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Etchevehere: “Hay que encarar una reforma impositiva a fondo”

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El presidente de la Sociedad Rural Argentina opinó que la inflación representa “la madre de todas las batallas” y consideró que en el camino de esa reforma “todo el mundo tiene que aportar algo”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, remarcó hoy la necesidad de “encarar una reforma impositiva a fondo” en la Argentina, y opinó que la inflación representa “la madre de todas las batallas”.

“Hay que encarar un reforma impositiva a fondo y todo el mundo tiene que aportar algo: municipios, provincias, nación, entes descentralizados, aduanas, gremios, productores y demás, porque en definitiva eso es lo que va a hacer que nuestros productos lleguen a valores competitivos a la mayor cantidad de mercados posibles y eso se traduce en empleo y combate a la pobreza en los lugares donde producimos”, aseguró Etchevehere en diálogo con radio Continental.

El dirigente agropecuario explicó que el sistema impositivo actual “es otra cosa que nos deja afuera de la cancha con nuestros competidores”, pero que la reforma tributaria debe seguir aun baja en la inflación, a la cual consideró como “la madre de todas las batallas”.

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La exención del impuesto al cheque no beneficiará ni al público ni a las empresas

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La decisión del ministerio de Hacienda del último viernes de eliminar el impuesto al cheque para medios electrónicos de pago generó mucha confusión en el mercado. Muchos interpretaron que se trataba de una suerte de adelanto de la reforma impositiva y que al seleccionar algún mecanismo moderno para realizar transferencias las partes quedarían exceptuadas del gravamen. Pero nada de eso sucederá y así se preocupó el Banco Central de aclarárselo a Infobae.

Desde la autoridad monetaria explicaron que la exención al 1,2% que se cobra cada vez que se cobra un cheque o al recibir una transferencia “es algo muy específico, destinado a cuentas dedicadas a la administración de pagos electrónicos”. Es decir que no tiene ningún efecto concreto sobre las cuentas que habitualmente utilizan individuos o empresas para transaccionar.

Entre los considerandos, el decreto destacó que “el objetivo se enmarca en las medidas de promoción de la inclusión financiera, el fomento de la bancarización, la eliminación de las barreras de acceso de la población a los servicios financieros y la reducción del uso del dinero en efectivo en pos del dinero electrónico”.

También indicó que la aplicación del impuesto a los créditos y débitos “impacta en los medios de pago electrónicos, generando un desaliento para el usuario, como así también para los comercios y los prestadores de servicio de pago”.

¿A quién beneficiará concretamente la exención? Básicamente no se seguirá cobrando el impuesto a compañías que son intermediarios de pagos, como Paypal o Mercado Pago. Sucede que al realizarse una transferencia de una persona a otra a través de estos medios, se cobraba el impuesto al cheque cuando claramente se trataba de un intermediario entre dos cuentas. “En estos casos el impuesto se pagaba dos veces, algo absurdo. Tampoco se cobra cuando hay transferencias internas entre cuentas virtuales. No estaba gravado pero se aclara que no lo estará”.

También se desgrava a las empresas de cobranzas extrabancarias (como Pago Fácil Rapipago, por ejemplo) cuando uno las usa para cash in o cash out (depositar o retirar el efectivo) de estos sistemas.

Las distintas “billeteras electrónicas” que van surgiendo utilizan los servicios de la red de cobranza extrabancaria. Las transferencias que suceden en esa transacción quedan exceptuadas del impuesto al cheque, porque encarecería notoriamente la transacción.

“Esto es algo que simplifica las cosas a los facilitadores de pago”, agregaron desde el BCRA. Uno de los aspectos claves que también se tuvo en cuenta es el inicio del esquema conocido como Debin, que el Banco Central pondrá en marcha el mes que viene para facilitar los pagos entre empresas. Esta nueva operatoria está siendo coordinada por el vicepresidente de la institución, Lucas Llach.

