Ariel Gustavo Giordano, referente de propiedad intelectual y docente en la Universidad Nacional de Villa María, publicó recientemente un artículo que ordena con notable claridad algo que en la práctica profesional solemos encontrar disperso: el sistema argentino de propiedad intelectual no es una sola ley, sino un entramado de cinco niveles normativos que van desde la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, pasando por los convenios internacionales y las leyes especiales de marcas, patentes, diseños y derecho de autor, hasta las normas laborales y civiles que definen la titularidad, y los regímenes operativos, aduaneros y penales que hacen valer esos derechos en la práctica.
Este ejercicio de sistematización resulta muy valioso, y nos parece una buena oportunidad para bajarlo a lo que vemos todos los días en el Estudio: qué significa ese mapa normativo para una empresa que tiene que decidir, hoy, cómo proteger sus intangibles, marcas, software, diseños e invenciones.
La territorialidad estricta: el dato que más sorprende a las empresas
Argentina actualmente no forma parte del Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas, ni del Arreglo de La Haya para diseños industriales (aunque existen posibilidades de que eso ocurra); y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) está a estudio del Senado, con posibilidad de aprobarse este año.
Mientras esto no ocurra, la regla sigue siendo la territorialidad estricta: no existe una solicitud “paraguas” que proteja una marca en varios países a la vez. Cada país exige su propio registro, con sus propios plazos, costos y agente local, y la única herramienta que permite coordinar esas presentaciones es el plazo de prioridad del Convenio de París (seis meses para marcas y diseños, doce para patentes).
En términos prácticos, esto significa que una empresa argentina que proyecta crecer en la región —o una empresa extranjera que quiere entrar al mercado argentino— no puede improvisar: la protección internacional de una marca hay que planificarla desde el día uno, coordinando presentaciones país por país, muchas veces a través de corresponsales locales en cada jurisdicción. Es, de hecho, uno de los ejes de trabajo que venimos desarrollando desde el Estudio: la gestión de carteras de marcas con proyección internacional.
Registrar no alcanza: las cargas que sostienen la protección
El mencionado artículo de Giordano también recuerda algo que muchas empresas subestiman: el registro marcario dura diez años, pero su renovación exige haber usado la marca y presentar una declaración jurada de uso entre el quinto y el sexto año. No es un dato menor: junto con los plazos de oposición ante el INPI, es una de las fuentes más frecuentes de conflictos que vemos en la práctica: • Llegar tarde al registro. Empresas que usan una marca durante años sin registrarla, hasta que un tercero —muchas veces un competidor— la registra primero y las deja en una posición de debilidad o directamente las obliga a cambiar de identidad comercial. • No vigilar el boletín de marcas. El INPI publica periódicamente las solicitudes presentadas. Quien no monitorea esas publicaciones puede perder, sin darse cuenta, el plazo para oponerse a una marca que afecta la propia. Una vez vencido ese plazo, revertir la situación es mucho más costoso, cuando no imposible. • La caducidad por falta de uso. La ley exige que una marca registrada se use efectivamente; de lo contrario, puede ser objeto de una acción de caducidad y perder la protección adquirida. Muchas empresas registran y luego “archivan” la marca, sin advertir este riesgo. • Ignorar la declaración jurada de uso. La Ley 22.362 impone la obligación de declarar el uso de la marca dentro de determinados plazos; se trata de una carga que suele pasar desapercibida hasta que genera un problema. • Conflictos internacionales de marca. Con la expansión del comercio electrónico y las redes sociales, es cada vez más frecuente el choque entre una marca ya consolidada en el exterior y una empresa argentina que construyó su identidad de buena fe, sin saber que esa coexistencia tarde o temprano iba a generar un conflicto.
De la reacción a la estrategia
La propiedad intelectual bien gestionada no se trata de litigar cuando el problema ya ocurrió, sino de diseñar de entrada una estrategia: elegir bien qué registrar, cómo, de qué manera y con qué cobertura o protección específica, y vigilar esto activamente en el mercado y en los boletines oficiales, sumado a mantener al día las obligaciones que requiere la ley, inclusive acreditando el uso efectivo, y pensar la protección internacional desde el primer día si la empresa tiene —o proyecta tener— presencia fuera del país.
