JUDICIALES

Caso $LIBRA: Novelli dijo que los inversores no fueron estafados y defendió a Milei ante la Justicia

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El empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los organizadores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA, pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento como querellantes de cinco inversores y sostuvo que quienes compraron el activo “no fueron estafados”, sino que asumieron voluntariamente un riesgo de mercado y perdieron dinero.

En una presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, Novelli afirmó además que el emprendimiento fue exclusivamente privado y desvinculó al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal por el mensaje que publicó en la red X el 14 de febrero de 2025 para anunciar el lanzamiento de $LIBRA.

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver si cinco inversores mantienen o recuperan su condición de querellantes en la causa. Se trata de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

Rubinovich sostuvo que no existe una hipótesis de estafa que justifique que los inversores continúen como parte querellante y recordó que el derecho penal argentino “no sanciona las pérdidas especulativas, las malas decisiones financieras ni la volatilidad” de un activo.

Para que exista una estafa, argumentó, es necesario “un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial”.

La defensa también rechazó el argumento de que los compradores hayan actuado por el temor a quedarse afuera de una oportunidad de inversión, conocido en el mercado como FOMO.

Según el escrito, actuar por euforia, viralización, impulso del mercado o temor a perder una oportunidad no significa que el comprador desconozca los riesgos o haya sido inducido mediante una falsedad.

“La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa”, sostuvo la defensa de Novelli, que remarcó que se trataba de un mercado no regulado y que quienes adquieren activos altamente volátiles asumen una cuota de responsabilidad por sus decisiones.

Respecto de Milei, la defensa calificó de “jurídico-penalmente irrelevante” el posteo que el Presidente publicó y luego eliminó en X anunciando el lanzamiento de $LIBRA.

Novelli sostuvo que aquel mensaje presentó un “proyecto privado” destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y aseguró que no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni un retorno determinado.

Para la defensa, se trató de un mensaje de carácter político que destacaba la utilización de tecnología blockchain para financiar pequeñas y medianas empresas mediante mecanismos descentralizados, sin recurrir al sistema financiero tradicional.

“Es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal”, sostuvo Rubinovich.

La presentación también cuestionó que los inversores pretendan transformar el expediente en una causa de corrupción a partir de la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que el apartamiento de los querellantes dejaría esa acusación exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.

En ese sentido, Novelli sostuvo que los particulares no pueden asumir el rol de fiscales ni promover una acusación por acción popular y cuestionó que los querellantes hayan acreditado ser titulares de las billeteras desde las cuales dijeron haber realizado las operaciones.

La decisión de la Sala I será adoptada en medio de una renovación del tribunal, actualmente integrado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, mientras el Gobierno impulsa la designación de Pablo Yadarola y la ratificación de Bertuzzi. Ambos deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas.

Si los cinco inversores quedan definitivamente apartados, la acusación particular perderá capacidad para proponer medidas de prueba, pedir indagatorias y apelar decisiones judiciales.

Novelli participó junto a Manuel Terrones Godoy en la organización del Tech Forum Argentina en 2024, evento en el que Milei conoció a Julian Peh, empresario radicado en Singapur y señalado en el expediente entre los responsables de la creación del token.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, del teléfono de Novelli surgieron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó al asesor presidencial Santiago Caputo, además de unas 200 interacciones durante el fin de semana en que se produjo el derrumbe de $LIBRA.

La defensa de Novelli reclamó que se confirme la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había apartado a esos inversores del expediente al considerar que no correspondía que continuaran ejerciendo el rol de querellantes.

Según el escrito, el caso se transformó en “un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria”.

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Empieza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Zárate luego de una cirugía estética

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El juicio oral y público contra el ex cirujano Aníbal Lotocki por el supuesto homicidio simple de Rodolfo Christian Zárate, un hombre de 50 años que falleció luego de una cirugía estética llevada a cabo en abril de 2021, comenzará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki, que cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina LunaPamela SosaGabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, será juzgado junto a otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la operación de la víctima, al tiempo que una sexta acusada —una instrumentadora quirúrgica— se encuentra acusada por presunto encubrimiento.

Los jueces a cargo del debate son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, al tiempo que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) es la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N.° 30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según informó el portal Fiscales.

Las audiencias se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9.

