En el marco de las medidas implementadas por el Gobierno nacional tendientes a facilitar el ingreso de los tributos y optimizar la cancelación de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanza un nuevo plan especial de facilidades de pago que estará destinado a regularizar obligaciones fiscales y de seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, inclusive.
Podrán adherirse las personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2), entidades sin fines de lucro, empresas del sector salud, y el resto de contribuyentes.
Tipo de obligaciones incluidas
Se podrán regularizar deudas impositivas y de la seguridad social, de monotributo, retenciones y percepciones impositivas y obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses, conforme a lo previsto en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones-.
Es importante señalar que la regularización no implica la reducción de intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones.
¿Cuáles son las condiciones de los nuevos planes de pago?
No habrá limitaciones en la cantidad de planes a presentar.
La fecha de consolidación será la fecha de adhesión.
En cuanto a los pagos a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y tasa de financiación fija a otorgar será de la siguiente manera:
Tipo de contribuyentes
% de pago a cuenta
Cuotas
Tasa de financiación
Personas humanas y sucesiones indivisas , Micro, Pequeñas Empresas- , Entidades sin fines de lucro y sector salud
10%
60
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa de interés resarcitorio -según normativa del MECON- vigente al momento de la implementación del régimen.
Medianas Empresas-Tramo 1 y 2, excepto personas humanas y sucesiones indivisas
15%
48
Resto de los contribuyentes
20%
36
Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con un monto mínimo de $2.000 por cuota, mientras que la caducidad del plan se determinará a los 60 días corridos de constatada la falta de pago de 2 cuotas seguidas o alternativas.
Esta iniciativa refuerza el compromiso de ARCA para facilitar el cumplimiento tributario y promover la regularización voluntaria, contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas públicas y al desarrollo económico sostenible.
La ARCA actualiza el régimen de percepción de IVA para simplificar operaciones con consumidores finales
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la normativa del régimen de percepción del IVA para operaciones con sujetos no categorizados, elevando a $10 millones el umbral para considerar automáticamente como consumidor final al adquirente. La medida apunta a reducir cargas administrativas y fomentar una gestión tributaria más eficiente.
Simplificación fiscal para comercios minoristas y mayoristas
A través de la Resolución General 5710/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la ARCA dispuso una modificación clave al régimen de percepción del IVA establecido en la Resolución General 2126. El cambio eleva el monto máximo de operación para considerar a una persona como consumidor final a $10 millones, en determinados rubros comerciales.
La actualización se aplicará exclusivamente a los vendedores, locadores o prestadores de servicios que desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas, conforme el “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE):
463180: Venta mayorista en supermercados de alimentos.
471110: Venta minorista en hipermercados.
471120: Venta minorista en supermercados.
471130: Venta minorista en minimercados.
Nueva regla para la identificación de consumidores finales
Hasta ahora, los contribuyentes debían declarar expresamente su condición de consumidor final en cada operación, lo que generaba complejidades administrativas en facturación. Con la nueva redacción del inciso b) del artículo 2° de la Resolución General 2126, se presume dicha condición cuando la operación no supere los $10 millones, siempre que el vendedor no tenga indicios razonables para presumir lo contrario.
Este criterio aplicará únicamente a las actividades económicas detalladas y será válido a partir del primer día del mes siguiente a su publicación (julio de 2025).
La medida se enmarca en las facultades conferidas a la ARCA por la Ley 11.683 (procedimiento tributario), la Ley de IVA (TO 1997) y sus reglamentaciones, así como por los decretos que regulan la administración financiera y tributaria. Además, responde al mandato del Decreto 353/2025, que instruye a la Agencia a simplificar sus normativas en materia de fiscalización e información.
Este ajuste forma parte de una serie de reformas introducidas tras la disolución de la AFIP y la creación de la ARCA como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía, establecida mediante el Decreto 953/2024.
La simplificación dispuesta apunta a desburocratizar las operaciones comerciales, especialmente para grandes superficies y cadenas de comercialización de alimentos. Al elevar el umbral de identificación como consumidor final, se agiliza la emisión de comprobantes y se reduce la exposición a contingencias fiscales por errores de categorización.
Desde la ARCA aseguran que seguirán avanzando en medidas similares para reducir la carga operativa sobre los contribuyentes, sin desatender el control fiscal.
La consultora Ecolatina realizó un análisis de los anuncios del nuevo régimen para remonetizar la economía anunciado ayer por el gobierno nacional.