Por qué conviene tener un equipo de marcas de cabecera, y no solo un trámite puntual
La diferencia entre una empresa que sostiene su marca durante décadas y una que la pierde, casi nunca está en la letra de la ley: está en tener, del otro lado, a alguien que revisa el boletín todos los meses y que actúa a tiempo cuando aparece un conflicto.
Ese acompañamiento integral —registro, vigilancia marcaria, oposiciones, defensa frente a acciones de caducidad y gestión internacional de carteras de marcas— es, precisamente, el eje de los servicios que venimos desarrollando desde el Estudio Santiago.
Y lo hacemos con una ventaja concreta: nuestro socio, Facundo Santiago Delgado, además de abogado, es Agente de la Propiedad Industrial matriculado ante el INPI (Matrícula N°2517), lo que nos permite intervenir directamente, sin intermediarios, en cada instancia del trámite marcario —del registro a la oposición, de la vigilancia a las acciones administrativas, y eventual defensa judicial.
Proteger una marca, un desarrollo, un diseño, o una obra no es un costo accesorio: es invertir en resguardar intangibles, lo que inclusive muchas veces vale mucho más que los activos físicos.
Gestionar activos intangibles “por reacción” posterior a que los problemas ocurran, y no “por estrategia” y prevención, puede incluso ser más costoso y más complejo.
Como dice el refrán, “prevenir es mejor que curar”, y por ello, recomendamos el asesoramiento y la vigilancia estratégica, antes de que los hechos o el próximo boletín de marcas lo tomen por sorpresa.
Cuando se conocieron los desalentadores resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la política argentina reaccionó “con sorpresa” y su habitual lavado de manos. Los malos resultados no deben leerse únicamente en clave local. El problema de la educación es mucho más profundo, transversal a países y sistemas y no exento de controversias. Singapur es el país que lidera las pruebas PISA: su modelo tiene una disciplina estricta y castigos físicos para varones desde los 9 años ante faltas graves. Un tercio de los estudiantes de España no alcanza el nivel 2 de PISA ni en matemáticas ni en lectura.
El diagnóstico de PISA deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos mínimos. El resultado puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas. Si en Argentina hay crisis, Paraguay está por debajo.
Los peores resultados para la Argentina en 20 años se dieron en 2025, en plena gestión de Javier Milei. Pero obviamente la responsabilidad excede a su gestión, ya que en los adolescentes de hoy, hay responsabilidad de al menos tres gobiernos anteriores: Alberto Fernández, Mauricio Macri y la última etapa de Cristina Fernández. ¿Eso exime a la gestión libertaria? Ni mucho menos. Pretender que no tiene nada que ver con los resultados es una falacia, idéntica a apropiarse de las mejoras en las pruebas Aprender.
La educación en la Argentina está mal desde hace años. No mejorará en el futuro inmediato. El ajuste sobre la educación no es solamente una discusión presupuestaria: expresa una definición sobre el lugar que el Estado nacional pretende ocupar en la formación de las próximas generaciones. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional destinada a educación sufrió una caída cercana al 48% en términos reales. La partida de Educación y Cultura pasó de representar alrededor del 1,43% del PBI a ubicarse en torno al 0,75%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.
La retracción ocurrió en prácticamente todos los frentes. Se redujeron transferencias y programas destinados a las provincias, se desplomaron partidas para infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas y desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que durante años complementó los salarios docentes en todo el país. Al mismo tiempo, universidades nacionales y organismos científicos quedaron sometidos a una fuerte restricción presupuestaria, con partidas de funcionamiento que perdieron poder adquisitivo y recortes que alcanzaron al CONICET y, con especial intensidad, a la Agencia I+D+i.
Pero quizá el cambio más profundo no esté en cuánto dinero se recortó, sino en el paradigma que comienza a construirse detrás de esos números. La eliminación de los pisos legales de financiamiento educativo -entre ellos, la referencia del 6% del PBI- supone abandonar una concepción en la que el Estado asumía compromisos mínimos y explícitos con la educación. Las propuestas oficiales orientadas hacia una mayor libertad de elección, desregulación de formatos y mecanismos de financiamiento vinculados a la demanda profundizan esa transformación.
