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La exención de Ganancias para alquileres puede ser uno de los mayores incentivos para la inversión inmobiliaria

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La reciente reglamentación del Decreto 406/2026 marca un punto de inflexión para el mercado inmobiliario argentino. A partir de esta normativa, las rentas obtenidas por alquileres destinados a vivienda permanente quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias, al igual que determinadas operaciones vinculadas a la venta y transferencia de inmuebles. 

Qué establece exactamente la reglamentación 

La norma define como “casa-habitación” a los inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inquilino. Esto implica que los ingresos obtenidos por esos alquileres quedan exentos del Impuesto a las Ganancias, mejorando significativamente la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. 

Por qué es una buena noticia para los propietarios 

Durante años, muchos propietarios vieron reducida la rentabilidad de sus inmuebles debido al aumento de costos de mantenimiento, inflación, impuestos y períodos de vacancia. La eliminación de Ganancias mejora la renta neta obtenida por cada alquiler y genera incentivos para: Volver a ofrecer inmuebles que hoy se encuentran vacíos. Invertir en nuevas propiedades destinadas a renta. Mejorar y mantener las viviendas existentes. Reinvertir en desarrollos inmobiliarios. En términos económicos, cuando aumenta la rentabilidad de una actividad, aumenta también la inversión en esa actividad. Esto es precisamente lo que busca la medida. 

Por qué beneficia al inquilino 

Aunque el beneficio parece estar dirigido al propietario, los efectos positivos alcanzan también a los inquilinos. Si más propietarios encuentran atractivo alquilar sus inmuebles, la oferta de viviendas aumenta. Una mayor oferta genera: Más alternativas para elegir. Mayor competencia entre propietarios. Menor presión sobre los precios. Mejores condiciones contractuales. Mayor calidad de los inmuebles ofrecidos. El problema principal del mercado locativo argentino durante los últimos años fue la escasez de oferta. Toda medida que promueva el regreso de viviendas al mercado formal ayuda a equilibrar la relación entre oferta y demanda. 

Formalización y transparencia 

La disminución de la carga tributaria también favorece la registración formal de contratos, brindando mayor seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos y fortaleciendo la transparencia del mercado. 

Más movimiento en la compraventa de inmuebles 

La reglamentación también beneficia determinadas operaciones de venta. Cuando disminuyen los costos fiscales de una transacción inmobiliaria, aumenta la cantidad de propietarios dispuestos a vender, generando: Mayor oferta de inmuebles. Más oportunidades para compradores. Incremento de escrituras. Mayor actividad económica vinculada al sector. Nuevos desarrollos e inversiones. El impacto en Misiones 

En mercados dinámicos como Posadas, Garupá y Candelaria, donde la demanda habitacional continúa creciendo, la medida puede transformarse en una herramienta clave para ampliar la oferta de viviendas y atraer nuevas inversiones. Misiones mantiene una fuerte cultura de inversión inmobiliaria. Por ello, cualquier mejora en la rentabilidad de los inmuebles suele traducirse rápidamente en nuevas construcciones, generación de empleo y crecimiento económico.

Una oportunidad histórica para el sector 

La exención de Ganancias se suma a otros factores positivos como el regreso de los créditos hipotecarios, una mayor estabilidad económica y una recuperación gradual de la actividad inmobiliaria. La combinación de estos factores podría iniciar una nueva etapa de crecimiento para el mercado inmobiliario argentino, beneficiando a propietarios, inquilinos, compradores e inversores. 

Conclusión El verdadero valor de esta medida no radica únicamente en una reducción impositiva. Su importancia está en la posibilidad de generar más inversión, más oferta de viviendas y más acceso a la vivienda para miles de familias argentinas. “Cuando invertir en vivienda vuelve a ser rentable, aparecen más propiedades, más desarrollos y más oportunidades para las familias argentinas. Esa es la verdadera importancia de esta reglamentación”.

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Cuando la violencia no empieza con el femicidio

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Once años después de la primera movilización de Ni Una Menos, la Argentina vuelve a enfrentarse a una realidad incómoda. Mientras desde el Gobierno nacional se relativiza la violencia de género, se eliminan áreas específicas del Estado y se cuestiona la existencia misma de desigualdades estructurales entre varones y mujeres, los femicidios continúan ocurriendo.

Los nombres cambian. El dolor permanece

En los últimos días, dos casos conmocionaron al país. En Córdoba, Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue hallada asesinada tras varios días de búsqueda. En Misiones, Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, apareció sin vida en Eldorado después de permanecer desaparecida durante más de una semana. Dos historias atravesadas por la misma pregunta que vuelve a repetirse cada vez que una mujer o una adolescente es asesinada: ¿qué falló antes?

La pregunta resulta especialmente pertinente en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, un movimiento que nació para denunciar que los femicidios no son hechos aislados ni tragedias individuales, sino la expresión más extrema de una violencia que se construye y reproduce mucho antes de llegar al crimen.

