Denunciaron al Estado argentino y a AstraZeneca por la vacuna del Covid: una mujer pide más de $90 millones
La presentación fue incluso antes de que AstraZeneca reconociera, semanas antes, frente a un tribunal británico que su vacuna del Covid-19 puede causar efectos secundarios poco comunes.
Una mujer de 39 años realizó la primera demanda contra el Estado argentino y la vacuna para combatir el Covid-19 de AstraZeneca y reclamó un suma superior a los 90 millones de pesos al señalar que tras darse una dosis de esa marca sufrió el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que afecta el sistema inmunitario del organismo, ataca los nervios y puede provocar la paralización de todo el cuerpo.
Flavia Ochoa, de la localidad cordobesa de Coronel Moldes demandó a ambas partes hace un tiempo atrás, más allá de que se conoció el detalle en las últimas horas.
La presentación de Ochoa fue incluso antes de que AstraZeneca reconociera, semanas antes, frente a un tribunal británico que su vacuna del Covid-19 puede causar efectos secundarios poco comunes.
La mujer demandó por daños y perjuicios a la firma, primero en un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud, pero como no consiguió respuestas, llegó ahora a los tribunales federales de Río Cuarto, donde además se busca que se declare la inconstitucionalidad de uno de los artículos que de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el Covid por las condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones.
La presentación judicial reclama resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente.
El caso recayó ante el juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa -del mismo apellido que la demandante, pero sin relación.
El magistrado corrió vista a la fiscalía para que opine sobre la competencia de la causa. Fuentes judiciales indicaron a este medio que se aguarda esa respuesta a la hora de definir el rumbo del expediente.
“El día 4 de Enero de 2022 a las 11:30 hs., siguiendo fielmente las recomendaciones de `expertos`, acudí al centro de vacunación de Coronel Moldes que funcionaba en la casa de la historia y de la cultura, y me inocule la 3ra. dosis de la vacuna contra el Covid-19, marca AstraZeneca lote 77946, la inoculación la suministró el licenciado en enfermería Pascheta, Franco Mat. 1-3078. A posteriori a las 19:30 Hs. del mismo día comencé con calambres fuertes, se me aflojaban las piernas, luego me tuve que acostar temprano por los fuertes dolores que padecía, al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja”, comenzó el escrito.
Y agregó: “Consultando a mi médico de cabecera, la doctora. me dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado, pues cuando acudí al hospital de mi pueblo (Coronel Moldes) me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna”.
Los médicos le dieron “decadrón y diclofenax” para mitigar por el fuerte dolor que sufría, ya que solo podía mover un poco las piernas y se le dormían los brazos.
Al día siguiente volvió al médico, le dieron suero y la derivaron a un sanatorio privado. Radiografías, tomografías, punciones lumbares, análisis bioquímicos. El diagnóstico indicó que se trataba del “Síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia”.
El neurólogo le avisó que estaría dos meses en silla de ruedas y un tratamiento de rehabilitación, algo que mantiene hasta la actualidad, caminando con andador y extrema debilidad en los miembros inferiores.
Ya pasaron casi dos años y tuvo incontinencia, fuertes dolores en la espalda y rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión.
“Según mis médicos, ya no tendré mejorías en el futuro, debo lidiar con esta situación incapacitante de por vida”, afirmó.
El planteo de daños incluye a su marido como víctima: “Resulta evidente, que el abrupto menoscabo en mi calidad de vida es fruto de la realidad que por la que atravieso; pues vivo y sufro día a día los padecimientos de la incapacidad de mi pareja. Tenemos un hijo de solo cinco años, en momento me siento totalmente vencido y superado por la situación”.
“Debo afrontar las arduas tareas del hogar, y más aún cuando la carencia de recursos configuran un impedimento a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo, el hecho de poder someter a mi pareja a un tratamiento intenso de rehabilitación. Como pareja y padre, mi objetivo es agotar todas las vías a los efectos de mejorar mi calidad y la de mi familia”, añadió.
En enero de 2023 la comisión médica N° 033 Localidad Río Cuarto, en virtud de Retiro por Invalidez solicitado, dictaminó que posee una Incapacidad del 75,60 por ciento de incapacidad laboral. En esos trámites se afirmó que la incapacidad fue producto de la vacuna.
“El llamado pasaporte sanitario fue lisa y llanamente un instrumento de intimidación en los términos del Art. 276 C.C.C. Así, en ese contexto me inoculé una droga experimental que posee cláusula de indemnidad patrimonial y confidencialidad del contenido de los viales, pues la primera impide acciones contra sus fabricantes, la segunda conocer acabadamente el contenido de los viales, se violó flagrantemente mi consentimiento informado, se me acorraló entre dos opciones, o me inoculaba o caso contrario se me decretaba la muerte civil”, remarcó.
En ese sentido, el documento aseveró: “El Estado actuó de manera negligente y culpable, rozando el dolo eventual, ya que obró de mala fe desconociendo y haciendo caso omiso a todas las garantías que requiere la inoculación de drogas experimentales, violando todos los tratados internacionales vigentes, priman los intereses del mercado frente las obligaciones con los ciudadanos y el respeto a los tratados Internacionales. El Propio Anthony Fauci reconoce que una vacuna ARMN necesita al menos de una década para ser segura”.
Piden que no se repita con el dengue lo de la vacuna del Covid
El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y especialista de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Peretta, advirtió que “antes de aprobar una vacuna, hay que estudiarla lo suficiente para confirmar su efectividad y seguridad”, en referencia a las dosis que se empezaron a fabricar contra el dengue.
Peretta remarcó que “las autoridades deben evitar que la inyección contra el dengue produzca coágulos, inflamación del corazón, parálisis muscular y los demás efectos adversos graves que tuvieron las vacunas del Covid”.
“Que se aplicaran millones de dosis, y se denunciaran pocos efectos adversos, no significa que las vacunas contra el Covid fueran efectivas, porque no sabemos si la protección fue de la vacuna o de la inmunidad natural o adquirida (con la circulación y el paso del tiempo) propia de los pacientes; pero al verificarse secundarismos graves como trombosis o miocarditis, se confirmó que eran inseguras y debieron estudiarse más antes de aprobarlas”, sostuvo Peretta.
“La seguridad de una vacuna, como la de todo medicamento, se certifica por la ausencia de daños o efectos adversos, no por la presencia de beneficios. Hay cientos de medicamentos para la diabetes, artrosis u obesidad que aparecieron como la `gran` solución a problemas de salud y terminaron retirados del mercado por su peligrosidad, debiendo indemnizar a las víctimas”, agregó el especialista.
Asimismo, indicó: “Los sanitaristas y farmaceúticos sabemos del balance riesgo/beneficio que debe regir a todo nuevo fármaco: tiene que curar sin hacer daño y si daña no puede aprobarse por más que cure”.
