España: el gobierno de Rajoy confirmó que iniciará la intervención de Cataluña

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La crisis en Cataluña dio un nuevo giro luego de que el Gobierno español decidiera intervenir la autonomía de la región. El paso, inédito en la 40 años de democracia en el país, marca un nuevo hito en una escalada de tensión. 

El gobierno de Mariano Rajoy anunció que seguirá adelante “para restaurar la legalidad” en Cataluña, no dando por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a su requerimiento de si declaró o no la independencia.

Este jueves vencía el plazo definitivo para que Puigdemont aclarara si declaró la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán que acaparó la atención mundial.

En su respuesta, Puigdemont afirmó que “si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10”.

Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites para intervenir en la administración catalana. 

El gobierno de España ha constatado “la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento” y en consecuencia “continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.

Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley.

“El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico” causados por el desafío independentista, según el comunicado.

No hay de momento respuesta del gobierno catalán al anuncio de Madrid, pero diputados de la coalición Junts pel Sí, del presidente Puigdemont, y de la CUP, que conforman el frente independentista en el Parlamento catalán, estaban reunidos para decidir los próximos pasos en esta crisis.

El artículo 155 dice que el gobierno central “podrá adoptar las medidas necesarias” para forzar a una comunidad autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, un trámite que podría alargarse varios días.

La mayoría independentista del Parlamento catalán se comprometió a proclamar la secesión si ésta se imponía en el referendo del 1 de octubre, declarado inconstitucional. Así fue, con 90% de los votos a favor pero una participación inferior a la mitad del censo. Rajoy viajará este jueves a Bruselas para participar en una cumbre europea, y la primera reunión del conjunto del gobierno no será hasta el sábado.

En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo, un guante lanzado e ignorado por el gobierno central, que insiste en que la declaración rompería la legalidad española.

“No se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución“, dijo el jefe del gobierno español en el Congreso el miércoles.

El 155 podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los “Mossos d’Esquadra”.

Pero eso también podría generar fuertes movilizaciones -que empezarán este mismo jueves por la tarde- y una inestabilidad creciente en la región, muy dañina para la economía.

La comunidad de Cataluña, una de las más ricas y pobladas de España, es junto a País Vasco, Galicia y Andalucía una de las cuatro consideradas “históricas”: las que habían iniciado un proceso para contar con una norma que regulara la región antes de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). 

Ese alto nivel de autonomía fue reconocido en la Constitución española de 1978 (respaldada por más de un 90 por ciento en Cataluña), que por ejemplo dotó a la región de una Policía propia, los Mossos d’Esquadra. La lengua catalana, prohibida durante el franquismo, fue reconocida como lengua cooficial con el español.

Aunque está integrada en España desde el siglo XVI, la turística región con capital en Barcelona y patria de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Gaudí o Joan Manuel Serrat cultivó siempre sentimientos nacionalistas alimentados por su identidad lingüística e histórica y sus tradiciones culturales.

Pero fueron sobre todo dos factores los que dispararon el movimiento independentista los últimos años: el impacto de la crisis que sacudió España desde 2009 y la decisión del Tribunal Constitucional español de anular en 2010 algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.

Partidos independentistas culparon de la crisis a Madrid y explotaron el fallo como una humillación a Cataluña, al tiempo que se organizaban manifestaciones masivas en reclamo del derecho a decidir y el Gobierno catalán daba pasos hacia un referéndum secesionista.

Una consulta convocada en 2014 y declarada ilegal por la Justicia española motivó un juicio al entonces presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, inhabilitado en marzo por dos años. Cerca de dos de los 7,5 millones de catalanes acudieron entonces a las urnas y votaron en un 80 por ciento a favor de una Cataluña independiente.

El Gobierno regional actual liderado por Carles Puigdemont organizó el 1 de octubre un nuevo referendo, celebrado pese a que también fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Un 90 por ciento de los 2,2 millones de votantes apoyaron la ruptura con España, en parte porque los detractores veían ilegal la consulta y la boicotearon.

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Cataluña: Puigdemont amenazó con la independencia y Rajoy activa la intervención

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió este jueves (19/10) por carta al presidente Mariano Rajoy, reiterando su oferta de diálogo sobre Catalunya y amenazando con votar la independencia en el parlamento si el Gobierno se decide la intervención. El Gobierno español tomó la misiva de Puigdemont como un ‘chantaje’ y ratificaron que siguen adelante con los pasos para aplicar intervenir la autonomía. Este sábado (21/10), el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria en La Moncloa para aprobar un informe con las medidas que se pondrán en marcha en Catalunya.