Mientras el dólar oficial y los dólares futuros se mantuvieron con relativa estabilidad, la novedad de la semana se concentró en el lanzamiento del Plan de reparación histórica de los ahorros argentinos, un conjunto de medidas destinadas a eliminar y simplificar los regímenes de información fiscal, aumentar las escalas y el lanzamiento de un régimen simplificado de Ganancias.
Las medidas apuntan a incentivar la bancarización de ahorros/transacciones que se encuentran en la informalidad, reduciendo los costos y la burocracia de las operaciones alcanzadas. De esta forma, dicha estrategia tiene un objetivo dual: a) Motorizar aún más la actividad económica en ciertos sectores (automotriz, inmobiliario, etc.) vía la utilización de dichos stocks; y b) Incrementar la oferta de USD en la economía, buscando así tender un nuevo puente con el ahorro argentino acumulado fuera del sistema. Respecto a esto último, la estimación de los dólares “debajo del colchón” alcanza los USD 246.000 M (40% del PIB del 2024). Más allá de la certeza de una cifra difícil de estimar, las medidas recientes no parecen tener la fuerza suficiente para incentivar un mayor uso de estos dólares, a lo que se suma el reciente blanqueo.
Las acciones se pueden interpretar como un primer paso hacia un conjunto de reglas que tengan como objetivo de mediano plazo la mayor participación en la economía real del ahorro argentino acumulado en las últimas décadas. Para que esto suceda, será fundamental contar con una macroeconomía estable que aleje los fantasmas de los controles cambiarios, junto con evidencia concreta de que el cambio de reglas será sostenible en el tiempo y llegó para quedarse.
La semana finalizó con relativa calma en el plano cambiario. Con un volumen operado estable, el dólar oficial se mantuvo levemente por encima de la semana previa al promediar cerca de los $1.140, al tiempo que las cotizaciones de los dólares futuros no registraron sobresaltos y rindiendo por debajo de los distintos instrumentos en pesos (fundamental para el carry).
La principal novedad tuvo lugar el jueves por la mañana, cuando se dio una conferencia de prensa conjunta entre los encargados de la cartera de Economía, BCRA y ARCA (ex AFIP) en la cual dieron a conocer los detalles de las múltiples medidas denominadas como “Plan de reparación histórica de los ahorros argentinos”. Dentro de las medidas señaladas, podemos resumir:
1. Eliminación y simplificación de los regímenes de información. Se eliminarán y simplificarán los regímenes de información aplicados a diferentes consumos, dentro de los que se encuentra tarjetas de créditos, compra-venta de autos usados, reporte de operaciones inmobiliarias (CITI y COTI), expensas y servicios públicos (gas, luz, agua).
2. Aumento de escalas. Se actualizarán los umbrales mediante los cuales se determinaban las exigencias para informar operaciones. Dentro de las más relevantes, se encuentran: Transferencias y acreditaciones bancarias ($1 M a $50 M); Extracciones de efectivo (de todas las operaciones a partir de $10 M); Plazos Fijos ($1 M a $100 M para personas físicas y $30 M para jurídicas); Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales ($2 M a $50 M personas físicas y $30 M jurídicas); Tenencia AlyCs (todas a $100 M personas y $30 M jurídicas); y Compras consumidor final ($250 mil a $10 M personas; $400 mil a $10 M jurídicas).
3. Nuevo régimen de Ganancias. Se lanzará un nuevo régimen simplificado de Ganancias a partir del primero de junio (impactando por tanto durante mayo del próximo año), en donde la declaración pasará a informarse mediante la facturación y los gastos deducibles, dejando de ser necesario lo correspondiente a consumos personales e información patrimonial.
En otro orden, también se cuentan la prohibición de solicitud de DDJJ de impuestos nacionales por parte de los bancos, y un conjunto de medidas (aún resta conocer detalles) destinadas a simplificar y mejorar la calidad de los servicios del sistema financiero bajo el paraguas del “Sistema de Finanzas Abiertas” (SFA). La reglamentación inicial de las medidas se dará mediante Decretos presidenciales y modificaciones de las autoridades competentes que comenzaron durante la jornada de hoy, y luego se espera aprobar una serie de leyes para darle mayor previsibilidad a futuro.
Más allá de las motivaciones de índole política-ideológica en un año electoral, las medidas apuntan a incentivar la bancarización de ahorros/transacciones que se encuentran en la informalidad, reduciendo los costos y la burocracia de las operaciones alcanzadas. De esta forma, dicha estrategia tiene un objetivo dual: a) Motorizar aún más la actividad económica en ciertos sectores (automotriz, inmobiliario, etc.) vía la utilización de dichos stocks; y b) Incrementar la oferta de USD en la economía, buscando así tender un nuevo puente con el ahorro argentino acumulado fuera del sistema.
