EL PAIS

La multinacional Unilever cierra “su única planta deshidratadora de vegetales” en Mendoza

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“Esta medida forma parte de la evolución del negocio de alimentos y de la transformación permanente del modelo operativo para seguir fortaleciendo la competitividad y adaptarse a los cambios que atraviesan los hábitos de consumo y la industria de alimentos a nivel global”, dijo la empresa Unilever en el comunicado oficial tras el cierre, y consecuentes despidos, de su histórica planta mendocina.

La empresa confirmó así el cierre del proceso de deshidratación de vegetales de su planta en Corralitos, en el departamento de Guaymallén, Mendoza.

Sin embargo, no dio precisiones públicas sobre la cantidad exacta de trabajadores afectados por la medida, aunque sostuvo que “es una prioridad acompañar con responsabilidad y respeto a las personas alcanzadas por esta decisión” y que cumplirá “con todas las obligaciones previstas en el marco legal vigente”.

Según el mendocino ‘Los Andes’, la empresa informó el lunes a los empleados que no se presenten a trabajar, una decisión que sorprendió al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). “A las 5 de la mañana empezaron a llamar a la gente para que no se presentara a trabajar”, dijo el titular del gremio, Oscar Aciar.

Desde el gremio dicen que la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones al 100% a los empleados. que serían 60, más algunas sumas adicionales.


La planta de Unilever tenía 60 años de historia

La fábrica de Guaymallén se inauguró en 1964 bajo la órbita de Refinerías de Maíz S.A.C.I.F., compañía que con el correr de las décadas terminó absorbida por Unilever, multinacional de consumo masivo que recientemente cambió de CEO en Argentina, y que tomó el control directo de la operación en 2005.

Desde entonces, la empresa la presentaba como la única planta deshidratadora que tenía en todo el mundo, y también como la más grande de su tipo en la Argentina.

La escala de la operación era considerable, ya que la planta procesaba doce variedades de hortalizas -entre ellas zanahoria, zapallo, cebolla, ajo, tomate y pimiento- y recibía anualmente unas 15.000 toneladas de vegetales frescos, que a través de un proceso de secado en siete hornos semicontinuos se transformaban en aproximadamente 3.200 toneladas de productos deshidratados por año, entre escamas, granulado y polvo.

En una sola jornada de trabajo se llegaban a procesar hasta 60.000 kilos de zapallo fresco. La operación funcionaba seis días a la semana y estaba conectada con una red de fincas ubicadas en Mendoza, San Juan y, en menor medida, Córdoba.

El 90% de la producción se destinaba al mercado interno, principalmente como insumo para las sopas, caldos y purés de la marca Knorr, mientras que el 10% restante se exportaba a otras plantas de Unilever en Brasil, Alemania y México. Esto implicaba que buena parte de los productos Knorr que se consumían en esos mercados llevaban insumos procesados íntegramente en suelo mendocino.

Unilever había señalado además que se trataba de su única planta deshidratadora de vegetales en el mundo y trabajaba desde 2022 junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con productores de Mendoza y San Juan.


La venta global de la división de alimentos a McCormick

El cierre de la planta mendocina se da en el marco de una reorganización mucho más amplia de Unilever a nivel global. En abril de este año, la compañía había anunciado la venta de toda su división de alimentos -que incluye marcas como Knorr, Hellmann’s y Maille- a la estadounidense McCormick, en una operación valuada en US$44.800 millones.

El acuerdo prevé la conformación de una nueva compañía combinada, con sede en Hunt Valley, Maryland, y una sede internacional en los Países Bajos, con ventas conjuntas cercanas a los US$20.000 millones y sinergias de costos proyectadas en unos US$600 millones anuales.

El cierre de la operación está previsto para mediados de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de McCormick y a los avales regulatorios correspondientes.

En ese momento, la planta de Guaymallén había sido señalada como un activo estratégico dentro del negocio transferido, justamente por tratarse de la que la compañía describía como su única deshidratadora en el mundo.

Apenas cuatro meses después, la definición fue en sentido contrario: en lugar de integrarse a la nueva estructura combinada, la planta dejó de deshidratar vegetales.

