EMPRESA

El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.

La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.

Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos

El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:

  • 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
  • 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
  • 70% para el resto de los empleadores.

Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.

Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.

Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.

Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.

Financiamiento accesible para completar la regularización

La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.

Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:

  • 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
  • 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
  • 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.

La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.

Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.

La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.

La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.

Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.

Lo que deberán evaluar las empresas

La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.

Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.

La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.

Resolución General 5862 ARCA by CristianMilciades

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Fronteras: el Gobierno habilita tiendas libres de impuestos y abre una nueva disputa en las economías regionales

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El Gobierno nacional decidió habilitar el régimen de Tiendas Libres de Impuestos en fronteras terrestres del Mercosur. La medida habilita la instalación de mini duty free en pasos fronterizos y busca dinamizar el comercio, el turismo y el empleo formal en ciudades limítrofes. Para provincias como Misiones, donde la competencia con Paraguay y Brasil define buena parte de la actividad comercial, el impacto podría ser significativo y asoman fuertes voces críticas.

El Gobierno nacional oficializó la creación del Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre, una herramienta largamente utilizada por Brasil a través de las denominadas “lojas francas” y que ahora podrá implementarse en territorio argentino una vez que el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dicten las reglamentaciones operativas correspondientes.

El Decreto 438/2026 incorpora una norma aprobada por el Mercosur en 2018 y establece que podrán comercializarse productos nacionales e importados sin cargas tributarias dentro de establecimientos especialmente habilitados en pasos fronterizos terrestres.

La decisión introduce un nuevo factor competitivo para las economías de frontera y, particularmente, para provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Entre Ríos, donde los flujos comerciales están condicionados por las diferencias cambiarias y tributarias con los países vecinos.

Más allá del debate político y comercial que abrió la medida, el decreto incorpora una lista de exclusiones que limita significativamente el alcance de las futuras tiendas libres de impuestos. En particular, varios de los rubros más sensibles para la economía de frontera de Misiones quedaron expresamente fuera del régimen.

Entre los productos que no podrán comercializarse en los duty free terrestres figuran los neumáticos, los materiales de construcción, la maquinaria agrícola e industrial, los cigarrillos y buena parte del calzado. También quedaron excluidos los vehículos, embarcaciones, aeronaves, armas y municiones, además de los electrodomésticos de gran porte.

La decisión busca evitar distorsiones en sectores considerados estratégicos o especialmente sensibles para la producción y el comercio local. En el caso de Misiones, las restricciones atenúan parcialmente las preocupaciones del sector privado, ya que varios de los productos que históricamente generan mayores diferencias de precios con Paraguay y Brasil no podrán ser ofrecidos bajo el régimen de tiendas libres de impuestos.

De todos modos, comerciantes y cámaras empresarias advierten que el impacto final dependerá de la reglamentación que dicten la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Economía, así como de la ubicación, escala y oferta comercial que finalmente desarrollen estos establecimientos en las ciudades fronterizas.

La norma establece que las ventas estarán limitadas a viajeros que ingresen o egresen del país y deberán respetar los topes y franquicias vigentes -hoy son 500 dólares en el Duty de Iguazú- del régimen de equipaje. Es decir, no se trata de un canal para operaciones comerciales mayoristas sino de compras destinadas al consumo personal.

Más allá del componente comercial, la medida tiene una dimensión territorial relevante. El decreto reconoce expresamente que las tiendas libres de impuestos pueden contribuir al desarrollo local y a la generación de empleo formal en zonas de frontera.

Para las ciudades fronterizas del NEA, donde gran parte de la actividad económica depende del movimiento turístico y comercial, la posibilidad de instalar duty free podría generar nuevas inversiones privadas vinculadas al retail, la logística, los servicios y la infraestructura comercial.

Entre los efectos potenciales aparecen: Mayor atractivo turístico y comercial en ciudades fronterizas. Captación de parte del gasto que actualmente se realiza en establecimientos similares de Brasil y Paraguay. Nuevas inversiones privadas en infraestructura comercial. Generación de empleo formal asociado al comercio y los servicios. Incremento de la recaudación indirecta a través de mayor actividad económica local.

Sin embargo, el impacto dependerá de la reglamentación final y de los productos que efectivamente puedan comercializarse bajo el régimen.

Misiones, la provincia que puede cambiar el mapa de la discusión

El caso misionero merece un análisis particular. La provincia comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay y mantiene desde hace décadas reclamos vinculados a las asimetrías tributarias y comerciales. El Gobierno provincial y empresarios advierten que el pedido de una Zona Aduanera Especial para todo el territorio, se mantiene vigente.