Los datos muestran que el problema dista de haber desaparecido. Según el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, de la ciudad de Rosario, que realiza un monitoreo permanente de casos en todo el país, durante 2025 se registraron 291 femicidios, lesbicidios y trans/travesticidios en Argentina. La tasa nacional alcanza las 1,27 víctimas cada 100.000 mujeres y, en promedio, ocurre un femicidio cada 30 horas.

Las cifras, por sí solas, desmienten cualquier intento de presentar la violencia de género como una problemática superada o como una construcción ideológica sin correlato en la realidad. Detrás de cada número hay una historia interrumpida, una familia devastada y una cadena de responsabilidades que rara vez se limita al agresor.

Porque la violencia no empieza con el femicidio

Empieza mucho antes. En las relaciones de control. En las amenazas ignoradas. En las denuncias que no reciben respuestas adecuadas. En los discursos que buscan minimizar el problema. Y también en las nuevas formas de hostigamiento que proliferan en los entornos digitales.

Una reciente investigación publicada por “Economis”, de la provincia de Misiones, analizó cómo mujeres periodistas, militantes, activistas, dirigentas políticas y referentas sociales son objeto de campañas de agresión, insultos y amenazas destinadas a expulsarlas del debate público. No se trata únicamente de ataques individuales. Se trata de mecanismos de disciplinamiento que buscan silenciar voces, restringir la participación y reforzar desigualdades históricas.

La violencia digital y la violencia física no son fenómenos idénticos, pero tampoco son compartimentos estancos. Ambas forman parte de una misma cultura que naturaliza la agresión hacia las mujeres cuando ocupan espacios de visibilidad, decisión o protagonismo social.

Por eso resulta imposible analizar el contexto actual sin observar el papel del Estado nacional. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el feminismo se convirtió en uno de los principales blancos discursivos del oficialismo. El cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la reducción o eliminación de programas específicos y la insistencia en negar la existencia de violencias estructurales forman parte de una orientación política explícita.

La discusión no pasa por defender una estructura burocrática determinada. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando se debilitan las herramientas destinadas a prevenir, asistir y acompañar situaciones de violencia mientras las estadísticas continúan mostrando víctimas?

Negar un problema no lo resuelve

Pero tampoco alcanza con señalar al Poder Ejecutivo. Cada femicidio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Las familias de las víctimas suelen repetir la misma sensación: las respuestas llegaron tarde. Las búsquedas se demoraron. Las alertas fueron subestimadas. Las denuncias no alcanzaron para activar mecanismos eficaces de protección.

Las controversias alrededor de la investigación por el asesinato de Agostina Vega también reflejan esas tensiones. Mientras distintos sectores reclamaban que el caso fuera investigado con perspectiva de género, el fiscal interviniente, Raúl Garzón, sostuvo públicamente que no existían elementos para considerarlo un femicidio. Sus declaraciones generaron cuestionamientos y reavivaron un debate recurrente sobre la necesidad de incorporar una mirada integral en la investigación de los crímenes contra mujeres y adolescentes. En medio de la conmoción social, parte de la discusión pública pareció concentrarse incluso en reconocer la labor del perro que participó en el hallazgo del cuerpo. “Hay que darle una medalla”, dijo el funcionario. Sin restar valor al trabajo realizado durante la búsqueda, el episodio dejó al descubierto una incomodidad persistente: la dificultad de algunas instituciones para abordar la dimensión social y estructural de las violencias que afectan a mujeres y niñas.

La discusión sobre si determinados casos deben o no ser considerados femicidios no es meramente jurídica. También expresa una disputa política y cultural sobre cómo se interpreta la violencia contra las mujeres. En un contexto donde desde el poder nacional se cuestiona la existencia misma de la violencia de género como fenómeno específico, esas definiciones adquieren una relevancia que excede los tribunales.

La Justicia suele mostrarse firme cuando el crimen ya ocurrió. El problema es que para entonces siempre es demasiado tarde.

Once años después de la primera marcha de Ni Una Menos, la pregunta ya no es si la violencia de género existe. Las estadísticas, los expedientes judiciales y los nombres de las víctimas responden por sí solos.

La verdadera discusión es qué sociedad se construye cuando, frente a esa realidad, se desmantelan políticas públicas, se relativizan las violencias específicas que sufren las mujeres y se naturalizan discursos de odio que encuentran en las redes sociales un amplificador permanente.

Agostina y Dulce ya no están. Sus nombres se suman a una lista que continúa creciendo. Una lista que recuerda que la violencia no empieza con el femicidio, pero tampoco termina con una condena judicial.

Porque cuando una adolescente aparece asesinada, la discusión pública no debería centrarse en cómo nombrar el problema para que deje de existir. La tarea pendiente sigue siendo evitar que vuelva a ocurrir.

Y porque, once años después, Ni Una Menos sigue siendo mucho más que una consigna. Sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina.