Unilever no precisó qué destino tendrá el predio de Corralitos ni desde dónde abastecerá de aquí en adelante a la marca Knorr en la Argentina.

Como parte de su reorganización global, Unilever había explicado meses atrás que la venta de la división de alimentos le permitirá concentrarse en categorías como cuidado personal, bienestar y productos para el hogar, con marcas como Dove y Axe, en un negocio con ingresos proyectados cercanos a los 39.000 millones de euros.

El fin de la actividad industrial en Guaymallén marca, de esa manera, el cierre de un capítulo de más de sesenta años en la historia productiva de Mendoza, con un signo de pregunta todavía abierto sobre el futuro de la cadena de proveedores que se construyó alrededor de esa fábrica.

En el mismo comunicado, Unilever aclaró: “Esta decisión no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni de la marca Knorr, que seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el país”.

La empresa remarcó, además, que “mantiene su compromiso con Argentina, donde opera desde hace 100 años, y continuará evolucionando para construir un negocio cada vez más ágil, competitivo y preparado para crecer de manera sostenible”.

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Granja Tres Arroyos despidió a 260 empleados argumentando caída de la actividad por la gripe aviar

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La principal avícola del país, Granja Tres Arroyos, despidió a más de 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, amparándose en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar.

La firma avícola notificó formalmente el despido de 260 de los 900 empleados de la planta La China en la ciudad entrerriana, lo que implica una reducción del 25% del personal, profundizando el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa.

En los telegramas enviados, la dirección de Granja Tres Arroyos argumenta que la medida obedece a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad”.

La compañía atribuye la caída de su actividad a los brotes de influenza aviar registrados en el país, los cuales derivaron en el cierre de fronteras comerciales e impidieron el acceso a mercados internacionales clave como China.

Al respecto, en el documento de desvinculación, planteó que dicho bloqueo sanitario generó una “reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”

En este marco, y tras afirmar que aplicaron medidas previas de adecuación que resultaron insuficientes, la firma justificó la reestructuración parcial como vía indispensable para “posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”.

Ante este panorama, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió en un comunicado el proceder patronal, calificándolo de “artero e insensible” ante la apremiante situación de los trabajadores.

Asimismo, sostuvo que los despidos “no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis” y expresó que “no queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”.

El gremio expuso que entre los cesanteados se encuentran delegados del personal y remarcó que los empleados “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.

Detrás del conflicto gremial asoma un crítico frente de deudas para la avícola, ya que arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y actualmente negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

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Caso $LIBRA: Novelli dijo que los inversores no fueron estafados y defendió a Milei ante la Justicia

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El empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los organizadores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA, pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento como querellantes de cinco inversores y sostuvo que quienes compraron el activo “no fueron estafados”, sino que asumieron voluntariamente un riesgo de mercado y perdieron dinero.

En una presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, Novelli afirmó además que el emprendimiento fue exclusivamente privado y desvinculó al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal por el mensaje que publicó en la red X el 14 de febrero de 2025 para anunciar el lanzamiento de $LIBRA.

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver si cinco inversores mantienen o recuperan su condición de querellantes en la causa. Se trata de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

Rubinovich sostuvo que no existe una hipótesis de estafa que justifique que los inversores continúen como parte querellante y recordó que el derecho penal argentino “no sanciona las pérdidas especulativas, las malas decisiones financieras ni la volatilidad” de un activo.

Para que exista una estafa, argumentó, es necesario “un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial”.

La defensa también rechazó el argumento de que los compradores hayan actuado por el temor a quedarse afuera de una oportunidad de inversión, conocido en el mercado como FOMO.

Según el escrito, actuar por euforia, viralización, impulso del mercado o temor a perder una oportunidad no significa que el comprador desconozca los riesgos o haya sido inducido mediante una falsedad.

“La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa”, sostuvo la defensa de Novelli, que remarcó que se trataba de un mercado no regulado y que quienes adquieren activos altamente volátiles asumen una cuota de responsabilidad por sus decisiones.