Por eso, discutir educación únicamente en términos de déficit fiscal sería quedarse con una parte del problema. La pregunta de fondo es qué tipo de país puede construirse cuando el conocimiento, la universidad, la ciencia y la escuela pública dejan de ser considerados una inversión estratégica. “La educación es una inversión fundamental, pero hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público; la estabilidad de precios; una Argentina ordenada”, argumentó el vocero presidencial Adrián Ravier.
El ahorro presupuestario puede contabilizarse en un ejercicio fiscal; sus consecuencias sobre el capital humano, la productividad, la innovación y la movilidad social, en cambio, se pagan durante décadas. Es ahí donde debe ubicarse la responsabilidad libertaria.
En el Congreso se debatió esta semana el impacto de los tarifazos y los recortes en los clubes barriales. El diputado misionero Diego Hartfield fue duramente criticado por decir que los clubes no pueden vivir subsidiados, cuando él mismo había sido becado por el Cenard y recibía apoyos de la Municipalidad de Oberá para costear sus viajes a Buenos Aires, antes de competir en la élite.
El error no forzado no es que Hartfield tenga memoria selectiva. Cualquiera puede cambiar de opinión después de treinta años. El problema es otro: una política económica que combina la quita de subsidios con aumentos brutales de las tarifas eléctricas está empujando al límite a miles de clubes de barrio en la Argentina.
El problema no es solamente cuántos clubes podrán pagar la próxima boleta de luz. Es cuántas oportunidades se apagan con ellos. Porque una política económica que asfixia a los clubes también reduce las posibilidades de que un chico o una chica, en algún pueblo perdido del mapa, encuentre una cancha, una raqueta, un entrenador y una oportunidad.
Tal vez el próximo gran tenista argentino no nazca en una academia de élite. Tal vez esté hoy golpeando una pelota contra una pared en un club de barrio. Y quizá el verdadero costo de apagar ese club no aparezca nunca en una planilla fiscal: será descubrir, dentro de veinte años, que también apagamos la posibilidad de que alguien llegara a enfrentar al Federer del futuro, como pudo hacer el Hartfield del pasado.
El contrapunto escaló y rápidamente adquirió dimensión nacional. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, salió en defensa de quien podría ser su contendiente por la candidatura a gobernador. Para hacerlo, eligió un argumento curioso: sostuvo que en Misiones también se recortaron partidas destinadas a actividades sin fines de lucro y concluyó que, por lo tanto, “el deporte no es una prioridad”.
Pero la frase, antes que una crítica, suena a confesión. Porque si Núñez considera que el recorte presupuestario alcanza para demostrar que el deporte dejó de ser una prioridad en Misiones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué debería decir entonces del país que gobierna Javier Milei, donde el ajuste sobre clubes, instituciones y asociaciones deportivas tiene escala nacional? El argumento que pretendía ser una acusación terminó funcionando como un espejo.
Hay otra paradoja que ayuda a entender la distancia creciente entre las decisiones para “estabilizar” la macroeconomía y la vida cotidiana. El mismo día y a la misma hora, el INDEC publicó dos fotografías de agosto. Una mostró una inflación mensual del 1,7%, un dato que el Gobierno elige exhibir como evidencia de que el proceso de desinflación continúa. La otra mostró algo bastante menos confortable: tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%.
Los dos datos son verdaderos. Y justamente por eso importa leerlos juntos.
Mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, el costo de las necesidades básicas de los hogares aumentó bastante más rápido. En la comparación interanual, la diferencia también resulta significativa: frente a una inflación general del 33,5%, la canasta alimentaria acumuló 39,6% y la canasta total, 38,3%. Para una familia tipo, evitar caer debajo de la línea de pobreza requirió $1.605.497 mensuales; solamente para superar la línea de indigencia fueron necesarios $726.469.