La resolución abre interrogantes para el comercio tradicional. La convivencia entre establecimientos duty free y comercios convencionales exigirá un diseño regulatorio que evite distorsiones internas y garantice condiciones de competencia previsibles. Desde el sector empresario misionero advierten que en el actual contexto comercial de “capa caída” podría ser una competencia desleal para el comercio local, aunque advierten que hay que esperar las normas que determine ARCA.

El decreto establece un modelo de fuerte supervisión estatal. Las tiendas sólo podrán instalarse en pasos fronterizos habilitados o en recintos autorizados por ARCA y requerirán una doble aprobación: comercial, por parte del Ministerio de Economía, y aduanera, por parte de la autoridad fiscal.

Además, las habilitaciones deberán otorgarse mediante procedimientos competitivos y transparentes, mientras que la Dirección General de Aduanas conservará facultades para suspender o revocar permisos ante incumplimientos.

Otro aspecto relevante es que las compras realizadas en estos establecimientos seguirán encuadradas dentro del régimen de equipaje. Esto implica que continuarán vigentes las franquicias, límites de valor y controles aduaneros ya previstos por la legislación argentina.

La postura de los empresarios de Misiones

Federico Panozzo, presidente de la CCIP, en diálogo con Radio Open 101.7 consideró que la medida abre “diferencias competitivas” con los comercios locales. Afirmó que “nos complica, por una cuestión de que volvemos a la discusión de asimetrías, Posadas y el comercio posadeño vienen combatiendo las asimetrías con países fronterizos y en este caso este tipo de medidas también nos hacen a nosotros competir, en este caso con un local, con un operador que tiene beneficios impositivos”.

El empresario aclaró que “nosotros estamos a favor de nuevas inversiones, de nuevos atractivos para la ciudad, no nos oponemos a eso. Lo que sí nos oponemos siempre y firmemente a las diferencias competitivas”. Explicó que “esta es una medida que el gobierno nacional implementa sin consultar y sin ver qué está pasando en las economías regionales. Sabemos que el gobierno nacional no se fija mucho puntualmente cuál es la realidad de cada provincia, sino que van tomando medidas en línea a sus objetivos macroeconómicos”.

Por ello Panozzo indicó que “lo que queremos hacer con el acompañamiento provincial y municipal es que nos habiliten un régimen aduanero especial para que todos los comercios, todo el entramado comercial misionero en este caso, tenga beneficios impositivos y así podamos competir. Insisto, la idea no es que no se instale más nadie y que no evolucione nuestro comercio ni la oferta para consumidores. La idea es que todos podamos tener reglas similares por lo menos para poder comercializar y ser competitivos”.

Entre las primeras voces críticas que surgieron tras la publicación del decreto se encuentra la de Alejandro Haene, expresidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), quien cuestionó la decisión del Gobierno nacional de habilitar tiendas libres de impuestos en ciudades de frontera.

Para Haene, la medida va en dirección opuesta a los reclamos históricos del comercio misionero. Sostiene que las empresas locales ya enfrentan una situación compleja por la diferencia cambiaria con Paraguay y Brasil, que incentiva las compras transfronterizas. En ese contexto, considera que sumar nuevos beneficios fiscales para emprendimientos específicos profundizaría las asimetrías que afectan al sector formal de la provincia.

“El comercio misionero viene soportando una competencia muy fuerte por el tipo de cambio y por las facilidades que tienen los consumidores para comprar en Paraguay o Brasil. Si ahora se agregan tiendas libres de impuestos, sería un golpe muy duro para quienes ya están instalados y generan empleo en la provincia”, planteó.

El dirigente señaló además que Misiones viene reclamando un tratamiento impositivo diferencial para compensar su condición fronteriza. Por eso, entiende que la prioridad debería ser reducir la carga tributaria sobre los comercios e industrias ya radicados en la provincia y no crear regímenes especiales para nuevos operadores. “Lo que necesitamos es una baja de impuestos nacionales para las empresas que ya invierten, producen y sostienen puestos de trabajo. No un doble estándar donde algunos negocios tengan ventajas fiscales mientras el resto continúa soportando toda la carga tributaria argentina”, sostuvo.

Aunque aclaró que se trata de una posición estrictamente personal, Haene fue categórico en su rechazo a la iniciativa. A su juicio, la creación de duty free terrestres podría agravar las dificultades de competitividad que enfrenta el comercio misionero y alejar aún más la posibilidad de avanzar hacia un régimen especial que equipare las condiciones con las ciudades fronterizas de los países vecinos.

