La disputa por los subsidios al transporte público sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional, las empresas de colectivos y los trabajadores del sector. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó una dura advertencia al Ministerio de Economía al reclamar una urgente recomposición salarial y alertar que “la paz social peligra”, en un contexto marcado por la implementación de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias para las empresas del transporte automotor.
A través de una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio que conduce Roberto Fernández exigió una respuesta concreta a los reclamos salariales pendientes y cuestionó que los choferes estén siendo utilizados como variable de ajuste en la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.
El sindicato remarcó que su pedido de actualización salarial rige desde mayo y denunció que hasta el momento sólo recibió “dilaciones” en las negociaciones. En ese marco, reclamó recibir “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”, sectores que, según la organización, cuentan con herramientas y beneficios que les permiten sostener sus niveles de actividad mientras los trabajadores del transporte enfrentan una pérdida del poder adquisitivo.
La advertencia de la UTA llega en un momento particularmente sensible para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la discusión sobre tarifas, subsidios y costos operativos volvió a instalarse en el centro de la agenda económica. El gremio sostiene que los trabajadores están siendo “sacrificados en el altar del superávit fiscal” y cuestiona que la consolidación de las cuentas públicas se construya sobre salarios que no logran acompañar la evolución del costo de vida.
La referencia al superávit fiscal no es casual. El Gobierno de Javier Milei convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en el principal ancla de su programa económico y ha mantenido una política de fuerte contención del gasto. En ese escenario, el transporte público aparece como uno de los sectores bajo permanente revisión debido al peso que históricamente tuvieron los subsidios en las finanzas nacionales.
Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanzó con la puesta en marcha de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias mediante la Resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y reestructuración del sistema impulsado por la administración nacional.
Según explicó el organismo, el nuevo mecanismo busca reforzar los controles sobre las empresas prestatarias y orientar las compensaciones hacia indicadores vinculados con la calidad del servicio. Entre las variables consideradas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros efectivamente recorridos, la antigüedad de las unidades, la regularidad operativa y los sistemas de cobro implementados.
La lógica oficial apunta a migrar desde un esquema basado principalmente en costos empresariales hacia otro con mayor foco en la demanda y en el desempeño efectivo del servicio. De esta manera, las empresas que acrediten mejores niveles de operación y prestación tendrán mayores posibilidades de acceder a las compensaciones estatales.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad y previsibilidad del transporte para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la modificación también genera incertidumbre entre operadores y trabajadores, que observan con preocupación cómo impactará sobre la estructura de ingresos de las empresas y, por extensión, sobre futuras negociaciones salariales.
En este contexto, la advertencia de la UTA adquiere una dimensión política y económica significativa. El gremio deja abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas, lo que podría derivar en nuevos conflictos en uno de los servicios más sensibles para la actividad económica y la movilidad urbana del país. La pulseada entre ajuste fiscal, subsidios y salarios vuelve así a colocar al transporte público en el centro de una discusión que excede al sector y refleja las tensiones de fondo del actual modelo económico.
Perú celebrará este domingo una de las elecciones más trascendentes de las últimas décadas. Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos que representan visiones opuestas sobre el Estado, la economía, la seguridad y el futuro institucional del país: la candidata de derecha Keiko Fujimori y el dirigente de izquierda Roberto Sánchez.
La elección se desarrolla en un contexto de profunda fragmentación política, desgaste institucional y creciente inseguridad ciudadana. En apenas una década, Perú tuvo nueve presidentes y atravesó sucesivas crisis de gobernabilidad que erosionaron la confianza en las instituciones y modificaron las prioridades del electorado. La delincuencia, las extorsiones y el avance del crimen organizado desplazaron incluso a la economía como principal preocupación social.
En ese escenario, el balotaje adquiere una dimensión que trasciende las fronteras peruanas. El resultado será observado con atención por los mercados internacionales, los gobiernos de la región y los inversores vinculados a sectores estratégicos como la minería, el gas y la infraestructura.
Las encuestas muestran una ventaja estrecha de Keiko Fujimori, especialmente en Lima y las grandes ciudades costeras, mientras que Roberto Sánchez conserva una sólida base electoral en las regiones andinas y rurales del interior del país. La polarización es extrema y buena parte del electorado admite votar por el “mal menor”, una constante que viene marcando las últimas elecciones peruanas.