Lo mismo sucede con empresas que, por ejemplo, desarrollen esquemas de pago a través del código QR. En ese caso, la transacción pasaría por una cuenta intermedia para luego llegar al beneficiario. Semejante “triangulación” de fondos se volvería inviable si en cada etapa del proceso se cobra el impuesto al cheque.

Por el momento, el beneficio que está vigente es para las PYME, que pueden tomar a cuenta el 100% del pago del gravamen a cuenta de Ganancias. La idea del Gobierno es ir generalizando para todas las compañías este beneficio, pero de una forma muy gradual en los próximos años. Esto será discutido en la reforma impositiva que el año próximo llegará al Congreso.

 
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El pago de todos los impuestos nacionales será bancarizado a partir de 2018

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A partir del año próximo “los pagos de todos los impuestos se deberán hacer de manera electrónica” como parte del proceso de bancarización de la economía y de combate contra la evasión, confirmó el titular de la Afip, Alberto Abad.

 El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, adelantó que a partir del año próximo “los pagos de todos los impuestos se deberán hacer de manera electrónica” como parte del proceso de bancarización de la economía y de combate contra la evasión.

A partir del 2018 “todas las agencias de cobro deberán tener un posnet que permita (al usuario) pagar el impuesto con tarjeta de débito o crédito. No se aceptará más efectivo”, dijo Abad y adelantó que la AFIP espera poner en marcha en dos meses una transacción bancaria inmediata que permita pagar las escrituras de las propiedades, y no depender del efectivo.

Para alentar el uso de esa transacción bancaria, también se reducirá la retención que se percibe a cuenta de Ganancias en las operaciones electrónicas, mientras que la alícuota será mayor para quienes lo hagan en efectivo.

Al referirse al plan de la AFIP destinado a extender el uso del pago electrónico, Abad explicó que hasta marzo pasado, el número de nuevos aparatos creció a un promedio de 10.000 unidades en marzo, cantidad que en mayo trepó a 15.000 y en junio a alrededor de 20.000 posnet.

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Elecciones y después, más federalismo en el horizonte

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Si la economía fuera un tren, no parece haber razones para esperar que descarrile como consecuencia de la campaña electoral que acaba de comenzar, y que habrá de extenderse hasta las legislativas de octubre. Pero si las primarias (PASO) a realizarse el 13 de agosto arrojan demasiada incertidumbre en la provincia de Buenos Aires, será como empezar un tramo de vías en subida, perdiendo velocidad. Sin embargo, la gobernabilidad, en el mediano y largo plazo, no depende de lo que ocurra en una jurisdicción, por más importante que sea, sino de la forma en que se ordenen los intereses comunes existentes entre las provincias ricas y las pobres, que se necesitan y pueden potenciarse mutuamente. Dado el tamaño del déficit fiscal, superior a 7 puntos del PIB consolidando Nación y provincias e incluyendo intereses, no es posible mejorar la calidad de vida de la población en base a viejos instrumentos como el empleo público o los subsidios. Insistir por esa vía es arriesgarse a nuevas venezuelas y, por lo visto desde fin de 2015, no parece haber tantos dirigentes políticos tan miopes como para ignorar esos riesgos.

Aunque es difícil que la cuestión del país federal ocupe suficiente espacio en los debates de cara a las legislativas, este será un tema subyacente de primer orden: de la relación de fuerzas que surja en octubre, y de cómo éstas se ensamblen, dependerá la gestión de los gobernadores y sus chances para 2019.

En la Argentina hay cinco provincias “ricas”, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Ciudad y Provincia de Buenos Aires; cuatro que son fuertemente dependientes de la minería y los hidrocarburos (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y San Juan) y, las quince restantes, con muchos matices, están encuadradas como provincias pobres. La divergencia de intereses de corto plazo entre unas y otras está en la base de los problemas nacionales.