La desinflación existe. Negarla sería tan equivocado como confundirla con una mejora del bienestar. El IPC es un promedio construido sobre una enorme variedad de bienes y servicios, mientras que la pobreza tiene una frontera mucho más concreta: cuánto cuesta cubrir las necesidades elementales de una familia.
Ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual programa económico. Se puede estabilizar la nominalidad y, al mismo tiempo, mantener bajo enorme presión el presupuesto de los hogares. Se puede perforar el 2% de inflación mensual y que la comida aumente bastante por encima de ese registro. En el NEA la inflación fue del 1,8 por ciento, pero subió 4% el costo de la energía, vivienda y combustible, un servicio regulado por el Estado.
El INDEC contó, el mismo día, dos dimensiones de una misma economía. El Gobierno naturalmente elegirá destacar aquella que demuestra el éxito de su principal batalla macroeconómica. Pero la otra estadística recuerda que estabilizar no es necesariamente mejorar y que bajar la inflación no equivale, por sí solo, a recuperar el poder adquisitivo.
Porque, al final, la discusión no es solamente cuánto sube el promedio de los precios. Es cuánto cuesta vivir.
Hay otro indicador que obliga a mirar más allá de la desinflación: el endeudamiento de las familias. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de empleados públicos y jubilados y, además, puso topes a las tasas y al costo financiero de los créditos. La decisión no aparece en el vacío: el propio decreto advierte sobre el crecimiento de la morosidad y busca evitar que una porción cada vez mayor del salario quede atrapada antes de llegar al bolsillo. Cuando un Estado necesita establecer cuánto del sueldo debe quedar a salvo de los acreedores, el problema ya no es solamente financiero: habla de familias que recurren al crédito para sostener su economía cotidiana.
Es otra cara de la misma paradoja. La inflación puede bajar y la macroeconomía puede estabilizar algunas de sus variables, pero eso no significa que los hogares hayan recuperado capacidad de consumo. Si aumenta la morosidad, se multiplican las refinanciaciones y es necesario proteger por decreto una parte del salario para evitar el sobreendeudamiento, hay una economía real que todavía está muy lejos de la celebración. La estabilidad de los precios importa, pero pierde buena parte de su sentido social si para llegar a fin de mes las familias necesitan hipotecar por adelantado el salario del mes siguiente.
La distancia entre la macroeconomía y la economía real también se mide en persianas que bajan y empleos que desaparecen. En junio, Misiones tenía 8.399 empresas privadas empleadoras, 862 menos que un año atrás y 1.081 menos que en noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída atraviesa prácticamente todo el entramado productivo: desde entonces, la construcción perdió casi una cuarta parte de sus empleadores, el comercio cerró 495 firmas y la industria, otras 167.
El empleo cuenta la misma historia. Misiones registró en junio 96.330 trabajadores privados formales, 6.089 menos que un año antes y 12.540 menos que en noviembre de 2023. No parece un fenómeno transitorio: la comparación interanual acumula trece meses consecutivos en retroceso.
En todo el país, desde el cambio de Gobierno se perdieron más de 246 mil empleos privados registrados.
Claro que importa el orden fiscal y las cuentas en orden. Pero también el para qué.
Misiones desde hace siete años viene cumpliendo parámetros de transparencia fiscal y este año alcanzó 7,55 puntos en el Índice de Transparencia de CIPPEC. Mejoró desde los 7,10 de la medición anterior y quedó segunda en el NEA. El resultado no otorga certificados de transparencia absoluta ni invalida los reclamos por mayor acceso a la información pública. Pero tampoco debería ser descartado simplemente porque incomoda el relato libertario: es una evaluación externa que registra avances concretos en la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria.
El dato adquiere mayor relevancia cuando la Legislatura discute un Presupuesto 2027 superior a los $5,2 billones. Cuanto más grande es el Estado y mayores son los recursos que administra, mayor debe ser también la posibilidad de saber cómo, dónde y para qué los utiliza.
Misiones fue, en menos de una semana, escenario de la discusión política nacional. Primero Milei, quien cerró en Iguazú un foro de ejecutivos de finanzas e ignoró la protesta yerbatera que lo recibió en la ruta. Allí el Presidente se mostró convencido de ser reelecto y avisó: “Abróchense los cinturones”, en un anticipo de más ajuste.
