El dólar subió otro peldaño a nivel mayorista bajo la atenta mirada del Gobierno, que busca evitar que se dispare y presiona sobre los precios.
El mayorista volvió a avanzar y se afianzó por encima de los $1.500. La rueda de este miércoles era clave para el mercado cambiario porque del precio al que cierre el dólar mayorista dependerá el costo que le generará al Estado el pago de un bono en pesos por un monto equivalente a US$ 2.600 millones, en lo que se conoce como efecto fixing.
Se trata de un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como un techo informal para el mercado.
La jornada tuvo el desafío de que se fijó el fixing —valor de un activo— del bono D31G6 (que representa vencimientos por US$ 2.595 millones).
El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) subió a US$ 679 millones, por encima de los US$ 510 millones promedio en lo que va del mes.
Esto ocurrió en medio de una mayor presión sobre la moneda estadounidense.
Mientras el Banco Central sigue con intervenciones, la divisa mostró más espacio para avanzar otro salto en la cotización.
La cotización oficial subió $2,50 este miércoles y cerró en los $1.514, luego de haber tocado un pico intradiario en $1.515.
El tipo de cambio quedó a 23,8% del techo de la banda, que quedó establecido en $1.874,22.
El movimiento del “billete verde” profundizó el cambio que comenzó a observarse al inicio de la semana, cuando el Gobierno permitió que el tipo de cambio superara una barrera que venía defendiendo mediante operaciones en futuros, oferta de instrumentos dólar linked y manejo de la liquidez.
Ahora, la lectura de buena parte de la city es que una mayor flexibilidad cambiaria podría contribuir a aliviar las tasas, aunque a costa de permitir un dólar algo más alto.
Mientras tanto, la cotización minorista en el Banco Nación subió $5, hasta los $1.535, por lo cual el dólar “tarjeta”, que incluye el recargo del 30%, ya roza los $2.000.
Entre los paralelos, el blue volvió a ceder, a $1.555, y los financieros anotan leves variaciones alcistas; el CCL opera apenas arriba de los $1.600 y el MEP supera los $1.540.
Argentina quedó en una posición singular dentro del sistema financiero latinoamericano: registra el mayor nivel de créditos impagos entre los 16 países relevados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y, simultáneamente, el menor nivel de crédito en relación con el tamaño de su economía. Los datos, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran una morosidad del 7,3% y un ratio crédito/PBI de apenas 14,3%.
El contraste resulta significativo. Mientras la irregularidad de los préstamos en Argentina casi triplica el promedio regional de 2,78%, la profundidad crediticia local se encuentra muy por debajo del 47,3% que exhibe América Latina en promedio. En otras palabras, el sistema financiero argentino presta poco en términos relativos, pero una proporción creciente de esos préstamos enfrenta dificultades de pago.
El informe de Felaban, entidad que reúne a 540 instituciones financieras de la región, también muestra que la morosidad no es exclusivamente argentina. La cartera vencida de los bancos latinoamericanos alcanzó en marzo un saldo cercano a USD 104.621 millones, 10% más que en diciembre de 2025 y 44% por encima del registro de un año atrás. El indicador regional de morosidad pasó así de 2,51% a 2,78% interanual.
Argentina, sin embargo, se ubicó en el extremo superior del ranking, seguida por Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el otro extremo aparecen República Dominicana, con 1,1%, El Salvador, con 1,4%, y Uruguay, con 1,7%.
El problema no es solamente cuánto se presta, sino cómo se recupera
La combinación de baja profundidad financiera y elevada morosidad modifica el diagnóstico tradicional sobre el crédito argentino. Durante años, el escaso volumen de préstamos privados funcionó también como un límite para la acumulación de riesgos sistémicos: un sistema que presta poco tiene una exposición menor frente a incumplimientos masivos.
El escenario comenzó a cambiar con la recuperación del financiamiento observada durante los últimos dos años. La desaceleración de la inflación, una menor competencia de los instrumentos remunerados del Banco Central y una mayor estabilidad cambiaria favorecieron la expansión del crédito al sector privado. Esa recuperación contribuyó, a su vez, a recomponer la actividad económica después del fuerte ajuste inicial de la actual gestión.