La gestión en las cinco provincias ricas sufre el lastre de la elevadísima presión tributaria, del exceso de trabas burocráticas y de las llamadas “industrias del juicio”, porque allí el empleo es predominantemente privado y es dónde más repercuten las dificultades que enfrentan las empresas para invertir y generar puestos de trabajo. Esas jurisdicciones aportan más del 75 % del PIB nacional, pero en el Congreso tienen el 55 % de los diputados y el 21 % de los senadores.

A su vez, las provincias pobres tienen un buen número de diputados y el 62 % de los senadores, siendo que, en el corto plazo, sus incentivos son opuestos a los de sus “primos acomodados”, ya que su gestión depende poco de la suerte del empleo privado y la coparticipación puede llegar a representar hasta el 90 de sus ingresos fiscales. Por ende, la elevadísima presión tributaria es para ellas un beneficio (en lo inmediato), y no una preocupación.

Las provincias mineras, que tienen a las regalías como ingreso clave, dependen de la confianza que tengan los inversores en la permanencia de las reglas de juego del país, y en la existencia de infraestructura adecuada, que requiere inversiones estatales. Por esas razones, esas jurisdicciones y el gobierno nacional pueden encontrar puntos en común, como en el caso de Vaca Muerta. Pero esta experiencia no es extrapolable al resto, porque la intervención estatal consistió en fijar un precio base para el gas, no en bajar impuestos.

El común denominador entre provincias ricas y pobres está en la expansión del sector privado, que podría generar simultáneamente buenas noticias en materia de empleos y recaudación impositiva. Aunque una fracción de la oposición concentrada en la provincia de Buenos Aires apueste al fracaso de la política económica, para los responsables de administrar provincias y municipios que aspiren a llegar bien parados a 2019 sería muy arriesgado seguir ese llamado. Ya hubo una liga de gobernadores que contribuyó a voltear presidentes, pero las condiciones son bien distintas a 2001/02 como para jugar toda una carrera política a esa ficha.

Las provincias pobres demandan fondos coparticipables abundantes, y tienen legisladores como para hacerse valer. Pero es en las provincias ricas dónde se genera el grueso de esos recursos y sólo un necio podría proponer subir alícuotas para recaudar más: el 21 % del IVA en la Argentina compara con el 13 % promedio de América Latina; y el 35 % de Ganancias con un 28 % en la región, sin hablar del “impuesto al cheque”, especie en extinción que sólo subsiste aquí.

Por ende, sin crecimiento de la economía no habrá mejora de recursos coparticipables, más allá de lo que pueda lograrse por menor evasión. La paradoja está en que, para lograr ambos objetivos, se necesita reducir tributos sobre los empleos formales (contribuciones patronales) y sobre las transacciones (ingresos Brutos), en los que los sacrificios fiscales corresponden a provincias ricas y Nación. Si esas cinco jurisdicciones logran unificar un plan con el gobierno nacional después de octubre, la discusión con el resto de las provincias podría avanzar de un modo inédito.

Fijar un cronograma de recorte gradual de los impuestos más distorsivos requiere un pacto de gobernadores de provincias pobres y ricas, con el respaldo de cada legislatura. ¿Quién tendrá la mayoría en esos recintos? Sería sorprendente que la tengan los que apuestan al fracaso de la política económica, incluso en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de gobernadores e intendentes, el foco en 2019 empuja mucho más para el lado de la cooperación que de la anarquía.

 

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Paraguay: El Senado aprobó un impuesto a la soja en medio de un tractorazo de los productores

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La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que pretende aplicar un gravamen del 15% a la exportación de granos en estado natural. Al momento del estudio en particular (de cada artículos) no llegaron a un acuerdo y queda pendiente su tratamiento.

Los senadores oficialistas, liberales llanistas, luguistas y oviedistas aprobaron en general el proyecto de ley impulsado por el Frente Guasu, que realizó algunas modificaciones a última hora antes de su tratamiento.

En votación nominal se tuvieron 24 votos a favor de la moción planteada,17 legisladores rechazaron la normativa, una abstención y tres ausencias.