El miércoles vino Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato de un peronismo que todavía no encuentra su unidad. Compartió una intensa agenda institucional con Passalacqua -compró un laboratorio de Biofábrica- y se reunió con productores yerbateros en Apóstoles. Defendió el rol del Estado como regulador de la cadena yerbatera y señaló que “si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.
Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.
Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.
“Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.
¡Impresionante Misiones! Gracias por el cariño, el entusiasmo y las ganas de construir una Argentina distinta y un camino que signifique más producción, federalismo y soberanía para nuestro pueblo”, dijo Kicillof.
Después de reunirse con productores, vino al pasaje político. Kicillof aseguró que “es tiempo de construir una alternativa amplia a Milei”, en la que imagina a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional. “No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.
También se preguntó ¿Qué trajo Milei a Misiones en estos tres años?
“En Argentina venimos de una etapa donde los gobiernos, primero el de Macri, un desastre absoluto, luego un gobierno peronista que también nos dejó en la frustración, y vino Milei a decir que él traía las soluciones y las respuestas para los problemas que teníamos en la Argentina”, sostuvo.
“Hoy vemos que el ajuste y la desgracia recayeron sobre los pobres, los humildes, sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los empresarios nacionales, sobre los productores de toda la Argentina”, enumeró.
La noche cayó en el acto en la sede del peronismo. Hace más de 20 años que no se veía al PJ tan lleno y eso que no estaban los “cristinistas”.
Hace unas semanas tuve que revisar cuánto tiempo estaba dispuesta a seguir asignando a una responsabilidad profesional.
La primera reacción fue calcular cuánto valían esas horas. Ponerles un número parecía una buena manera de ordenar la decisión. Pero cuando llevé esa cuenta a mi agenda real apareció algo que el cálculo no mostraba: traslados, preparación, temas que continuaban después del horario previsto, interrupciones y otras actividades que debía desplazar para sostener ese compromiso. Entonces la pregunta cambió. Ya no necesitaba saber solamente cuánto deberían pagarme por esas horas. Necesitaba entender si tenía sentido que siguieran ocupando ese lugar en mi vida profesional.
En mi columna anterior escribí sobre cuánto vale realmente una hora de trabajo y sobre el costo de oportunidad. Ahora quiero avanzar un paso más: conocer nuestro valor hora económico es necesario, pero no alcanza para decidir.
Cuando el número dice una cosa y la agenda dice otra
El valor hora permite estimar cuánto producimos o cuánto necesitamos cobrar por un trabajo. Es útil para fijar honorarios o negociar una propuesta. El problema aparece cuando esperamos que ese número decida por nosotros. A veces dos actividades pueden pagar exactamente lo mismo por hora y tener costos completamente distintos. Una puede empezar a las diez, terminar a las once y desaparecer de nuestra cabeza hasta la próxima semana. La otra puede requerir traslado, preparación previa, mensajes posteriores, coordinación con otras personas y la expectativa de estar disponible si aparece algún problema, con la misma remuneración por hora. Esa diferencia, en tiempo, atención y disponibilidad puestos a disposición, rara vez entra en la negociación.
Lo que una hora desplaza
Cada vez que incorporamos una nueva actividad no estamos agregando una hora a una agenda vacía: estamos reasignando capacidad. Una consulta que no atendemos, una mañana de concentración que interrumpimos, un proyecto que vuelve a postergarse. Eso es costo de oportunidad, y no siempre se manifiesta como dinero que dejamos de ganar. Muchas veces aparece como foco fragmentado o como una agenda organizada alrededor de las necesidades de otros. Por eso empecé a usar una distinción que me resulta útil: además del valor hora económico, pensar en un valor hora de decisión.
No es un indicador financiero ni una fórmula, sino un marco para mirar lo que el precio por hora deja fuera de la conversación. La pregunta es: ¿qué tiene que justificar una actividad para que tenga sentido asignarle parte de mi tiempo?
