sorpresa y reconocimiento instantáneo.

La instalación permanecerá activa hasta que la pelota vuelva a rodar, consolidando una presencia sostenida en el espacio público y reforzando la asociación entre la marca y uno de los eventos de mayor carga simbólica para la sociedad argentina. De este modo, Naranja X no solo apela a la nostalgia reciente, sino que proyecta expectativa a futuro, combinando marketing, cultura popular y ocupación estratégica del espacio urbano.

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Reclamo por Yacyretá y coparticipación: Valdés apuntó contra el reparto de recursos

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.

En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.

Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.

Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”

Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.

En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.

Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales

Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.

Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.

Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.

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Venezuela: movilizaciones y continuidad institucional tras el ataque militar de EE.UU.

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Luego del ataque militar que generó conmoción en Venezuela, el país atraviesa horas de fuerte movilización social y definiciones institucionales clave. Según describió el periodista venezolano Ernesto Navarro, en diálogo con Radio Open 101.7, la reacción popular fue inmediata, organizada y sin desbordes, con concentraciones multitudinarias en Caracas y en el resto de los estados del país, en rechazo al ataque y en respaldo al orden constitucional.

El escenario se desarrolla en un contexto político sensible: este 5 de enero se instala formalmente la nueva Asamblea Nacional, tal como establece el mandato constitucional, mientras el gobierno activó mecanismos de continuidad ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro, a quien Navarro definió como “bajo una situación de secuestro”.

Movilización social y organización territorial tras el ataque

Desde Carrizal, a 18 kilómetros de Caracas, Navarro explicó que la población venezolana reaccionó “con rapidez y cordura” frente a un hecho que calificó como “difícil de digerir”. El periodista destacó que Caracas fue escenario de una movilización impresionante, con miles de personas que salieron a condenar el ataque militar y a exigir el regreso del presidente.

Las manifestaciones no se limitaron a la capital. De acuerdo con el relato, hubo movilizaciones en los 24 estados del país, de los cuales 23 están gobernados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que facilitó una respuesta territorial coordinada. Navarro subrayó que esta capacidad de reacción se apoya en un entramado de organización social de base, impulsado por ley, que obliga a las comunidades a organizarse en comunas para acceder a créditos y obras sociales.

“Eso se vio no solo en la reacción rápida del pueblo, sino también en la organización”, señaló, al tiempo que remarcó que el mensaje dominante fue el de actuar con “nervios de acero”, una consigna que, según indicó, el propio presidente Maduro suele utilizar en contextos de crisis.

Continuidad institucional y rol de la Asamblea Nacional

En paralelo a la movilización social, el país transita un momento institucional relevante. Este 5 de enero, conforme al calendario constitucional, asume funciones la nueva Asamblea Nacional, lo que agrega un elemento central al escenario político.

Navarro explicó que, ante la ausencia del presidente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia realizó una interpretación de la norma y ordenó que la vicepresidenta asuma las funciones del jefe de Estado de manera temporal. Según sostuvo, la Constitución venezolana prevé mecanismos de continuidad ante ausencias, aunque “ninguna constitución del planeta prevé el secuestro del jefe de Estado”.

Desde esa perspectiva, el periodista remarcó que el chavismo mantiene el control del gobierno nacional y que el funcionamiento institucional continúa, incluso en un contexto que definió como “extraordinario”.

Oposición, escenario internacional y expectativas sociales

En relación con la oposición, Navarro diferenció entre los sectores que actúan dentro del país y aquellos que, según afirmó, se encuentran fuera de Venezuela y tienen mayor visibilidad en la prensa internacional. Señaló que los partidos de oposición que participan de la vida política interna cuentan con representación parlamentaria y rechazaron una agresión militar contra el país, sumándose a una convocatoria unitaria previa.

En contraste, indicó que los sectores que promueven sanciones o intervenciones desde el exterior “no tienen capacidad de movilización interna”, mientras que la oposición que permanece en Venezuela apuesta al juego democrático y al respeto del orden constitucional.

Respecto del clima social, Navarro sostuvo que la población muestra disciplina política y alto nivel de conciencia, producto de los últimos veinte años de conflictividad. “No hay desbordamientos ni justicia por mano propia”, afirmó, y anticipó que en los próximos días el accionar popular seguirá canalizado a través de convocatorias oficiales y conducción política.

Finalmente, señaló que existen conversaciones y negociaciones a nivel del alto gobierno, cuyos resultados se conocerán con el correr de las horas, en un escenario que permanece dinámico y abierto.

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Argentina activa desde 2026 el Convenio de La Haya sobre responsabilidad parental

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A partir del 1 de enero de 2026 entró en vigor para la República Argentina el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. La activación del instrumento internacional, publicada en el Boletín Oficial, representa un hito institucional en materia de cooperación jurídica internacional y refuerza el marco normativo aplicable a situaciones transfronterizas vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.

El convenio fue incorporado al ordenamiento jurídico argentino tras cumplir el circuito constitucional de aprobación legislativa y ratificación internacional, y comenzó a regir conforme a los plazos establecidos en su propio texto.

Un tratado internacional con aprobación legislativa y cronograma definido

El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 fue celebrado en La Haya, Reino de los Países Bajos, y la República Argentina lo firmó el 11 de junio de 2015. Su aprobación legislativa se concretó mediante la Ley N° 27.237, sancionada por el Congreso Nacional, cumpliendo con los requisitos constitucionales para la incorporación de tratados internacionales.

El paso final para su entrada en vigor se produjo con el depósito del Instrumento de Ratificación el 18 de septiembre de 2025, lo que activó el plazo previsto en el Artículo 61 del Convenio. En consecuencia, el tratado comenzó a regir para la Argentina el 1 de enero de 2026.

La publicación oficial fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de la Ley N° 24.080, que regula la publicación y entrada en vigor de instrumentos multilaterales que requieren aprobación legislativa.

Reservas formuladas y alcance normativo del Convenio

De acuerdo con lo informado en el Boletín Oficial, la República Argentina formuló una reserva al Artículo 55 del Convenio. El detalle y alcance de dicha reserva constan en el texto del Instrumento de Ratificación, que fue adjuntado a la comunicación oficial.

El Convenio regula aspectos centrales vinculados a la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de decisiones y los mecanismos de cooperación internacional en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños. Su entrada en vigor establece un marco común para la actuación de las autoridades competentes en situaciones que involucran más de un Estado.

Desde el punto de vista institucional, el tratado refuerza los mecanismos de articulación entre jurisdicciones y fija reglas claras para la resolución de conflictos de derecho internacional privado en materia de protección infantil.

Impacto institucional y proyección jurídica

La vigencia del Convenio de La Haya de 1996 introduce un nuevo escenario normativo para los casos transnacionales vinculados a la responsabilidad parental y a las medidas de protección de niños. Su implementación impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial y en la cooperación entre autoridades administrativas y judiciales de los Estados parte.

La activación del instrumento también consolida el rol del Estado argentino dentro de los sistemas multilaterales de cooperación jurídica internacional, al adoptar reglas uniformes para el tratamiento de situaciones complejas que exceden el ámbito estrictamente nacional.

La comunicación oficial lleva la firma de Juan Pablo Paniego, Consejero de Embajada y Cónsul General, de la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y fue publicada el 5 de enero de 2026, bajo el número 109/26 del Boletín Oficial.

Argentina activa el Convenio de La Haya by CristianMilciades

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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