América Latina históricamente quedó fuera de los flujos de liquidez global no porque no tuviera activos valiosos, sino porque la infraestructura financiera que conectaba el capital global con las oportunidades locales era cara, lenta y excluyente. La tokenización cambia esa ecuación de raíz: un bono emitido en Asunción o en Buenos Aires puede hoy acceder a liquidez global con la misma fricción con que una acción cotiza en un índice internacional. La tecnología maduró lo suficiente para cumplir lo que prometía, y los reguladores de la región, después de años de observar, decidieron actuar antes de que el mercado los dejara atrás.
El mercado global de bonos tokenizados superó los 12.800 millones de dólares en valor onchain en abril de 2026, y las proyecciones apuntan a sobrepasar el billón de dólares en activos de deuda digital hacia 2030. Pero la historia más relevante no está en Wall Street ni en los mercados europeos, está ocurriendo en América Latina, donde reguladores, bancos y emisores corporativos están construyendo, con urgencia y convicción, la infraestructura del mercado de capitales del siglo XXI.
“Estamos viendo a la región construyendo su propia versión del mercado de capitales del siglo XXI, y esto es algo que no debemos pasar por alto, es una marca para la historia. Los bonos tokenizados no son el futuro del cripto cotidiano — son el presente del mercado institucional, y los países que lleguen con infraestructura de custodia regulada desde el inicio van a definir las reglas del juego.”, explica Luis Ayala, Director General para América Latina, BitGo
¿En qué situación está Latinoamérica?
Brasil es el mercado más avanzado de la región en esta materia. Aunque el proyecto Drex del Banco Central reorientó su foco hacia la reconciliación de garantías crediticias, el mercado privado tomó la posta: el volumen de tokens de activos reales creció un 1,134% en un año y ya supera los 1.500 millones de reales, con proyecciones que estiman que la tokenización podría desbloquear hasta 7 billones de reales en crédito. En ese contexto, la pregunta que se hacen los actores institucionales ya no es si tokenizar, sino con qué infraestructura de custodia hacerlo con estándares de nivel global.
Argentina sorprendió al mercado regional con uno de los marcos regulatorios más activos del continente. La Comisión Nacional de Valores (CNV) construyó por capas un régimen de tokenización que hoy habilita la representación digital de acciones, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, CEDEARs y fondos cerrados, con un sandbox prorrogado hasta 2027. La Resolución General 1150, aprobada en junio de 2026, amplió el universo de instrumentos tokenizables a prácticamente cualquier valor bajo autorización automática. Para el mercado local, la tokenización ya es una respuesta concreta a décadas de fricciones con intermediarios, ciclos de liquidación lentos y acceso limitado a instrumentos en moneda dura, y la alta adopción de stablecoins en el país es la base cultural y financiera sobre la que se construye esa demanda.
Colombia avanza en paralelo desde un ángulo diferente: el de la formalización progresiva. El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), supervisado por la Superintendencia Financiera (SFC), ya es una realidad operativa y posiciona al país como uno de los más activos de la región en regulación de criptoactivos. En el Congreso se tramita además un proyecto de ley integral bajo el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación“, que busca equiparar el tratamiento de activos digitales con el de sus equivalentes financieros tradicionales. El sector bancario no espera: Bancolombia ya ofrece servicios con activos digitales a sus clientes, y en el CAMP 2026, el principal congreso de medios de pago del país, la tokenización de activos figuró como eje central de la agenda institucional.
Paraguay es, quizás, la sorpresa más notable del mapa regional. La Ley N° 7.572/2025, vigente desde noviembre, modernizó de raíz un mercado de valores e incorporó por primera vez el reconocimiento expreso de activos emitidos en tecnología blockchain como valores sujetos a fiscalización. Los sectores inmobiliario y agroindustrial ya exploran la tokenización de títulos digitales transferibles para reducir costos de intermediación y atraer capital internacional. Durante 2026, el Banco Central y la Superintendencia de Valores completan la primera generación de reglamentos habilitantes para la ley, con foco en tokenización, crowdfunding y emisiones extranjeras. Paraguay no es un mercado emergente en espera: es un mercado que tomó una decisión regulatoria deliberada y ahora construye la arquitectura para ejecutarla.
En Centroamérica, El Salvador lidera con un ecosistema regulatorio integral para activos digitales y las primeras emisiones de deuda corporativa tokenizada bajo su Ley de Activos Digitales. En Guatemala, Grupo Cayalá realizó una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por 50 millones de dólares con apoyo de la Bolsa de Valores local. Costa Rica, por su parte, se prepara para volver a los mercados internacionales de bonos con una emisión de hasta 1.500 millones de dólares, la primera desde 2023, en un momento en que la infraestructura de liquidación tokenizada empieza a demostrar su valor concreto. El patrón que se repite en toda la región es el mismo: los costos de emisión pueden alcanzar el 7% del capital levantado y los tiempos de salida al mercado se extienden por años. La tokenización no es una aspiración futura acá — es una respuesta directa a fricciones que el mercado ya documenta.
Para BitGo, el avance regulatorio en la región confirma una tesis que la compañía viene desarrollando en sus operaciones latinoamericanas: la demanda institucional de activos digitales en los mercados emergentes no está condicionada por la madurez del mercado minorista, sino por la disponibilidad de servicios de custodia y de una infraestructura de activos digitales más amplia que cumpla con los estándares regulatorios internacionales.
Con la aprobación de BitGo Bank & Trust como banco fiduciario nacional regulado por la OCC y su reciente incorporación al Fortune 500 de 2026 en su primer año como empresa pública, la compañía llega a este momento de expansión regional con el respaldo institucional que los mercados exigen a sus socios de infraestructura.
“Las instituciones en América Latina no buscan hype. Buscan confianza, transparencia y solidez regulatoria. Cuando un gestor de activos en São Paulo, Buenos Aires, Bogotá o Asunción evalúa a su custodio, las mismas preguntas que hacían sobre cualquier banco tradicional se aplican ahora a la infraestructura digital. Nuestra ventaja es que podemos responderlas.” concluye Ayala.