El fiscal de instrucción, Pablo Recchini, sostuvo que el 16 de marzo de 2021 el paciente concurrió al consultorio del principal imputado en el barrio porteño de Retiro, situado en Florida al 600, y consensuó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares.

Durante el requerimiento de elevación a juicio, Recchini consignó que Lotocki le entregó tres órdenes a Zárate para un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma; luego la pareja del especialista —que intervenía como su secretaria— le avisó a la víctima que sería intervenido quirúrgicamente en CEMECO, Caballito.

La asistente del entonces cirujano recibió los resultados de los estudios, entre los que se determinó que Rodolfo padeció coronavirus y tenía diabetes, por lo que Lotocki le recetó una medicación.

La operación, realizada el 15 de abril de 2021, consistía en la remoción de los tejidos de “cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen“, explicó el fiscal.

“Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos”, consignó el funcionario judicial, mientras que explicó que Lotocki “salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes” y después habría regresado para hacer la plicatura y cierre”.

El paciente, siempre conforme a la hipótesis del fiscal, fue trasladado a una habitación, en la que lo atendió una enfermera que observó un detalle inusual en su drenaje, y el médico decidió que regrese a la sala de cirugías para reabrir una de las heridas.

Al día siguiente, el 16 de abril, el damnificado fue intubado como consecuencia de una descompensación, y el personal de la clínica se contactó con su obra social para solicitar una ambulancia, pero, ante la complejidad del cuadro, se pidió un móvil más. Zárate, según la conclusión de los profesionales,  estaba “mal intubado”, y luego murió al sufrir un paro cardíaco.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, señaló Recchini, quien además acusó al sindicado de alterar la historia clínica.   

Los otros imputados son el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández; y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek (encubrimiento).

Además, Lotocki fue acusado por lesiones gravísimas supuestamente padecidas por cinco mujeres tras distintos procedimientos médicos.

Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, operada en 2016, 2019 y 2021, denunciaron al implicado.

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Caso Golemba: 17 policías imputados y una nueva etapa en la investigación por su desaparición

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A 18 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, la investigación ingresó en una nueva etapa con una batería de allanamientos y detenciones que alcanzó a policías y ex policías que prestaban servicio en la jurisdicción de Dos de Mayo al momento de la desaparición del joven. Por orden de la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, y a pedido de la fiscal federal Silvina Flavia Gutiérrez, Gendarmería Nacional realizó una veintena de procedimientos en distintos puntos de Misiones.

La causa tiene hasta el momento 17 personas imputadas. Según la información aportada, 16 fueron detenidas y una permanece prófuga. La investigación federal analiza su presunta participación, con distintos grados de responsabilidad, en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, su eventual permanencia bajo una custodia estatal clandestina y las maniobras posteriores que, según la hipótesis fiscal, habrían buscado ocultar lo ocurrido.

La nómina incluye a efectivos que continúan en actividad y a otros que ya se encuentran retirados. Entre ellos aparece Evaldo Katz, comisario retirado de la Policía de Misiones, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo cuando desapareció Golemba y quedó involucrado a partir de distintos testimonios incorporados al expediente.

Edgardo Andrés Arce, domiciliado en Gobernador Roca, también está imputado. Al momento de los hechos cumplía funciones como oficial de guardia y registra una condena previa por transporte de estupefacientes, de acuerdo con los datos aportados para esta publicación.

Liliana Margarita Saft, domiciliada en Posadas, formaba parte de la estructura policial de la jurisdicción y posteriormente prestó servicio en la Dirección de Sistema Biométrico de la Policía de Misiones. También fue detenida en el marco de los procedimientos ordenados por la Justicia Federal.

Carmelo Alberto Cerdán Cruz, residente en Dos de Mayo y actualmente retirado, aparece entre los imputados. Según la reconstrucción incorporada a la causa, cumplía funciones como jefe de guardia en la dependencia policial de esa localidad.

También fue detenido José Roberto Pereyra Da Silva, domiciliado en Dos de Mayo, quien se desempeñaba como secretario de la comisaría. La investigación federal analiza el aporte que habría realizado cada integrante de la estructura policial en función del rol que ocupaba al momento de la desaparición.

Alejandro Alfonso González Samudio, también de Dos de Mayo, está imputado y fue detenido durante los procedimientos. De acuerdo con la reconstrucción de funciones incluida en la causa, se desempeñaba como chofer de turno de la dependencia.