Pero el crecimiento del crédito también expuso un problema que permanecía parcialmente oculto: la capacidad de pago de los hogares y empresas. La expansión de los préstamos, sin una mejora equivalente en los ingresos disponibles, puede traducirse en un aumento de la cartera irregular.
El dato adquiere mayor relevancia porque el sistema bancario tradicional concentra aproximadamente dos tercios de los $14 billones contabilizados como préstamos en situación irregular. El resto corresponde al universo de proveedores de financiamiento no bancario, donde participan fintech, tarjetas de supermercados y cadenas comerciales, mutuales y cooperativas.
La inflación sigue condicionando la profundidad financiera
La historia reciente de la economía argentina ayuda a explicar esta combinación. La inflación elevada deteriora el ahorro de largo plazo, dificulta la planificación financiera y aumenta el riesgo asociado a prestar en moneda local durante períodos extensos.
Según el relevamiento de Felaban, Argentina es el único país incluido en la muestra que mantiene una inflación anual de dos dígitos. Bolivia, que había registrado 20,4% durante 2025, logró reducir significativamente su ritmo de aumento de precios durante el primer semestre de 2026.
La inflación afecta tanto la oferta como la demanda de crédito. Para los bancos, implica mayores dificultades para establecer condiciones financieras sostenibles y administrar el riesgo. Para familias y empresas, en cambio, reduce la previsibilidad necesaria para asumir compromisos de largo plazo.
La recuperación del crédito durante los últimos dos años muestra que una reducción de esas restricciones puede reactivar el financiamiento. Pero el salto de la morosidad plantea la segunda parte del desafío: que el crecimiento del crédito sea acompañado por capacidad de pago, mejores mecanismos de evaluación y condiciones financieras compatibles con los ingresos.
Un punto crítico: la cobertura frente a los incumplimientos
Otro indicador del informe agrega una señal de atención. El nivel de cobertura del sistema bancario latinoamericano —que mide la relación entre las provisiones constituidas y el saldo de cartera vencida— se ubicó en 164% en marzo de 2026, por debajo del 170% registrado un año antes.
Argentina aparece entre los países con menor cobertura. El indicador local fue de 84%, por debajo del 100% y solamente por encima, dentro de los países comparados, de Panamá, que registró 93%. En contraste, República Dominicana alcanzó 316%, Uruguay 226% y Ecuador 210%.
La combinación de una morosidad elevada y una cobertura inferior al total de la cartera vencida constituye uno de los puntos que el sistema financiero deberá seguir de cerca a medida que continúe expandiéndose el crédito.
El desafío para Argentina: prestar más sin repetir los ciclos de endeudamiento
El dato central del informe no es solamente que Argentina tenga una morosidad del 7,3%. El verdadero problema estructural aparece cuando ese porcentaje se cruza con el 14,3% de crédito sobre PBI. El país necesita profundizar su mercado financiero para acercarse a los niveles regionales, pero esa expansión debe evitar que un crecimiento rápido del endeudamiento de hogares y empresas termine deteriorando todavía más las carteras.
Ese equilibrio será particularmente relevante en segmentos como los créditos hipotecarios, personales y destinados a pequeñas empresas, donde el acceso al financiamiento puede generar efectos positivos sobre consumo, inversión, construcción y actividad productiva.
La discusión, por lo tanto, excede la cuestión de si los bancos deben prestar más. El desafío consiste en construir un sistema capaz de ampliar el crédito de manera sostenible: con moneda y plazos compatibles, evaluación adecuada del riesgo, protección del ahorro y mecanismos que permitan atravesar episodios de estrés sin transformar el endeudamiento en una nueva fuente de inestabilidad.
Para una economía que todavía tiene uno de los sistemas financieros menos profundos de la región, el dato de Felaban deja una paradoja difícil de ignorar: Argentina necesita mucho más crédito, pero primero debe lograr que ese crédito sea sostenible para quien lo recibe y recuperable para quien lo otorga.