Hay actividades que ocupan una hora y terminan ahí. Otras dejan un residuo: un mensaje pendiente, una decisión que vuelve a aparecer, la sensación de estar “medio ahí” aun cuando estamos trabajando en otra cosa. El calendario puede mostrar una hora ocupada. La atención puede quedar comprometida durante mucho más tiempo. Tampoco es lo mismo un horario fijo que la disponibilidad de “por si surge algo”. Aceptar esto último implica ceder parte de la capacidad de organizar el resto de la agenda. También hay un costo que casi nunca entra en la conversación económica: de dónde salen esas horas, podría ser del descanso, de la familia, de otros proyectos o del margen para pensar.
Esto no significa descartar toda actividad exigente. Hay momentos en los que elegimos trabajar más o asumir un desafío. La diferencia está en que sea una decisión consciente y no el resultado automático de seguir sumando compromisos.
No todo lo que paga menos vale menos
El razonamiento tampoco debería llevarnos a elegir siempre lo que ofrece el mayor retorno económico inmediato. Hay actividades que pagan menos y tienen un valor estratégico considerable: una experiencia que necesitamos adquirir, una relación profesional que queremos desarrollar, un proyecto propio cuyo retorno aparecerá más adelante. Se podría responder que toda decisión estratégica, tarde o temprano, también se traduce en dinero y que bastaría con extender el horizonte del cálculo. Pero eso supone que ese retorno futuro es previsible y que el costo de sostenerlo mientras tanto no cuenta. En la práctica, ese retorno muchas veces no es previsible y el costo sí existe. Por eso el valor hora de decisión no pregunta únicamente cuánto genera algo. También obliga a mirar qué construye y qué exige mientras tanto.
Una propuesta financieramente modesta puede tener sentido estratégico. Otra puede resultar atractiva en el papel y, al mismo tiempo, consumir tanta atención y disponibilidad que termine siendo, en los hechos, la más cara.
Negociar algo más que el precio
Cuando volví a mirar aquella responsabilidad profesional, entendí que el problema no se resolvía únicamente negociando una cifra mejor. Antes tenía que decidir cuánto tiempo estaba dispuesta a asignarle, qué nivel de disponibilidad podía comprometer y qué otras actividades no quería seguir desplazando.
Recién después tenía sentido hablar de dinero.
Durante buena parte del recorrido profesional solemos pensar el crecimiento como acumulación: más clientes, más responsabilidades, más proyectos. En algún momento la dificultad cambia. Ya no se trata solamente de sumar, sino de decidir cuáles de esos compromisos merecen seguir ocupando un tiempo que ya no alcanza para todo.
Volví entonces a aquella responsabilidad profesional con otra pregunta. No cuánto pagaba la hora, sino qué estaba dejando de sostener para poder dedicarle esas horas.
La industria cae, la construcción retrocede, el consumo se achica y los hogares se endeudan para sostener gastos que antes podían afrontar con sus ingresos. Las universidades reclaman el financiamiento que una ley les garantiza. La inversión en educación, ciencia y tecnología pierde terreno. Y el Congreso empieza a discutir algo que las planillas fiscales no registran: cómo viven los que quedaron del otro lado del recorte.
En julio, la producción industrial se desplomó 5% respecto de junio y cayó 4,9% en términos interanuales. Quince de las dieciséis ramas industriales registraron bajas mensuales. La maquinaria y equipo retrocedió 26,7% interanual y la maquinaria agropecuaria, 46,6%.
La construcción tampoco acompañó el discurso de una economía que estaría entrando en una recuperación sostenida: cayó 4,6% mensual y 4,5% interanual.
No es solamente una cuestión de consumo. También es la producción y los trabajadores que tienen cada vez menos margen para compensar la pérdida de sus salarios. Porque el endeudamiento dejó de ser solamente una herramienta para financiar una compra excepcional y empezó a funcionar como un mecanismo para llegar a fin de mes. La morosidad de los hogares creció con fuerza y la discusión sobre la deuda privada llegó al Congreso.
Hay una cuenta que el Gobierno puede presentar con números prolijos. Y hay otra que se paga en cuotas.
