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Misiones emitirá bonos por hasta USD 300 millones para financiar obras e innovación productiva

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Misiones se prepara para debatir una de las iniciativas financieras más relevantes de los últimos años. Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Representantes e impulsado por Carlos Rovira, de Encuentro Misionero, propone autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 300 millones de dólares, mediante la emisión de bonos, títulos públicos u otros instrumentos financieros, con el objetivo de financiar inversiones estratégicas en infraestructura y desarrollo productivo.

La iniciativa faculta al Ministerio de Hacienda, a estructurar las emisiones en al menos tres series y colocarlas tanto en el mercado local como internacional. El proyecto establece expresamente que los fondos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a gastos de capital y no podrán ser utilizados para financiar gastos corrientes de la administración provincial.

Entre las inversiones previstas figuran obras viales, habitacionales, energéticas, de conectividad digital y de infraestructura social y barrial. El texto incluye desde la construcción y rehabilitación de rutas provinciales, avenidas, puentes y caminos rurales hasta la ampliación de redes de fibra óptica, conectividad satelital, electrificación rural, estaciones transformadoras y sistemas de generación renovable. También contempla la adquisición de ambulancias, maquinaria vial, equipamiento sanitario y tecnológico para fortalecer la capacidad operativa del Estado.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la creación del Fondo Misionero para la Innovación Productiva (FONMIP), un instrumento orientado a financiar pequeñas empresas, cooperativas y startups radicadas en Misiones. 

De aprobarse la iniciativa, será la primera vez desde 1999 que Misiones recurre al mercado de capitales, aunque con una diferencia fundamental. La última emisión había sido de 100 millones de dólares, en noviembre del último año del siglo pasado, para financiar gastos corrientes y deudas estatales.

La ley dispone que al menos el cinco por ciento de los recursos provenientes de las emisiones se destinen a este fondo, que podrá otorgar créditos, garantías, aportes de capital, coinversiones y otras herramientas de financiamiento para impulsar el crecimiento tecnológico y productivo de emprendimientos locales.

De concretarse el monto máximo autorizado, el FONMIP dispondría de un piso de 15 millones de dólares para financiar proyectos innovadores en la provincia. El fondo estará sujeto a mecanismos específicos de transparencia, trazabilidad y control, cuya reglamentación deberá definir criterios de elegibilidad, gobernanza y administración fiduciaria.

El proyecto también establece límites y mecanismos de control sobre las emisiones. Ninguna serie podrá superar los 100 millones de dólares y, antes de cada colocación, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar informes técnicos que acrediten la compatibilidad de la operación con los límites constitucionales de endeudamiento, la previsión presupuestaria para afrontar los servicios de la deuda y la conveniencia económica y financiera de la operación frente a otras alternativas de financiamiento.

Asimismo, la selección de los bancos colocadores, estructuradores, fiduciarios y demás intermediarios financieros deberá realizarse mediante licitación pública de alcance nacional. La iniciativa exige además que el Poder Ejecutivo remita cada seis meses a la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las emisiones realizadas, las condiciones financieras obtenidas, el destino de los fondos y la evolución de la deuda generada.

En los fundamentos del proyecto se argumenta que la reducción del financiamiento nacional destinado a infraestructura y la desaceleración económica han limitado la capacidad de inversión pública de la provincia. El texto sostiene que Misiones enfrenta necesidades crecientes en materia de infraestructura vial, energética y digital, particularmente en un territorio con fuerte dispersión geográfica, amplias zonas rurales y una economía que depende cada vez más de la conectividad y la innovación para sostener su competitividad.

La iniciativa plantea además que las inversiones financiadas con la emisión de deuda tendrían un efecto multiplicador sobre la economía provincial, al movilizar cadenas de valor vinculadas a la construcción, la industria, el transporte, los servicios tecnológicos y la innovación. Según los fundamentos, el objetivo es transformar financiamiento en infraestructura estratégica y capital emprendedor, promoviendo empleo, desarrollo territorial y crecimiento económico de largo plazo.

La propuesta se inscribe en un contexto en el que varias provincias buscan alternativas para sostener la inversión pública ante la retracción de los recursos nacionales destinados a obras. En el caso de Misiones, el proyecto combina dos objetivos: financiar infraestructura física para mejorar competitividad y calidad de vida, y al mismo tiempo crear un instrumento permanente de apoyo a la innovación productiva, considerado uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo provincial.