¿Dónde están los dólares que busca el Gobierno? Primero hagamos un repaso de las estadísticas de las cuales se estima la cantidad de USD que los argentinos tienen fuera del sistema financiero o, dicho de otro modo, “debajo del colchón”. El INDEC calcula los Activos y Pasivos de Argentina con el resto del mundo en base a los flujos de la Balanza de Pagos, construyendo así la Posición de Inversión Internacional Neta. Dentro de esa construcción, aparecen 4 actores: el Gobierno general (deudor neto), el BCRA, los Bancos y el Sector Privado no Financiero (acreedor neto). A su vez, cuando el INDEC computa un flujo de dinero, puede inferir su destino y/o origen mediante estadísticas cruzadas en algunos casos (por ejemplo, si ese dinero se utiliza para comprar un bono, se registra como inversión de cartera).
Focalicémonos en el Sector Privado No financiero, si bien dicho sector tiene pasivos por casi USD 228.000 M, su activo es altamente superior al rondar los USD 400.000 M. De esta manera, dicho sector es acreedor neto con el resto del mundo por más de USD 172.000 M, contrastando con un Gobierno general que posee un saldo deudor cercano a los USD 116.000 M.
Entonces, ¿cómo está compuestos el activo del Sector Privado No Financiero? USD 51.500 M corresponden a Inversión directa, USD 102.400 M se explican por Inversión de Cartera (títulos de deuda o acciones minoritarias) y USD 246.000 M se registran como Otra inversión (con el blanqueo se redujeron USD 11.300 M el último año). Este último rubro es al cual se hace referencia cuando se habla de los dólares “debajo del colchón”. Para dimensionar esta cifra, la misma duplica por nueve las Reservas Brutas del BCRA, por casi 20 el circulante de billetes en moneda nacional, y representa cerca del 40% del PIB del 2024.
No obstante, un punto no menor es que su cálculo surge como un remanente de las operaciones en las cuales no puede distinguirse un destino con claridad. En tal sentido, si bien una parte se puede inferir como depósitos en el exterior, la mayoría de dichos stocks no tiene una clara identificación y no necesariamente están en el exterior, simplemente están fuera del sistema. En otras palabras, además de ser USD debajo del colchón, pueden ser USD en cajas de seguridad o incluso ese mismo dinero puede haberse destinado a adquirir otro tipo de activo no tan líquidos, como propiedades inmobiliarias. Por ende, cuando hablamos sobre aquel stock, debemos tener en claro que sólo una porción de ellos se encuentra en activos líquidos que podrían volcarse al sistema financiero argentino eventualmente.
Como una proxy al potencial de estos recursos en divisas tenemos al blanqueo reciente. Si bien en las estadísticas de INDEC la reducción del stock durante 2024 fue de USD 11.300 M, los depósitos en moneda dura del sector privado aumentaron casi USD 13.000 M desde el inicio del blanqueo hasta fines del año pasado. De tal forma, el flujo de divisas favoreció a los mercados financieros (mediante inversiones en el mercado de capitales, compra de títulos públicos, etc.) y permitió dinamizar los préstamos en dólares que otorgan los bancos a empresas exportadoras, aumentando así la oferta de divisas en el MULC para que el BCRA acumule divisas.
No obstante, en un principio las medidas recientes no parecen tener la fuerza suficiente para incentivar un mayor uso de estos dólares. De hecho, parecen estar más orientadas a que se vuelque dinero informal al sistema (sin diferenciar pesos de dólares) y fomentar la actividad. Asimismo, con el mencionado blanqueo realizado hace poco tiempo, no queda clara la predisposición y la liquidez que tengan los agentes para poder seguir ingresando dólares al sistema.
Desde nuestra perspectiva, si bien puede haber un remanente de fondos que puede optar por volver al sistema argentino en caso de que el Gobierno avance con mayores medidas en búsqueda de ello, el grueso del ahorro argentino no volverá inmediatamente. De todas formas, las acciones se pueden interpretar como un primer paso hacia un conjunto de reglas (en donde entrarían en juego las leyes que envíen al Congreso) que tengan como objetivo de mediano plazo la mayor participación en la economía real del ahorro argentino acumulado en las últimas décadas. Para que esto suceda, será fundamental contar con una macroeconomía estable que aleje los fantasmas de los controles cambiarios, junto con evidencia concreta de que el cambio de reglas será sostenible en el tiempo y llegó para quedarse.
