El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva tanda de designaciones en el sistema de Justicia y oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales, además de 21 fiscales y defensores del Ministerio Público. Los nombramientos fueron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial y llevan la firma del Presidente y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En total, se trata de 63 designaciones que completan cargos en distintos niveles de la Justicia nacional y federal. La mayor concentración se encuentra en la Capital Federal, aunque el paquete también incorpora tribunales y organismos del Ministerio Público en Catamarca, Chubut, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero.
La dimensión del movimiento no está solamente en la cantidad de funcionarios designados. La cobertura de vacantes judiciales tiene impacto directo sobre la capacidad operativa de los tribunales, especialmente en fueros donde la acumulación de expedientes y la demora en las resoluciones condicionan el funcionamiento cotidiano del sistema.
La Justicia nacional concentra la mayor parte de los nombramientos
Entre los 35 jueces designados, la mayoría ocupará cargos en juzgados y tribunales de la Capital Federal. Las designaciones abarcan fueros civiles, comerciales, criminales y correccionales y tribunales orales criminales y federales.
Entre los nuevos magistrados figuran Walter Alfredo Cavassa, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12; Florencia Inés Córdoba, al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66; Javier Rodrigo Pereyra, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3; y Valeria Alejandra Rico, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4.
El listado incluye además designaciones en juzgados civiles, comerciales y criminales y correccionales de la Capital Federal. También alcanza tribunales federales de Catamarca y Chubut, ampliando el alcance territorial del paquete.
Entre los nombramientos fuera de la Ciudad de Buenos Aires aparecen María Virginia Miguel Carmona y Ana María Busleiman, ambas destinadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, mientras que Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz fueron designados en el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
El Gobierno también oficializó siete vocalías en cámaras de apelaciones. Los cargos comprenden la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de la Seguridad Social, las cámaras federales de Córdoba y San Justo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
El segundo frente: fiscales y defensores
La renovación institucional también alcanzó al Ministerio Público, donde Milei dispuso otras 21 designaciones. En este caso, los cargos corresponden a fiscales y defensores públicos y tienen una distribución territorial más amplia.
Los nombramientos alcanzan a la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Dolores, Entre Ríos, Salta, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. Entre ellos aparecen fiscales ante juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional y fiscales generales ante tribunales orales en lo Penal Económico.
También se designaron defensores públicos para distintos tribunales y fueros, incluidos organismos vinculados con la Cámara Federal de Casación Penal, tribunales orales federales y defensorías especializadas.
En el interior, el paquete incorpora, entre otros, a Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú; Carlos Nicolás Escandar como defensor público oficial federal del interior con asiento en Salta; María Esther Pinos en Formosa; José Nicolás Celestino Chumbita en La Rioja y Sofía Beatriz del Milagro Martín como defensora pública de víctima con asiento en Santiago del Estero.
La distribución permite observar una diferencia respecto del paquete de jueces: mientras la mayor parte de las magistraturas se concentra en la Capital Federal, los nombramientos del Ministerio Público tienen una presencia territorial más extendida.
Una decisión con impacto sobre el funcionamiento judicial
La cobertura de cargos no es un trámite meramente administrativo. Cada vacante supone una función que no se ejerce plenamente o que debe ser cubierta mediante mecanismos transitorios. En un sistema judicial atravesado por altos volúmenes de expedientes, completar las estructuras puede incidir sobre los tiempos de resolución y la capacidad de los tribunales para procesar causas.
El efecto, sin embargo, no es automático. La incorporación de magistrados y funcionarios mejora la capacidad institucional, pero sus resultados dependerán también de la infraestructura disponible, la cantidad de personal, los recursos presupuestarios y la organización de cada fuero.
En ese sentido, las designaciones forman parte de una discusión más amplia sobre la eficiencia del Estado. Para el Gobierno, la cobertura de vacantes judiciales constituye una herramienta para normalizar el funcionamiento de los tribunales; para el sistema, el desafío posterior será traducir esos nombramientos en menor demora y mayor capacidad de respuesta.
También existe una dimensión federal. Aunque el mayor volumen de designaciones se concentra en la Capital Federal, la incorporación de funcionarios en provincias como Formosa, Entre Ríos, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Chubut extiende el movimiento hacia distintas estructuras de la Justicia federal y nacional.