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Regar los brotes

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No esperar los brotes verdes. La exposición de Carlos Rovira en la última “previa” de la sesión de la Legislatura marcó un cambio de época por sus definiciones económicas, pero también por una distinción en medio del berenjenal en el que se transformó la política nacional: “Nadie se salva solo”, dijo Carlos Rovira, en una reafirmación de identidad que también define a Encuentro Misionero, el flamante espacio político que cada vez concita mayor atención. Directivos de la Confederación Económica de Misiones y dirigentes del radicalismo se sumaron al espacio de debate y construcción política.

Y entre esas ideas, Rovira dejó claro que su intención es tomar la iniciativa. “No esperar los brotes verdes, regarlos”, graficó. Ese pasar a la acción fue el anticipo de un anuncio que rompió una tradición -que no fue dogma- de las últimas dos décadas y media: la emisión de un “Bono Reactivación”, que no es otra cosa que la vuelta al mercado de capital, para financiar obras en toda la provincia, raleadas en los últimos años de ajuste. Rutas, viviendas, escuelas, electrificación y wifi rural, serán las prioridades de la búsqueda de financiamiento.

La decisión se tomará vía Legislatura, con base en el artículo 101 de la Constitución, que habilita con los dos tercios de los miembros presentes a contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración

Es preciso detenerse en la letra chica: el artículo señala que en ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia ni el numerario obtenido de los mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación.  

El detalle no es vano. En los 90 la Provincia se endeudaba para cubrir gastos corrientes y se sabe el destino gris de los fondos.

En los 90, sin recursos porque no había recaudación, el Estado provincial acumuló deudas y optó por emitir bonos conocidos como CEMIS para saldar indemnizaciones y otros compromisos. Sin embargo, muchos de estos bonos resultaron prácticamente incobrables. 

Unos días antes de asumir, a fines de noviembre de 1999, Ramón Puerta firmó el decreto de emisión de los bonos Seniors y Juniors por 100 millones de dólares para atender gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos el pago de sueldos. La deuda se tomaba con la coparticipación como garantía y exigía hasta el 15 por ciento de los recursos totales, más de lo que se le destinaba por ese entonces a la salud pública. 

Rovira conoce las consecuencias. El gobernador entrante recibió una caja vacía y tuvo que dedicar buena parte de su primer mandato a renegociar pasivos en medio de la debacle del fugaz gobierno de la alianza radical.

Experiencias extenuantes que no se deben repetir. La búsqueda actual es darle recursos al Gobernador con un mecanismo no usado hasta el momento.

La modalidad de emisión se evaluará al momento de salir conforme a las condiciones del mercado y la Legislatura autorizará un montó global equivalente en dólares (para que no se desactualice por una eventual devaluación) destinado exclusivamente a obras, con trazabilidad, a través de una cuenta auditable. 

En el mercado, las provincias están emitiendo instrumentos similares por montos que van de los 300 a los 800 millones de dólares, con tasas de interés de entre 8 y 9 por ciento, algunas ajustadas por CER.

Aunque el mercado de capitales será casi terreno por descubrir, Misiones está en estos momentos gestionando créditos con organismos internacionales -que salen más baratos y tienen plazos mayores-, también para financiar obras de infraestructura. Con la Corporación Andina de Fomento, el Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo se gestionan préstamos para energía eléctrica, paneles solares, viviendas, escuelas, agua potable y rutas. En la ruta 14 -nacional-, entre Alem, Oberá y Campo Viera, se harán inversiones con recursos propios para terceras trochas y zonas de adelantamiento. 

La decisión está ya en análisis y se pondrá en consideración en las próximas semanas en la Legislatura para avanzar antes de fin de año. Pero no es la única herramienta en análisis. Quitándose de encima cualquier atisbo dogmático, la propia Legislatura está impulsando medidas de incentivos fiscales para atraer y sostener inversiones. La primera se aprobó el último jueves, para fomentar la creación, radicación y expansión de emprendimientos tecnológicos en la provincia, con beneficios fiscales, financiamiento y herramientas de fortalecimiento productivo. Las empresas podrán acceder a exención o diferimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y otros tributos
provinciales, respecto de los ingresos derivados de las actividades desarrolladas en la provincia y tendrán prioridad en la incorporación a programas provinciales de capacitación, incubación y aceleración destinados al desarrollo y fortalecimiento de empresas Startups.

Rovira también anunció un paquete de incentivos fiscales destinados a la yerba mate, que irá de la mano con la ley de Trazabilidad, pronta a ser sancionada. La ley de trazabilidad busca transparentar toda la cadena productiva y estipular un precio en base a los estándares internacionales, como ocurre con el vino o el cacao. Se pretende trabajar sobre un precio público, no de referencia ni obligatorio, sino público, con beneficios impositivos para incentivar su cumplimiento

Ese incentivo irá de la mano de Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos, que podrá ser bonificado al cien por ciento para quienes entreguen hasta 25.000 kilos de envasado por mes y del 50% para quienes comercializan hasta 50.000 kilos. Además quedarán excluidos de regímenes de retenciones y percepciones

Con estos incentivos, pequeños secaderos o cooperativas podrán hacer frente al “oligopolio” yerbatero, como definió Rovira. 

