El Gobierno de Javier Milei aprobó el nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), una reforma que apunta a ordenar desde el ingreso y la formación hasta los ascensos, las remuneraciones, el régimen previsional y las sanciones disciplinarias de los agentes. El nuevo esquema comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y constituye una pieza central en la reorganización del sistema de inteligencia impulsada por el Poder Ejecutivo.
El decreto 1021/2026, firmado el 15 de septiembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, reemplaza un marco estatutario que, según los fundamentos oficiales, había sufrido modificaciones sucesivas durante la última década como consecuencia de la creación, transformación e intervención de organismos de inteligencia. La nueva normativa busca establecer un régimen de personal estable que permita construir una carrera profesional y favorecer la incorporación de perfiles especializados. El Estatuto alcanza a todo el personal de la SIDE y a la totalidad de sus órganos.
La apuesta institucional está puesta en transformar al recurso humano en uno de los componentes centrales de la modernización de la inteligencia estatal. El régimen establece como principios de la carrera la idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, transparencia y profesionalización. En particular, dispone que los procedimientos de acceso, evaluación y ascenso deben sustentarse en criterios objetivos y verificables, con trazabilidad de las decisiones.
Uno de los cambios más relevantes está en la construcción de una carrera con etapas y requisitos definidos. El ingreso ordinario tendrá como puerta de entrada una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, cuya aprobación será condición necesaria para incorporarse a la carrera profesional. Luego existirá una etapa de planta condicional, con un vínculo de hasta un año, antes de una eventual confirmación en la planta permanente. Esa confirmación no será automática y quedará sujeta a las condiciones y políticas de personal vigentes.
El esquema también incorpora una clasificación en tres cuadros profesionales. El cuadro A estará destinado principalmente a perfiles universitarios o superiores, además de determinados integrantes retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el cuadro B contempla formación terciaria o intermedia universitaria y determinados perfiles retirados; mientras que el cuadro C requiere educación secundaria completa. Cada cuadro se divide en categorías con remuneraciones básicas y tiempos mínimos de permanencia.
El ascenso deja así de estar planteado exclusivamente como una cuestión de antigüedad. Para avanzar en la carrera será necesario cumplir los tiempos mínimos de permanencia, aprobar la capacitación obligatoria y obtener las calificaciones de desempeño requeridas, además de otros requisitos que pueda establecer la normativa complementaria. La formación también podrá generar puntaje académico para acelerar los tiempos de carrera, aunque el Estatuto aclara que ese mecanismo no genera un ascenso automático ni un derecho adquirido.
La evaluación del personal será anual, como mínimo, y deberá medir de manera sistemática las aptitudes, conocimientos, habilidades y desempeño. El sistema contempla experiencia, formación académica, conducta, capacidad para desarrollar las tareas asignadas, aptitudes comunicacionales y cumplimiento de los deberes establecidos por el Estatuto. La evaluación deberá realizarse antes del proceso anual de ascensos y también tendrá incidencia en el pasaje de la planta condicional a la permanente.
La capacitación adquiere un lugar estratégico dentro del nuevo diseño. La Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a su cargo la matriz académica destinada a desarrollar las competencias requeridas por la Secretaría, mientras que la formación podrá articularse con universidades y otras instituciones educativas. Todos los agentes deberán completar una formación común obligatoria, complementada por capacitación específica vinculada con las funciones que desempeñen.
El nuevo régimen también intenta cerrar espacios de incompatibilidad y conflictos de intereses. Los agentes deberán mantener confidencialidad incluso después de abandonar la Secretaría, declarar su situación patrimonial y excusarse cuando exista riesgo de parcialidad o incompatibilidad. Además, se restringe la prestación de servicios para empresas y personas vinculadas con sectores como seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado o vigilancia.
El Estatuto establece, al mismo tiempo, un régimen de derechos para los agentes, que incluye estabilidad una vez confirmados en planta permanente, retribución conforme a escalas, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, posibilidad de formular reclamos y derecho a rechazar una orden manifiestamente ilegal o violatoria de los derechos humanos. Ese último punto convive con un fuerte deber de obediencia respecto de las órdenes de servicio que reúnan las formalidades correspondientes.
En materia salarial, el nuevo esquema busca vincular remuneración, categoría y responsabilidad, con una estructura de conceptos básicos, bonificaciones, compensaciones, reintegros, asignaciones e indemnizaciones. Los conceptos salariales podrán ser actualizados en función de los incrementos que el Poder Ejecutivo homologue para la Administración Pública Nacional o de aquellos que se determinen específicamente para el personal de la SIDE.
El régimen previsional mantiene una característica diferencial: el personal queda afiliado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. El Estatuto establece además que el haber jubilatorio ordinario no podrá ser inferior al 82% de los haberes asignados para la categoría respectiva, mientras que las pensiones serán equivalentes al 85% del haber previsional que percibía o le hubiera correspondido al agente fallecido.
También se fortalece el componente disciplinario. Las investigaciones estarán a cargo de la Inspectoría General de Inteligencia y deberán observar principios como tutela administrativa efectiva, proporcionalidad, celeridad, economía procesal y prohibición de doble punición. Las sanciones previstas van desde el apercibimiento y la retención de haberes no reembolsable hasta la suspensión, cesantía y exoneración. Los agentes sometidos a sumario tendrán derecho a ejercer su defensa con asistencia letrada.
La cuestión más sensible será ahora la implementación. El Estatuto no entra plenamente en funcionamiento de manera inmediata: comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Antes deberá instrumentarse un régimen de transición para adaptar las situaciones existentes, contemplando la antigüedad, los tiempos de permanencia, los requisitos de ascenso y los trámites de ingreso, confirmación o cambio de cuadro que estén en curso.
La reforma, por lo tanto, no se limita a ordenar un escalafón interno. Construye una arquitectura de recursos humanos para una SIDE que pretende operar con mayores niveles de especialización técnica, capacitación permanente y evaluación sistemática. El desafío institucional será que esos principios —mérito, transparencia, profesionalización y trazabilidad— se traduzcan en procedimientos efectivos y previsibles, especialmente en un organismo cuya actividad, por su propia naturaleza, exige preservar información sensible y al mismo tiempo sostener controles sobre el uso del poder estatal.
