El Tribunal Penal N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del exdiputado provincial Germán Kiczka, condenado a 14 años de prisión por delitos relacionados con la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
De esta manera, el exlegislador del partido Activar continuará detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde cumple condena desde que fue sentenciado junto a su hermano, Sebastián Kiczka, quien recibió una pena de 12 años de prisión.
La defensa había solicitado que Germán Kiczka cumpliera la condena en su domicilio de Apóstoles, bajo monitoreo electrónico, argumentando que debía asistir a su esposa por problemas de salud.
Sin embargo, los jueces Gustavo Arnaldo Bernie y César Antonio Yaya votaron por rechazar el beneficio. La jueza Viviana Gladis Cukla emitió un voto en disidencia y se pronunció a favor de conceder la morigeración de la medida.
El tribunal descartó circunstancias excepcionales
En su resolución, los magistrados consideraron que el caso no encuadra en las situaciones excepcionales previstas por el artículo 10 del Código Penal, que habilita la prisión domiciliaria en supuestos específicos, como enfermedades terminales, discapacidades graves, edad avanzada o determinadas situaciones vinculadas con la maternidad.
A esa conclusión se sumaron el fiscal Vladimir Glinka, quien dictaminó en contra del pedido al entender que la prisión domiciliaria no eliminaba el riesgo de fuga, y el informe elaborado por el Instituto de Clasificación del Servicio Penitenciario Provincial, que también desaconsejó conceder el beneficio por no advertir circunstancias que lo justificaran.
Germán y Sebastián Kiczka fueron condenados en abril de 2025 por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil. El exdiputado recibió una pena de 14 años de prisión, mientras que su hermano fue sentenciado a 12 años.
Aunque ambos permanecen alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, la condena aún no quedó firme, ya que actualmente se encuentra bajo revisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
La Justicia accedió al pedido de la defensa del ex diputado José Luis Espert, quien debía brindar declaración este martes en la causa en la que es investigado por lavado de activos por una transferencia de US$ 200.000 realizada por una organización emparentada al condenado Federico “Fred” Machado y, finalmente, lo hará la próxima semana.
La determinación la tomó el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ante el pedido de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.
Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria había sido pedida luego del encargo del fiscal Fernando Domínguez y se realizará el próximo martes 7 de julio.
El caso comenzó cuando, según la investigación, José Luis Espert recibió dinero proveniente de una cuenta de una empresa que integró una organización criminal transnacional, en una cuenta a su nombre en los Estados Unidos. La misma, el exdiputado nunca la había declarado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
¿Cuál fue el argumento de Espert para justificar la transferencia?
Con la finalidad de justificar la transferencia, José Luis Espert mostró un contrato de locación de servicios. El mismo había sido firmado con Fred Machado, en su rol de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA, el siete de junio del año 2019, en Guatemala.
Según el escrito, que para los investigadores es una simulación, dice que Espert de forma obligatoria realizaría asesoramiento para refinanciar deudas y, a cambio de ello, recibiría la suma de 1.000.000 de dólares que se pagarían en cuotas por mes a lo largo de un año.
En este sentido, “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.
A su vez, según el expediente, un mes y medio después de haber recibido la transferencia de 200.000 dólares, el propio José Luis Espert dio la orden desde su cuenta del Morgan Stanley para enviar 50.000 dólares a otra cuenta en un banco nacional, el cuatro de marzo de 2020.
¿Qué hizo Espert con esa suma de dinero?
Espert compró un auto BMW valuado en 47.800 dólares y, luego, lo vendió en noviembre de 2024 por 62.000 dólares; posteriormente, en diciembre de ese año, le sumó otros fondos y compró un Lexus RX 350 en 129.999,88 dólares.
Por su parte, la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por $203.678.211,99 en febrero del año 2025. Al respecto, según los documentos que están en la causa, se pagó un adelanto de 55.501 dólares, más siete cuotas restantes mensuales.
El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.
Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.
El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.
Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.
El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.
Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.
“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.
Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.
“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.
El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.
“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.
“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.
La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.
“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.
Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.
En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.
“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.
La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.
“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.
La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.
En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.
Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico
Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.
El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que continuará con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes rechazaron el planteo de la defensa, mientras que el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y propuso hacer lugar al recurso.
En su voto, Hornos consideró que las medidas cuestionadas resultan razonables y proporcionadas para garantizar el adecuado control de la modalidad de cumplimiento de la pena, criterio al que adhirió Barroetaveña.
“Por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones del voto que lidera el acuerdo, adherimos a la propuesta del colega Gustavo M. Hornos”, sostuvo Barroetaveña, al fundamentar su adhesión al voto mayoritario.
En cambio, Borinsky entendió que correspondía “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Kirchner” y, en consecuencia, “dejar sin efecto las restricciones impuestas a la nombrada para recibir visitas”.
El magistrado también propuso eliminar “la vigilancia mediante dispositivo electrónico de control y monitoreo” y “las restricciones horarias impuestas para el acceso de la terraza del edificio sito en San José 1111, de CABA”, aunque manteniendo la obligación de abstenerse de realizar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario.
Sin embargo, esa postura quedó en minoría frente a la posición de Hornos y Barroetaveña.
De esta manera, la Cámara de Casación confirmó la utilización de la tobillera electrónica y mantuvo el régimen de autorización de visitas impuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex mandataria.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.
Lla investigación involucra una presunta maniobra por más de 19.000 millones de pesos y, tras la resolución del tribunal, el expediente quedó a un paso de ser elevado a juicio oral.
La decisión ratificó los procesamientos dictados en primera instancia y representa un nuevo avance en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción de la AFA.
La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deja a ambos dirigentes a un paso del juicio oral.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de no transferir dentro del plazo legal impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y aportes correspondientes al sistema de seguridad social.
Según el juez Diego Amarante, quien dictó los procesamientos en primera instancia, la entidad habría cometido el delito de apropiación indebida de tributos agravado en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravado en otras 17.
La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país pero en el caso de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el fondo de las apelaciones y las declararon desiertas porque la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente, dejando firmes los procesamientos.
Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina en el Mundial, ya que viajó con autorización judicial, mientras que Toviggino continúa en el país. El fallo no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.
En la misma resolución, la Cámara revocó por prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.
Durante la instrucción, una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras eran tomadas por Toviggino mediante una “orden verbal”: “De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino”, sostuvo.
La AFA argumentó que gran parte de la deuda fue cancelada y aseguró que los pagos se realizaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que consideró que la postura de ARCA contradice la normativa vigente, sin embargo, la Justicia sostiene que el delito se configura desde el momento en que vence el plazo legal para transferir los fondos retenidos.