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A once años de Ni Una Menos: hubo 105 femicidios en el país y Misiones acumula tres casos en 2026

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A once años de la irrupción del movimiento Ni Una Menos en las calles argentinas, las estadísticas continúan exhibiendo la persistencia de una de las problemáticas sociales más graves del país. Agostina Vega en Córdoba y Dulce María Candia en Eldorado son nombres que hoy duelen por la cercanía en el tiempo, pero entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina, lo que equivale a una mujer asesinada cada 35 horas, según el informe especial difundido por el Observatorio Nacional de las Violencias de Género “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá.

La cifra incluye 80 femicidios directos, cinco femicidios vinculados, tres trans-travesticidios, cinco suicidios femicidas, cinco muertes violentas asociadas al género, un crimen de odio y doce casos vinculados a contextos de narcotráfico y crimen organizado. Además, se contabilizaron 420 intentos de femicidio y otros 14 casos que permanecen bajo investigación judicial. En Misiones, según los datos de Mumalá, en lo que va del año, hubo 51 intentos de femicidio. 

Desde la primera marcha masiva del 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026, el observatorio contabilizó 3.096 femicidios en todo el país, una cifra que expone la magnitud acumulada de la violencia letal contra las mujeres y diversidades en Argentina.

Misiones: dos femicidios y un travesticidio en cinco meses

Dentro de ese escenario nacional, Misiones aparece entre las provincias que registraron hechos de extrema gravedad durante los primeros cinco meses del año. Según los datos relevados, la provincia acumula dos casos de femicidio y un homicidio por odio a la identidad de género (travesticidio).

El caso más reciente que conmocionó a la provincia fue el de Dulce María, incluido por Mumalá entre los hechos que reflejan las falencias estructurales en materia de prevención, protección y acompañamiento de víctimas de violencia de género.

Pero la violencia no se expresa únicamente en los casos letales. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, Misiones registró 14.003 denuncias por violencia familiar y de género, una cifra que equivale a un promedio de casi 93 denuncias por día.

Los datos adquieren aún mayor relevancia al observar la evolución reciente. Durante 2025 se contabilizaron 31.432 denuncias, lo que representó un incremento cercano al 6% respecto al año anterior. El promedio diario alcanzó las 86 denuncias y las mujeres continuaron siendo las principales víctimas en más del 79% de los casos registrados.

El año pasado también dejó una marca alarmante: con 11 femicidios, Misiones registró la cifra más alta de los últimos seis años.

Desde Mumalá sostienen que la caída en los niveles de denuncia refleja una pérdida de confianza en los mecanismos institucionales de protección. La organización advirtió que muchas víctimas no recurren a los organismos estatales porque no se sienten escuchadas ni protegidas. 

En el Gobierno provincial también sostienen que también hace falta más compromiso social en la denuncia de los casos. El porcentaje más alto es de las propias víctimas o de algún familiar directo. Solo 0,2 por ciento hace una denuncia sin ser familiar directo, pese a que la ley provincial de Violencia Familiar y de Género, admite las denuncias con reserva de identidad, precisamente para que no haya problemas con los vecinos de las víctimas. 

El perfil de los femicidios

El informe de Mumalá permite reconstruir algunas características recurrentes detrás de estos crímenes.

El 60% de los femicidios fue cometido por parejas, ex parejas o familiares de las víctimas. El 67% ocurrió dentro de la vivienda de la mujer asesinada, mientras que el 32% convivía con su agresor al momento del hecho.

La edad promedio de las víctimas fue de 39 años, mientras que la de los agresores alcanzó los 41 años. El 40% de las mujeres asesinadas eran madres y al menos 73 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia directa de los femicidios registrados este año.

Otro dato preocupante surge de la relación entre violencia extrema y acceso al sistema de protección. Apenas el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. El porcentaje representa el nivel más bajo de los últimos once años y se encuentra muy por debajo del promedio histórico del 17%.

Entre quienes habían realizado denuncias, el 75% contaba con medidas de restricción y apenas el 12% disponía de botón antipánico.

En el marco del undécimo aniversario de Ni Una Menos, el colectivo volvió a reclamar la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, la restitución de recursos destinados a políticas de prevención y asistencia, y medidas concretas frente a los discursos de odio y las expresiones negacionistas sobre la violencia machista.

