EL PAIS

La industria textil apuesta a la capacitación y la formación de talento

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La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) junto con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), la Unión Industrial y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca presentaron una nueva edición de la Diplomatura Universitaria en Industria Textil que comenzará en junio.

Con modalidad 100% virtual y a distancia, para poder llegar a todo el país, la propuesta tiene un enfoque práctico con herramientas y conocimientos actualizados en procesos productivos, calidad, sostenibilidad, nuevas tecnologías e industria 4.0, apuntada al desarrollo y la competitividad del sector textil.

La coordinación académica está a cargo de la Ing. Patricia Marino, quien fuera Directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI por 26 años. El título de la diplomatura tiene respaldo universitario (UNCA) y ya cuenta con más 200 egresados desde su primera edición del año 2023. El único requisito es tener el secundario completo.

La duración total de la formación es de 180 horas y combina contenidos intensivos en los procesos industriales, así como en gestión de la calidad de producto y recursos humanos, con contenidos enfocados para dar respuestas a los desafíos actuales. Además de la diplomatura, se dictarán cursos de especialización destinados a quienes hayan finalizado la propuesta en años anteriores, permitiendo ampliar la formación y acceder a una doble titulación.

“En un contexto donde el empleo industrial enfrenta importantes desafíos, invertir en formación es una decisión estratégica. Capacitar a quienes integran el sector textil permite generar más empleo de calidad y fortalecer el único activo que ninguna crisis puede arrebatarle a la industria argentina: el conocimiento y el talento de su gente” dijo Celina Pena, Gerente General de FITA.

Consultas e inscripciones: diplomaturatextil@fita.com.ar

Inscripción en el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bYb_fcqwJFXGmSzSjS7VRORN3LMlGNXjraLrsWmBvHusyA/viewform

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Minería en la era digital: cómo la tecnología redefine la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad

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Por Alexandre Vasques y Flavio Paiva* – La industria minera vive un momento decisivo de transformación digital. Presionada por la creciente demanda de eficiencia operativa, seguridad y responsabilidad medioambiental, la actividad comienza a incorporar tecnologías que no solo optimizan procesos, sino que redefinen la forma en que se planifica, ejecuta y gestiona la minería.

Este movimiento no ocurre por casualidad. A diferencia de otros segmentos de la economía, la minería tiene una característica estructural que moldea su relación con la innovación: ciclos de inversión extremadamente largos. Mientras que sectores como el minorista operan con retornos en poco más de un año, los proyectos mineros pueden tardar décadas en alcanzar la rentabilidad. El resultado es un entorno naturalmente averso al riesgo, en el que las nuevas tecnologías solo avanzan tras pruebas prácticas suficientes a escala industrial.

Aun así, la presión externa ha acelerado los cambios. La agenda ambiental, social y de gobernanza (ESG) se ha vuelto central, especialmente tras eventos que pusieron de manifiesto los riesgos inherentes a la actividad. En Brasil, el enfoque está en la recuperación ambiental y la gestión de relaves en grandes minas a cielo abierto. En países como Chile, la complejidad de las minas subterráneas requiere soluciones digitales orientadas a la ventilación, el desplazamiento vertical y el monitoreo continuo de gases, con el objetivo de proteger a quienes operan bajo la superficie.

La seguridad es quizás el ejemplo más visible de esta transformación. En operaciones con explosivos, reducir la exposición humana se ha convertido en una prioridad absoluta. Hoy en día, se utilizan “perros robóticos” y brazos mecánicos para insertar explosivos en las rocas, eliminando el riesgo directo para el trabajador. Las actividades de inspección en zonas de difícil acceso también han empezado a realizarse mediante drones y robots equipados con cámaras térmicas, capaces de detectar anomalías sin necesidad de interrumpir el flujo de producción.

Al mismo tiempo, el avance del análisis de datos permite un enfoque cada vez más predictivo. Un ejemplo clave se encuentra en las bandas transportadoras. En operaciones a gran escala, como las de la región de Carajás, los fallos en estos sistemas pueden generar costes de mantenimiento que alcanzan miles de millones de reais al año. El uso de sensores de fibra óptica combinados con algoritmos analíticos permite monitorear variaciones mínimas de temperatura y vibración, identificando tendencias de rotura antes de que la producción se vea afectada.

La conectividad amplía aún más la capacidad de gestión mediante soluciones de visión por ordenador y telemetría. Los sistemas inteligentes ya monitorizan flotas con miles de vehículos, identificando signos de fatiga o distracción en los conductores a través de expresiones faciales y previniendo accidentes en tiempo real. Además, la automatización no siempre requiere la sustitución completa de la maquinaria: las plataformas modernas permiten la modernización de equipos, transformando camiones antiguos en vehículos autónomos o semiautónomos.

Para apoyar la toma de decisiones, la inteligencia artificial comienza a actuar como un verdadero “ángel guardián” de los operadores. Los centros de operaciones remotos, que se asemejan a simuladores de alta tecnología, y el uso de dispositivos de realidad aumentada que proyectan manuales técnicos y datos operativos directamente en el campo de visión, ampliando las capacidades humanas y reforzando que el objetivo de la tecnología es empoderar a las personas, no reemplazarlas.