Keiko Fujimori busca una revancha histórica
A los 51 años, Keiko Fujimori enfrenta su cuarta oportunidad de llegar a la presidencia. Después de haber perdido los balotajes de 2011, 2016 y 2021, la líder de Fuerza Popular vuelve a competir con la promesa de restaurar el orden, fortalecer la seguridad y recuperar la estabilidad económica.
La dirigente construyó gran parte de su identidad política alrededor del legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Para sus seguidores, representa el período en el que el país logró derrotar militarmente a Sendero Luminoso y controlar una hiperinflación devastadora. Para sus detractores, simboliza una etapa marcada por violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y corrupción.
Durante el cierre de campaña, Fujimori reivindicó explícitamente la gestión de su padre y prometió replicar políticas de mano dura contra la delincuencia, inspiradas en parte por el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Su propuesta económica apunta a preservar el modelo de mercado que convirtió a Perú en una de las economías más dinámicas de América Latina durante las últimas dos décadas. Entre sus prioridades figuran acelerar inversiones mineras, reducir regulaciones y promover obras de infraestructura vinculadas a la agroexportación.
La candidatura de Fujimori llega fortalecida tras la resolución judicial que dejó sin efecto el proceso principal en su contra por el caso Odebrecht. Aunque aún enfrenta causas menores vinculadas a cuestiones electorales, la anulación del expediente central eliminó el principal obstáculo que amenazaba su regreso a la competencia presidencial.
Roberto Sánchez y la búsqueda de una izquierda más moderada
Del otro lado aparece Roberto Sánchez, psicólogo, exseminarista y actual referente de Juntos por el Perú, quien logró convertirse en el heredero político del expresidente Pedro Castillo.
Sánchez llegó al balotaje como una de las grandes sorpresas de la elección. Comenzó la campaña relegado en las encuestas, pero logró consolidar el apoyo de amplios sectores populares del sur andino y de los votantes desencantados con el establishment político tradicional.
Su principal desafío durante la segunda vuelta fue ampliar esa base electoral hacia los sectores urbanos y moderados. Con ese objetivo, impulsó un giro estratégico en su discurso, dejando en segundo plano algunas de las propuestas más radicales de su plataforma original.
La Asamblea Constituyente, que inicialmente aparecía como eje central de su proyecto político, pasó a formar parte de una agenda más amplia de reformas institucionales. Del mismo modo, moderó algunas posiciones económicas para transmitir señales de previsibilidad a los sectores productivos y empresariales.
Sin embargo, mantiene propuestas de fuerte intervención estatal, incluyendo la revisión de contratos de explotación de recursos naturales, una mayor participación pública en sectores estratégicos y una redistribución más activa de la renta generada por la minería y la energía.
También plantea fortalecer los vínculos con los BRICS y avanzar en una política exterior más autónoma respecto de Estados Unidos.
Uno de los puntos más controvertidos de su campaña es la promesa de indultar a Pedro Castillo, condenado por intentar disolver el Congreso en 2022. Para sus seguidores, se trata de reparar una injusticia política; para sus adversarios, implica una amenaza para la institucionalidad democrática.
Seguridad, economía y gobernabilidad, los ejes de una elección decisiva
Más allá de las diferencias ideológicas, ambos candidatos coinciden en que la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de los peruanos.
Fujimori propone endurecer el sistema penal, ampliar facultades de las fuerzas de seguridad y fortalecer el control territorial del Estado. Sánchez apuesta a una reforma policial, la creación de una Policía de Investigaciones y una estrategia más amplia orientada a combatir las redes criminales y la corrupción.
En materia económica, el contraste es igualmente marcado. Mientras la candidata de Fuerza Popular busca profundizar un modelo promercado basado en inversiones privadas y apertura económica, Sánchez plantea una mayor presencia estatal en sectores estratégicos y una revisión de las condiciones bajo las cuales operan grandes empresas mineras y energéticas.
Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de un simple cambio de gobierno. Perú llega a estas elecciones con instituciones debilitadas, una ciudadanía crecientemente desencantada y una economía que, pese a mantener fundamentos relativamente sólidos, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad, la desigualdad y la falta de estabilidad política.
El resultado del domingo definirá no sólo quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos años, sino también cuál será el camino elegido por uno de los países más relevantes de la región andina en un momento de fuertes transformaciones geopolíticas y económicas en América Latina.