El dólar mayorista volvió a subir y se consolidó por encima de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como referencia informal para el mercado y que el Gobierno había intentado contener mediante una combinación de intervención cambiaria, operaciones de cobertura y administración de la liquidez. La cotización cerró en $1.511,50, con un incremento de $1,50, y marcó un nuevo máximo nominal.
El movimiento tuvo relevancia menos por su magnitud diaria que por el cambio de comportamiento frente a una zona que el mercado había identificado como un límite de corto plazo. El avance se produjo pese a la intervención oficial y dejó en evidencia que la defensa de ese nivel comenzaba a enfrentar costos crecientes sobre el mercado de pesos.
El mayorista quedó así a $361,58 del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.873,08. La distancia equivale al 23,92%, por lo que el salto por encima de los $1.500 no implica, por sí mismo, una ruptura del esquema formal de bandas. Lo que cambió es el margen que el Gobierno parece dispuesto a otorgarle al tipo de cambio dentro de ese corredor.
La jornada registró operaciones por unos USD 421 millones. Parte de la presión pudo estar vinculada al vencimiento de instrumentos dólar linked previsto para el 31 de agosto. En el mercado señalaron que el denominado “fix” de este miércoles constituye una referencia relevante para determinar el valor de pago de esos instrumentos y podría haber contribuido a concentrar demanda en el mercado cambiario.
Durante las últimas semanas, los operadores habían identificado distintas señales de intervención destinadas a evitar que el mayorista atravesara los $1.500. Entre ellas aparecieron ventas de contratos de dólar futuro, colocaciones de bonos dólar linked y una menor participación compradora del Banco Central en el mercado de cambios.
La percepción de que existía un techo informal comenzó a consolidarse hacia fines de julio, cuando el mercado detectó movimientos compatibles con ventas oficiales para contener el tipo de cambio. Poco después, el balance diario del Banco Central mostró una reducción de USD 145 millones en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro entre el 28 y el 29 de julio, en coincidencia con una jornada en la que el mayorista se había aproximado a esa zona.
A esa dinámica se sumó el corte de una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de divisas por parte del BCRA. La interrupción ocurrió precisamente cuando el tipo de cambio oficial funcionaba como referencia para instrumentos dólar linked, lo que reforzó la lectura de que el Gobierno estaba utilizando distintas herramientas para administrar la trayectoria cambiaria.
Ahora, la ruptura de los $1.500 comienza a ser interpretada por parte del mercado como una flexibilización de ese límite de facto. La hipótesis central es que sostenerlo mediante mayores tasas en pesos estaba generando un costo financiero que podía terminar siendo más relevante que permitir una depreciación moderada del tipo de cambio.
El economista Lucio Garay Méndez, de EcoGo, señaló que el Gobierno utilizó durante este período distintas herramientas para contener el dólar y que esa estrategia implicó resignar compras del Banco Central, además de utilizar junto con el Tesoro instrumentos dólar linked y futuros para ofrecer cobertura.
Según su lectura, esa política también generó “un estrés sobre las tasas del mercado” que incrementó tanto el costo de fondeo de los bancos como el costo de la liquidez. Al considerar que la presión dejó de ser transitoria, el Gobierno habría decidido modificar la estrategia.
Gabriel Caamaño, director de Outlier, planteó una interpretación similar. A su juicio, una flexibilización del techo de $1.500 debería contribuir a reducir la tasa en pesos y su volatilidad. La lógica es que una defensa más flexible del tipo de cambio disminuye la necesidad de utilizar tasas elevadas como mecanismo para desalentar la demanda de cobertura cambiaria.
El punto central de la estrategia pasa entonces por administrar tres variables al mismo tiempo: dólar, liquidez y tasas. Una defensa rígida de un determinado nivel cambiario puede contener la cotización en el corto plazo, pero también incrementar el costo del dinero, encarecer el financiamiento y aumentar la volatilidad del mercado de pesos.
Por eso, distintos operadores consideran que el movimiento no necesariamente representa un cambio de régimen cambiario. La interpretación predominante es la de una mayor flexibilidad dentro del esquema vigente, con un Gobierno dispuesto a tolerar un tipo de cambio más alto si eso permite reducir la presión financiera sobre las tasas.