Este camino de modernización es lo que hemos estado siguiendo de cerca en DXC. Apoyando las operaciones mineras y de recursos naturales en toda América Latina, lideramos iniciativas de modernización de Tecnologías de la Información (TI) y Tecnologías Operativas (OT), automatización de procesos, análisis avanzado de datos e integración de sistemas críticos. Con nuestra experiencia en entornos industriales complejos, contribuimos a hacer que las operaciones sean más seguras, eficientes y sostenibles, respetando las particularidades regulatorias y operativas de la región.

El futuro de la minería apunta a un modelo progresivamente más inteligente, conectado e integrado. La convergencia entre automatización, análisis de datos y conectividad responde a las demandas de un mundo que exige que los minerales se extraigan con el menor impacto ambiental posible y con el máximo nivel de seguridad. En este nuevo escenario, la tecnología dejó de ser un soporte operativo y asume un papel central en la viabilidad económica del negocio en su aceptación social.

*Alexandre Vasques es Director de Innovación para América Latina en DXC Technology

*Flavio Paiva es Socio Líder Cliente para la Industria Minera en DXC Technology

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Una familia tipo necesitó más de $2.300.000 para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

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Tras publicar el dato de inflación porteña de abril pasado, un 2,5% que llevó a la inflación interanual en la Ciudad de Buenos Aires al 32,4%, el Instituto de Estadísticas y Censos de CABA (Idecba) dio a conocer su informe de “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires”, que permite conocer detalles de la estratificación social en el distrito. El dato, mostró que una familia tipo necesitó más de $2.300.000 al mes para alcanzar un nivel de ingreso compatible con la clase media.

Así, para una pareja de 35 años, ambos activos laboralmente y dueños de su vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, el ingreso familiar mínimo para pertenecer a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires es de $2.384.515 por mes. Ese es el piso que fijó para abril de 2026 el Idecba, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad, en su informe mensual sobre líneas de pobreza y canastas de consumo.

El dato surge de multiplicar por 1,25 la Canasta Total (CT), que en abril alcanzó $1.907.612 para ese grupo familiar. Esa operación, establecida en la metodología que el IDECBA diseñó en 2008, define el umbral inferior del estrato denominado “sector medio – clase media”. El techo del mismo estrato equivale a cuatro veces la CT, es decir, $7.630.448. Por encima de ese valor, el hogar pasa a clasificarse dentro de los sectores acomodados.

Entre ambos extremos se extiende una escala de seis estratos que va desde la indigencia hasta los sectores de mayores ingresos. Un hogar de esas características cae en situación de indigencia si sus ingresos no superan los $821.208 mensuales —el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia—. Si supera ese piso pero no llega a $1.513.033, se ubica en situación de pobreza no indigente, ya que ese segundo umbral corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), o línea de pobreza. Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables, y entre $1.907.612 y $2.384.515 se encuentra el sector medio frágil.

La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%: en abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530. Esa suba queda por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses, que acumula 32,4%. La diferencia implica que, en términos reales, ese umbral se abarató: para ser de clase media en la Ciudad se requiere hoy relativamente menos poder adquisitivo que hace un año.

El informe del IDECBA también permite comparar ese piso entre distintas composiciones de hogar. La metodología no habla de situaciones genéricas sino que construye perfiles concretos para hacer los cálculos. Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de su vivienda, el ingreso mínimo para alcanzar la clase media es de $1.241.518. Para un adulto varón solo de 25 años, propietario y activo laboralmente, el piso baja a $860.770.

Una pareja joven de 25 años, ambos activos y propietarios, necesita al menos $1.398.976 para ubicarse en ese estrato. Ese mismo perfil de pareja, pero sin vivienda propia —es decir, con el costo del alquiler incorporado a la canasta—, requiere $1.765.950 para acceder a la clase media. La diferencia entre ambos casos, de $366.974, refleja el peso que tiene el alquiler sobre el presupuesto familiar en la Ciudad.

La CT, que es la base del cálculo del umbral de clase media, incluye tanto los bienes alimentarios como el resto de los bienes y servicios que el IDECBA considera compatibles con el estándar de vida de la población porteña. Desde marzo de 2022, esa canasta —al igual que las líneas de indigencia y pobreza— se valoriza con el índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), con base en el año 2021. El informe correspondiente a abril de 2026 tuvo fecha de publicación el 11 de mayo de 2026.

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Provincias: la quita en transferencias y obra pública supera los $970.000 millones

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La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinasel ajuste se concentró en partidas bajo la órbita de “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y del Ministerio del Interior, afectando recursos destinados a administraciones provinciales y programas de desarrollo regional.

El Gobierno recortó $494.290.000.000 en transferencias para gastos corrientes de las administraciones centrales provinciales otros $155.710.000.000 en transferencias vinculadas a servicios sociales para el interior del país.

A su vez, el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, dependiente del Ministerio del Interior, sufrió una reducción de $320.711.008.980, eliminando fondos corrientes destinados a distritos provinciales y municipales.

La medida también profundizó la paralización de la obra pública en el interior. El Ministerio de Economía desactivó el programa “Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento”, con un recorte total de $27.641.624.450.

Entre las obras afectadas figuran el Acueducto Vipos en Tucumán, con una baja de $7.359.538.082el Sistema de Agua Potable de Concordia, con una poda de $4.713.360.000la Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela, con un recorte de $4.284.053.523; y el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia, en Chubut, con una reducción de $4.121.727.222.

La readecuación presupuestaria consolidó así uno de los mayores ajustes sobre las finanzas provinciales y la infraestructura del interior registrados en lo que va del año.

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