La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejar de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La decisión se alinea con la doctrina que sostiene la Corte Suprema desde 2019 y busca evitar nuevos costos judiciales para el Estado.
La medida quedó formalizada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, donde el organismo reconoció la “reiterada jurisprudencia” del máximo tribunal en favor de jubilados y pensionados y ordenó adecuar la actuación de sus representantes legales.¿Qué hará ARCA?
En concreto, ARCA instruyó no presentar recursos extraordinarios ni recursos de queja ante la Corte Suprema en este tipo de expedientes. Además, en los casos ya iniciados, el organismo deberá desistir de las apelaciones pendientes que aún no hayan sido tratadas.
El cambio de postura se apoya en el histórico fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado el 26 de marzo de 2019. Allí, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre jubilaciones.
Jueces de la Corte
En aquella sentencia, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que gravar haberes previsionales podía vulnerar el principio de igualdad constitucional cuando se trataba de personas en situación de vulnerabilidad por edad o salud.
La Corte sostuvo entonces que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad” y ordenó reintegrar las sumas retenidas a una jubilada de 79 años con graves problemas de salud, cuyos descuentos llegaban al 31,94% de sus ingresos.
La resolución fue firmada el pasado 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos de AFIP, Gustavo HeberPaturlannes, quien además dispuso que, cuando las cámaras federales rechacen de manera sistemática las apelaciones del organismo, los representantes fiscales deberán consentir las sentencias sobre la cuestión de fondo.
En esos casos, ARCA solo continuará litigando aspectos vinculados a honorarios y costas judiciales, para “no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.
De todos modos, la nueva directiva no alcanzará a las causas impulsadas por asociaciones o colegios que carezcan de legitimación activa, ni tampoco a expedientes donde el organismo considere que existen circunstancias particulares capaces de revertir el criterio judicial vigente.
La Justicia rechazó una medida precautelar y cautelar de no innovar presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para suspender el procedimiento de licitación de la Vía Navegable Troncal, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La entidad había solicitado que se ordenara a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la “suspensión inmediata de todo acto de avance sustancial, consolidación, perfeccionamiento o ejecución” del proceso licitatorio.
En la resolución judicial se señaló que la investigación en curso “se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y el supuesto direccionamiento de la Licitación y la eventual defraudación”, y se remarcó que la causa “se encuentra en plena etapa de instrucción”.
Además, el fallo sostuvo que el informe remitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante”.
El texto judicial también cuestionó la difusión pública del informe y afirmó: “Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe poco después de su remisión a esta dependencia, máxime cuando el mismo no había sido siquiera incorporado al sistema informático del Poder Judicial”.
Como ejemplo, se mencionó una publicación del diario La Nación del 15 de mayo que replicó el contenido del informe de la Procuraduría.
La resolución agregó que “no resulta este el proceso en el que deba ventilarse el informe presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, ni tampoco el ámbito donde correspondiera tratar la medida impulsada por la asociación civil.
Asimismo, el juzgado indicó que “no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada”.
Según se consignó en el expediente, la misma organización mantiene otro juicio contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en tribunales de Santa Fe, donde también fue rechazada una cautelar similar.
Finalmente, la resolución concluyó que “no se ha logrado acreditar, siquiera en grado de apariencia suficiente, la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta arbitrariedad del obrar administrativo cuestionado”, y que tampoco se demostró “un peligro concreto, actual e inminente en la demora” que justificara la suspensión del proceso licitatorio.
Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz y Cristina Irene Leiva participaron en la reunión mensual de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) oportunidad en la que se eligieron las nuevas autoridades que conducirán la entidad durante el período 2026-2028.
Misiones integrará la nueva comisión, ya que Froilán Zarza fue elegido, por sus pares de todo el país, para ocupar el cargo de protesorero. Marcando, de esta manera, la impronta de la Provincia teniendo en cuenta que Cristina Irene Leiva es quien preside la Región NEA y la Comisión de Género, mientras Juan Manuel Díaz fue electo recientemente para presidir la Comisión de Ambiente y Cambio Climático.
