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La recaudación subió 86,5% en febrero a pesar de la baja de algunos impuestos

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Después de ocho meses, la recaudación tributaria subió en febrero por encima de la inflación. Ya rigió plenamente el descenso de las retenciones.

La recaudación llegó a $13,52 billones en febrero, lo que implicó un aumento del 86,5% interanual, por encima de la inflación.

Fue impulsada por lo recolectado por los impuestos de Ganancias y de los aportes a la seguridad social, así como los derechos de importación.

Durante este mes impactó la disminución de los aranceles a los Derechos de Exportación para aquellos exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025. 

Las principales modificaciones fueron en:
• porotos de soja de 33% a 26%
• aceite y pellets de soja de 31% a 24,5%
• trigo y maíz de 12% a 9,5%
• 0% para economías regionales

Por otra parte, se eliminó el Impuesto Solidario PAIS, mientras que en el año pasado el mismo había recaudado $ 575.917 millones.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $4,75 billones y tuvo una variación interanual de 77,9%. El IVA Impositivo aumentó 76,5%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 81,9%.

En el IVA Impositivo:

Incidieron negativamente mayores devoluciones de IVA a exportadores y del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior.

En el IVA Aduanero:

Incidieron a favor:
• El aumento del tipo de cambio.
• El incremento de las importaciones respecto al año anterior.
• Un día hábil más de recaudación en relación con el año anterior.

Durante este mes se encontró vigente la excepción del régimen de percepción del IVA de un conjunto de productos de la canasta básica y medicamentos para las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con el certificado MiPyME vigente.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 139,5% recaudando $ 2,61 billones.

Incidieron favorablemente:
• El incremento de las retenciones de los empleados en relación de dependencia y jubilados. Esto obedece a una menor base de comparación debido a que en febrero 2024 se encontraba vigente el “Impuesto cedular a los altos Ingresos” que establecía un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles  ($2.340.000) y otra escala para las remuneraciones alcanzadas.

Asimismo, incidió el aumento de las remuneraciones.

• Mayor ingreso de anticipos por el incremento del impuesto determinado de las sociedades.

• Una mayor distribución de facilidades de pago favorecida por la recaudación de las cuotas de la moratoria y la cancelación del saldo de declaración jurada de los impuestos anuales de personas humanas y de las sociedades con cierre junio, que fueron regularizados mediante el plan de facilidades.

Afectaron negativamente la variación interanual:

• Ingresos en febrero 2024 del pago a cuenta extraordinario establecido para las entidades financieras y proveedores de pago y para empresas del sector hidrocarburífero.

En el Impuesto a los Créditos y Débitos se alcanzaron $ 995.684 millones, con un incremento interanual de 74,4%.

Incidió favorablemente un día hábil más en comparación con el año anterior.

Durante este mes se realizaron devoluciones a determinados agentes de percepción por los saldos a favor del Impuesto PAIS, los cuales fueron efectivizados mediante el mecanismo de compensación con importes devengados del Impuesto a los Créditos y Débitos (R.G. 5.638/2025).

Sin embargo, se presenta un efecto negativo en este impuesto por las compensaciones no realizadas.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 119,1%, alcanzando $ 3.393.967 millones.

Incidieron favorablemente:

• El aumento de la remuneración bruta promedio.
• El incremento del tope máximo de la base imponible de aportes de empleados en comparación al año anterior. El mismo es actualizado mensualmente. 

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 541.000 millones y una variación interanual de 92,8%.

Incidieron positivamente:
• La suba del tipo de cambio.
• Un día hábil más de recaudación en relación al año anterior.
Durante este mes rigió la disminución de aranceles para estos derechos para aquellos exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025.

En Derechos de Importación y otros ingresaron $ 455.504 millones con una variación de 107,6%.

Incidieron positivamente:
• El incremento del tipo de cambio.
• El aumento de las importaciones respecto del año anterior.
• Un día hábil más de recaudación en relación al año anterior.

En bienes personales, se alcanzaron $ 67.601 millones con una variación
interanual negativa de – 11,5%.

Este mes operó el vencimiento del cuarto anticipo de personas humanas, por el período fiscal 2024, que no adhirieron al régimen especial REIBP.

