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La recaudación cae por noveno mes y presiona el equilibrio fiscal del Gobierno

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Un análisis del presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz muestra que la recaudación tributaria nacional volvió a caer en términos reales en abril y extendió a nueve meses consecutivos la tendencia negativa. Según datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos alcanzaron los $17,4 billones, con una suba interanual nominal del 27,2%, pero insuficiente frente a la inflación estimada, lo que derivó en una contracción real.

El dato central no es mensual sino acumulativo: en los primeros cuatro meses de 2026, la recaudación crece 23,8% nominal, pero cae -6,7% en términos reales. La señal es consistente con una economía que pierde dinamismo y plantea un desafío directo para la estrategia fiscal del Gobierno.

Ingresos en retroceso y tensión fiscal

La recaudación es uno de los pilares del esquema fiscal. Su deterioro sostenido refleja, según los datos, dos factores simultáneos: menor actividad económica y decisiones de política tributaria.

El informe oficial señala que los ingresos continúan afectados por el frente externo, en particular por la reducción de alícuotas de derechos de exportación para productos clave como soja, trigo y maíz, junto con una desaceleración de importaciones. En términos concretos, esto implica menos recursos para el Estado en un contexto donde la consistencia fiscal sigue siendo un objetivo central.

Caída generalizada con focos de compensación

El comportamiento de los principales tributos muestra un cuadro heterogéneo, pero con predominio de caídas reales:

  • IVA: recaudó más de $6 billones, con suba nominal del 28,3%, pero caída real cercana al 3%. El dato expone el enfriamiento del consumo interno.
  • Ganancias: alcanzó $3,1 billones, con incremento nominal del 28%, aunque también con caída real (3,2%), limitada por menores retenciones y ajustes en liquidaciones.
  • Derechos de exportación: registraron el mayor impacto negativo, con una caída real significativa, explicada por la baja de alícuotas.

En contrapartida, algunos tributos vinculados a la nominalidad o a decisiones impositivas específicas mostraron mejoras:

  • Impuesto al cheque: subió 35,1% nominal, con leve crecimiento real.
  • Combustibles: avanzó 74,1% nominal, impulsado por actualizaciones del tributo.

El cuadro general indica que los aumentos no alcanzan a compensar la caída de los tributos más relevantes en términos de volumen.

La persistencia de la caída real en la recaudación condiciona el margen de maniobra del Gobierno. La combinación de menor ingreso y compromiso de orden fiscal genera una tensión estructural: sostener el equilibrio con menos recursos.

En términos de poder, el escenario fortalece el peso de las decisiones de política tributaria —como la reducción de retenciones— y traslada presión hacia la administración del gasto. Al mismo tiempo, expone la dependencia del esquema fiscal respecto del nivel de actividad económica.

Consumo, exportaciones y actividad

Los datos permiten una lectura directa sobre la economía real: La caída del IVA sugiere menor consumo. La debilidad en Ganancias refleja menor dinamismo en ingresos y utilidades. El retroceso en derechos de exportación combina efecto precio, volumen y cambios normativos. Y la desaceleración de importaciones evidencia menor nivel de actividad o ajuste en el comercio.

En conjunto, la recaudación funciona como termómetro: los ingresos fiscales retroceden porque la economía pierde tracción.

En provincias del NEA, donde el consumo interno y las economías regionales tienen peso, la caída del IVA y de tributos asociados al comercio puede traducirse en menor circulación económica.

Asimismo, los cambios en derechos de exportación sobre productos agropecuarios —aunque no específicos de la región— forman parte del esquema que redefine incentivos productivos a nivel nacional, con posibles efectos en cadenas vinculadas.

Recaudación, actividad y política fiscal

La continuidad de la tendencia abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema fiscal en los próximos meses. Variables clave a observar serán la evolución de la actividad económica, el impacto pleno de las modificaciones impositivas y la capacidad del Gobierno para compensar la caída de ingresos.