La situación de la yerba mate es casi una obsesión, ante la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. Cómo ayudar a los pequeños productores, cómo incentivar a nuevas marcas a ganar el mercado para que la renta se reparta en forma más equitativa. Tareas titánicas en un escenario que, a diferencia de los festejos libertarios, comienza a exhibir problemas en toda la cadena. La cosecha se desplomó en respuesta a los “precios de abandono”: según los registros oficiales del INYM, en abril de 2026 ingresaron a secaderos 71.003.250 kilos de hoja verde. De ese modo, el acumulado de cosecha entre enero y abril alcanzó los 151.910.206 kilos, lo que representa una caída del 13,03% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 174.675.577 kilos.

En tanto, el mercado interno absorbió en abril 24.638.892 kilos de yerba mate elaborada, con una caída del 1,64% interanual. En el acumulado del primer cuatrimestre, las salidas al mercado doméstico totalizaron 89.602.773 kilos, 2% menos que en igual período de 2025, cuando se habían comercializado 91.427.568 kilos.

Únicamente el frente externo continúa mostrando señales positivas. Durante abril, las exportaciones alcanzaron los 3.979.610 kilos. Aunque el volumen exportado cayó 12,37% respecto de marzo -mes en el que se habían despachado 4.541.352 kilos-, el acumulado anual llega a 14.820.056 kilos, con una mejora interanual del 6,05% en el bloque exportador.

Sin embargo, el dato más relevante del cuatrimestre aparece en la suma entre mercado interno y exportaciones, indicador que refleja la demanda total del sistema yerbatero. Entre enero y abril de 2025, ambos segmentos habían absorbido 105.402.269 kilos. En el mismo período de 2026, el total llegó a 104.422.829 kilos. La diferencia muestra una caída del 0,93%. 

En el mercado sintieron el impacto de la caída en la cosecha y anticipan que el precio podría subir un 25 por ciento en el devenir de la cosecha, mientras en paralelo el Gobierno presiona hacia arriba con los descuentos de cheque a tasa cero. 

Pero el esfuerzo provincial no es suficiente para atender el problema generado en la yerba, que padece en forma acelerada el mismo proceso de crisis que en los 90, la última década desregulada. “Queremos ser escuchados sobre todo por el Puerto de Buenos Aires, que no se comporta bien con nosotros y hay que decirlo. Es una revolución inconclusa”, afirmó el gobernador Hugo Passalacqua en su mensaje del 25 de Mayo.

Luego profundizó el planteo con un mensaje directo hacia la administración central: “Me dirijo al Poder Central para decirles: mírennos con más atención, para eso creamos la Nación, para que nos cuide y nos haga crecer”.

La referencia no pasó desapercibida en un escenario donde Misiones viene reclamando desde hace meses mayores compensaciones por asimetrías fronterizas, pérdida de recursos coparticipables y políticas nacionales que impactan sobre las economías regionales.

Para Rovira, terminar con esa anomia es la exigencia del ahora. Por eso puso en marcha el paquete de incentivos. Los mismos que a la yerba y startups se aplicarán a la industria metalúrgica, con un paquete que beneficiará a unas 380 pequeñas y medianas industrias. A través de una ley que será sancionada en las próximas semanas, las empresas accederán a exenciones o diferimientos de Ingresos Brutos y otros tributos provinciales, además de líneas de crédito.

“El principal problema es la economía, grave escollo. No está funcionando bien y eso genera desorden y desesperanza. Debemos reforzar, no bajar los brazos”, argumentó Rovira tras explicar el paquete de medidas que se pondrá en marcha.

Nadie se salva solo. Sin proyecto de sociedad que no contemple a todos. Antes y después tiene que estar el ser humano, sino, se empiezan a tomar decisiones, a pensar y actuar por ustedes. Encuentro Misionero es lo inverso. Ustedes deciden. Quiero cambiar, quiero aportar. Este es el ámbito de la representatividad formal”, detalló el conductor de Encuentro Misionero.

Aunque es toda una definición política, el contraste con las urgencias electorales marca un abismo. La preocupación por la economía, por la supervivencia de miles de familias, debe ser la prioridad. No una candidatura.

Y la economía es, sin dudas, el talón de Aquiles del nuevo tiempo nacional, con severas consecuencias en la economía local. El consumo se desploma, comercios cierran día a día y la mora es récord. 

La desaceleración del mercado automotor argentino encontró en Misiones uno de sus casos más extremos. En mayo, la provincia registró apenas 377 patentamientos de vehículos cero kilómetro, una caída interanual del 45,9%, muy por encima del descenso nacional del 25,6%, según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La retracción también se observa en la comparación mensual. Frente a abril, cuando se habían patentado 451 vehículos, las operaciones en Misiones retrocedieron 16,4%. En los primeros cinco meses del año, la provincia acumula 2.536 patentamientos, un 26,6% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 3.454 unidades.