La recaudación se encuentra incidida negativamente debido principalmente a menores ingresos por anticipos de personas humanas ya que el impuesto correspondiente a los períodos fiscales comprendidos hasta el 2027 ya fue cancelado de forma unificada y anticipada si se optó por la adhesión al REIBP.

Durante febrero 2025 venció la manifestación y pago inicial de este régimen especial por los bienes regularizados en la Etapa 2.

En el caso del Impuesto a los Combustibles, ingresaron $ 339.280 millones, con una
variación interanual de 571,8%.

El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto.

Este mes no se encontró vigente el Impuesto Solidario PAIS, por lo que los ingresos en este período fueron residuales. En el año anterior la recaudación del impuesto había sido de $ 575.917 millones, e incluía como base del mismo la adquisición de moneda extranjera para turismo, atesoramiento e importaciones de bienes y servicios, entre otros. 

A su vez, en febrero 2024 también se encontraba vigente la aplicación del mismo para las operaciones con bonos y títulos que suscribieran los importadores (BOPREAL).

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¿Autonomía fiscal? Por qué la idea de Milei puede ser positiva para Misiones

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¿Autonomía fiscal? La promesa de Milei podría revolucionar la economía de Misiones. Misiones es la provincia que más recursos aporta al fisco nacional, pero la que menos recibe de la región. En cambio, si se quedara en el territorio la recaudación de los impuestos nacionales por actividad económica, se daría vuelta la ecuación y Misiones pasaría a contar con más recursos que Chaco, Corrientes y Formosa. 

En materia legislativa, el presidente adelantó proyectos para establecer el equilibrio fiscal obligatorio a nivel nacional y provincial, reducir el gasto público al 25% del PBI en 2027 y eliminar más impuestos. Misiones está entre las que menos destina al gasto público. 

La provincia que se ubica en el primer lugar de altos gastos es Río Negro, con un 65,6%; le siguen Salta 58,6% y Jujuy 57,2%. Misiones, en tanto, eroga el 34,4%. Esto significa que el presupuesto provincial en curso prioriza los rubros salud, educación y seguridad a través de un equilibrio fiscal de no tomar deuda y cuidar los recursos provinciales, sin que esto afecte al ciudadano común. Muy cerca le sigue Córdoba con 36,8%. El modelo misionero de déficit cero lleva dos décadas. 

En materia de recaudación, el sistema que imagina Milei es similar al de Brasil y Estados Unidos, donde los estados o provincias recaudan y le dan una parte a la Nación. El Presidente sugirió “una reforma impositiva estructural, para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente seis impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina”.

“Sumado a eso, el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre. De este modo, el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías”, detalló.

Misiones recauda más que el resto de las provincias de la región por el volumen de la actividad económica y una estructura fiscal sólida, con impuestos locales que no tributan los productores primarios. Al mismo tiempo, en cuanto a los impuestos nacionales, tiene porcentajes más bajos, como en el impuesto a los patentamientos. Entre las provincias con los costos más bajos se destacan Misiones, Tucumán y Jujuy, con un 2% del valor fiscal del automóvil, mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene la tasa más alta, con hasta un 6% del valor fiscal del vehículo. Le siguen la provincia de Buenos Aires, con un 4%, y Tierra del Fuego, que también alcanza hasta el 4%. Esto convierte a Misiones en una de las opciones más convenientes para quienes buscan minimizar los costos de patentamiento.

La propuesta contempla un sistema en el que la Nación centralice la estructura impositiva con una alícuota base, permitiendo a las provincias aumentarla y generar competencia fiscal. Se tomaría como referencia el IVA y un impuesto a la venta, con una posible coordinación con Ingresos Brutos, destaca Alejandro Pegoraro, columnista especializado de Economis.

En el caso de Misiones, la provincia tiene actualmente alícuotas bajas en sectores clave como el agro y la industria, además de una alícuota general en la media nacional. 

En medio de la incertidumbre sobre el plan Milei, no se descarta un esquema similar al del Consenso Fiscal de 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando se establecieron límites a las alícuotas, lo que llevó a algunas provincias a subirlas temporalmente antes de reducirlas. También menciona el “SuperIVA”, una propuesta que podría servir de modelo. Su implementación dependerá de una compleja coordinación fiscal con las provincias.