Sin embargo, al momento de votar el estadio de cada uno de los artículos no se llegó a un acuerdo, porque los aliados querían utilizar las modificaciones realizadas al reglamento interno en forma irregular.

Los opositores se negaron a esa disposición y, en consecuencia, los oficialistas, luguistas, liberales llanistas y oviedistas abandonaron sus bancas y dejaron sin cuórum la sesión. De esta forma queda vigente la aprobación en general y queda pendiente su estudio en particular.

El análisis se realizó luego de un plenario inmerso en el griterío e insulto entre sus propios miembros. La sesión debió interrumpirse por algunos minutos para calmar los ánimos de los legisladores.

Al reanudarse, fue la senadora Esperanza Martínez quien expuso los cambios introducidos con respecto al proyecto original, que era fuertemente rechazado por los productores agrícolas en varios puntos del país.

Uno de los cambios más importantes es que ahora la normativa solo afectará a los granos de soja en su estado natural y no así a la producción de maíz y al trigo, como estaba en un principio. También se bajó la tasa tributaria del 15% al 10%.

No obstante, varias de las comisiones legislativas recomendaron el rechazo de la iniciativa parlamentaria argumentando que se estaría perjudicando a los pequeños y medianos productores.

El debate se extendió por más de una hora con posiciones a favor y en contra de la legislación, mientras los productores estaban expectantes desde sus lugares de movilización. Los agricultores sacaron sus tractores para realizar una demostración de fuerza y ejercer presión.

Juan Darío Monges, senador colorado oficialista, se mostró a favor del proyecto con los cambios planteados al indicar que la intención es mejorar la recaudación. Sin embargo, dijo que todavía falta realizar ciertos ajustes para lograr una equidad y eficiencia tributaria.

Por esa razón pidió aprobar el documento en general y dejar su estudio en particular para una próxima sesión. El Frente Guasu apoyó el planteamiento del colorado al igual que los demás aliados.

Varios senadores de la oposición y de la disidencia colorada expusieron algunas falencias y las posibles consecuencias que puede tener la aprobación de la normativa. Muchos mencionaron que es un error el querer imponer un impuesto a la exportación de los granos naturales.

PRESIÓN. A esto también se suman las posturas de dos instituciones del Estado, como lo son el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda. Ambas se pronunciaron en contra del proyecto de ley.

“La posición del BCP es de preocupación con respecto a un impuesto que fracasó en otros países. Entonces, no nos espera más que el fracaso si pretendemos implementar este tipo de impuestos”, afirmó el titular de la banca matriz, Carlos Fernández Valdovinos.

Mientras que la ministra Lea Giménez fue más tajante al manifestar que un impuesto a la exportación de los granos en estado natural tendría un impacto “nocivo y nefasto” para la economía paraguaya.

“Estamos comunicando que la posición del Poder Ejecutivo es que si se llega a aprobar este proyecto, se vetará tal propuesta por ser dañina para la economía en su conjunto y nefasta para pequeños y medianos productores”, afirmó en Giménez en conferencia de prensa posterior a la decisión del Senado.

El Impuesto

El tratamiento del Impuesto a la soja surge en medio de un acuerdo político y la presión de productores que cortan las principales rutas del vecino país. La Cámara de Senadores trato este jueves el proyecto que pretende aplicar un gravamen del 15% a la exportación de granos en estado natural.

El documento fue presentado por los legisladores del Frente Guasu y pretende aplicar un impuesto del 15% a la exportación de granos en estado natural. La iniciativa tiene férrea oposición de los productores en todo el país que desde ayer se manifestaban en las calles amenazando con un tractorazo, que se dio en algunos puntos del país.

La normativa es uno de los principales puntos de la agenda legislativa impulsada por la coalición de izquierda y fue uno de los puntos de negociación con los referentes del oficialismo y los liberales llanistas para la renovación de la mesa directiva.