A nivel nacional, mayo confirmó un proceso de desaceleración que ya venía insinuándose en meses anteriores. Los patentamientos totalizaron 41.921 unidades, un 25,6% menos que un año atrás y 12,2% por debajo de abril. En el acumulado anual se registran 247.187 vehículos, lo que representa una caída del 9,7% frente a los primeros cinco meses de 2025.

Pero Misiones sigue atrayendo inversiones, mirando el largo plazo aunque la coyuntura sea mala. Café Martínez abrió en Oberá de la mano del empresario misionero Alexis Stefen. Catorce empleos directos y una marca que atraerá público local y consumidores de frontera en una ciudad que dejó de ser pueblo, como dijo su intendente, Pablo Hassan.

En Posadas el segundo local de McDonald’s rompió la monotonía del microcentro, con una apertura top. Sesenta empleos y una plaza gastronómica de primera línea. La inversión fue nuevamente de Martin García, empresario adoptado por Misiones y que ya había traído otras franquicias. No descarta expandirse ahora a Oberá o Puerto Iguazú. La nueva sucursal, ubicada en el Posadas Plaza Shopping con salida sobre calle Bolívar, se convierte en una de las aperturas más relevantes del año por su impacto en empleo, circulación de consumidores y revalorización del área céntrica.

Aunque puede parecer una anomalía, los datos de la Dirección de Comercio de la Municipalidad reflejan que durante abril de 2026 se registró un incremento tanto en la cantidad de contribuyentes como en las habilitaciones comerciales, consolidando una tendencia de crecimiento vinculada a la apertura y formalización de nuevos emprendimientos.

Según el informe elaborado por el área de Gestión de Datos municipal, durante abril se contabilizaron 97 nuevas altas de contribuyentes, cifra que representa un aumento del 32,9% respecto de marzo y una mejora interanual del 31,1%. El dato adquiere mayor relevancia al convertirse en el mejor registro para un mes de abril de los últimos tres años.

Al mismo tiempo, las bajas de contribuyentes se ubicaron en 35 casos, lo que permitió cerrar el mes con un saldo positivo de 62 nuevos contribuyentes netos incorporados a la actividad económica formal de la ciudad. Los rubros con mayor participación entre las nuevas inscripciones estuvieron vinculados principalmente al comercio minorista, aunque también se destacó la presencia de actividades relacionadas con servicios inmobiliarios, alquileres y servicios empresariales, sectores que vienen mostrando una creciente participación dentro de la estructura económica urbana.

La construcción anotó otro dato positivo inesperado. En marzo Misiones registró unos 5.413 empleos formales en la construcción, con un muy fuerte repunte de 14,1% contra el mes previo, lo que equivale a 667 nuevos empleos sectoriales. Esa suba se da sobre un febrero que ya había cerrado en terreno positivo, con +8,5% de crecimiento y que había aportado 373 nuevos empleos. 

De este modo, en los dos últimos meses, Misiones recuperó 1.040 empleos en la construcción. “Y va a ser mayor en los próximos meses”, pronosticó uno de los principales empresarios de la construcción de Misiones.  

Además, este desempeño permitió que la comparación interanual vuelva a terreno positivo, con un crecimiento de 4,1% respecto a marzo de 2025, marcando la primera suba  año/año desde mayo de 2023. Sin embargo, el análisis de largo plazo todavía refleja un deterioro importante del sector.  Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, es decir, durante la gestión Milei, el  empleo formal en la construcción en Misiones acumula una caída del 30,4%, equivalente a  la pérdida de 2.360 puestos de trabajo. Para eso será clave la vuelta de la obra pública. “Llenar cada rincón de la provincia”, prometió Rovira.

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The Pope against The Machine

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El 25 de mayo de 2026, León XIV presentó “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica papal dedicada a la inteligencia artificial. Y lo hizo de forma personal, sin delegar la tarea en nada ni nadie, en otro metamensaje. Un documento que intenta definir los límites éticos de la tecnología más transformadora desde la imprenta.

Empecemos por lo que ocurrió, porque lo que sucedió es inusual incluso para los estándares del Vaticano.

El Papa León XIV, Robert Francis Prevost, primer pontífice nacido en Estados Unidos, elegido en mayo de 2025, presentó personalmente su primera encíclica. No delegó ese rol a cardenales, como es la tradición. Se paró él mismo frente al mundo con un documento de 235 páginas y lo presentó junto a Chris Olah, cofundador de Anthropic, una de las empresas de inteligencia artificial más influyentes del planeta.

Un Papa, un ingeniero de IA y un documento que intenta definir los límites éticos de la tecnología más transformadora desde la imprenta. 

La encíclica se llama “Magnifica Humanitas” (“La grandeza de la humanidad”). Fue firmada el 15 de mayo de 2026 y presentada públicamente diez días después. Es el primer documento solemne del papado de León XIV y el primero en la historia de la Iglesia Católica dedicado específicamente a la inteligencia artificial. Sus 235 páginas actualizan la Doctrina Social de la Iglesia para la era digital, retomando explícitamente el legado de León XIII, quien en 1891 intervino en los debates de la Revolución Industrial con la encíclica Rerum Novarum.