Respecto de Milei, la defensa calificó de “jurídico-penalmente irrelevante” el posteo que el Presidente publicó y luego eliminó en X anunciando el lanzamiento de $LIBRA.

Novelli sostuvo que aquel mensaje presentó un “proyecto privado” destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y aseguró que no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni un retorno determinado.

Para la defensa, se trató de un mensaje de carácter político que destacaba la utilización de tecnología blockchain para financiar pequeñas y medianas empresas mediante mecanismos descentralizados, sin recurrir al sistema financiero tradicional.

“Es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal”, sostuvo Rubinovich.

La presentación también cuestionó que los inversores pretendan transformar el expediente en una causa de corrupción a partir de la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que el apartamiento de los querellantes dejaría esa acusación exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.

En ese sentido, Novelli sostuvo que los particulares no pueden asumir el rol de fiscales ni promover una acusación por acción popular y cuestionó que los querellantes hayan acreditado ser titulares de las billeteras desde las cuales dijeron haber realizado las operaciones.

La decisión de la Sala I será adoptada en medio de una renovación del tribunal, actualmente integrado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, mientras el Gobierno impulsa la designación de Pablo Yadarola y la ratificación de Bertuzzi. Ambos deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas.

Si los cinco inversores quedan definitivamente apartados, la acusación particular perderá capacidad para proponer medidas de prueba, pedir indagatorias y apelar decisiones judiciales.

Novelli participó junto a Manuel Terrones Godoy en la organización del Tech Forum Argentina en 2024, evento en el que Milei conoció a Julian Peh, empresario radicado en Singapur y señalado en el expediente entre los responsables de la creación del token.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, del teléfono de Novelli surgieron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó al asesor presidencial Santiago Caputo, además de unas 200 interacciones durante el fin de semana en que se produjo el derrumbe de $LIBRA.

La defensa de Novelli reclamó que se confirme la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había apartado a esos inversores del expediente al considerar que no correspondía que continuaran ejerciendo el rol de querellantes.

Según el escrito, el caso se transformó en “un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria”.

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Empieza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Zárate luego de una cirugía estética

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El juicio oral y público contra el ex cirujano Aníbal Lotocki por el supuesto homicidio simple de Rodolfo Christian Zárate, un hombre de 50 años que falleció luego de una cirugía estética llevada a cabo en abril de 2021, comenzará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki, que cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina LunaPamela SosaGabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, será juzgado junto a otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la operación de la víctima, al tiempo que una sexta acusada —una instrumentadora quirúrgica— se encuentra acusada por presunto encubrimiento.

Los jueces a cargo del debate son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, al tiempo que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) es la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N.° 30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según informó el portal Fiscales.

Las audiencias se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9.

El fiscal de instrucción, Pablo Recchini, sostuvo que el 16 de marzo de 2021 el paciente concurrió al consultorio del principal imputado en el barrio porteño de Retiro, situado en Florida al 600, y consensuó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares.

Durante el requerimiento de elevación a juicio, Recchini consignó que Lotocki le entregó tres órdenes a Zárate para un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma; luego la pareja del especialista —que intervenía como su secretaria— le avisó a la víctima que sería intervenido quirúrgicamente en CEMECO, Caballito.

La asistente del entonces cirujano recibió los resultados de los estudios, entre los que se determinó que Rodolfo padeció coronavirus y tenía diabetes, por lo que Lotocki le recetó una medicación.

La operación, realizada el 15 de abril de 2021, consistía en la remoción de los tejidos de “cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen“, explicó el fiscal.

“Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos”, consignó el funcionario judicial, mientras que explicó que Lotocki “salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes” y después habría regresado para hacer la plicatura y cierre”.

El paciente, siempre conforme a la hipótesis del fiscal, fue trasladado a una habitación, en la que lo atendió una enfermera que observó un detalle inusual en su drenaje, y el médico decidió que regrese a la sala de cirugías para reabrir una de las heridas.