Milei y Caputo pueden mostrar una planilla fiscal ordenada, con un supuesto superávit y una inflación a la baja con un índice del 1,7% que sólo existe en la imaginación de los funcionarios del INDEC. Mientras tanto, la sociedad muestra otra contabilidad, hecha de alquileres y tarifas que aumentan, préstamos que no se pueden pagar, atrasos y renuncias a comprar otras cosas que no sean las estrictamente indispensables.
La palabra “orden” también apareció esta semana en otro terreno: la educación.
Los resultados de PISA 2025 mostraron que Argentina retrocedió en las tres áreas evaluadas. En matemática pasó de 378 puntos en 2022 a 367; en lectura, de 401 a 389; en ciencias, de 406 a 393. El país quedó por detrás de Chile, Uruguay y Brasil.
El Gobierno encontró rápidamente una explicación: los responsables son los gobiernos anteriores. Es cierto que los resultados educativos expresan procesos largos y que los estudiantes evaluados atravesaron buena parte de su escolaridad antes de la llegada de Javier Milei.
Pero hay algo que tampoco puede borrarse del calendario: Milei gobierna desde diciembre de 2023
El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció esta semana una definición que merece ser conservada sin necesidad de agregar adjetivos. Frente a una pregunta sobre la inversión educativa, explicó que el Gobierno tuvo que reducir el gasto para recuperar el orden y la estabilidad de precios. También sostuvo que la Nación no emitirá moneda ni quiere déficit fiscal. La educación, bien, gracias.
Es una respuesta políticamente coherente con el programa económico. El problema es la dirección de la pregunta: si los resultados educativos son malos, ¿qué se hace con los recursos necesarios para modificarlos?
La misma discusión alcanza a las universidades y al sistema científico. El ajuste no fue un accidente del programa: forma parte de su diseño.
Y como si faltara algo, en el Día del Maestro, Milei, IA mediante, convirtió a Sarmiento en un “fan” libertario. No hay forma de encontrar un remate a eso.
Por otra parte, ante el recorte de recursos, el Congreso empieza a ocuparse de aquello que no aparece en el resultado fiscal. Endeudamiento familiar. Discapacidad. Prestadores que reclaman financiamiento. Personas que necesitan que una ley se cumpla.
El oficialismo intentó evitar la sesión del 9 de septiembre. No pudo. La oposición consiguió reunir el número necesario para abrir el recinto y obligó al Gobierno a negociar.
Es un dato político: el ajuste que puede administrarse desde un despacho se vuelve bastante más difícil cuando llega al Congreso convertido en problemas concretos.
También hubo esta semana una discusión sobre el oro del Banco Central.
Santiago Bausili sostuvo que los movimientos del oro estaban documentados y auditados. La Auditoría General de la Nación afirmó que no pudo realizar la revisión sobre los envíos porque el Banco Central restringió el acceso a la documentación necesaria.
No hace falta elegir una versión.
Alcanza con registrar la contradicción entre lo que afirma el titular del Banco Central y lo que informa el organismo constitucional encargado del control externo.
Y en medio de esta sucesión de números apareció Malvinas.
El Gobierno intenta presentar un endurecimiento frente a la explotación de recursos en las islas como un giro de su política. Pero la propia Cancillería arrastra una historia reciente bastante menos épica y las preguntas sobre las empresas pesqueras y petroleras que operan en Malvinas vuelven a poner la cuestión en el terreno donde debería estar: las decisiones concretas, las sanciones, si es que se aplican y los intereses económicos.
Un discurso sobre soberanía puede ocupar durante unas horas la agenda. Después quedan las acciones que se harán o no.
La conversación digital sobre Malvinas, de hecho, se desinfló rápidamente después del pico provocado por el discurso presidencial.
Y mientras tanto, en Marcos Juárez ocurrió algo que tampoco conviene sobredimensionar.
Fue una elección municipal. No modifica por sí sola el mapa nacional ni permite anticipar el 2027. Pero ocurrió en una ciudad que se convirtió en símbolo del antiperonismo, en el kilómetro cero del PRO y del armado que más tarde desembocaría en Cambiemos.
Allí ganó el peronismo.
Y ganó unido.