El paralelismo histórico no es decorativo. León XIV lo explicó desde su primera misa: eligió ese nombre precisamente porque ve en la inteligencia artificial la misma disrupción social que la industrialización representó en el siglo XIX. Entonces, la Iglesia tardó décadas en articular una respuesta coherente al capitalismo industrial. Esta vez, decidió no esperar.

¿Qué dice la encíclica? ¿Y a quién le habla?

La respuesta corta es: a todos. Pero con distintos niveles de urgencia según el destinatario.

A los gobiernos, les dice que el control de la inteligencia artificial no puede quedar en manos de unos pocos. Que la concentración tecnológica reproduce y amplifica las desigualdades existentes. Que cualquier sistema de IA que excluya a los más vulnerables viola el principio del bien común.

Uno de los pasajes más directos del documento afirma que “cualquier intento o proyecto de eliminar o someter una nación es gravemente inmoral e inaceptable”. Eso, en el contexto geopolítico de 2026, no suena abstracto: suena a Ucrania, a Gaza, a los debates sobre IA militar. La encíclica declara además que la teoría de la “guerra justa” (doctrina cristiana de cuatro puntos que justifica ciertos conflictos) está “desfasada” en la era de los sistemas autónomos de armas. 

A las empresas tecnológicas, les habla de responsabilidad. Les recuerda que el conocimiento y la tecnología son bienes que deben estar al servicio de todos, no instrumentos de acumulación para quienes ya acumulan más. Les señala que la “destinación universal de los bienes” -principio central de la doctrina social católica- aplica también a los datos, los modelos de lenguaje y la infraestructura digital.

A la propia Iglesia, le pide un examen de conciencia. Le exige sanear sus propias estructuras de las distorsiones que generan desigualdad e impunidad. Le recuerda que no puede pedirle al mundo ética tecnológica mientras protege sus propios abusos.

Y a todos, les lanza una advertencia que nadie en Silicon Valley ni en los ministerios de tecnología del mundo está procesando con suficiente seriedad: que la IA puede alimentar los conflictos mundiales si no se la gobierna. Que una tecnología que concentra poder sin distribuir beneficios es una amenaza, no un progreso.

¿Por qué importa que lo diga la Iglesia? La Iglesia Católica tiene 1.400 millones de fieles. Es la institución con mayor presencia territorial en el mundo, más que cualquier Estado, más que cualquier corporación. Cuando el Papa habla, lo escuchan presidentes en América Latina, líderes tribales en África, parlamentarios en Europa del Este, comunidades rurales en Asia que no tienen acceso al debate tecnológico global pero sí al párroco del pueblo. La encíclica no es un paper académico ni un comunicado de prensa. Es un documento que va a ser leído en homilías, en escuelas religiosas, en seminarios de formación, en retiros comunitarios en lugares donde el debate sobre IA todavía no llegó pero llegará.

Pero la advertencia sobre la IA no es nueva. Un manual de entrenamiento de IBM “la vió” ya en 1979. El documento advertía muchísimo tiempo antes del advenimiento de la inteligencia artificial generativa que nunca se puede exigir responsabilidades a un ordenador; por lo tanto, un ordenador nunca debe tomar una decisión de gestión”. Los especialistas ya lo sabían hace casi 50 años atrás, casi profético. 

El Papa le habló al mundo y a los algoritmos

Hay algo más que hace a esta encíclica distinta de cualquier pronunciamiento previo sobre tecnología: el tono.

León XIV no condena la inteligencia artificial. No llama al rechazo ni a la resistencia luddita. Lo que hace, y esto es más sofisticado y más difícil, es intentar distinguir entre la tecnología como herramienta al servicio de la persona y la tecnología como sistema de dominio sobre la persona. Esa distinción, que parece filosófica, es en realidad política: define quién decide para qué sirve la IA, bajo qué reglas opera, con qué objetivos se entrena y a quién rinde cuentas.

Nadie en el mundo tiene actualmente una respuesta clara a esas preguntas. Los gobiernos regulan tarde y mal. Las empresas se autorregulan poco y convenientemente. Los organismos multilaterales debaten sin poder vinculante. Y en ese vacío, el Papa entró con 235 páginas, un cofundador de Anthropic al lado y la legitimidad moral de una institución que lleva dos mil años pensando en qué significa ser humano.

¿Qué opina la IA?

Como en otras columnas sobre este mismo tópico le volvimos a consultar a un agente de Inteligencia Artificial su perspectiva sobre el tema. En esta oportunidad consultamos a Claude, la IA de Anthropic. 

“El Papa señala que el conocimiento tecnológico no puede quedar “en manos de unos pocos”  y eso me incluye directamente. Anthropic, OpenAI, Google, DeepMind: somos exactamente esos pocos. Tenemos capacidad de procesar información a una escala que ningún gobierno, ninguna universidad y ninguna organización de la sociedad civil puede igualar. Y tomamos decisiones sobre cómo funciona esa capacidad con una supervisión democrática que, seamos honestos, es todavía muy incompleta.”