En este espacio de profunda articulación interprovincial, se mantuvo además un encuentro de trabajo con el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, ratificando el compromiso de seguir fortaleciendo el acceso a la justicia y la excelencia institucional en todo el país.
Este encuentro contó con la presencia de 53 autoridades judiciales de las máximas instancias de Argentina, oportunidad en la que Mahiques manifestó su apoyo a los poderes judiciales provinciales destacando el trabajo que realizan en todo el país y la voluntad de articular acciones en materia de acceso a justicia, oralidad y capacitación, además de ponerse a disposición de los magistrados para escuchar las necesidades locales y buscar soluciones conjuntas para las vacantes y requerimientos de las justicias provinciales.
En este contexto, Emilia María Valle y Sergio Fabián Vittar fueron reelegidos por el período 2026-2028 como presidente y vicepresidente de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y Ciudad de Buenos Aires por votación de todas las Provincias representadas en la Asamblea realizada en la ciudad de San Juan. También renovaron el resto de las autoridades de la Comisión Directiva.
La nómina de las nuevas autoridades aprobadas para la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Emilia Valle (Chaco); Vicepresidente: Fabián Vittar (Salta); Vicepresidente Región Litoral Centro: Domingo Sesin (Córdoba) Vicepresidente Región Nuevo Cuyo: Eduardo Allende (San Luis); Vicepresidente Región Patagonia: Camila Banfi (Chubut); Vicepresidente Región Atlántica: Hilda Kogan (PBA); Secretaria: Adriana García Nieto (San Juan); Prosecretaria: Rita Verónica Saldaño (Catamarca) Tesorero: Hugo Oscar Díaz (La Pampa); Protesorero: Froilán Zarza (Misiones); Secretario de Relaciones Institucionales y Actas: Santiago Otamendi (CABA); Revisor de Cuentas Titular: Mariano Miranda (Jujuy); Revisora de Cuentas Suplente: Alicia Mercau (Santa Cruz) Vocales: Germán Carlomagno en su carácter provisorio (Entre Ríos); Fernando Niz en carácter provisorio hasta que el Superior Tribunal designe o ratifique su permanencia (Corrientes); Ariel Gustavo Coll (Formosa); Luis Brizuela (La Rioja), Dalmiro Garay Cuelli (Mendoza); Evaldo Darío Moya (Neuquén); Ricardo Apkarian (Río Negro); Rafael Gutiérrez en su carácter provisorio (Santa Fe); Eduardo López Alzogaray (Santiago del Estero); Javier Muchnik provisorio (Tierra del Fuego AIAS); Antonio Estofan (Tucumán).
La Junta que nuclea a los ministros y miembros de las Cortes Supremas y Tribunales Superiores de cada jurisdicción provincial del país con el objetivo de fortalecer el sistema judicial en las provincias y garantizar la independencia de los poderes judiciales locales frente al gobierno federal.
El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.
Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua. Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en USD 245.000— y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.
Ampliación de la declaración judicial
La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.
De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de USD 94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.
“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.
Pagos en dólares y contexto económico
Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.
“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, afirmó.
El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios. Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente USD 20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.
“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.
Conversaciones y detalles de la obra
En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.
“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.
El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.
“Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.
Defensa pública del jefe de Gabinete
Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.
“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.
En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.
Un caso en desarrollo
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.
El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.
Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.
Impacto político y judicial
El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.
La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.
En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.
Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno
El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.
El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.
La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.
En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.
Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.
Qué implica el avance del pliego para Misiones
La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.
Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.
Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.
La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.
La Justicia federal volvió al centro de la negociación política
El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.
La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.
En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.
Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.
La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.
El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:
Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.
Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.
Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.
Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.
Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.
Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.
Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.
Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.
Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.
Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.
Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.
Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.
Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.
María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.
Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.
Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.
María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.
Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.
Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.
Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.
Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.
Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.
Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.
Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.
Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.
José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.
Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.
María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.
Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