Se vienen dos días de máxima tensión en España. El sábado (21/10) será clave para determinar si el presidente Mariano Rajoy avanza con la intervención de Catalunya después de que esta mañana el titular de la Generalitat, Carles Puigdemont, le enviara una carta donde además de volver a plantear el diálogo amenazara con votar en el parlamento la independencia si se avanza con la intervención de la autonomía.

Puigdemont envió la misiva al Gobierno español sobre el fin del plazo que le otorgó la administración central para que contestara si se independizaba o no después de los resultados de la votación de semanas atrás y especialmente después de que compareció ante el parlamento catalán diciendo que aplicaría lo resuelto e n la consulta popular.

Según el portal español ABC.es, la primera reacción del Gobierno fue tajante: “Es una amenaza y un nuevo chantaje de Puigdemont, que no vamos a aceptar. Seguramente será el último chantaje que haga. El 155 sigue adelante”.

El Gobierno emitió un comunicado en el que constata la negativa de Puigdemont a responder al requerimiento que le envió Rajoy el miércoles de la semana pasada, en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

Tras la respuesta, la aplicación del artículo 155 que dispone la intervención y restaure la legalidad sigue adelante. El sábado, el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria en La Moncloa para aprobar un informe con las me didas concretas que se pondrán en marcha en Catalunya. Ese informe, una vez aprobado, se entregará al presidente del Senado. El trámite en la Cámara Alta podría durar una semana, hasta que se produzca una votación de las medidas, que necesitan mayoría absoluta para salir adelante. Esa mayoría la tiene el PP por sí solo, pero contará con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, como mínimo, explicó ABC.

La carta de Puigdemont a Mariano Rajoy dice que “si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión“, el Parlament “podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10“.

El diario El País reproduce el pronunciamiento del Gobierno español: ha constatado “a las diez horas de esta mañana, la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a atender el requerimiento que le fue remit ido el pasado 11 de octubre y en el que se reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”, dice el comunicado de respuesta del Gobierno. La consecuencia es que continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución “para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.

En su carta, Puigdemont subraya explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament “no votó” ninguna declaración de independencia y recalca que su “suspensión continúa vigente“, antes de añadir: “Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar“. Con estos argumentos la Generalitat intent ará frenar, como mínimo unos días, la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución.

Delegaciones del Gobierno y del PSOE se reunieron a partir de las diez de la mañana hora española, una vez conocida la respuesta de Puigdemont, para negociar estas medidas que también serán sometidas a la deliberación de Ciudadanos.

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Carles Puigdemont declara la independencia en el Parlamento, pero la deja en suspenso

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El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró la independencia de esta región española tras el referendo del 1 de octubre, aunque suspendió sus efectos para abrir un proceso de diálogo.

Puigdemont dijo que defiende “el mandato del pueblo de Cataluña de ser independiente”, pero le pidió al Parlamento que “suspenda la declaración de independencia, para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”. 

Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy había prometido actuar con firmeza, inclusive si se trata de una declaración retórica o sin efecto inmediato, y sobre la mesa está la suspensión de la autonomía regional o incluso decretar un estado de emergencia.

Rajoy comparecerá el miércoles en el Congreso de los Diputados.

En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.

Sobre la mesa está la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia en la región.

En los últimos 100 años, el gobierno catalán ha proclamado en dos ocasiones la independencia, sin que llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue Francesc Macià en 1931, y el segundo Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.

Ante este horizonte, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.

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Con masivas marchas para reclamar diálogo, España se movilizó en defensa de la “unidad”

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Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en toda España en defensa de la unidad del país y pidiendo un diálogo que ponga fin a la peor crisis política del país en décadas, mientras Cataluña se alista para declarar su independencia.

En Madrid, la céntrica plaza de Colón estuvo abarrotada desde la mañana por miles de personas que ondeaban banderas de España en apoyo a la Constitución y la unidad. Los manifestantes, muchos de ellos con niños, gritaban “Viva España” y “Viva Cataluña“, y portaban pancartas como “No estáis solos” o “Se nos oye menos pero somos más”.

“He venido porque me siento muy española y me da mucha pena lo que está pasando. Intento estar aquí por la unidad, porque también me siento muy catalana. Mi familia vive en Cataluña”, dijo Rosa Borrás, una secretaria desempleada de 59 años, que habló con Reuters entre lágrimas.

“No pueden dividir familias”, agregó Borrás, quien llevaba un cartel en la espalda con el texto “Cataluña te queremos” dentro de un corazón.