La campaña triguera 2026/27 comenzó con una velocidad inusual. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario(BCR), ya se implantó el 32% del área proyectada a nivel nacional, el avance más rápido registrado desde que existen estadísticas comparables, al menos desde la campaña 1998/99. El dato refleja una estrategia defensiva de los productores frente a un escenario complejo de costos y volatilidad de mercados: aprovechar la humedad disponible en los perfiles superficiales del suelo antes de que las condiciones climáticas cambien.
La dinámica de siembra contrasta con las señales comerciales. Aunque el cereal muestra un fuerte ritmo de implantación, los negocios para la nueva campaña permanecen rezagados. Al cierre de esta semana se habían comercializado unas 1,84 millones de toneladas de trigo 2026/27, un volumen 30% inferior al promedio de los últimos cinco años y también por debajo del ciclo pasado.
El ritmo de siembra de trigo avanza a paso firme. Los precios se desploman en Chicago por oleada de ventas de los fondos. En el mercado local, cae el precio del trigo y el maíz, pero la soja resiste.
1. Trigo: Se completó el 32% del área de intención, un máximo desde que se tengan registros
La siembra de trigo puso quinta y alcanza su ritmo más alto desde por lo menos la 1998/99. Pese a la complejidad que imponía el panorama del mercado de insumos y los altos precios de los combustibles, los productores comenzaron sus labores y ya hicieron sus planteos sobre un 32% del área total proyectada a nivel país, según datos de la Secretaría de Agricultura y Pesca.
Este ritmo de siembra relativamente vertiginoso se explica por la necesidad de aprovechar el agua disponible en los primeros centímetros del suelo mientras esté disponible, explica GEA-BCR en su informe, aunque prevé un recorte del 12% interanual en el área sembrada de zona núcleo para la nueva campaña.
En términos comerciales, al miércoles de esta semana ya se acumulan negocios por aproximadamente 1,84 Mt de trigo correspondiente a la 2026/27; un 30% por detrás de del promedio de los últimos cinco años y el ciclo pasado. Los precios a cosecha estuvieron ajustando fuertemente en las últimas semanas, presionados por el mercado global y la inminente llegada de la oferta desde el hemisferio norte. La curva de futuros en A3 se desplazó un 4% hacia abajo en las últimas dos semanas, con la cotización a enero bajando US$ 11,5/t.
Estados Unidos comenzó la trilla de su tan golpeado trigo de invierno, para el cual se prevé la cosecha más baja desde la campaña 1972/73. Sin embargo, al mismo tiempo, el resto de los orígenes relevantes para el mercado global de trigo, como lo son Rusia, Ucrania, Canadá y la Unión Europea, se preparan para encarar la trilla con buenas expectativas productivas en términos generales. Agencias privadas rusas proyectan una cosecha de trigo por encima de las 90 Mt, de mínima 4 Mt más que las primeras estimaciones del WASDE de mayo. En Francia las condiciones del trigo sembrado superan ampliamente las del año pasado a esta altura, mientras que en Ucrania esperan levantar una cosecha de granos que sería mejor que durante el año pasado.
En este escenario, el trigo norteamericano se presenta como el menos competitivo entre todos los orígenes relevantes, y esto se evidencia en un ritmo exportador reducido. Además, la presión de oferta por la cercanía de la entrada a la cancha de las cosechas del hemisferio norte también juega en el mismo sentido. Como respuesta a estos hechos, los fondos especulativos comenzaron un fuerte desarme de posiciones compradas en el cereal, tras lo cual los precios comenzaron a caer sin parar en Chicago. El contrato de futuro de trigo más cercano tocó los US$ 214/t durante esta semana, lejos del pico bianual alcanzado a mediados de mayo de US$ 249/t.
2- Se desplomaron los precios por maíz
En Chicago, el maíz se desplomó más de US$20/t en cuatro semanas, tendiendo a converger con los niveles anteriores a la implosión del conflicto en Medio Oriente.
El 5 de mayo pasado los contratos de futuro por maíz alcanzaban máximos de un año, llegando a US$ 191/t para el contrato más operado en Chicago. El cierre del estrecho de Ormuz, la suba en el petróleo y los fertilizantes y el rol de maíz como insumo para bioetanol aportaron los fundamentos para que las cotizaciones del cereal escalaran un 11% en el año. El rally fue convalidado por los fondos especulativos, que en su apetito por commodities pasaron de estar vendidos en 2 Mt de maíz a principios de año, hasta alcanzar la posición comprada más importante desde febrero del 2025 con el equivalente a 43,6 Mt. Sin embargo, desde entonces los fondos no hicieron más que vender y la cartera comprada se redujo en un 72% en solo veinte ruedas.