Relativa estabilidad del dólar oficial
Con un volumen en el mercado oficial creciente durante la semana, reflejando la dinámica de liquidación del sector agropecuario, la cotización del dólar oficial finalizó con una tendencia bajista ($1.137; -0,8%). Por otro lado, el BCRA siguió sin intervenir en el mercado oficial, y las Reservas Netas descontando los depósitos del Tesoro, BOPREAL y DEG estarían rondando un rojo por USD 13.100 M (+USD 4.700 M sin descontar aquellos ítems).
La brecha cambiaria se mantiene estable
En sintonía, los dólares paralelos finalizaron a la baja. En números, el dólar minorista se redujo 0,9% ($1.157) respecto al viernes anterior, el dólar MEP bajó 0,7% ($1.141), el dólar CCL medido en CEDEARs cayó 1,2% ($1.165) y, por el contrario, el dólar blue subió 0,4% ($1.170). De esta forma, la brecha cambiaria promedio finalizó en la zona del 2%.
Los futuros de dólar ceden
Los contratos a futuro del dólar terminaron con levesbajas en la semana. En detalle, los contratos de mayo a julio (los más relevante en cuanto a volumen) bajaron 0,8%, y aquellos con vencimiento de agosto en adelante se mantuvieron relativamente estables. Respecto a las devaluaciones implícitas, el mercado cerró con una devaluación próxima al 2,4% para el mayo-julio, y promedia un 8,6% para el trimestre siguiente.
ARCA prohíbe que bancos y entidades financieras exijan declaraciones juradas impositivas a sus clientes
Mediante la Resolución General 5696/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero restableció la vigencia plena del secreto fiscal y considerará irregular la solicitud de DDJJ de impuestos nacionales por parte de los sujetos obligados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó este jueves, a través de la Resolución General 5696/2025, una decisión clave para reforzar la protección del secreto fiscal: prohíbe a bancos, aseguradoras, fintech y otras entidades obligadas por la Ley 25.246 exigir declaraciones juradas impositivas a sus clientes como condición para operar.
El nuevo marco normativo, que abroga la Resolución General N.º 5125, busca garantizar la confidencialidad de la información tributaria de las personas físicas y jurídicas, en línea con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 11.683. La medida se alinea con el Decreto 353/2025 recientemente publicado por el Poder Ejecutivo, en el que se estableció un esquema general de simplificación tributaria y financiera, junto a la creación del Sistema de Finanzas Abiertas.
Secreto fiscal: un derecho personal, no una exigencia contractual
El artículo 101 de la Ley 11.683 establece que las declaraciones juradas impositivas presentadas por los contribuyentes ante la autoridad tributaria son confidenciales, y su divulgación no autorizada puede constituir delito penal, conforme los artículos 156 y 157 del Código Penal.
En este contexto, ARCA advierte que el pedido de declaraciones juradas por parte de sujetos obligados —como bancos, entidades financieras, sociedades de bolsa, entre otros— constituye una práctica abusiva, ya que desvirtúa la naturaleza voluntaria del derecho al secreto fiscal y genera una asimetría en la relación jurídica entre prestadores de servicios y usuarios.
“La posibilidad de renunciar al secreto fiscal, en tanto derecho conferido al contribuyente, se reduce a una formalidad sin contenido efectivo cuando el acceso al servicio queda supeditado a la entrega de DDJJ”, señala la resolución.
Con la entrada en vigencia de la nueva resolución, ningún sujeto obligado por el artículo 20 de la Ley 25.246 podrá exigir la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales. En caso de incumplimiento, las entidades podrán ser sancionadas por las autoridades competentes, e incluso se abrirá la vía para denuncias por parte de los consumidores a través de los mecanismos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240.
Al mismo tiempo, ARCA aclara que los sujetos obligados seguirán cumpliendo con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). La normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) no exige expresamente declaraciones juradas para estimar el perfil de riesgo del cliente, sino que adopta un enfoque basado en riesgo, acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sistema de Finanzas Abiertas: una alternativa segura y voluntaria
En sintonía con el nuevo régimen, el Decreto 353/2025 establece la creación del Sistema de Finanzas Abiertas, bajo la autoridad del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este esquema permitirá que personas físicas y jurídicas compartan de forma voluntaria y segura su información financiera con las entidades registradas, siempre y cuando otorguen su consentimiento expreso.
La intención oficial es avanzar hacia una digitalización inteligente del perfil económico de los ciudadanos, sin vulnerar derechos constitucionales ni exigir documentación desproporcionada. “La implementación del sistema torna innecesario el requerimiento de DDJJ como mecanismo de validación”, afirma el texto de ARCA.