En el NEA, Misiones es la que más recauda por su actividad económica. Si se suma la recaudación de IVA, Ganancias, Bienes Personales, Impuestos Internos y Monotributo impositivo (todos coparticipables) durante 2024 en el NEA se recaudaron $ 762.828 millones. De ese total, Misiones aportó el 35,4% de la misma, un valor superior al aporte de las otras provincias de la región: Corrientes aportó el 26,6%, Chaco el 25,3% y Formosa el 12,7%. 

En el Gobierno provincial advierten que la disparidad es más profunda, porque Arca subestima la recaudación en Misiones ya que muchas empresas que producen aquí tienen su domicilio fiscal en CABA (Yacyretá, empresas forestales, hoteleros, etc).

Ahora bien, cuando se analiza la distribución de esos fondos (que llegan por coparticipación federal y otras transferencias automáticas regidas por Ley 23.548) Misiones recibió apenas el 21,3% de los fondos que llegaron al NEA, el valor más bajo en la región, ya que Chaco captó el 31,8%, Corrientes el 23,9% y Formosa el 23%.

Dicho de otro modo: Misiones aportó $ 35 de cada 100 pesos que recaudó el NEA por los tributos mencionados pero recibió apenas $ 21 de cada $ 100 que se distribuyeron en la región por reparto automático. 

Si bien esta situación es una constante de los últimos treinta años, se observa que en 2024 la asimetría se agravó respecto al año anterior: en 2023 Misiones representó el 32% de la recaudación nacional en la región y se llevó solo el 21,3%. Es decir, en 2023 y 2024 su participación en la recepción de fondos fue la misma (la más baja de la región) pero en 2024 aportó aún más de lo que había aportado en 2023 (32,0% vs. 35,4%). 

Esto se debe a que Misiones, en un escenario generalizado de caída de la recaudación que se vio en todo el país, fue la que menos cayó: la sumatoria de los impuestos antes mencionados (IVA, Ganancias, Bienes Personales, Internos y Monotributo) mostró una contracción del 19,6% anual en términos reales, una caída significativa pero notoriamente inferior a los de las otras provincias de la región: en Chaco cayó 29,7%, en Corrientes 29,1% y en Formosa 37%, con una caída acumulada para la región de 27,4%. 

¿Qué pasa cuando se amplía el análisis al Norte Grande? La situación es muy similar. De las diez provincias que componen la región, siete recibieron más fondos de lo que aportan, y son tres las que aportan más de lo que reciben. Misiones está entre esas tres junto a Salta y Tucumán. Veamos los números. 

El Norte Grande aportó $ 2,1 billones al Tesoro Nacional en recaudación de impuestos coparticipables durante el 2024. De ese total, Salta aportó el 23,9%, Tucumán el 16,0% y Misiones el 12,7%; sin embargo, recibieron el 10,7%, 13,1% y 9,3% de lo que llegó a la región por transferencias automáticas. 

Es decir: cada $ 100 pesos, Salta aportó $ 24 pero recibió $ 11; Tucumán aportó $ 16 y recibió $ 13; y Misiones aportó $ 13 y recibió $ 9, siempre en relación con el consolidado regional. 

En la macrorregión, Misiones fue la provincia con el tercer mayor aporte en IVA (14% del total); y también la que aportó el tercer mayor nivel en impuesto a las Ganancias (11,8%). En ambos casos, se ubica detrás de Salta y Tucumán, lo cual ratifica lo anteriormente detallado respecto a los motivos por los cuales la provincia se destaca en el NEA y también el protagonismo en el Norte Grande.

De acuerdo a esos datos, una reforma como la que propone Milei podría favorecer la economía misionera y una mejor distribución de los recursos de acuerdo a la actividad generada. 

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Desde la baja de retenciones, el agro aportó USD 1.700 millones, pero liquida menos dólares que antes del anuncio

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El promedio de ventas antes de que se implemente la medida era de USD 117 millones y en la última semana fue de 58 millones. Qué razones explican la demora y qué espera el Gobierno para las próximas semanas

Con vaivenes, el ritmo de liquidación del agro tras el anuncio de baja temporal de retenciones todavía se mantiene muy por debajo del que tenía el sector antes de que el Gobierno concrete esa medida. Desde el recorte de alícuotas, el campo aportó unos USD 1.700 millones a las reservas del Banco Central, dos tercios explicados por soja y sus derivados.