Wiliams Gabriel Lunge, domiciliado en San Vicente, integra asimismo la nómina. Actualmente presta servicio en la División Seguridad Vial de la Policía de Misiones, aunque al momento de la desaparición de Golemba formaba parte de la jurisdicción policial de Dos de Mayo.

Maximiliano Gabriel Gutiérrez figura entre los imputados y detenidos. La información difundida sobre la causa lo ubica entre los efectivos que cumplían funciones de guardia en la dependencia de Dos de Mayo durante el período investigado.

Ramón Aníbal Cardozo, domiciliado en Dos de Mayo, también fue detenido. Actualmente se desempeña en la División Seguridad Vial, mientras que en 2008 formaba parte del esquema operativo de la comisaría local.

Mario Francisco Villar, residente en Dos de Mayo, integra la lista de imputados. Según la información aportada, continúa prestando funciones en la Comisaría de Dos de Mayo y quedó alcanzado por las medidas dispuestas por la Justicia Federal.

Diego Armando Amarilla, domiciliado en Aristóbulo del Valle, es otro de los policías incluidos en la investigación. Al momento de la desaparición de Golemba prestaba servicio dentro de la jurisdicción de Dos de Mayo.

Cristian Andrés Silva, domiciliado en Colonia Victoria, también fue detenido. Se trata de un ex policía que actualmente se encuentra retirado y que, según los antecedentes consignados, estuvo alojado en la Unidad Penal VIII del Servicio Penitenciario Provincial por una causa vinculada a abuso sexual.

Baldemar Parra, residente en Dos de Mayo y retirado de la Policía de Misiones, aparece asimismo entre los imputados. Su nombre integra el grupo de ex integrantes de la fuerza alcanzados por las órdenes de captura.

Juan Ramón Ferreyra, también domiciliado en Dos de Mayo y retirado, forma parte de la nómina. La investigación lo ubica dentro del personal que prestaba servicio en esa jurisdicción cuando Golemba desapareció.

Ofelia Gladys Ziller, residente en Dos de Mayo, continúa prestando funciones en la Comisaría de esa localidad. Fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de la investigación.

Eduardo Pellizer, domiciliado en Aristóbulo del Valle y retirado de la fuerza, completa el grupo de 16 personas localizadas durante los procedimientos y trasladadas a dependencias de Gendarmería Nacional.

El decimoséptimo imputado es Alfredo Lorenzo Ortiz, quien no fue encontrado durante los allanamientos y permanece prófugo, con pedido de captura. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Ortiz se desempeñaba como radiooperador en la jurisdicción de Dos de Mayo al momento de la desaparición.

La situación procesal de todos ellos debe distinguirse de una eventual declaración de culpabilidad: se trata de personas imputadas en una investigación penal que deberá avanzar hacia las instancias judiciales correspondientes. La hipótesis fiscal sostiene que los distintos involucrados habrían efectuado aportes funcionales dentro de un plan común, pero esas responsabilidades deberán ser acreditadas en el proceso.

La hipótesis de “violencia, clandestinidad y pacto de silencio”

La fiscal federal Silvina Gutiérrez investiga desde 2021 la desaparición de Golemba bajo la figura de desaparición forzada de persona. El expediente sostiene como hipótesis que el joven habría sido privado ilegítimamente de su libertad y sometido a violencia física, para posteriormente desaparecer sin que hasta el momento se haya podido establecer su destino ni localizar sus restos.

Uno de los aspectos centrales de la imputación es la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional”. Según la fiscalía, ese entramado habría permitido mantener oculta la suerte de Golemba mediante una combinación de omisiones en registros oficiales, versiones coincidentes de funcionarios policiales, contradicciones entre actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación.

La acusación no se limita a quienes eventualmente hubieran participado de manera directa en la violencia. Debido al carácter permanente que la fiscalía atribuye al delito investigado, también analiza la eventual responsabilidad de quienes hubieran tomado conocimiento de una privación clandestina de la libertad y, pese a ello, no hubieran denunciado la situación ni adoptado medidas para hacerla cesar.

Dieciocho años sin respuestas

Mario Golemba tenía 27 años cuando salió el 27 de marzo de 2008 desde la vivienda familiar ubicada en Picada Indumar, en Dos de Mayo. Tenía previsto viajar a Oberá para asistir a una consulta con una nutricionista debido a su bajo peso. Después del turno médico se comunicó con familiares y con su pareja y anticipó que regresaría cerca de la tarde. Nunca volvió.