Aunque Ormuz haya sido un game changer para el mercado de commodities, la oferta de maíz global para esta campaña 2025/26 es récord: Estados Unidos consumaría la mayor cosecha de su historia, Argentina haría lo propio y Brasil levantaría la segunda más importante. A la vez, la siembra 2026/27 avanza sin problemas en Norteamérica, con el 67% de los cultivos ya implantados en condiciones buenas a excelentes y expectativas climáticas favorables. Entre el aluvión de granos sudamericanos, las buenas perspectivas para la nueva campaña estadounidense, el peso de la oferta, los reacomodamientos del petróleo y las tomas de ganancias de los fondos, se explica el abrupto cambio de tendencia de las últimas semanas.
Bajo este escenario, el precio de exportación para la cosecha tardía en Argentina pasó de negociarse en US$ 220/t a caer por debajo de los US$ 200/t en el último mes, trasladándose al mercado interno y presionando sobre la curva de futuros en A3. Los contratos de maíz, desde julio a diciembre cayeron entre un 3,6% y 2,4%, para volver a niveles de precios anteriores a la guerra. La cotización disponible con descarga en Rosario, ajustado por inflación, está al mismo nivel que a fines de marzo pasado cuando la pizarra se desplomaba con el ingreso del maíz temprano.
De la mano de las caídas en las cotizaciones por maíz, el ritmo comercial por el cereal ha ido mermando. Al mismo tiempo, el precio de la soja exhibió una relativa mejora, invirtiendo así la dinámica comercial del mercado: si durante el primer cuatrimestre del año, el maíz fue el protagonista de los negocios; desde mayo en adelante, de la mano de la entrada de la nueva cosecha y la mejora en precios, la soja se lleva el protagonismo.
Vale aclarar, sin embargo, que los compromisos de maíz en el mercado interno ya alcanzan las 26,7 Mt, el segundo registro más alto y con el 94% de esas compras en manos del sector exportador. Al mismo tiempo, las registraciones de DJVE a esta altura apenas superan las 18 Mt, por lo que el sector está más “calzado” que nunca en términos de ventas externas. Con un tipo de cambio estable durante todo el año, sin volúmenes de equilibrio por los que competir y con un cronograma de reducción arancelaria hacia delante, los incentivos a adelantar DJVE no son demasiado fuertes.
En materia de competitividad, Argentina sigue siendo el origen más atractivo para comprar en el mercado global, ganándole la pulseada en el mercado internacional al maíz safrinha que ya se está empezando a levantar. El ritmo de exportación para esta campaña viene siendo récord, con 14,2 Mt embarcadas a la fecha. Es de esperar, además, que las ventas al exterior vuelvan a acelerarse con la llegada del maíz tardío a partir de julio. El avance de cosecha a nivel nacional es del 53%, en línea con el promedio de los últimos años.
En Brasil la zafra de segunda apenas si está arrancando con 0,6% de la superficie objetivo ya cosechada, 1,2 p.p. por detrás del promedio. En términos generales las perspectivas son buenas, con excelentes condiciones para el centro del país, sobre todo en Mato Grosso, aunque algunas preocupaciones sobre el sur por las faltas de lluvias y altas temperaturas de mayo. El organismo oficial brasilero espera una cosecha total de 140 Mt, con 108 Mt de maíz safrinha, apenas por debajo del récord del año pasado.
3- El aceite de soja no para de subir en Chicago
El complejo soja fue el que menos padeció el desarme de posiciones por parte de los fondos especulativos, quienes llegaron a mantener la posición comprada más importante que se tengan registros hace tan solo unas semanas. Sin embargo, la soja no escapó a la tendencia bajista en granos y acumula pérdidas de un 4% en las últimas cuatro semanas, mientras que la harina retrocedió solo un 1%. Lo que más soporte le está aportando al mercado viene por el lado de los aceites, que ya superó los US$ 1.730/t, máximos desde junio del 2022, acumulando ganancias del 59% en el año y a tan solo un 15% de alcanzar el precio máximo histórico nominal en Chicago.
Debido a que buena parte de los fundamentos que impulsan las cotizaciones del aceite de soja en Chicago son propios de la coyuntura norteamericana (Estados Unidos consume internamente casi todo el aceite de soja que produce), el precio FOB del aceite argentino no copió con la misma intensidad el rally alcista de la plaza norteamericana. Sin embargo, funcionó de sostén para los precios en plena presión de cosecha argentina. Esta dinámica viene manteniendo el poder de compra industrial y el precio disponible en el mercado interno.