A unos cientos de metros, en la plaza de Cibeles, miles de personas vestidas de blanco respondían a la iniciativa de un llamado al diálogo, convocada en unas 50 ciudades españolas. “Lo que hace falta es sentarse a dialogar y que no nos sigan dividiendo”, dijo a la televisión local Guillermo Fernández, organizador de la marcha “Parlem, Hablemos”.

El Parlamento catalán convocó el viernes un pleno para que el presidente de la región informe sobre la situación política actual, mientras que el delegado del Gobierno español en Cataluña ofreció disculpas por la actuación policial el 1 de octubre durante el referendo secesionista.

El Parlament dijo que se convocó la sesión el 10 de octubre para que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont informe “sobre la situación política actual”. El jueves el Tribunal Constitucional de España ordenó suspender un pleno previsto para el lunes en el que presumiblemente iba a debatirse una declaración unilateral de independencia.

En Barcelona, alrededor de 2.000 personas se dieron cita en la plaza de Sant Jaume, algunos con camisetas que pedían “Si us plau, dialoguen” (por favor, dialoguen).

“Se está produciendo una fractura social en Cataluña y eso hay que resolverlo por la vía del dialogo, nunca de unilateralismo de uno o de otro”, dijo José Manuel García, un economista de 61 años que acudió a la marcha vestido de blanco.

El martes se publicarán además los resultados definitivos del referendo. Según datos oficiales, el proceso tuvo una participación de 2,28 millones de personas -un 43 por ciento del padrón electoral- y el 90,18 por ciento votó por el “Sí”.

La perspectiva de una declaración de independencia ha agitado los mercados y ha provocado un aluvión de cambios de sede de empresas radicadas en la región, como Sabadell o Gas Natural.

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Bajo presión, el plan separatista catalán está cada vez más acorralado

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La fuga de empresas recalentó las divisiones internas entre los secesionistas; el antecesor de Puigdemont advirtió que no están listos para una “independencia real”

LaNación – La ilusión de la república naciente chocó de frente contra una pared. Con el reloj en marcha hacia la anunciada declaración de independencia, el gobierno catalán entró definitivamente en pánico. La fuga masiva de empresas recalentó ayer la disputa entre quienes quieren llevar el desafío hasta el final y los que piden frenar antes de que sea tarde.

El presidente regional, Carles Puigdemont, decidió postergar un día, hasta el martes próximo, la sesión parlamentaria en la que pretendía proclamar la ruptura. Él integra el bloque de los que quieren cumplir el compromiso asumido tras el accidentado referéndum del domingo, aun cuando las consecuencias políticas, judiciales y económicas se vislumbran dramáticas.

En pleno debate interno, apareció para pinchar el globo su antecesor, Artur Mas, jerarca de la plana mayor nacionalista. El dirigente advirtió al diario británico Financial Times que Cataluña no está lista aún para “la independencia real” y pidió cautela. “Para ser independiente hay algunas cosas que nosotros aún no tenemos”, señaló el ex presidente regional.

La cuestión ahora -dijo Mas- es cómo ejercer el derecho [a ser Estado independiente]. Para ello hay que tomar decisiones. Y tienen que tener un objetivo en mente: no se trata sólo de proclamar la independencia, sino de convertirse en un país independiente”.

¿Se acabó la fantasía? La voz de Mas resume el pensamiento de los sectores más pragmáticos del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), ex Convergencia, el grupo de centroderecha en el que milita Puigdemont. Tradicionalmente ligados a la burguesía catalana, sus dirigentes sufrieron el anuncio de los bancos CaixaBank y Sabadell de que mudarán el domicilio social de Cataluña a otras regiones de España para protegerse de la crisis.

Si ya se sentían incómodos con las acusaciones penales a las que se exponen si llegan a votar la declaración unilateral de independencia (DUI), ahora sienten que pueden causar una ruina económica profunda para Cataluña. El capital pudo más que el presidente Mariano Rajoy, el rey Felipe VI y los tribunales juntos.

El movimiento de las empresas no sólo augura un destino inviable en lo inmediato para una eventual república catalana. También sería una catástrofe para el futuro de la Comunidad Autónoma dentro de España. Al mudar sus sedes sociales, los bancos y las multinacionales como Gas Natural pasarán a tributar en otras regiones por los negocios que hacen en toda España. Eso causaría un agujero en los fondos que vuelven a Cataluña en concepto de coparticipación.

Santi Vila, conseller (ministro) de Empresa, fue el primero en gritar auxilio. Lo hizo en un artículo en el diario ARA, house organ del separatismo, en el que pidió detener la DUI: “Tenemos que reflexionar sobre si las prisas pueden estropear el sueño”.