A once años de aquella multitudinaria movilización que modificó la agenda pública argentina, los números muestran que el fenómeno continúa siendo una deuda pendiente. Las estadísticas nacionales, junto con el récord de femicidios y el elevado volumen de denuncias registrado en Misiones, reflejan que la violencia de género sigue constituyendo uno de los principales desafíos sociales y de derechos humanos del país.

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Verra aprobó el programa de carbono de Misiones: un hito global y financiamiento para conservar la selva

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Misiones acaba de alcanzar uno de los hitos ambientales más importantes de su historia. La organización internacional Verra, responsable del principal estándar mundial de certificación de créditos de carbono, aprobó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, convirtiéndolo en el primer programa forestal de carbono liderado por un gobierno y registrado a escala jurisdiccional bajo el marco JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) del sistema Verified Carbon Standard (VCS).

La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.

Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.

La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó que “celebramos haber alcanzado un hito tan importante en materia de conservación. Misiones siempre ha considerado la protección de la selva como una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios nos permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración continua y su disposición para trabajar con nosotros”.

Se espera que esta aprobación impulse el desarrollo de programas adicionales bajo el Marco JNR del VCS en toda Argentina y en países de América Latina, África y Asia que están explorando enfoques jurisdiccionales a gran escala para la financiación climática y la protección de los bosques. El programa ofrece un modelo replicable para otros gobiernos nacionales y subnacionales que buscan alinear los objetivos de las políticas climáticas, las prioridades de conservación forestal y el acceso a los mercados internacionales de carbono.

La aprobación llega en un momento particularmente oportuno. Misiones se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar la primera venta privada de créditos de carbono de su historia. La potencial compradora sería LATAM Airlines Group, interesada en adquirir entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de carbono para el mercado internacional CORSIA, el sistema global de compensación de emisiones para la aviación. La operación podría rondar los 65 millones de dólares.

La estrategia provincial comenzó formalmente en 2021, cuando Misiones inició el desarrollo de su programa jurisdiccional REDD+ junto a socios internacionales especializados en mercados ambientales. Desde entonces se desarrollaron auditorías, mediciones, validaciones independientes, consultas con comunidades, propietarios privados y organizaciones ambientales, además de la construcción de un sistema institucional capaz de sostener la trazabilidad exigida por los mercados internacionales.

El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.

La aprobación de Verra también fortalece la posición de Misiones frente a potenciales compradores internacionales. Los créditos certificados bajo estándares reconocidos globalmente tienen mayor liquidez, transparencia y aceptación en los mercados voluntarios y regulados de carbono. Precisamente, la organización certificadora acaba de incorporarse formalmente a la Mesa Argentina de Carbono, reforzando su presencia en el país y acompañando el desarrollo de proyectos de calidad internacional.

El avance se suma a otros hitos recientes del sector ambiental misionero. En las últimas semanas también fue certificado el primer proyecto argentino privado de carbono de bosque nativo bajo estándares Verra, desarrollado en la Selva Paranaense y validado por 138.000 créditos de carbono.

La validación del programa jurisdiccional de Misiones tiene además un valor simbólico. Durante décadas la provincia sostuvo políticas de conservación que limitaron actividades productivas sobre grandes extensiones de bosque nativo. Ahora, por primera vez, esa preservación comienza a transformarse en un activo económico reconocido por los mercados internacionales.

En un contexto de creciente demanda global por créditos ambientales de alta integridad, Misiones no solo aparece como la principal referencia argentina en mercados de carbono. Con la aprobación de Verra, la provincia se posiciona como uno de los casos más avanzados del mundo en la monetización de servicios ecosistémicos a escala gubernamental, abriendo una nueva etapa en la relación entre conservación, financiamiento climático y desarrollo económico.

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Alto impacto en la liquidez: Misiones elimina retenciones para operaciones con billeteras virtuales

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La medida, formalizada mediante el Decreto N.º 936, comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404 reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos. Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200 mil misioneros, fortaleciendo la liquidez de familias, emprendedores, trabajadores independientes y pequeños operadores económicos.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una nueva medida orientada a aliviar la carga fiscal sobre usuarios de billeteras virtuales y pequeños operadores económicos. A través del Decreto N.º 936, instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar mecanismos que excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago. 

La iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos. 

Al comunicar la decisión, el mandatario señaló que “sabemos que las billeteras virtuales constituyen herramientas esenciales en la dinámica de la economía real, facilitando la operatividad de los sectores comerciales, de servicios y de la economía familiar. En este contexto, la Provincia tiene como prioridad resguardar el valor patrimonial y la liquidez de los recursos de los contribuyentes”.