La investigación inicial estuvo bajo la órbita de la Justicia provincial y no logró determinar qué había ocurrido. Con el paso de los años, testimonios de identidad reservada incorporados posteriormente señalaron que Golemba habría permanecido detenido en la comisaría de Dos de Mayo y que allí habría sido golpeado.

En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a la familia, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas. Desde entonces se desarrollaron distintas medidas de investigación, entre ellas excavaciones realizadas en julio de 2022 en localidades como Oberá y Dos de Mayo.

La causa cuenta con la intervención del Centro de Reunión de Información “Misiones” de Gendarmería Nacional, además de la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La respuesta institucional de la Policía

Tras las detenciones, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a situación pasiva de los efectivos que permanecen en actividad y ordenó la apertura de un sumario interno a través de la Dirección de Asuntos Internos. La medida alcanza también a los policías retirados que conservan estado policial y permanecen sujetos al régimen disciplinario de la institución.

En su comunicación oficial, la fuerza señaló que adoptó las decisiones administrativas conforme a las obligaciones legales que corresponden a la Policía como auxiliar de la Justicia. También sostuvo que desde el inicio de la causa puso a disposición recursos humanos, técnicos, logísticos y presupuestarios para los rastrillajes, excavaciones y otros procedimientos solicitados judicialmente.

El caso Golemba plantea así una doble dimensión institucional: por un lado, el avance de una investigación penal que busca determinar qué ocurrió con un joven desaparecido hace 18 años; por otro, la necesidad de que los mecanismos judiciales y administrativos permitan reconstruir responsabilidades, preservar evidencia y esclarecer el destino de Golemba.

El desafío de esta nueva etapa no consiste solamente en determinar la eventual responsabilidad individual de los imputados. También está en establecer qué ocurrió dentro de una estructura estatal que, según la hipótesis fiscal, pudo haber permitido que una desaparición permanezca sin respuestas durante casi dos décadas. Para la familia, el punto de partida continúa siendo el mismo: conocer qué pasó con Mario Golemba y dónde está.

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La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

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La Justicia envió un requerimiento al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según pudo reconstruir NA, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Adorni que dé explicaciones sobre su patrimonio mediante una serie de preguntas que ya están en manos del ex funcionario del presidente Javier Milei

La acción de Pollicita podría ser la antesala del llamado a indagatoria. Adorni dejó el Gobierno hace más de un mes envuelto en una causa que se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo, en los tribunales federales de Comodoro Py. 

El ex vocero de Milei es investigado por la compra de inmuebles y otros gastos presuntamente excesivos para sus ingresos. 

Adorni tendrá un plazo de 15 días para responder el pedido de Pollicita, que se apoyó en un informe que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

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Venchiarutti Sartori presente en la reunión del Consejo Federal de Justicia

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El Consejo Federal de Justicia (CoFeJus) es un espacio institucional de coordinación y cooperación en Argentina, creado en 2008 mediante el Decreto 1378/2008, que reúne al Ministerio de Justicia de la Nación, a los representantes de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para unificar políticas judiciales y penitenciarias.
El miércoles 5 de agosto la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori junto al procurador Carlos Giménez y el gobernador de la Provincia Hugo Mario Passalacqua, acompañaron al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques en la reunión anual que se llevó a cabo en Puerto Iguazú.
La presidente del STJ fue invitada a la reunión para conversar sobre “Jueces en la Escuela” que nace con el objetivo principal de instruir a los jóvenes sobre el sistema de justicia misionero, a lo que la Magistrada sumó la experiencia que significó “Identidades”, podcast donde Venchiarutti Sartori entrevista a trabajadores de justicia y por último el lenguaje claro, temática en la cual el Poder Judicial misionero logró una ley en la Legislatura provincial que obliga a los jueces a dictar fallos de lectura sencilla.
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, agradeció a la Provincia por recibirlo con tanta calidez en Puerto Iguazú para la nueva reunión del Consejo Federal de Justicia y expresó: “este Consejo claramente existe gracias a la voluntad de todos ustedes de construir, desde Nación y desde cada una de las jurisdicciones, una política de justicia verdaderamente federal”.