El desafío de transformar una ventaja normativa en desarrollo real

La creación del régimen no garantiza por sí sola inversiones ni una inmediata expansión del comercio fronterizo. El verdadero impacto dependerá de la velocidad con que Economía y ARCA implementen las reglamentaciones, de las condiciones de inversión que se definan para los operadores privados y de la capacidad de las provincias para integrar esta herramienta dentro de una estrategia más amplia de desarrollo regional.

Decreto 438/2026 by CristianMilciades

Para Misiones y el resto de las provincias fronterizas, la medida representa una oportunidad para recuperar competitividad en un escenario donde la disputa por el consumo ya no se limita a las diferencias cambiarias, sino que incorpora nuevos instrumentos comerciales dentro del propio territorio argentino.

Lo que habrá que seguir de cerca es cuántos pasos fronterizos serán habilitados, qué productos podrán comercializarse finalmente y si el régimen logra convertirse en un verdadero polo de atracción de inversiones o queda limitado a una herramienta de alcance acotado.

Anexo Decreto 438/2026 by CristianMilciades

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Intercargo: el Gobierno extiende plazos y ajusta el proceso de privatización

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El Ministerio de Economía introdujo nuevas modificaciones al proceso de privatización de Intercargo, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves. La decisión posterga la presentación de ofertas hasta el 25 de junio y ajusta aspectos procedimentales de la licitación nacional e internacional con la que el Estado busca vender el 100% de su participación accionaria.

La Resolución 833/2026 incorpora la Circular Modificatoria N°4 al pliego de la licitación pública que definirá el futuro de Intercargo. Aunque los cambios no alteran la estructura de la privatización, sí modifican plazos y mecanismos administrativos con un objetivo claro: ampliar márgenes para la participación de interesados y fortalecer la seguridad jurídica del proceso antes de la adjudicación.

La nueva hoja de ruta fija como fecha límite para consultas el 17 de junio y establece que las ofertas podrán presentarse hasta el 25 de junio de 2026 a las 9:59 horas, mientras que la apertura de la primera etapa se realizará ese mismo día.

Detrás de la actualización aparece una señal relevante para el mercado: el Gobierno continúa afinando las condiciones de venta de uno de los activos más importantes incluidos en el programa de privatizaciones impulsado por la Ley Bases.

Intercargo ocupa una posición central dentro del ecosistema aerocomercial argentino. La compañía presta servicios de rampa, una actividad que incluye asistencia a aeronaves en tierra, carga y descarga de equipajes, movimiento de mercancías y diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de vuelos comerciales.

La eficiencia de estos servicios impacta directamente sobre los costos operativos de aerolíneas, operadores logísticos, empresas exportadoras y terminales aeroportuarias.

Por esa razón, el proceso de privatización trasciende el debate patrimonial sobre la venta de una empresa estatal. Lo que está en discusión es la futura configuración de un servicio considerado crítico para la competitividad del sistema aerocomercial argentino.

Qué cambió en la licitación

Las modificaciones aprobadas por Economía buscan ordenar etapas administrativas que habían generado observaciones dentro del procedimiento.

Los principales cambios incluyen: prórroga de los plazos para consultas y presentación de ofertas. Adecuación de los tiempos de intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. Reordenamiento de los plazos posteriores a la adjudicación. Ajustes en los tiempos previstos para la firma del contrato de compraventa.

Desde la perspectiva de los potenciales inversores, la extensión de los plazos suele interpretarse como una herramienta para mejorar la calidad y cantidad de oferentes, especialmente en procesos internacionales que requieren auditorías, análisis regulatorios y evaluaciones financieras complejas.

Más tiempo para estructurar ofertas

En los procesos de privatización, los cambios de cronograma no necesariamente reflejan dificultades. Muchas veces responden a la necesidad de ampliar la competencia y garantizar que los interesados cuenten con información suficiente para formular propuestas.

El propio Ministerio de Economía fundamentó la modificación en la necesidad de mejorar, ampliar y corregir aspectos del pliego para fortalecer los principios que rigen los procedimientos de privatización.

Para los inversores estratégicos, el valor de Intercargo no depende únicamente de sus activos actuales, sino también de la evolución futura del mercado aerocomercial argentino, de la dinámica del transporte de cargas aéreas y del crecimiento proyectado de la conectividad nacional e internacional.

El transporte aéreo de cargas adquiere relevancia creciente para productos de alto valor agregado, mercancías perecederas y sectores que requieren rapidez logística para acceder a mercados externos. En el NEA, donde la distancia respecto de los principales centros de consumo y exportación constituye un factor estructural de competitividad, cualquier mejora en la eficiencia aeroportuaria puede traducirse en menores costos operativos para determinados segmentos productivos.

La discusión no pasa únicamente por la propiedad de la empresa, sino por la capacidad del sistema para ofrecer servicios más eficientes, previsibles y alineados con estándares internacionales.