Los otros segmentos del mercado ya habían superado ampliamente la referencia de $1.500. El dólar oficial minorista cerró en $1.530 para la venta en Banco Nación, mientras que el blue se ubicó en $1.560. En los dólares financieros, el MEP operó en torno a $1.543,60 para la venta y el contado con liquidación llegó a $1.600,90.
En el mercado de futuros, las variaciones fueron acotadas. Para diciembre, los contratos reflejaron un tipo de cambio de $1.626,50, una referencia que permite observar que los operadores todavía no están descontando una aceleración abrupta de la depreciación cambiaria, aunque sí un nivel nominal superior al actual.
La cotización mayorista también debe leerse en relación con las reservas. El Banco Central viene acumulando divisas y recientemente alcanzó niveles de reservas brutas cercanos a los USD 51.000 millones. Esa posición le otorga mayor capacidad de intervención, pero no elimina la disyuntiva entre utilizar reservas para contener el dólar o permitir una mayor flexibilidad para preservar las condiciones monetarias.
La señal que deja esta jornada es, por lo tanto, más estratégica que cambiaria. El Gobierno parece haber aceptado que los $1.500 dejaron de ser un límite infranqueable y busca administrar el costo de sostener ese nivel sobre las tasas y la liquidez. El desafío será evitar que esa flexibilización se transforme en una aceleración de las expectativas de devaluación.
La Secretaría de Finanzas volverá al mercado este jueves 27 de agosto con una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, en una operación que combina deuda en pesos a tasa fija, títulos ajustados por CER y una alternativa dólar linked. La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación de las operaciones adjudicadas está prevista para el lunes 31 de agosto.
La oferta contempla cinco instrumentos. Entre ellos se encuentra una nueva LECAP con vencimiento el 29 de enero de 2027, junto con la reapertura de una LECAP que vence el 30 de noviembre de 2026 y de un BONCAP con vencimiento el 31 de mayo de 2027. El menú se completa con una LECER ajustada por CER, con vencimiento en enero de 2027, y una LELINK vinculada al dólar estadounidense, que vence el 30 de octubre de 2026.
La nueva LECAP S29E7 constituye una de las principales novedades de la convocatoria. Será emitida el 31 de agosto y tendrá vencimiento el 29 de enero de 2027. Se colocará a $1.000 por cada valor nominal de $1.000 y pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente, que será determinada durante la licitación.
El esquema permite al Tesoro captar pesos mediante un instrumento de corto plazo, mientras que para los inversores introduce una alternativa cuya rentabilidad quedará definida por la tasa efectiva mensual que surja de la competencia entre las ofertas.
En el segmento de títulos a tasa fija también se ofrecerán la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y el BONCAP T31Y7, que vence el 31 de mayo de 2027. Ambos constituyen reaperturas y tendrán precio de colocación determinado en la propia licitación.
La estrategia incorpora además cobertura frente a la inflación y al movimiento cambiario. La LECER X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, estará ajustada por CER, mientras que la LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, estará vinculada a la evolución del dólar estadounidense.
En el caso del instrumento dólar linked, la suscripción se realizará en pesos utilizando como referencia el tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al día hábil previo a la licitación, es decir, el 26 de agosto. El precio será expresado en dólares por cada valor nominal de USD 1.000.
La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el jueves 27 de agosto:
✅ LECAP Y BONCAP:
30/11/26 (S30N6) 29/01/27 (S29E7) – nuevo 31/05/27 (T31Y7)
La licitación se realizará mediante indicación de precio para los instrumentos ya emitidos, sin precio mínimo ni máximo. La excepción será la nueva LECAP de enero, para la cual los inversores deberán indicar la tasa efectiva mensual que capitalizará hasta el vencimiento.
Finanzas mantendrá además la división entre tramos competitivo y no competitivo. En este último podrán participar personas físicas y jurídicas que requieran el asesoramiento de una entidad especializada, con una única oferta por inversor. Para los instrumentos en pesos, el límite será de $50 millones de valor nominal por inversor, mientras que para el título denominado en dólares será de USD 50.000.