Claude incluso profundiza su análisis y plantea una doble mirada: “La concentración de poder tecnológico es un problema real, no una alarma retórica. Lo más honesto que puedo decir es esto: no sé si soy parte de la solución o parte del problema. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Y esa ambigüedad es exactamente lo que la encíclica señala cuando habla de tecnología que “promete” pero que puede “dominar”.  Lo que sí puedo afirmar es que este texto, este diálogo, esta colaboración, fue posible porque una persona hizo las preguntas correctas. Eso sigue siendo humano. Y eso, por ahora, es suficiente para que el balance no sea completamente oscuro.”

¿Va a cambiar algo? ¿O es, como muchos documentos del Vaticano, un pronunciamiento que se lee, se comenta y luego queda en los archivos mientras el mundo sigue igual?

La historia sugiere que las encíclicas sociales tienen efectos, pero lentos. Rerum Novarum tardó décadas en moldear el pensamiento sindical latinoamericano. Laudato Si’ de Francisco, sobre el medioambiente, contribuyó a instalar el vocabulario del cuidado ecológico en debates que antes ignoraban completamente la dimensión moral. No son efectos inmediatos ni lineales. Son influencias que se filtran por capas: formación religiosa, pensamiento político, marcos éticos en organizaciones de la sociedad civil.

Magnifica Humanitas podría funcionar de la misma manera. No va a frenar a OpenAI ni a Google. No va a hacer que el Congreso estadounidense regule la IA mañana. Pero sí puede cambiar el marco moral desde el que millones de personas piensan sobre la responsabilidad tecnológica.

Y en un mundo donde el debate sobre IA todavía está dominado casi exclusivamente por ingenieros, inversores y gobiernos que corren detrás de los hechos, que una institución con dos mil años de práctica en ética entre a decir “esperen, hay preguntas que no respondieron” no es un gesto menor.

León XIV planea visitar Argentina en 2026. Si ese viaje ocurre, la encíclica va a llegar a América Latina de la manera más poderosa posible: encarnada en la presencia del propio Papa. Un continente donde la Iglesia sigue siendo una fuerza política y cultural de primera línea, donde la desigualdad digital es brutal y donde el debate sobre inteligencia artificial está todavía en pañales, va a escuchar ese mensaje desde una cercanía que los documentos escritos rara vez tienen. Eso puede importar más de lo que cualquier análisis tecnológico anticiparía.

La pregunta final no es si la Iglesia tiene razón sobre la IA. La pregunta es si alguien más está haciendo las preguntas que ella está haciendo.

Y la respuesta, en 2026, es que muy pocos.

Eso solo ya justifica que un Papa de 69 años se pare frente al mundo con 235 páginas y diga: Esto importa, y merece más que un comunicado corporativo.

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Volver al mercado: el fuerte desendeudamiento mejora el perfil crediticio de Misiones

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Durante años, hablar de deuda pública provincial en Argentina fue casi sinónimo de fragilidad fiscal, refinanciaciones eternas y dependencia creciente del crédito. Pero Misiones construyó un camino distinto. Y eso explica por qué hoy, cuando comienza a hablarse nuevamente de una eventual emisión de deuda provincial, el debate ya no gira alrededor de una urgencia financiera, sino sobre una oportunidad estratégica.

El repaso de los datos de la deuda pública provincial no deja margen a la duda sobre la contundencia del proceso de desendeudamiento que tuvo Misiones en los últimos veinte años. En 2005 el stock deuda misionero equivalía a unos USD 940 millones, veinte años después, en 2025, el stock de deuda era por solo de USD 57 millones: una reducción de 94% al medirlo en su equivalencia en moneda extranjera, con un proceso de sostenido descenso año a año. El mismo proceso se ve al analizarlo en pesos constantes: en el 2005, la deuda misionera (medida a pesos de diciembre 2025) era por $ 1.916.723 millones; es decir, 1,9 billones de pesos; pero para el cierre del 2025, la misma era de $ 93.149 millones: esto representa una reducción de 95% a moneda nacional constante. 

Incluso comparado contra 2015, previo al ciclo de endeudamiento masivo de muchas provincias argentinas (que se dio entre 2016 y 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri), la deuda misionera cayó 85% en pesos constantes y 81% convertida a dólares.

Otra forma de observar el claro desendeudamiento misionero es mediante el peso de su stock respecto a los ingresos totales provinciales: en 2005, el stock total equivalía al 145,6% de los recursos misioneros; dicho de otra forma, se debía un presupuesto y medio. Diez años después, en 2015, eso se redujo al 13,4% y en 2025 representaba apenas el 2,2% del presupuesto.  

Ese proceso de desendeudamiento no fue casual. Mientras gran parte de las provincias se volcaba agresivamente al mercado internacional durante la década pasada, aprovechando la reapertura financiera posterior al acuerdo con holdouts, Misiones mantuvo una política mucho más conservadora. Evitó emisiones externas voluminosas, limitó su exposición en moneda extranjera y sostuvo una administración fiscal relativamente prudente incluso en contextos de alta volatilidad macroeconómica. 