Si la recaudación no logra revertir la tendencia, el desafío no será sólo técnico, sino político: administrar un programa económico con menor margen fiscal en un contexto aún inestable.

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Posadas lanza alivio fiscal y administrativo para comercios en crisis

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El municipio de Posadas activó un paquete de medidas fiscales y administrativas con impacto directo en el comercio local, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y cierres en el microcentro. El anuncio, presentado por el secretario de Hacienda Martín Leiva Varela tras una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio, establece bonificaciones impositivas, ampliación de beneficios tributarios y un esquema de regularización de deudas que comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial.

El dato central: una bonificación del 100% en tasas clave por 12 meses para nuevas habilitaciones entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, junto con una expansión del universo de contribuyentes alcanzados por alivios fiscales. La pregunta de fondo empieza a instalarse: ¿se trata de un giro suficiente para sostener la actividad o apenas de un movimiento defensivo ante una crisis más profunda?

Menos costos, menos burocracia

El diseño del paquete parte de un diagnóstico compartido entre el municipio y el sector privado. “Nos han manifestado en las reuniones previas la difícil situación que vienen atravesando asociado a la caída del volumen de ventas, el incremento de costos y la carga administrativa”, explicó Leiva Varela.

Sobre esa base, el municipio estructuró cuatro ejes. El primero apunta a reducir costos iniciales: “Consiste en otorgar una bonificación del cien por ciento de la tasa de barrido, limpieza y publicidad por el plazo de doce meses para todas aquellas habilitaciones”, detalló el funcionario, con foco en la zona céntrica.

El segundo amplía el acceso a beneficios fiscales. “Se amplía el tope de facturación… pasando de veinte millones a cuatrocientos millones”, indicó, lo que permitirá “incrementar la cantidad de contribuyentes… en al menos dos mil contribuyentes más”.

El tercer componente apunta a la regularización: “Se implementa un régimen de facilidades de pago… con quitas de intereses de no menos del ochenta por ciento y multas del cien por ciento”, explicó.

Y el cuarto eje introduce un cambio operativo relevante: “Se ha procedido a la exclusión automática… de agentes de retención y percepción, lo cual le va a aliviar su carga administrativa”, afirmó.

Para el funcionario, el objetivo es claro: “Aliviar, simplificar procesos y fomentar la actividad económica municipal”.

El trasfondo: caída del consumo y reconversión comercial

Desde la Cámara de Comercio validaron el enfoque, aunque con un diagnóstico más crudo del escenario. “Es un contexto muy complejo, muy competitivo… comercios que se están sosteniendo a duras penas”, señaló su presidente Federico Panozzo.

El dirigente remarcó que las medidas surgen de un trabajo técnico conjunto: “No estar tirando titulares ni pedidos al aire sino trabajar en una mesa de trabajo midiendo el impacto”.

En ese marco, identificó un punto crítico: la carga administrativa. “Para PYMES que puedan dejar de ser agentes es una medida… que termina resultando en costos”, explicó, aludiendo a la necesidad de personal dedicado a tareas impositivas.

El deterioro del microcentro aparece como dato estructural. “Estimamos que hay un treinta por ciento de comercio menos en el microcentro”, advirtió Panozzo. La dinámica no es lineal: hay cierres, pero también reconversiones hacia formatos más chicos. “Se reconvierten en comercios mucho más pequeños”, describió.

Reconfiguración de actores

El paquete posiciona al municipio como actor activo en la contención de la crisis, pero también expone los límites de su intervención. El alivio fiscal amplía el margen de acción de los comercios, pero no resuelve el problema de fondo: la caída de la demanda.

El propio sector lo reconoce. “Las empresas están en crisis real, financiera, con atrasos de compromisos”, sostuvo Panozzo, lo que deja en evidencia que el alivio fiscal puede mejorar márgenes pero no garantiza ventas.