Al día siguiente, el 16 de abril, el damnificado fue intubado como consecuencia de una descompensación, y el personal de la clínica se contactó con su obra social para solicitar una ambulancia, pero, ante la complejidad del cuadro, se pidió un móvil más. Zárate, según la conclusión de los profesionales,  estaba “mal intubado”, y luego murió al sufrir un paro cardíaco.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, señaló Recchini, quien además acusó al sindicado de alterar la historia clínica.   

Los otros imputados son el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández; y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek (encubrimiento).

Además, Lotocki fue acusado por lesiones gravísimas supuestamente padecidas por cinco mujeres tras distintos procedimientos médicos.

Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, operada en 2016, 2019 y 2021, denunciaron al implicado.

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Fuerte suba de la acción de Metrogas tras conocerse la venta

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La acción de Metrogas sube 14% en el inicio de las operaciones de este martes, tras conocerse su venta a un grupo empresario local.

De esta forma, logra en el mes un avance de 7,9% y recorta la pérdida anual a 1,4%.

El avance se produjo luego de concretarse la venta de la porción accionaria de la empresa que estaba en manos de YPF a la compañía Edenor por US$780 millones.

Por su parte, el panel MERVAL muestra un incremento de 0,9%, en buena medida por el empuje de la empresa distribuidora de gas.

En tanto, los ADRs en Nueva York operan en forma mixta. Los bonos ofrecen una jornada positiva y el riesgo país es de 458 puntos.

Edenor compra Metrogas a YPF por US$780 millones

La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció US$780 millones por el 70% de Metrogas. La operación queda sujeta a autorizaciones regulatorias y otras condiciones precedentes.

YPF anunció este lunes la aceptación de la oferta presentada por Edenor para adquirir su participación del 70% en Metrogas por US$780 millones, en el marco de la revisión estratégica de su portafolio de activos.

La petrolera dio a conocer la operación el mismo día en que presentó sus números y señaló en un comunicado que la propuesta de Edenor resultó seleccionada en el proceso de venta de la principal distribuidora de gas del país.

“YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en MetroGAS por un monto de US$780 millones”, indicó la compañía.

Edenor está controlada por el consorcio Edelcos, integrado por los empresarios José Luis ManzanoDaniel Vila y Mauricio Filiberti, y es la principal distribuidora eléctrica de la Argentina, con 3,41 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con información publicada por La Nación y relevada por la Agencia Nacional de Noticias, Manzano ya posee una participación del 9,23% en Metrogas a través de Integra Gas Distribution.

El proceso de venta fue conducido por el banco Citi y llegó a su etapa definitoria con cinco oferentes luego del proceso de auditoría de los estados contables y activos de Metrogas.

Además de Edenor, los otros cuatro finalistas fueron Central Puerto en sociedad con EcogasMSU, del empresario Manuel Santos UribelarreaGrupo Pierri, del empresario Alberto Pierri; y Litoral Gas, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol.

La oferta de Edenor asciende a US$780 millones por el 70% de la compañía, pese a que la valuación total de Metrogas en el mercado se ubica cerca de los US$800 millones.

Edenor deberá además lanzar una oferta pública de adquisición por las restantes acciones de la distribuidora, actualmente repartidas entre la ANSES, el capital que cotiza en la Bolsa porteña y la participación que ya se encuentra en manos de Manzano.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas de la Argentina.

Entre 2023 y 2025, la empresa duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo su endeudamiento a un tercio, desempeño que le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria iniciado en 2024.

Uno de los puntos centrales para la operación será la situación de la licencia de Metrogas, que vence en diciembre de 2027 después de 35 años de vigencia.

El Enargas elevó al Poder Ejecutivo una recomendación para extender la licencia durante otros 20 años, posibilidad contemplada por la Ley de Bases, aunque la resolución todavía se encuentra pendiente.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, informó YPF.

La adquisición permitiría al grupo controlante de Edenor sumar la principal distribuidora de gas del país a la mayor distribuidora eléctrica, ampliando su presencia en los dos principales servicios públicos domiciliarios del área metropolitana.

Manzano, Vila y Filiberti adquirieron Edenor en 2021, cuando Pampa Energía decidió vender la distribuidora para concentrar sus inversiones en generación eléctrica y gas.

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