El ritmo de ventas al exterior luego de la baja de derechos de exportación hasta mitad de año parece no encontrar todavía una velocidad considerable en el sector, desde las ventas de granos de los productores a las empresas exportadoras hasta la liquidación propiamente dicha.

Según el consultor y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño, “faltando una semana y pico para terminar febrero (la liquidación) estaría dentro de lo esperable”. “No se ve que haya habido un boom de registraciones o una aceleración muy fuerte, parece que está dentro del flujo normal para esta época del año y para estas perspectivas de cosecha”, indicó.

La baja de retenciones -la soja pasó de pagar 33 al 26%; sus derivados del 31 al 24,5%; el trigo, maíz, sorgo y cebada, de 12 a 9,5%; y el girasol de 7 a 5,5%- no actuó aún como un acelerador de ventas. Fuentes del sector especulan con que si bien el anuncio fue bien recibido entre los productores, que son los beneficiarios en concreto del recorte de alícuotas, el incentivo no es suficiente para cambiar la perspectiva de ventas de granos ya planificada.

La defensa de la medida, que será temporal hasta el último día de junio, fue uno de los temas de conversación hace dos semanas entre el ministro de Economía Luis Caputo y los dirigentes de la Mesa de Enlace agropecuaria, que llevaron como principal señalamiento que los productores buscan que la medida sea permanente.

Respecto al ritmo de liquidación, un informe financiero de este jueves pasó en limpio: “La liquidación del sector pasó de promediar USD 117 millones la semana previa a la implementación a USD 58 millones en los últimos cinco días”, observó Portfolio Personal Inversiones. “En la práctica observamos que esta política no terminó de traccionar la liquidación de los exportadores. Una de las principales razones es la reducción del plazo de liquidación de 365 días a solo 15 días. Esta medida evita que los exportadores liquiden por anticipado la cosecha gruesa”, consideró PPI.

Esa es precisamente uno de los aspectos que en el sector fue mirado de reojo. Los exportadores deben liquidar en el mercado oficial de cambios el 95% de las divisas obtenidas en un plazo máximo de 15 días hábiles para acceder a la baja impositiva.

Para poder cumplir con ese límite de tiempo tan corto se abren tres opciones para las exportadoras. Para las grandes, con casas matrices en el exterior, existe la posibilidad de solicitar anticipos de pago por esas exportaciones para disponer de los dólares de manera rápida y liquidarlos en el MLC antes de esos 15 días hábiles. Una segunda vía, que también cuenta para las exportadoras nacionales, es tomar créditos como prefinanciación de exportaciones en el sistema financiero local. La tercera es que ese tipo de préstamos sean tomados ante bancos del exterior. En todo los casos implicaría un costo financiero y un aumento del endeudamiento para esas firmas.

En la Mesa de Enlace aseguran que el número de costo fiscal de la medida sería, según el propio equipo económico, de USD 1.000 millones, superior al que había dejado trascender el Gobierno cuando se anunció la medida, y que era de USD 800 millones.

Declaraciones juradas de ventas al

Los dirigentes del agro solicitaron que el Gobierno extienda la baja de retenciones de manera permanente y que sea también el equipo económico el que explique a los productores las medidas sectoriales y sus fundamentos. También solicitaron que el Poder Ejecutivo invierta en infraestructura para mejorar la competitividad del sector y hasta estuvo sobre la mesa un esquema de segmentación de retenciones según el nivel de ventas, propuesto por Federación Agraria.

Un documento presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino en la última semana, tras un encuentro con funcionarios del Gobierno, expuso que la reducción de retenciones tendría un impacto significativo en las exportaciones, incentivando la comercialización de los stocks, especialmente en el primer semestre del año.

Según el informe, la medida permitiría alcanzar exportaciones por 98,1 millones de toneladas, lo que representaría un crecimiento interanual del 11%. En términos de valor, las exportaciones agroindustriales podrían llegar a USD 47.954 millones, un incremento de USD 1.738 millones respecto a la estimación anterior a la implementación de la medida.