Los moderados creen que el independentismo consiguió una victoria al celebrar el referéndum y que la represión de las fuerzas estatales en los colegios electorales les sumó simpatías dentro de Cataluña y en Europa. Sostienen que apurar la DUI echará a perder ese capital. Creen que se impone pensar en el largo plazo y forzar una negociación con España.

El otro partido de la coalición que gobierna la región, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es más reticente a retroceder. Su líder, el vicepresidente regional, Oriol Junqueras, se mantiene en la ambigüedad.

Ayer se limitó a denunciar que la administración de Rajoy presionó a los bancos para que se mudaran. Y se permitió una reivindicación política que sonó a consuelo triste: “No se van a Madrid. Se van a los Países Catalanes”. Aludía a que Sabadell se muda a Alicante y la Caixa, a Valencia. Dos ciudades que los nacionalistas reclaman como parte integral de una patria grande catalana.

Los anarquistas de la CUP insisten en que la sesión del martes próximo será histórica. “Ése es el momento adecuado para ratificar el referéndum, declarar la independencia e iniciar el proceso constituyente. De esto estamos hablando”, señaló ayer el diputado Carles Riera. En medio del vendaval, Puigdemont mantiene la apariencia de que todo sigue. Anoche publicó los resultados del referéndum. Participaron, según esos datos, 2.286.217 personas, el 43% del padrón. De ellos, el 90,18% respondió que sí a la pregunta “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república?”.

La proclamación de los resultados tiene relevancia en la lógica del separatismo. La ley que amparó el referéndum -suspendida por el Tribunal Constitucional (TC)- dispone que en las 48 horas posteriores a ese trámite el Parlamento se debe reunir y declarar la independencia.

Puigdemont pidió comparecer el martes ante la cámara. Para recalcular la fecha aprovechó un fallo del TC que había suspendido el pleno convocado para pasado mañana en el que se iba a debatir sobre la futura república. En su solicitud indica que pretende “informar sobre la situación política”. Nada más.

Compró tiempo. El gobierno catalán seguirá pidiendo una instancia de “diálogo y mediación”, lo que podría permitirle desactivar el desafío de modo honorable. Mientras, trabaja en esquemas para hacer una declaración de independencia acotada, que limite la reacción del Estado.

Atento a las tensiones, el gobierno de Rajoy hizo gestos hacia los separatistas. Por un lado, mandó a su delegado en Cataluña, Enric Milló, a pedir “disculpas” a los ciudadanos heridos en la represión. Por otro, el ministro vocero, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que si Puigdemont “vuelve a la legalidad” se podrá “hablar y dialogar”. Sutil cambio: la Moncloa decía hasta el día previo que el presidente catalán ya no era un interlocutor válido. Los independentistas piden algún guiño más de Rajoy para enmascarar una rendición. Por ejemplo, que retire los 10.000 policías y guardias civiles que desplazó a Cataluña por la crisis. El Ministerio del Interior se plantó: extendió el plazo de movilización de efectivos hasta el 18 de octubre.

Los obstáculos para los independentistas

Dinero

La huida en masa de empresas de Cataluña, con el gigante grupo financiero La Caixa a la cabeza, deja herido de muerte el sueño de la independencia y complicaría gravemente la salud financiera de la región. Al mudar sus sedes a otras zonas, los bancos y las grandes compañías -ayer se sumó Gas Natural, para instalarse en Madrid- dejarían de tributar en Cataluña, que se expone así a un dramático descenso en sus ingresos por coparticipación

Deserciones

El vértigo empezó a marear a figuras claves del frente separatista. En el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), el grupo liberal de Carles Puigdemont, crece la presión para que se eviten “medidas irreversibles”. El ex presidente catalán Artur Mas, miembro decisivo de la plana mayor nacionalista, pinchó el globo ayer al decir que Cataluña no está lista para la “independencia real”. Sólo los más radicales exigen ir por todo

Justicia

Los tribunales instruyen decenas de causas contra las autoridades catalanas; la primera señal fue la imputación por sedición (10 a 15 años de cárcel) contra el jefe de la policía autonómica. Proclamar la república conllevaría penas de entre 15 y 25 años (por rebelión) contra quienes participen de ese acto. Por la desobediencia cometida hasta ahora pueden sufrir condenas por malversación y otros delitos con sanciones penales y patrimoniales

Diplomacia

A pesar de la solidaridad que obtuvo el catalanismo después de la represión policial en los centros electorales del referéndum, la Unión Europea (UE) dejó en claro que no apoyará una secesión unilateral. Las críticas a Mariano Rajoy en la prensa internacional -un triunfo de los separatistas- no se tradujeron en un apoyo a la causa de la autodeterminación. Ni el Vaticano, ni la ONU, ni la UE tomaron la idea de promover una mediación

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