Además, explicó que el CoFeJus es “un espacio donde confluyen 24 jurisdicciones distintas, cada una con su propia historia, sus propios desafíos, su propia idiosincrasia para trabajar juntas por un objetivo en común, nosotros conseguimos una gestión Federal en el sentido más profundo de la palabra Federal, no como una declaración de principios que se agota en un discurso, sino como un método de trabajo que escucha a cada provincia para entender sus necesidades específicas y construir con cada una de ellas soluciones a medida”.
El gobernador de Misiones Hugo Mario Passalaqcua se refirió a “tres palabras que mencionó el Ministro: el federalismo, cooperación y persona, lo federal hay que entenderlo de la manera que nosotros lo entendemos los provincianos y el Ministro también, las provincias somos preexistentes a la nación, y entender eso es entender todo. En nuestra visión, por lo menos desde Misiones, no es la nación y las provincias, sino que las provincias suman la nación”.
Jueces en la Escuela: una iniciativa del Poder Judicial para fortalecer la ciudadanía y construir confianza

Jueces en la Escuela nace con el objetivo principal de instruir a los jóvenes sobre el sistema de justicia misionero; promoviendo una comprensión más profunda de conceptos legales y cívicos fundamentales,o derechos humanos, medios alternativos para la resolución de conflictos, acceso a la justicia y diferentes formas de violencia.
Antes que la Presidente del STJ de a conocer a los presentes como nació y continua este programa, el Gobernador hizo especial hincapié en lo valiosa que es esta propuesta que por iniciativa de la Magistrada llevó a las cabezas de los tres Poderes a ser interpelados por los jóvenes, los que fue una gran experiencia donde “ respondimos una cosa tan simple como explicar al ciudadano a un chico de 17, 16, 18 años, ¿quiénes somos y qué hacemos por ellos? Y a mí me pareció este concepto de la doctora de acercar la justicia en términos prácticos y cercanos a la gurisada, una buena manera de mostrar que acá estamos, que los tres poderes trabajamos en forma coordinada. Por supuesto, sin violentar la independencia los poderes, obviamente, pero pensando en ellos que son presente y son futuro”.
Venchiarutti Sartori se presentó en la oportunidad “para compartir con los restantes Ministros de Justicia del país, lo que ha hecho el Poder Judicial a través del programa “Jueces en la escuela”, que creo es ya un aporte a la ciudadanía. Con el avance tecnológico y la adaptación hemos creado la plataforma donde se pueden hacer preguntas, se encuentra la Constitución de la provincia, en lenguaje sencillo con un simple QR. Esta herramienta que puede estar en cualquier celular y que, por ejemplo cuando está esperando el colectivo en vez de leer una revista puede averiguar cuáles son sus derechos y un chatbot le contesta, cómo no considerar este avance si no como una herramienta para la ciudadania”.
“Este es un trabajo que no se inició ahora, lo venimos ampliando y mejorando desde hace nueve años, que ha tenido distintos matices al que le hemos dado una vuelta distinta, de acuerdo a nuestro contexto sociocultural pensando en nuestros jóvenes y nuestra realidad geopolítica”.

La magistrada también presentó la dinámica con la que se llegó al ciclo “Identidades”, que es el podcast del Poder Judicial donde ella es la que hace el reportaje “a trabajadores de la justicia para que para que la gente entienda, para que el ciudadano entienda que nosotros también sufrimos vulnerabilidades. Y a pesar de todo, resolvemos los problemas de las personas. Tenemos gente interna y externa y se han tocado temas muy duros como recuperación de adicciones, como síndrome de Down, como hipocusia, gente que ha sufrido accidentes terribles, que han sido niños judicializados y hoy son funcionarios judiciales. Y por último, como todo tiene que ver con todo y como nosotros lo que pretendemos mostrar es la cercanía a la ciudadanía, traemos lenguaje claro, que ha sido una batalla que nos hemos dado hace muchísimo tiempo y que hemos logrado una ley en la legislatura provincial que obliga a los jueces a dictar fallos de lectura sencilla”.
Para poner dinámica al encuentro y que los asistentes entiendan que se habla cuando se hace referencia a contextualizar el manejo del lenguaje claro, Venchiarutti Sartori los invita a escuchar “una canción que nos identifica muchísimo, que demuestra el sentido de pertenencia que tenemos en esta provincia para ver si los de las otras provincias detectan cuáles son las dos palabras que nos identifican, que nos hacen distintos y que para ellos no es lenguaje claro”.

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