La decisión de ARCA marca un cambio de paradigma en las relaciones entre el Estado, los contribuyentes y el sistema financiero, ya que pone un freno a prácticas contractuales extendidas que, bajo el pretexto de control de riesgos, afectaban derechos fundamentales como la privacidad y el secreto fiscal.
Con esta resolución, el Gobierno refuerza su discurso de desburocratización y simplificación administrativa, al tiempo que se alinea con estándares internacionales de protección de datos y derechos del consumidor.
El paquete anunciado por el equipo económico incluye reformas regulatorias, beneficios fiscales, simplificación administrativa y un nuevo régimen digital para los tributos, con foco en el alivio para contribuyentes y la protección de la privacidad
El Gobierno anunció la puesta en marcha del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, con el objetivo de simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga burocrática y garantizar el derecho a la libre disposición del ahorro privado. El plan contempla dos etapas: una mediante un Decreto y otra a través de un proyecto de ley, según anunciaron este mediodía el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo.
La primera fase consiste en acciones inmediatas ejecutadas desde el Poder Ejecutivo en el marco de la legislación vigente. Estas serán instrumentadas por el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La segunda fase requerirá el tratamiento y aprobación de una ley que proteja a los ahorristas frente a futuros gobiernos.
El plan se presentó como un cambio de paradigma, en el que el Estado deja de presumir culpabilidad sobre los ciudadanos por el uso de su dinero. En palabras oficiales, “lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras”.
A continuación, el detalle de todas las medidas anunciadas:
Derogación de regímenes informativos
Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales: hasta hoy, las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.
CITI Escribanos: un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA.
Compra-venta de vehículos usados: los concesionarios dejarán de reportar operaciones a ARCA.
Pagos de expensas: las administradoras de consorcios no deberán informar más montos desde $32.000, como era hasta ahora.
Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI): ya no se reportarán propiedades en venta.
Consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía: los proveedores no deben reportar más esos datos.
Además, se prohibió a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales. Las personas podrán negarse a entregar esos datos y recurrir a Defensa del Consumidor en caso de conflicto.
En otro sentido, se actualizarán los montos de los umbrales para el reporte de operaciones financieras de la siguiente manera:
Transferencias y acreditaciones bancarias: antes el monto mínimo era de $1 millón y ahora pasará a ser de $50 millones.
Extracciones en efectivo: se informaban desde cualquier monto. Ahora será a partir de $10 millones para personas jurídicas.
Saldos al último día del mes: hasta ahora, se informaban saldos de entre $700.000 y $1 millón, dependiendo del tipo de cuenta. Ahora será desde $50 millones para cualquier tipo de cuenta y desde $30 millones para personas jurídicas.
Plazos fijos: hasta ahora, se informaban desde los $1 millón. Ahora será desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.
Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: hasta ahora era desde $2 millones y ahora pasará a ser desde $50 millones, y desde $30 millones para personas jurídicas.
Tenencias en Alycs: Se informaban todos los montos. A partir de ahora, se informarán desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.
Información comercial:
Compras de consumidor final: antes se informaban desde las compras desde $250.000 en efectivo y $400.000 en otro medio de pago. Ahora será desde $10 millones para todos los medios de pago.
Nuevo régimen simplificado de Ganancias
Se reemplazó el régimen tradicional por uno basado en facturación y gastos deducibles.
Se eliminó la obligación de informar consumos personales y variaciones patrimoniales.
Los contribuyentes recibirán una propuesta automática del impuesto a pagar, que podrán aceptar o modificar.
Adhesión voluntaria desde el 1 de junio.
La nueva declaración se aplicará al ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026.
ARCA dejará de exigir que los pequeños contribuyentes completen formularios complejos como los grandes contribuyentes.
El nuevo sistema automatiza la carga de datos y permite la revisión individual por parte del ciudadano.
Implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA)
Permitirá a los usuarios tener una vista unificada de sus finanzas en una sola plataforma.
Mayor control y transparencia: los usuarios elegirán con quién comparten sus datos.
Mejora en el acceso al crédito mediante mejores perfiles de riesgo y análisis de datos integrados.
Fomenta la creación de productos personalizados, como préstamos ajustados al perfil del usuario.
Reduce costos y carga operativa para bancos y fintechs.
Promueve la digitalización y la competencia en el sistema financiero.
Facilita la inclusión financiera y el acceso al crédito, contribuyendo al crecimiento económico.
Estas medidas buscan reducir la informalidad reactiva provocada por regulaciones excesivas, y concentrar la fiscalización en la informalidad estructural y sofisticada. Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo no es aumentar la presión fiscal, sino reducir la carga administrativa, brindar previsibilidad y respetar la privacidad de los ciudadanos.
