Uruguay: limitan derecho a reuniones para frenar el coronavirus
El derecho de reunión pacífica y sin armas, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, ha sido limitado de forma transitoria. Senadores y Diputados aprobaron ayer la ley enviada el jueves por el Poder Ejecutivo que “suspende las aglomeraciones de personas que generen un riesgo sanitario”. La restricción regirá desde el lunes por un plazo de 60 días, con una única prórroga posible de otros 60 días. Al justificar su voto, la senadora Gloria Rodríguez dejó constancia de que pasaron casi 10 horas “en discusiones bizantinas”. “No predicamos con el ejemplo”, agregó.
Lacalle Pou también prohibió el ingreso a Uruguay entre el 21 de diciembre y el 10 de enero
El senador Guido Manini Ríos había planteado el tema unos minutos antes. “Llevamos casi 10 horas discutiendo más o menos lo mismo. Discusiones bizantinas, cuando ya se sabe el resultado final de antemano”, se quejó el líder de Cabildo Abierto (CA). Ayer la coalición cerró filas y apoyó la propuesta del gobierno.
El presidente Luis Lacalle Pou firmará en las próximas horas la reglamentación de la ley que, según fuentes del gobierno, comenzará a regir el lunes. Desde entonces, “el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes y los gobiernos departamentales en sus respectivas jurisdicciones” podrá “disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente”.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que seguramente mañana dé una conferencia de prensa al mediodía junto al ministro de Defensa Nacional, Javier García, para explicar cómo será la implementación de la ley. Larrañaga dijo a El País que hoy mantendrá una reunión por Zoom con los jefes de Policía de los 19 departamentos y los jefes de Migraciones, Policía Caminera, Guardia Nacional Republicana y Dirección de la Policía Nacional.
El ministro destacó que todo el trabajo se realiza con pleno conocimiento e intervención del MSP, los gobiernos departamentales y también dando cuenta a la Fiscalía correspondiente.
Realidad y realista.
Larrañaga presentó ayer una incautación de drogas y armas y allí fue consultado por el proyecto que estaban discutiendo los legisladores. Larrañaga dijo que la ley “genera algunas limitaciones en beneficio de ese interés general de preservar la salud de la gente, y obviamente, en función de la reglamentación, la Policía va a tener un instrumento jurídico que jamás va a ser utilizado en contra de la gente para cercenar ni menoscabar derechos ni garantías, pero sí para preservar la salud de la gente”.
El Frente Amplio (FA) votó en contra del proyecto del gobierno (al que los senadores oficialistas le introdujeron tres cambios puntuales) y cuestionó al oficialismo por no tomarse más tiempo para estudiar y discutir esa iniciativa y la presentada por la izquierda. El proyecto de ley de la oposición proponía reglamentar el artículo 44 de la Constitución (en lugar del 38), para darle al Ministerio de Salud Pública (MSP) el rol fiscalizador ante aglomeraciones.
Desde el FA cuestionan la “falta de garantías de la ley”. El senador Alejandro Sánchez advirtió que esta norma se enfrenta con “el principio de realidad” y recordó en ese sentido el disparo que se le escapó a un policía días atrás en una intervención en una plaza de Chamizo, una localidad de 500 habitantes de Florida, próxima a Canelones. Uno de los jóvenes que estaba tomando bebidas junto a sus amigos grabó un video que se viralizó, en el que se ve y escucha cómo se escapa el tiro.
En busca de evitar episodios de este tipo, el FA impulsó un proyecto de ley que prohibe por 30 días “las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social y la utilización de los elementos de protección personal que disponga el MSP”. Para la izquierda, el MSP debería ser el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley; no tendría que actuar primero el Ministerio del Interior, como se prevé que pasará.
En cuál es el ministerio encargado de determinar cuándo existe riesgo sanitario y quién debe intervenir estuvo la principal discrepancia del oficialismo y la oposición. En otros aspectos hubo coincidencias. El blanco Daniel Camy, por ejemplo, citó al frenteamplista Mario Bergara para destacar que si se trata de dar un número es “virtualmente imposible la definición de aglomeración porque la casuística es enorme”. Lo que se debe valorar, por lo tanto, son los riesgos sanitarios que genera la reunión.
En cuanto a las discrepancias, Manini y el nacionalista Jorge Gandini explicaron que el MSP (dirigido por Daniel Salinas) tiene serias limitaciones para ejercer como policía en todo el territorio nacional por escasez de inspectores. Ante esto, el FA planteó que se podría invertir más en un cuerpo inspectivo.
Sobre el final, Manini dijo que el FA no votó el proyecto porque “subyace una desconfianza al instituto policial” y “se trata de dejarlo relegado”, y concluyó que la iniciativa del Ejecutivo es la “más aplicable y realista”, porque la Policía tiene capacidad de despliegue a nivel nacional.
About The Author
