Después de horas de debate virtual y una larga espera, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la Emergencia para el sector turístico, con el voto de diputados misioneros. Sin embargo, lejos de significar un alivio, la agonía se extiende por el desplante de la alianza Cambiemos, que irá a la Justicia para denunciar la validez de la sesión online que se realizó pese a su insistencia de discutir en forma presencial burlando todas las precauciones que impone la pandemia, mucho más en la ciudad de Buenos Aires, donde el coronavirus se extiende exponencialmente.

Luego de la reunión de presidentes de bloque, se inició la sesión mixta en la que el Frente de Todos y otras bancadas provinciales dieron quórum habilitando la renovación del protocolo de trabajo firmado previamente.

Unos 80 diputados de Juntos por el Cambio ingresaron al recinto y tras pedir que se impugne la sesión mixta, solicitaron que se computaran sus presencias; lo que fue negado por Massa, que les pidió que se loguearan en el sistema telemático por tratarse de una sesión mixta. La negativa de Cambiemos se mantuvo, por lo que hoy, en la práctica, la ley no se puede aplicar hasta que se resuelva la impugnación. Por eso, este jueves en Puerto Iguazú habrá una masiva protesta en reclamo por la parálisis del sector y la necesidad de contar con más ayuda del Estado.

Antes del desplante de la oposición, la Cámara convirtió en ley el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional y le dio medio sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo de reforma a la Ley de Pesca, que tiene como objetivo ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino. 

En primer lugar, la norma destinada a reactivar el turismo en el marco de la pandemia tiene por objeto la implementación de medidas por un término de 180 días, los cuales podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo por un mismo plazo, si así fuese necesario. El proyecto, con media sanción del Senado, obtuvo 127 votos afirmativos y 2 abstenciones y fue convertido en ley.  

El diputado Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) fue el encargado de explicar los objetivos del proyecto, destinado a “500 mil trabajadores asociados en hoteleros y gastronómicos y un millón de puestos de trabajo sumando todos los rubros del turismo”. 

“El Poder Ejecutivo no le ha soltado la mano al turismo, esta es la mejor ley posible, porque los tiempos apremian y el sector está esperando respuestas concretas”, añadió. “El turismo va a volver a ser uno de los motores generadores de divisas por el esfuerzo hecho entre todos”, cerró.   

El diputado José Luis Ramón, titular del bloque Unidad y Equidad Federal, consideró que “es un proyecto que está ansiosamente esperando toda la actividad turística del país”. Sin embargo, reclamó por “un sector que no ha sido tenido en cuenta: los trabajadores y los consumidores”. “Se pretende eliminar la garantía que tienen los consumidores, la protección del interés económico del usuario”, explicó.  

Por su parte, la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, adelantó su abstención y criticó “la reducción de los aportes patronales”, así como “la falta de distinción entre las grandes cadenas y las pequeñas empresas del turismo”. 

Entre las principales medidas impositivas, fiscales y crediticias, se incluye la incorporación de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) hasta 31 de diciembre de 2020 para todo el sector turístico, aportes no reembolsables para las micro y pequeñas empresas de hasta dos salarios mínimos, la prórroga por 180 días de todos los impuestos existentes y un incentivo para la preventa de paquetes turísticos nacionales.  

En sus fundamentos, el texto sostiene la necesidad de “paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.  

En segundo término, los legisladores aprobaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el capítulo XIII del Régimen de Infracciones y Sanciones de la Ley Federal de Pesca N° 24.922, que establece la ampliación y la actualización de las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino. El texto obtuvo 129 votos afirmativos y será girado al Senado para su sanción definitiva.  

Como miembro informante, la diputada Ayelén Sposito (Frente de Todos) consideró que “la pesca ilegal representa una deuda enorme para todos los argentinos y las argentinas, tanto en términos económicos como en términos de sustentabilidad de recursos naturales y ambiente marítimo”. 

“Se estima que nuestro país pierde más de 2 mil millones de dólares por la pesca ilegal y no reglamentada, con una consecutiva depredación de los recursos naturales. Esto no es otra cosa que la pérdida de puestos de trabajo”, resumió. 

La iniciativa enumera las sanciones a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor. En este sentido, establece multas y también propone la suspensión de buques por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año. 

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