Mientras los precios de compra ofertados por trigo y maíz en el mercado local vienen cayendo, los de soja se mantienen dentro de los AR$ 460.000 y AR$ 465.000/t. Con precios relativamente más atractivos, en la última semana se comprometieron 1,3 Mt de soja, el 67% con precio hecho. Con los últimos datos disponibles, los compromisos acumulados de la campaña llegan a las 18,5 Mt de soja para la 2025/26 de las cuáles un 32% se concertó en las últimas cinco semanas.
A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.
Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.
Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.
La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.
En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.
Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.
No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.
Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector.
Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.
Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI
Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.
En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.
Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.
No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.
En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.
La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.
El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.
En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.
Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.
Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.
La industria argentina del biodiésel atraviesa otro año marcado por la baja utilización de su capacidad instalada, la caída de las exportaciones y una creciente dependencia del mercado interno. Aunque los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran una leve recuperación interanual en los niveles de producción, el sector continúa muy lejos de los volúmenes que supo alcanzar en sus años de mayor expansión y mantiene expectativas centradas en una eventual reforma del régimen de biocombustibles que permita recomponer la demanda.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, entre enero y abril de este año se produjeron 308.565 toneladas de biodiésel, un 16% más que en igual período de 2025. Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se compara con el promedio de los últimos cinco años: la producción actual se ubica un 25% por debajo de ese nivel y constituye el tercer registro más bajo desde 2010.
La producción de biodiesel en Argentina sigue limitada en el comienzo de 2026, a pesar de una leve mejora interanual. Se opera muy por debajo de su capacidad y se depende cada vez más del mercado interno dada las limitadas posibilidades de exportación.
La producción de biodiesel en Argentina transita un nuevo año de una actividad limitada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la producción acumulada en primer cuatrimestre del año alcanzó 308.565 toneladas, 16% por encima del año pasado, pero aún 25% por debajo del promedio de los últimos 5 años y el tercer total más bajo desde 2010.
Esta tendencia declinante de la industria de biodiesel en Argentina no es reciente. En términos anuales, la producción nacional alcanza un máximo histórico en 2017 con 2,8 Mt, situación que se comienza a revertir desde entonces, hasta alcanzar un piso de 0,83 Mt en el año 2023. Si bien ese año estuvo afectado por una sequía histórica, tras la recuperación en la producción de soja entre 2024 y 2025, el total producido de biodiesel fue de 1,1 y 0,97 Mt para dichos años.
Si se considera la capacidad instalada de producción de biodiesel a nivel nacional, que se ubica en torno a 3,8 Mt anuales y mayormente en la provincia de Santa Fe, los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%. Más allá de que siempre fue un desafío incrementar el uso de la capacidad instalada, la producción de los últimos dos años se ubica 50% por debajo del promedio histórico para la industria y el 2026 parece que no logrará un repunte relevante en términos de actividad.
Es importante mencionar que, la industria de biodiesel en Argentina funciona con un sistema dual, con empresas mayormente pyme que operan y abastecen exclusivamente el mercado doméstico según la tasa de corte establecida y, por otro lado, se encuentra las empresas integradas que abastecen exclusivamente la demanda de exportación sin poder abastecer el corte de gasoil a nivel local.
Si se considera la producción destinada a las ventas al corte y el resto de las ventas que, en conjunto consolidan la demanda doméstica, en el año 2025 se alcanzó una comercialización total de 703.304 toneladas, por encima del promedio de los últimos 5 años, aunque levemente por detrás del 2024 cuando se alcanzaron las 777.218 toneladas. Mientras que, el volumen de exportación de 2025 fue de tan solo 273.386 toneladas, el total más bajo desde el comienzo de la serie. Teniendo en cuenta que los stocks de la industria son relativamente acotados, las ventas domésticas y de exportación explican, en conjunto, cerca del 100% de la producción anual.
Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, desde 2022 se comenzó a disparar el share de las ventas locales respecto al total hasta representar un máximo del 72% en 2025 y del 90% en el primer cuatrimestre de 2026, lo cual da cuenta de que la caída en la producción se explica mayormente por la merma en las exportaciones del sector. Igualmente, se destaca que las ventas domésticas de los últimos años están 30% por debajo de los mejores años entre 2015 y 2019.