Sin distinciones entre sus distintas tradiciones, sin que cada sector necesitara demostrar que era más auténticamente peronista que el otro.
El resultado no significa que el peronismo haya recuperado el campo ni que Milei haya perdido Córdoba. Significa algo más pequeño y, por eso mismo, más verificable: cuando el peronismo consigue presentarse unido, puede ganar incluso en uno de los lugares que durante años funcionaron como símbolo de su derrota.
En este panorama hay que tener en cuenta que las encuestas muestran que Milei, a pesar de la caída, conserva un núcleo duro de apoyo. No está políticamente terminado. Una medición reciente de AtlasIntel lo ubicó con 35% de imagen positiva y 62% negativa, mientras tres mujeres encabezaron el ranking de dirigentes con mejor imagen: Myriam Bregman, Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich.
Es decir: tampoco alcanza con declarar el agotamiento del Gobierno.
La política, como la economía, tiene sus propios números.
Quizás por eso convenga mirar menos la discusión sobre quién consigue dominar una semana de agenda y más aquello que se acumula debajo.
Una industria que produce menos.
Una construcción que retrocede.
Familias que se endeudan.
Universidades que reclaman recursos.
Ciencia que pierde financiamiento.
Una educación cuyos resultados vuelven a encender alarmas.
Personas con discapacidad que llegan al Congreso y son reprimidas, una vez más.
Un organismo de control que dice no haber podido auditar aquello que el Banco Central asegura que está auditado.
Todo puede entrar en una planilla.
La pregunta es quién paga la diferencia.
Porque una cuenta pública puede cerrar mientras otras empiezan a desbordarse.
Y esa es, finalmente, la verdadera “deuda flotante”.
Craso error de las progresías, que no cambiaron los planes de estudio ni los docentes, de los institutos de (de)formación militar. Tampoco hubo inversiones en equipamiento militar, en grandes escalas. Pero eso no justifica a los uniformados que, por odio inculcado en los institutos de (de)formación militar o ignorancia, apoyan a personeros de la antipatria.
Uniformados que egresan sin saber prácticamente nada de Historia, Economía y Geopolítica; con lo que pasan a ser tan antinacionales como fueron los violentos de las guerrillas.
Solo les inculcan un odio visceral e irracional, contra el peronismo y todo lo Nacional y Popular. Con ello, también les instalan el odio y desprecio a todo lo estatal, ¡omitiendo que puedan razonar que ellos también son empleados del Estado…con uniforme, pero empleados estatales al fin!
También les inculcaron “ver” supuestos zurdos hasta en la sopa, pero ni razonan respecto a la vergonzosa subordinación a EEUU, el RU e Israel, que practica y promueve el actual gobierno, al cual no se cansan de alabar…por oponerse al peronismo.
Los milicos de mentes proceseras, se dicen “patriotas”, pero alaban al psicópata que nos gobierna, el mismo que alaba a la asesina Tatcher, a las mafias, a los fugadores de divisas y otros delincuentes económicos.
Son tan nulos mentales, llenos de odio y faltos de razonamiento, que suponen ver “subversivos” en los jubilados que protestan por sus míseras jubilaciones, en los docentes y en otros manifestantes, que con toda lógica protestan, ejerciendo un derecho constitucional.
Esos milicos de mentes proceseras -en las antípodas de Señores Militares de Mentalidad Nacional-, se “emocionan” hasta el paroxismo, con algunas compras de “fierros viejos” y similares para las FFAA y FFSS; y con un puñado de camiones todo terreno, sin razonar el retroceso enorme que es importar (Unimog) lo que antes -con orgullo- producíamos en Argentina.
Las mayorías de los uniformados, además del desprecio a nuestra industria, evidencian no tener ni idea que los Unimog y otros vehículos en servicio por medio siglo, eran de industria argentina.
No se percatan ni razonan que libertarios y neoliberales, a los que los uniformados mayoritariamente apoyan, nos empujan a la disolución nacional…¡pero los milicos de mentes proceseras dicen ser “muy patriotas”, solo por cantar el himno a los gritos, mientras asisten, sin tomar conciencia, a la destrucción general de Argentina!