Asimismo, el Consejo solicitó que la reducción de retenciones se prolongue más allá de junio, como fue planteado en un principio. Consideran que esto enviaría una señal de confianza clave para el sector, mejorando las condiciones de planificación productiva y la adopción de tecnologías. Según sus estimaciones, la medida permitiría incrementar la producción entre 4 y 7 millones de toneladas adicionales, fortaleciendo tanto la producción como el procesamiento interno. Como consecuencia, las exportaciones podrían aumentar entre USD 1.500 y 2.400 millones, según concluyó el informe.

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ARCA pone en marcha un monitor de facturación

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Según los datos aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), más de 1,8 millones de monotributistas completaron la primera recategorización del 2025. Los contribuyentes a través de este mecanismo contarán a partir de ahora con una herramienta útil que les permitirá saber si el monto de su facturación se encuentra cerca de superar el límite de su categoría.

El organismo recaudador presentó el Monitor de Facturación, que permitirá a ese segmento de contribuyentes llevar registro y optimizar el control sobre su nivel de ingresos y evitar errores en la carga de datos de forma temprana.

“Esta funcionalidad apunta a que los usuarios puedan visualizar de forma gráfica e intuitiva sus ventas y servicios, incluyendo alertas que les informarán si están por exceder los topes de la categoría dentro del rango de meses que se deberá considerar para la próxima recategorización”, se informó

Por medio del Monitor de Facturación, los monotributistas verán en el portal una barra que se completa en función de la facturación informada en el período.

La herramienta señalará con una leyenda en la parte superior si el contribuyente superó o no el tope de la categoría en la que está inscripto o del máximo establecido para el régimen simplificado teniendo en cuenta los últimos doce meses cerrados.

En ese caso, le recordará los trámites que deberán realizan para cumplir con la normativa vigente, como la recategorización o la inscripción en el régimen general y hasta cuándo se extienden dichos plazos.

La funcionalidad contempla los criterios utilizados en los procesos de exclusión y recategorización de oficio, al tiempo que también guía al usuario en su comportamiento tributario.

El diseño de la nueva herramienta está compuesto por el detalle de las distintas categorías del monotributo, la facturación del período y alertas personalizadas.

Hasta la fecha de vencimiento, el pasado 5 de febrero, se recategorizaron más de 1.844.000 contribuyentes inscriptos en el Monotributo.

Por primera vez ARCA puso a disposición la Recategorización simplificada, el sistema que muestra de forma automática la facturación anual de cada monotributista. De esta forma, los usuarios tuvieron la opción de confirmar la nueva categoría o de modificar el monto de facturación.

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Prorrogaron el beneficio que exime a escuelas privadas de pagar aportes patronales

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El Gobierno había tomado la misma decisión en febrero del año pasado para mitigar el efecto de los aumentos de las cuotas en el bolsillo de las familias

El Gobierno nacional prorrogó nuevamente el beneficio para que las escuelas privadas no paguen aportes patronales, en un intento de mitigar los efectos de los aumentos de las cuotas en el bolsillo de las familias.

La medida se hizo oficial esta madrugada mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 68/2025, que establece: “Prorrógase lo establecido en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias, desde el vencimiento fijado en el artículo 1° del Decreto N° 134 del 14 de febrero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive”.

Esta no es la primera vez que el Gobierno nacional otorga este beneficio, puesto que el año pasado hizo lo mismo, al igual que realizaron otras gestiones en sucesivas oportunidades.

En el considerando de la norma, recuerdan que en 2019, “a través del artículo 24 de la Ley N° 27.541 se excluyeron de las disposiciones del referido Capítulo 3 a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes Nros. 13.047 y 24.049 hasta el 31 de diciembre de 2020, y se previó que tales empleadores continuarían aplicando las alícuotas de contribuciones patronales que les correspondieron hasta la entrada en vigencia de esa norma”.

Además, alegaron que “el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”.

El Gobierno considera que la aplicación de disposiciones establecidas por la legislación para el año 2025 produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia, el que sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”.

En ese sentido, también señalaron que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.

“En los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”, suma la normativa.

En consecuencia, el Gobierno concluye que la aplicación de los aportes patronales establecidos por la ley sobre las instituciones educativas de gestión privada “afectaría la prestación del servicio educativo, con principal impacto negativo en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan servicio a la población socialmente más vulnerable”.

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