En términos de correlación de fuerzas, la articulación público-privada aparece como un dato relevante. “Lo vemos de manera positiva… porque es un trabajo articulado”, afirmó el dirigente empresario, aunque anticipó que el reclamo escalará a otros niveles: “Queremos seguir trabajando con el gobierno de la provincia… y también con un tema nacional”.

Ese punto introduce una dimensión más amplia: la competitividad regional y la presión impositiva estructural, que exceden al municipio.

Un movimiento táctico en un escenario inestable

El alcance real de las medidas dependerá de su capacidad para alterar comportamientos en el corto plazo. La bonificación para nuevas habilitaciones apunta a reactivar el centro, pero su efectividad estará atada a la expectativa de rentabilidad futura. Nadie invierte solo por pagar menos tasas.

En paralelo, el plan de regularización puede aliviar tensiones financieras inmediatas, aunque no necesariamente modifica la tendencia de fondo si el consumo no repunta.

“Entendemos que esta no es una cuestión que termina acá… es una puerta que se abre”, planteó Leiva Varela, al anticipar un trabajo continuo con el sector privado.

Del lado empresarial, la expectativa es más cauta. Las medidas son valoradas, pero se inscriben en una estrategia defensiva frente a un contexto que sigue tensionando.

El dato que queda flotando es si el alivio fiscal alcanzará para revertir la inercia o si el comercio seguirá reconfigurándose, con menos actores y estructuras más pequeñas. La respuesta no está en una ordenanza ni en un anuncio: se juega en el ritmo del consumo y en la capacidad de adaptación de un sector que ya empezó a cambiar.

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Retenciones: un informe proyecta más producción, dólares y recaudación si el Gobierno elimina los DEX

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La discusión sobre los derechos de exportación volvió a meterse en el centro de la agenda económica con un dato que incomoda el esquema fiscal vigente: un ejercicio de simulación proyecta que la eliminación total de retenciones al agro, en un plazo de dos años hasta 2028, no solo expandiría la producción y las exportaciones, sino que también podría mejorar la recaudación del Estado en el mediano plazo. El estudio, presentado en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario, plantea un interrogante político de fondo: ¿puede el Gobierno resignar ingresos de corto plazo para reconfigurar su base fiscal a futuro?

Según proyecciones al ciclo 2035/36 basadas en el modelo AGMEMOD Argentina, la eliminación gradual de las retenciones —con un cronograma de dos años hasta su desaparición total en 2028— no solo expandiría la producción y las exportaciones, sino que además podría revertir el impacto fiscal negativo en el corto plazo. El dato clave introduce tensión en la discusión: el Estado nacional comenzaría a recaudar más que en el escenario actual a partir de 2029/30.

El marco económico: entre presión fiscal y competitividad

El análisis compara dos escenarios. Por un lado, un esquema base que mantiene constantes los derechos de exportación (DEX). Por otro, una simulación con reducción progresiva hasta su eliminación. La diferencia no es menor: en el escenario sin retenciones, el área sembrada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas en 2036, frente a 41,1 millones del esquema vigente. La producción total escalaría a 182,6 millones de toneladas, lo que implica un salto de 16,7 millones respecto al escenario base.

La clave está en los incentivos. Sin retenciones, mejora la rentabilidad del productor, se acelera la inversión y se amplía la frontera productiva. En términos concretos, el modelo traduce una decisión tributaria en más superficie cultivada, más tecnología aplicada y mayor volumen exportable. La soja lidera esa expansión, seguida por el maíz.

Exportaciones: más volumen, más divisas

El impacto externo es directo. En 2036, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales respecto al escenario con retenciones. En valor, la diferencia asciende a US$ 6.400 millones anuales: US$ 50.500 millones sin DEX frente a US$ 44.100 millones con el esquema vigente.

El complejo soja explica la mayor parte de ese salto, con más de US$ 5.200 millones adicionales. La lógica es lineal: menos carga tributaria en origen mejora precios relativos, incentiva producción y amplía saldos exportables.