Asimismo, explicó que la medida busca garantizar la percepción íntegra de los fondos acreditados en estos mecanismos electrónicos y fortalecer el capital de trabajo de quienes utilizan billeteras virtuales para desarrollar actividades económicas o administrar recursos familiares.

La normativa instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y a la Dirección General de Rentas a implementar los mecanismos necesarios para excluir del Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) a aquellos usuarios cuyas acreditaciones mensuales en billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago no superen los parámetros establecidos por la Provincia. 

En ese marco, se definió que quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo.

De esta manera, cualquier persona que reciba acreditaciones por debajo de ese umbral podrá percibir íntegramente las transferencias recibidas en billeteras virtuales, sin retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, conforme a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.

La disposición entrará en vigencia el 1° de agosto de 2026 y alcanza a usuarios particulares, trabajadores independientes, emprendedores y pequeños operadores económicos que utilizan billeteras virtuales como herramienta habitual para realizar cobros, pagos y transferencias.

Liquidez en la billetera real y virtual

En su mensaje, Passalacqua sostuvo que la iniciativa permitirá que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra y sin detracciones previas.

“El objetivo de esta medida es neutralizar las retenciones para operaciones de escala menor, garantizando la percepción íntegra de las transferencias recibidas en dichos mecanismos electrónicos. A partir de la medida, los pequeños contribuyentes, emprendedores y usuarios de billeteras virtuales dispondrán de mayor capital de trabajo de manera inmediata”, expresó.

El gobernador agregó que la decisión contribuirá a mejorar el flujo de fondos de quienes utilizan estos medios de pago, fortaleciendo su capacidad de consumo, reinversión productiva y sostenimiento de actividades económicas.

“En definitiva, se trata de una optimización de la gestión fiscal, que aporta previsibilidad al circuito financiero local y asegura la eficiencia del sistema, permitiendo que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra, sin deducciones ni detrimentos previos”, concluyó.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa permitirá mejorar el flujo de fondos de miles de usuarios que utilizan billeteras virtuales para cobrar ventas, servicios, trabajos independientes o transferencias habituales.

La exclusión de las retenciones implicará una mayor disponibilidad inmediata de recursos para el consumo, la reinversión y el sostenimiento de actividades productivas y comerciales de pequeña escala.

Además, la normativa faculta al Ministerio de Hacienda a actualizar periódicamente los parámetros de exclusión, de acuerdo con la evolución de la realidad económica y social de la provincia, garantizando la protección de los contribuyentes de menor capacidad contributiva y la eficiencia del sistema tributario.

Asimismo se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la Provincia para acompañar la actividad económica, simplificar procedimientos y generar condiciones que favorezcan la circulación de recursos dentro del mercado local.

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La recaudación récord de Ganancias en mayo esconde una fuerte erosión del IVA y las retenciones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reportó que los recursos fiscales de mayo de 2026 treparon a $21.513.588 millones, lo que representa una expansión nominal del 33,6% interanual. No obstante, el marcado salto del 67,9% observado en el Impuesto a las Ganancias distorsiona el balance consolidado, ocultando una desaceleración real en los tributos vinculados al consumo interno y al comercio exterior, variables de las que depende de forma directa el flujo de caja del Noreste Argentino (NEA).

Los Recursos Tributarios llegaron a $ 21,5 billones, con una variación interanual de 35,6%, por lo que habría marcado una mejora por arriba de la inflación esperada para mayo (33,3% interanual según CyT Asesores).

La dinámica fiscal de mayo estuvo motorizada de forma casi exclusiva por el vencimiento del saldo de declaración jurada de Ganancias para las sociedades con cierre de balance en diciembre de 2025. El gravamen aportó $8.023.477 millones, beneficiado por una baja base de comparación respecto del año previo y por los incentivos procedimentales de la Ley 27.799, que redujo los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores. Sin embargo, el dato crítico se localiza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que con una recaudación neta de $5.380.374 millones y una suba del 22,6% interanual, se ubica sustancialmente por debajo del promedio inflacionario, desnudando el enfriamiento de la actividad comercial minorista.

El impuesto a las Ganancias por sí solo aportó $ 8 billones a las arcas públicas en el mes, lo que implicó una suba de 64% interanual. La explicación estuvo centrada en el segmento impositivo, ya que el segmento aduanero representó $ 214.000 millones. Además de los factores ya mencionados, como la liquidación de sociedades y el aumento de las multas que incentivó la registración, ayudaron el cambio en las alícuotas de los anticipos al 11,11% en un régimen de 9 ingresos, pero atenuó la variación la liquidación anual de la relación de dependencia y jubilados con los parámetros de 2025.