El mapa que dejan los nombramientos
El paquete oficializado por Milei consolida, en un mismo movimiento, tres niveles de la estructura judicial: magistrados de primera instancia, integrantes de cámaras y funcionarios del Ministerio Público.
La combinación resulta relevante porque el funcionamiento del sistema no depende únicamente de la existencia de jueces. Fiscales y defensores cumplen funciones centrales en el proceso penal y en la representación de los derechos de quienes intervienen en las causas, mientras que las cámaras tienen la responsabilidad de revisar decisiones de instancias inferiores.
La cobertura simultánea de estos cargos puede contribuir a recomponer capacidades en distintas etapas del proceso judicial. El impacto concreto, no obstante, comenzará a medirse cuando los nuevos funcionarios entren efectivamente en funciones y puedan observarse resultados sobre la tramitación de expedientes.
La decisión llega, además, en un momento en que el Gobierno busca avanzar con distintas reformas institucionales y económicas que requieren interacción con el Congreso y, eventualmente, con el Poder Judicial. La conformación de los tribunales y del Ministerio Público adquiere así una importancia que excede la simple cobertura de vacantes.
Con 35 jueces, siete vocales y 21 fiscales y defensores oficializados, el Ejecutivo completa una de las tandas de designaciones judiciales de mayor volumen de su gestión. El dato político está en la cantidad; el resultado institucional se definirá por la capacidad de esos nuevos funcionarios para transformar cargos vacantes en Justicia efectiva, con menores demoras y mayor capacidad de respuesta para ciudadanos, empresas y organismos del Estado.
La lista de los jueces designados:
Walter Alfredo Cavassa: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal. Decreto 883/2026.
Florencia Inés Córdoba: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal.
Valeria Alejandra Rico: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.
María Virginia Miguel Carmona: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Vanesa Silvana Alfaro: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal.
Ramiro Ariel Mariño: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54 de la Capital Federal.
Julio César Di Giorgio: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.
Sergio Buitrago: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26 de la Capital Federal.
Ramiro Velasco: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.
Pablo César Cina: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.
Miguel Ángel Asturias: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal.
Karina Gabriela Rapkinas: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69 de la Capital Federal.
José María Abram Luján: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 de la Capital Federal.
Diego Andrés Villanueva: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42 de la Capital Federal.
Fernando Carlos Damián Pascual: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 de la Capital Federal.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 de la Capital Federal.
Mariana Salduna: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27 de la Capital Federal.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10 de la Capital Federal.
Lucila Califano: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9 de la Capital Federal.
Juan Pablo Ángel Sala: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 de la Capital Federal.
Ángela Cecilia Pagano Mata: jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Federico Alfredo Battilana: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.
Evangelina María Lasala: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de la Capital Federal.
Santiago Juan Schiopetto: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.
Santiago Villagrán: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109 de la Capital Federal.
Sebastián Pedro Ruiz: juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Juan Santiago Ylarri: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22 de la Capital Federal.
Adolfo Omar Piendibene: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 de la Capital Federal.
Albertina Anatonia Carón: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.
Ana María Busleiman: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
En tanto, los vocales designados son:
Valeria Pérez Casado: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.
Florentino Malaponte: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, Sala A.
Alicia Isabel Braghini: vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
María Soledad Mancini: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.
Juan Manuel Cabral: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Facundo Carlos Cortés: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.
Andrés Guillermo Fraga: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires.
Los fiscales y defensores son los siguientes:
Ana Clarisa Galán Muñoz: defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°3.
Pedro Mariano Rebollo: fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Maximiliano Eduardo Nicolás: defensor público de Menores e Incapaces ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°4.
Leandro Gastón: defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N°2.
Nuria Saba Sardañons: defensora pública oficial adjunta ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°15.
Paula Inés Lo Gioia: defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.
Carlos Nicolás Escandar: defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Salta.
María Esther Pinos: defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Matías Ezequiel Eidem: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°7.
Juan Noel Varela: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°35.
Esteban José Chervin: defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°6.
Patricia Luján Cisnero: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°43.
Ornella Romina Riggittano: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°27.
Santiago Roldán: fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°2.
Natalia Cecilia Crede: fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°3.
Germán Luis Artola: defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°11.
Daniel Fernando Cano: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°3.
José Nicolás Celestino Chumbita: defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Hernán Enrique Figueroa: defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N°2.
Sofía Beatriz del Milagro Martín: defensora pública de víctima con asiento en Santiago del Estero.
María Ángeles Ramos: fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°4.