Pero el dato relevante no es solo el volumen. Es la capacidad de generar divisas en un país donde la restricción externa condiciona toda la política económica.

Recaudación: el punto de quiebre fiscal

El núcleo del debate está en el impacto fiscal. El modelo plantea una secuencia que desafía el argumento tradicional: la pérdida inicial de recaudación por retenciones se compensa con otros impuestos.

Hay dos mecanismos. Uno directo: mayor rentabilidad amplía la base del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. Otro indirecto: la expansión productiva derrama sobre la economía y genera más actividad gravada.

El resultado es escalonado. A nivel nacional, el punto de equilibrio llega en el cuarto año tras la eliminación. Para 2036, el Estado recaudaría US$ 296 millones más que en el escenario con retenciones.

En las provincias, el efecto es más inmediato. Como los DEX no son coparticipables, no pierden ingresos directos y sí capturan el crecimiento vía Ingresos Brutos y Sellos. En 2036, sumarían US$ 989 millones adicionales.

Cuando se consolida Nación + provincias, el quiebre fiscal aparece antes: en 2028. Solo 2027 muestra una pérdida neta de US$ 153 millones. A partir de allí, la recaudación supera al escenario base, con una diferencia de US$ 1.286 millones anuales hacia 2036.

El agro presiona, el Gobierno administra tiempos

El informe se conoció en paralelo a señales políticas del sector. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se insistió en que la baja de retenciones debe formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia y coordinada entre sector público y privado.

La posición introduce una variable clave: el ritmo de la reforma dependerá de la “caja” fiscal. El Gobierno, según se planteó en ese ámbito, avanzaría en reducciones en la medida en que sostenga el superávit. Es una lógica incremental, no disruptiva.

En ese esquema, el agro se posiciona como actor de presión con respaldo técnico. El argumento es claro: menos impuestos hoy pueden traducirse en más recaudación mañana. La tensión está en el timing.

Una transición con costos acotados y beneficios diferidos

El estudio plantea un punto de quiebre fiscal temprano: en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma, la recaudación consolidada ya superaría al escenario base. Para 2036, el diferencial positivo alcanzaría US$ 1.286 millones anuales.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, se mostró confiado este viernes en que el Gobierno baje las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas “en la medida que vaya teniendo caja”, es decir, que mantenga el superávit fiscal que consiguió a costa de un fuerte ajuste en salud, educación, obras públicas y pago de haberes jubilatorios. “El planteo que hizo históricamente la Bolsa siempre apunta a las bajas de retenciones”, dijo el titular de la institución.

En el tradicional Remate del primer lote de soja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario llamó a sostener una agenda estratégica de desarrollo articulada entre el sector público y el privado, y destacó los avances concretos en infraestructura logística, la reducción de derechos de exportación y el rol social de la producción.

Luego del acto oficial, Bortolato dijo a la prensa que la eliminación de los derechos de exportación a los productos agrícola sobre los que aún pesa el gravamen sería la solución al desarrollo nacional. Para eso, la Bolsa presentó un estudio que “muestra claramente que una baja de retenciones en cuatro años como mucho, menos también si tenemos en cuenta el desarrollo que empieza en las provincias, la cadena se daría vuelta y empezaría a crecer todo”, e incluso el Estado recuperaría su capacidad recaudatoria para suplir esa caída de ingresos por derechos de exportación.

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Bajar el IVA a la harina de mandioca costaría apenas el 0,00056% del PBI, según estimaciones oficiales

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La iniciativa que busca reducir el Impuesto al Valor Agregado sobre el almidón de mandioca representaría una erogación mínima para las cuentas públicas nacionales: equivaldría al 0,00056% del Producto Bruto Interno, según los cálculos que acompañan el proyecto de ley que ya circula en la Cámara de Diputados.

En números concretos, la rebaja implicaría resignar alrededor de 3.893 millones de pesos por año, una cifra que al tipo de cambio mayorista del Banco Nación —cotizado en $1.368— se traduce en poco menos de 2,85 millones de dólares anuales. La proyección toma como referencia un PBI nominal estimado en 688,3 billones de pesos para 2026.