En la Cámara Alta se eligió la semana pasada a las nuevas autoridades que ocuparán los cargos a partir del 1 de julio. La alianza política designó a Fernando Lugo como presidente y el oficialismo pidió a cambio dar gobernabilidad en el último año de gestión de Horacio Cartes.

Los del Frente Guasu solicitaron a cambio el acompañamiento de sus aliados para aprobar este proyecto de ley. La senadora Esperanza Martínez dijo en la víspera que espera que los cartistas y disidentes liberales cumplan con su palabra.

Sin embargo, el escenario político no se presenta fácil porque los productores están en pie de guerra al considerar que serían muy afectados en caso de aprobarse dicha legislación. Desde el miércoles están movilizados en varios puntos del país y amenazan con un tractorazo.

Señalan que el sector ya está pagando varios impuestos y que uno nuevo estaría “matando” a la producción agrícola. Las medidas de fuerzas se irían recrudeciendo si sus reclamos no son escuchados.

Dante Servián, productor de Hohenau, Departamento de Itapúa, consideró en Monumental AM que la política no debe afectar la economía de un país, porque sería nefasto.

Sostuvo que el proyecto impulsado por el Frente Guasu “debe rechazarse totalmente y verse otras vías para que el Estado pueda recaudar más”. Consideró que Argentina, Brasil y Venezuela son el ejemplo de cuando la política afecta a la economía.

“Hoy están quebrados”, afirmó con relación a los productores de los mencionados países. En ese sentido, aseguró que “la experiencia sería nefasta para todo el país”.

Indicó que todos los productores pagan sus impuestos, pero hubo una “satanización” hacia ellos.

En su caso, él trabaja hace 25 años como productor y sus padres hace 45 años. Indicó que no piensa solo en su familia, sino en toda la gente que depende de la producción, como los fleteros.

MÁS PRESIÓN. A la protesta de los agricultores también se suman las posturas de dos instituciones del Estado como lo son el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda. Ambas se pronunciaron en contra del proyecto de ley.

“La posición del BCP es de preocupación con respecto a un impuesto que fracasó en otros países. Entonces, no nos espera más que el fracaso si pretendemos implementar este tipo de impuestos”, afirmó el titular de la banca matriz, Carlos Fernández Valdovinos.

Mientras que la ministra Lea Giménez fue más tajante al manifestar que un impuesto a la exportación de los granos en estado natural tendría un impacto “nocivo y nefasto” para la economía paraguaya.

El fisco pidió posponer el estudio y propuso elevar el IVA al 10% y cambios al régimen tributario sobre la renta, lo que supondría mayor aporte del sector. La palabra final será de los parlamentarios.

Manifestación en varios puntos del Paraguay contra impuesto a la soja

A media mañana del jueves, la Policía Nacional de Paraguay reporta movilizaciones de camiones en Minga Porá, frente a la Coopasam, en cruce Itakyry y en Santa Fe del Paraná, en la zona norte de Alto Paraná.

En la zona sur del departamento hay movilizaciones de máquinas en Los Cedrales, cruce Raúl Peña, Santa Rita, sobre la ruta 6 Juan León Mallorquín.

Al oeste, en el distrito de Juan Emilio O’Leary, al costado de la ruta 7 Gaspar Rodríguez de Francia, frente al barrio San Isidro, también hay movilización de tractores. Igualmente, se reporta presencia de maquinarias pesadas a la altura del kilómetro 60, frente a la colonia Santo Domingo, del mismo distrito.

En Minga Guazú, productores con un total de 45 maquinarias entre pulverizadores, cosechadoras y camiones se encuentran apostados sobre la ruta Internacional número 7 del kilómetro 30.

También productores de la colonia Cerro Largo se movilizan de manera pacífica con 22 camiones, 25 tractores y 6 pulverizadores. Los mismos se encuentran al costado de la ruta 6, en el kilómetro 214, en el distrito de Santa Rita.

Fuente ABCcolor y UltimaHora

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