Un proceso observado por el mercado

La privatización de Intercargo se convirtió en uno de los casos testigo de la estrategia oficial de transformación de empresas públicas.

A diferencia de otros activos estatales, la compañía opera en una actividad directamente vinculada al comercio exterior, al turismo y a la conectividad empresarial. Por esa razón, el resultado de la licitación será observado tanto por el sector aerocomercial como por inversores interesados en infraestructura logística.

El próximo hito será la apertura de ofertas prevista para el 25 de junio. Más allá del valor económico que finalmente alcance la operación, el indicador más relevante para el mercado será el nivel de competencia logrado en la licitación. La cantidad y calidad de los oferentes permitirá medir el interés real que despiertan los activos argentinos dentro del actual proceso de reorganización del sector público y ofrecerá señales sobre las perspectivas de inversión en infraestructura logística y transporte.

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El Gobierno eliminó decenas de regulaciones comerciales y cierra formalmente programas de control de precios

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La Secretaría de Industria y Comercio avanzó con una nueva etapa del proceso de simplificación regulatoria al derogar un amplio conjunto de resoluciones vinculadas a programas de control de precios, mecanismos de financiamiento al consumo, regulaciones sobre mercados y herramientas de intervención estatal que habían perdido vigencia o sustento legal.

La medida, formalizada mediante la Resolución 12/2026, consolida jurídicamente decisiones que en muchos casos ya estaban operativamente desactivadas, pero que continuaban formando parte del entramado normativo. Para el sector privado, el principal efecto es la reducción de incertidumbre regulatoria y la eliminación definitiva de obligaciones administrativas asociadas a programas que dejaron de existir.

Limpieza normativa para un nuevo esquema de mercado

La resolución elimina normas que se habían dictado bajo marcos regulatorios posteriormente derogados, entre ellos la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el Observatorio de Precios y distintos instrumentos de intervención comercial.

También quedan sin efecto regulaciones asociadas a programas de control de precios implementados entre 2021 y 2024, incluyendo sucesivas actualizaciones de esquemas de referencia para productos de consumo masivo.

Desde la visión oficial, la medida busca depurar el sistema normativo para evitar superposiciones y eliminar disposiciones que ya no tienen aplicación práctica. El argumento central es que la acumulación de normas genera costos de cumplimiento, dudas interpretativas y riesgos jurídicos para empresas y consumidores.

La resolución también cierra administrativamente normativas vinculadas a programas de estímulo al consumo financiado que no fueron renovados durante 2025.

El Gobierno sostiene que la normalización del mercado crediticio torna innecesarios estos mecanismos de subsidio indirecto y que la asignación de recursos debe responder a señales de mercado.

Para las empresas comerciales, industriales y de servicios, la decisión implica que desaparecen definitivamente los marcos regulatorios que acompañaban esos programas, eliminando exigencias de adhesión, reportes o condiciones específicas de participación.

El caso del Fondo Estabilizador del Trigo

Otro punto relevante es la eliminación de normativa complementaria vinculada al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

El fideicomiso había sido revocado en marzo de 2024 por el Ministerio de Economía, pero permanecían disposiciones reglamentarias asociadas a su funcionamiento. La nueva resolución cierra definitivamente ese capítulo regulatorio.

Para la cadena agroindustrial, especialmente molinos, distribuidores y operadores vinculados al mercado de harinas, la medida representa la desaparición formal de uno de los principales instrumentos de intervención utilizados durante los años previos.

Lo que observan las empresas

Más allá del contenido específico de cada norma derogada, el mensaje que observa el sector privado es la continuidad de una estrategia orientada a reducir la intervención administrativa en mercados y simplificar el marco regulatorio.

Entre los efectos prácticos más relevantes aparecen: Eliminación de normas asociadas a controles de precios que ya no estaban operativas. Reducción de obligaciones informativas derivadas de programas extinguidos. Mayor claridad sobre qué regulaciones permanecen vigentes. Cierre formal de instrumentos vinculados a subsidios y mecanismos de estabilización de precios. Menor riesgo de interpretaciones contradictorias dentro del marco regulatorio comercial.

La depuración normativa no modifica por sí sola los costos de producción, la presión tributaria o las condiciones de financiamiento que enfrentan las empresas. Sin embargo, sí forma parte de una transformación institucional más amplia: la migración desde un esquema basado en programas sectoriales y controles administrativos hacia uno sustentado en reglas generales de mercado.

Para el sector productivo del NEA, el desafío será determinar si esta simplificación regulatoria logra traducirse en menores costos operativos y mayor previsibilidad para invertir, dos variables que continúan siendo más determinantes que la cantidad de normas vigentes.

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