Para dimensionar la magnitud, basta con una comparación: la reducción de retenciones al campo dispuesta a fines del año pasado tuvo un costo fiscal calculado en 511 millones de dólares por año, unas 373 veces superior al que demandaría este beneficio para un cultivo concentrado mayoritariamente en suelo misionero.

Un pedido que ya lleva más de diez años

El reclamo tiene historia. Desde el clúster mandioquero de Misiones vienen golpeando puertas en la Casa Rosada desde hace más de una década, sin distinción de signos políticos. Elevaron el pedido durante la gestión de Cristina Fernández —con gestiones directas ante el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno—, volvieron a intentarlo bajo la administración de Mauricio Macri y repitieron la solicitud durante el mandato de Alberto Fernández. Ninguna de esas instancias prosperó.

El escenario cambió recientemente con la combinación de dos factores: la gestión del gobernador Hugo Passalacqua ante el Ministerio de Economía nacional y la presentación formal del proyecto de ley por parte del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. La modificación requiere tratamiento legislativo porque implica incorporar al almidón de mandioca dentro del inciso a), punto 10, de la ley del IVA, para que pase a tributar el 10,5% en lugar del 21% actual.

Un alivio para los celíacos de todo el país

Aunque la producción se concentra en la tierra colorada, el consumo de harina de mandioca se extiende por toda la Argentina. El derivado se utiliza no solo para elaborar chipá o como insumo en la industria farmacéutica, sino también como uno de los reemplazos más habituales del trigo en la alimentación de personas con enfermedad celíaca.

Allí radica uno de los argumentos centrales de quienes impulsan la medida: los productos libres de gluten tienen hoy un precio de góndola que golpea fuerte el bolsillo de las familias que, por razones de salud, no pueden optar por harinas tradicionales. Una alícuota reducida permitiría descomprimir esa carga en hogares de todo el país.

Blanqueo e impulso para la economía regional

Desde el sector productivo suman otro argumento. Sostienen que una alícuota diferenciada facilitaría el blanqueo de una actividad que hoy opera con una marcada brecha entre la comercialización formal y las operaciones por fuera del circuito declarado, algo que distorsiona la competencia dentro del mercado interno.

En la provincia, la producción primaria de mandioca ya está exenta del pago de Ingresos Brutos para los productores inscriptos en el registro correspondiente, de modo que el paso provincial para aliviar la actividad fue dado tiempo atrás. Lo que falta es el acompañamiento desde el orden nacional.

Con un impacto fiscal que los propios números describen como marginal, un beneficio directo para una economía regional históricamente postergada y un alivio concreto para miles de consumidores celíacos, la pelota quedó del lado del Gobierno nacional y de sus representantes en el Congreso, que deberán definir si traducen el proyecto en ley.

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Los argentinos comen 5 kilos menos de carne al año y más del 25% de los precios siguen siendo impuestos

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El precio de los alimentos es una de las mayores preocupaciones del día a día y puede hacer que el plato de las familias cambie. Así lo revela el informe Composición de precios que dio a conocer FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina). Desde el último año, comemos cinco kilos menos de carne de vaca: pasamos de consumir 49 kilos y medio a 44 kilos y medio por año por persona. Por otro lado, consumimos un kilo y medio más de carne de cerdo, ahora comemos 19 kilos y 300 gramos. “La suba de los precios cambia los hábitos de consumo: en el último año se registró una inflación del 33%. La carne de vaca aumentó 64% y la de cerdo 25%. Esta diferencia, entre otros motivos, causó que muchas familias opten por el cerdo como una alternativa más amigable con sus bolsillos”, explica Antonella Semadeni, economista FADA. También consumimos 7% más de lácteos, puede deberse a que el aumento en el último año fue del 13%, por debajo de la inflación. 