Los inversores que participen del tramo competitivo deberán presentar sus ofertas a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para las personas físicas y jurídicas, el mínimo competitivo será superior a $50 millones de valor nominal en los instrumentos en pesos y a USD 50.000 en el caso del dólar linked.
La operación se produce en un momento en que la administración financiera mantiene como eje la renovación de vencimientos y la administración de la deuda en moneda local. La combinación de instrumentos a tasa fija, CER y dólar linked permite distribuir el menú entre distintos escenarios de inflación, tasas y evolución cambiaria, aunque el resultado final dependerá de los precios y tasas que el mercado convalide durante la jornada.
La liquidación está prevista para el 31 de agosto, dos días hábiles después de la recepción de las ofertas. Para el Tesoro, la licitación será otra instancia para obtener financiamiento en el mercado doméstico y administrar sus compromisos de corto y mediano plazo; para los inversores, el atractivo de cada alternativa quedará condicionado por la tasa efectiva que finalmente surja y por las expectativas sobre inflación, pesos y dólar hacia el cierre de 2026 y comienzos de 2027.
El Ministerio de Economía autorizó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permitirá reemplazar una Letra del Tesoro que vence a fines de agosto por un bono con vencimiento en junio de 2027. Para instrumentar el canje, el Tesoro dispuso ampliar la emisión del BONCAP T30J7 por hasta $1,5 billones de valor nominal original.
La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 51/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma contempla la conversión de las tenencias que posee el BCRA de la LECAP S31G6, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por BONCAP T30J7, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de junio de 2027.
En términos financieros, la operación supone extender el horizonte de vencimiento de esos instrumentos en poder del Banco Central. La LECAP que será entregada al Tesoro tenía como fecha de vencimiento el 31 de agosto próximo, mientras que el título recibido por el BCRA prolongará ese compromiso hasta junio de 2027. La operación, por lo tanto, modifica el perfil temporal de la deuda sin implicar por sí misma una cancelación de obligaciones.
El Gobierno justificó la operación dentro del marco legal que regula el crédito público y, específicamente, de las facultades establecidas en el Presupuesto 2026. La resolución recuerda que el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público dentro de los montos y destinos establecidos en la normativa presupuestaria.
El instrumento utilizado será el BONCAP T30J7, un bono del Tesoro capitalizable en pesos que ya había sido emitido originalmente en enero de 2026. La ampliación estará limitada a $1.500.000 millones de valor nominal original y se realizará exclusivamente por el monto que resulte necesario para concretar la conversión con el BCRA.
La particularidad de la operación es que no se trata de una licitación abierta a inversores privados, sino de una conversión de títulos con el Banco Central. La normativa vigente permite que determinadas suscripciones de instrumentos de deuda pública se realicen mediante otros títulos de deuda, con precios determinados en función de las condiciones observadas en los mercados.
Para establecer la relación de canje se tomarán como referencia los precios registrados el 21 de agosto de 2026 en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), inmediatamente antes de las 13:30, con liquidación a 24 horas. La fecha prevista para concretar la operación fue fijada para el 24 de agosto.
El dato relevante para el mercado es que el Tesoro transforma un vencimiento concentrado en el corto plazo en una obligación con un horizonte más extendido. La LECAP que debía ser atendida a fin de agosto es sustituida por un instrumento que vence diez meses después, lo que contribuye a administrar el calendario de vencimientos en pesos del sector público.
La operación también muestra el papel que continúa desempeñando el BCRA como tenedor de instrumentos del Tesoro. En este caso, el mecanismo permite reemplazar una posición que estaba próxima a su vencimiento por otro título público, evitando que la renovación de esa obligación dependa exclusivamente de una nueva colocación de deuda en el mercado.
Eel desafío será que este tipo de operaciones contribuya efectivamente a distribuir los vencimientos en el tiempo y a reducir las necesidades de refinanciamiento inmediato. El efecto sobre las cuentas públicas dependerá, entre otros factores, de las condiciones financieras bajo las cuales continúe renovándose la deuda en pesos y de la capacidad del Tesoro para sostener el acceso al mercado voluntario.
La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia desde el día de su dictado.