En términos absolutos, en el primer cuatrimestre de 2026 se realizaron ventas en el mercado doméstico por 271.751 toneladas y exportaciones por solo 30.360 toneladas. Para igual período de años anteriores, este registro de exportaciones es el más bajo desde que comenzó la producción de biodiesel en Argentina hacia el año 2008. De esta manera, se logra observar cómo una industria que nació más bien enfocada en la exportación actualmente está supeditada al nivel de ventas del mercado interno y donde las empresas que operan en la exportación no pueden participar de las ventas al corte doméstico. A esto se agrega que, la Unión Europea, nuestro único mercado para las exportaciones de biodiesel, podría adoptar una resolución que dejaría vedada nuestras posibilidades de seguir haciendo envíos a dicho destino. (Ver)
¿Cuál es la propuesta oficial para actualizar la Ley de Biocombustibles que ingresó al Senado?
Tal como se mencionó anteriormente, el desempeño de la industria de biodiesel en Argentina no atraviesa su mejor momento y, con un esquema en el cual la tasa de corte de biodiesel en gasoil es relativamente baja en comparación histórica y mercados importadores que buscan limitar nuestras exportaciones.
Es en este contexto que la discusión legislativa adquiere un rol central. Un nuevo régimen que brinde previsibilidad al promover mayores tasas de corte y mejore las condiciones de comercialización podría generar un piso de demanda más sólido para la industria y disminuir la gran capacidad ociosa que existe actualmente. Esto, en sintonía con las políticas que vienen aplicando los principales países productores y competidores de aceites vegetales, que fomentan la expansión de las cadenas de valor agroindustriales y de biocombustibles en particular, en post de diversificar las matrices energéticas y consolidar la Seguridad Energética de sus propios países.
El oficialismo ingresó un proyecto para discutir un nuevo marco regulatorio para el biodiesel que proyecta un incremento de la tasa de corte al 10% luego de 12 meses desde la sanción de la ley. En perspectiva comparada, dicha tasa de corte volvería a niveles previos con los cuales funcionó la industria en ciertos períodos, pero aun mostrando cierta distancia de lo que rige en el caso de Brasil y lo que se podría efectivizar hacia adelante en dicho país.
Más allá del nivel de corte, uno de los cambios tiene que ver con el mecanismo propuesto para la comercialización de biodiesel. El proyecto contempla reducir progresivamente la porción de abastecimiento que se determina vía cupos coordinados por el Estado, mientras se incrementan proporcionalmente la participación que se negociaría libremente a través del “Mercado Electrónico Transparente” donde podrían participar tanto las empresas integradas como las no integradas. Esta migración del sistema de cupos hacia un mercado más flexible está estipulada para comenzar a partir de la entrada en vigor del corte del 10%, cuando la mitad del corte será abastecido por la negociación libre entre partes. Este proceso continuará progresivamente hasta 2030, momento en el que 3 puntos porcentuales (p.p) del corte obligatorio estarán garantizados para las empresas no integradas y los 7 p.p restantes se negociarán en el mercado libre, donde las mezcladoras –que realizan coprocesamiento– podrán acaparar hasta 3 puntos porcentuales.
Por otro lado, las operaciones en este Mercado Electrónico contemplarían regiones geográficas para optimizar costos logísticos, y se tendría libertad contractual para celebrar acuerdos de abastecimiento a futuro. Finalmente, se estipula un precio máximo que estará condicionado por el valor de paridad de importación de biodiesel, el cuál será calculado periódicamente por un organismo independiente y siempre en base a fuentes reconocidas del mercado internacional.
El proyecto contempla la posibilidad de que empresas mezcladoras, por voluntad propia, puedan añadir biodiesel al gasoil en porcentajes superiores a los obligatorios. Además, prevé la habilitación de la circulación de vehículos flex fuel que utilicen mezclas con porcentajes superiores. En esta sintonía, se permitiría la instalación de surtidores exclusivos en las estaciones de servicio para despachar estos cortes incrementales al público. Además, se abre la posibilidad de importar biocombustibles para mezclas superiores al corte o en los casos donde hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda por corte obligatorio.
En términos del impacto que se podría tener en términos productivo, teniendo en cuenta el consumo promedio anual de gasoil en Argentina durante los últimos cinco años, se necesitarían alrededor de 1,3 Mt de biodiesel anuales de aprobarse el corte del 10%, un 33% más que el escenario donde se mantiene la tasa de corte actual del 7,5%. Esto podría ponerle un piso a la producción más allá de las posibilidades de exportación.