El IVA registró ingresos por $ 5,3 billones. Marcó un aumento del 22,6% interanual, por debajo de la inflación esperada para el mismo período. En este impuesto también incidió mayoritariamente el segmento impositivo (29,5% de suba anual) mientras que el aduanero tuvo un pobre desempeño (8,5% de aumento).

En el IVA impositivo indició en contra el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago, las mayores devoluciones a exportadores y del régimen de comercialización de granos y los mayores pagos con saldos a favor de contribuyentes. El reclamo por las devoluciones cobraba cada vez más fuerza por parte de los exportadores, que plantearon que registraban hasta siete meses de demora. En el IVA aduanero impactó la desaceleración de las importaciones respecto de mayo del año pasado y un día hábil menos.

El desempeño de estos impuestos es lo que explicó que mejorara la coparticipación y distribución vía leyes especiales y compensaciones a las provincias, que vieron en mayo un aumento del 8,3% real interanual, según estimó Politikon Chaco.

Desglose de la recaudación y el comportamiento sectorial

La distribución de los recursos fiscales evidencia las disparidades operativas entre los diferentes bloques impositivos de la economía:

Ganancias Corporativas ($8.023.477 millones): Registró un avance interanual del 67,9%. La variación estuvo favorecida por la RG 5.685/2025, que reconfiguró las alícuotas de los anticipos societarios a un esquema de 9 ingresos obligatorios del 11,11%.

IVA Neto y Consumo ($5.380.374 millones): El bloque impositivo general creció un 22,6%. La suba del 29,3% en el IVA impositivo se vio atenuada por un mayor acogimiento de deuda corriente a planes de facilidades de pago y devoluciones extraordinarias al sector agroindustrial.

Seguridad Social ($4.613.376 millones): Los aportes y contribuciones patronales avanzaron un 27,3%, impulsados por la actualización de la remuneración bruta promedio, en vísperas del impacto del nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

Créditos y Débitos ($1.447.457 millones): El denominado impuesto al cheque subió un 28,5% interanual, traccionado de forma positiva por la adición de una jornada hábil de liquidación bancaria en comparación con mayo del año anterior.

La asimetría aduanera en los Derechos de Exportación e Importación

El comportamiento de los tributos de frontera expone el sesgo centralista de la política económica nacional frente a los requerimientos de la periferia. Los Derechos de Exportación (retenciones) sufrieron un desplome interanual del -18,3%, recaudando apenas $567.117 millones. ARCA atribuye este retroceso a la reducción de alícuotas aplicada sobre los porotos de soja (que pasaron del 33% al 24%) y el maíz (del 12% al 8,5%). Para Misiones, esta caída en la recaudación granaria nacional impacta negativamente de forma indirecta, dado que reduce la masa de recursos redistribuibles que financian obras de infraestructura vial a nivel federal.

Asimismo, los Derechos de Importación avanzaron un tenue 5,2% interanual, totalizando $489.413 millones. Esta debilidad operativa responde a la desaceleración del ingreso de bienes intermedios y al impacto de la alícuota 0% fijada para la importación extrazona de componentes de telefonía celular. Mientras que en Buenos Aires la apertura comercial se traduce en un mayor stock de tecnología de consumo, en Misiones las PyMEs forestales y yerbateras se ven marginadas de este alivio arancelario, debiendo absorber fletes internos elevados y lidiar con las asimetrías fronterizas cambiarias con Brasil y Paraguay para mantener operativas sus cadenas de suministros sin el beneficio de compensaciones aduaneras geográficas.

Superado el vencimiento estacional de Ganancias Sociedades, la atención de los tomadores de decisiones corporativas en Misiones debe centrarse en la evolución del IVA Impositivo durante el próximo trimestre. Será fundamental seguir de cerca el impacto real del beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), cuya reducción de contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo comenzará a reflejarse en la recaudación a partir de junio. Si la devaluación real del consumo interno persiste, la mayor liquidez obtenida por la vía de Ganancias en mayo se diluirá rápidamente, forzando un escenario de mayor rigidez crediticia para las PyMEs del interior provincial.

Informe Recaudación Mayo 2026 by CristianMilciades

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