La guerra en Medio 0riente empieza a impactar en las góndolas. Actualmente, los costos son: el 51% del precio de la carne, el 61% del pan y el 71% de la leche y podrían pesar más por el aumento del combustible y la urea que se utiliza para los cultivos. “Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, detalla Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, afirma la economista.

Pan, leche y carne: ¿Por qué suben?

Desde el campo hasta la mesa, cada etapa incorpora costos de producir, tiene ganancias y paga impuestos que se van acumulando a lo largo del proceso y dan como resultado el precio que pagamos en la góndola, no es algo azaroso o arbitrario

En cualquiera de los 3 productos, $1 de cada $4 que pagamos, son impuestos”, revela María Luz Silvetti, economista FADA. “En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, agrega. ¿Cuáles son esos impuestos? Los que se destacan son: el IVA a nivel nacional, ingresos brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal”, detalla Silvetti. Del total de los impuestos que se pagan en estos productos, más del 70% corresponden a nivel nacional.

Cambios en los costos o en los impuestos pueden hacer que los precios suban y las ganancias disminuyan, con mayor o menor impacto. “Por ejemplo, una variación en el precio de los granos impacta en los siguientes eslabones. Sin embargo, dentro del precio final, el maíz representa sólo el 12% del precio final de la carne de cerdo, 13% en carne aviar, 6% en carne de vaca y 4% en leche. El trigo es sólo el 10% del precio final del pan francés”, expresa Semadeni. “De esta forma se deduce que los granos no influyen tan fuertemente ya que alrededor del 90% de los costos son otros”, agrega la economista.

El precio empieza mucho antes de la góndola

Al analizar por alimento, vemos que del precio de la carne, un 51% son los costos, 28% los impuestos y 21% la ganancia. “Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explica Fiorella Savarino, economista FADA. Al examinarlo en orden, se ve que en el precio de la carne de vaca el 35% es la cría, 16% el feedlot, 1% frigorífico, 20% carnicería y 28% impuestos.

En el caso del pan el 61% son costos de producir, el 24% impuestos y el 15% la ganancia. “Este precio se construye a lo largo de toda la cadena. Si lo vemos por eslabones, cronológicamente, la producción del trigo en el campo es el 7% del precio del pan, el molino el 4% y la panadería el 65%, el otro 24% son los impuestos.

En la leche 71% son costos, 26% son impuestos y sólo un 3% son ganancias. Del valor que pagamos al comprar un sachet, el tambo es el 27%, 24% la industria, 23% el comercio y 26% los impuestos.

“COMPOSICIÓN DE PRECIOS” EN NÚMEROS

CARNE

  • Comemos 5 kilos menos de carne de vaca y un kilo y medio más de cerdo.
  • Consumíamos 49 kilos y medio de carne de vaca, ahora 44 kilos y medio.
  • Nos comemos un cuarto kilo de impuestos por cada kilo de carne.
  • 28% son impuestos, el 51% son costos y 21% ganancia.
  • El maíz representa sólo 6% del precio final de la carne.
  • Precio carne por eslabones: la cría representa el 35%, el feedlot 16%, frigorífico 1%, carnicería el 20% y los impuestos el 28%.

LECHE

  • Consumimos 7% más de lácteos, en el último año.
  • Nos tomamos un vaso de impuestos por cada sachet de leche.
  • 71% son costos de producción, 26% impuestos y 3% ganancia.
  • El maíz representa el 4% del precio del sachet al consumidor.
  • Precio leche por eslabones: el tambo representa el 27%, la industria el 24%, el comercio 23% e impuestos el 26%.

PAN

  • Precio del pan: el 61% son costos, el 24% impuestos y el 16% la ganancia. 
  • El trigo representa sólo el 10% del precio.
  • Cada 4 bollitos de pan, nos comemos 1 de impuestos. 
  • Precio pan en eslabones: el trigo representa el 7%, el molino el 4%, la panadería el 65% y los impuestos el 23%.
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