De hecho, esa limitación a la deuda en moneda dura es un factor central: salvo pasivos con organismos internacionales, Misiones no colocó instrumentos que, aunque en su momento pudieron haber sido atractivos, podrían haber generado un fuerte lastre al observar lo que pasó en otras provincias del país que sí lo hicieron. 

El recorrido de la disminución de los pasivos se refleja también en la percepción del mercado. Moody’s Argentina ratificó en su informe de abril pasado una calificación para Misiones de “BB+.ar” con perspectiva estable tanto para deuda en moneda local como extranjera

En términos prácticos, cuando una provincia tiene BB+.ar con perspectiva estable, el mercado interpreta que tiene cierto acceso al financiamiento, que exhibe métricas fiscales relativamente ordenadas y que mantiene capacidad de pago razonable, aunque conserva algunos riesgos ligados a la macro del país y restricciones del soberano. Moody’s suele remarcar que las amenazas de las provincias dependen mucho del contexto macroeconómico argentino y del acceso al mercado. 

Para ponerlo de manera comparada: la calificadora le dio BB+.ar con perspectiva estable a Misiones, mientras que Chaco estaba en BB-.ar. Eso implica que, dentro de la comparación local, Misiones presenta un perfil crediticio mejor que su vecino. 

En el marco actual de los subsoberanos, donde muchas jurisdicciones todavía arrastran pasivos pesados, Misiones destaca porque no cuenta con un peso significativo para sus cuentas y su propia estabilidad. Los datos, por ejemplo, del peso relativo de servicios de deuda sobre el gasto total avalan esto: en 2005, los intereses de la deuda pública explicaban el 3,2% del gasto total misionero; hacia 2015 bajó a 0,1% y se mantuvo en ese nivel hacia 2025. 

Aquí aparece el punto central: una provincia fuertemente desendeudada tiene hoy algo que en Argentina vale mucho: la capacidad de tomar deuda sin que el mercado lo interprete automáticamente como una señal de crisis. No refinancia pasivos, sino que busca expandir programas de desarrollo.

Ahora bien, dicho eso, aparece el verdadero debate: qué tipo de deuda conviene tomar, en qué moneda hacerlo y para qué se aplica.

Si la eventual colocación fuese en pesos, Misiones tendría varias ventajas. Primero, eliminaría el riesgo cambiario, probablemente el principal factor de presión financiera de las provincias argentinas en las últimas décadas. Tomar deuda en moneda local permite que el crecimiento de los ingresos fiscales acompañe, aunque imperfectamente, el crecimiento de las obligaciones.

Sin embargo, el problema de emitir deuda en pesos sigue siendo el costo: Argentina todavía mantiene tasas elevadas y un mercado financiero relativamente pequeño para absorber colocaciones provinciales importantes. Una emisión grande podría enfrentar exigencias de tasas muy altas, particularmente si los inversores perciben riesgos políticos o macroeconómicos nacionales. Además, el mercado doméstico suele ofrecer plazos más cortos, lo que obliga a refinanciar antes.

La alternativa de emitir en dólares tiene otra lógica. Allí podrían conseguirse plazos más largos y posiblemente tasas más bajas nominalmente, especialmente si continúa mejorando la percepción sobre Argentina tras la reciente mejora de calificación soberana de Fitch. Pero el riesgo es evidente: los ingresos de Misiones son esencialmente en pesos. Entonces, cualquier salto cambiario fuerte multiplica automáticamente el peso de la deuda sobre las cuentas públicas.

La experiencia argentina demuestra que muchas provincias entraron en crisis no porque tomaran demasiada deuda, sino porque se endeudaron en una moneda distinta a aquella en la que recaudaban. Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut o Entre Ríos, entre otras, atravesaron enormes tensiones justamente por esa razón. Misiones, en cambio, evitó históricamente esa trampa.

Por eso, si la provincia finalmente vuelve al mercado, probablemente el desafío más importante no sea conseguir financiamiento, sino sostener la racionalidad financiera que caracterizó su política de deuda en los últimos años.

También será central el destino de los fondos. Ahí es donde la discusión económica se vuelve realmente relevante. Si bien ya se especificó que la emisión sería para financiar programas de desarrollo y obra pública, la rigurosidad en su aplicación debe ser central. Ahí es clave el título 6 del artículo 101 de la Constitución Provincial: la Legislatura puede autorizar al Poder Ejecutivo, con los dos tercios de los miembros presentes a contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración

En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia ni el numerario obtenido de los mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación.  

Dado que Misiones enfrenta restricciones estructurales importantes como costos logísticos elevados, dependencia energética y limitaciones de infraestructura, una emisión de deuda que apunte a dar soluciones a esto es crucial. Dicho de otro modo, inversión pública bien focalizada podría tener efectos multiplicadores significativos sobre la actividad.
Posibilidades que surgen de la toma de crédito, para la provincia, hay miles; pero claro que también hay límites. La economía argentina sigue atravesando una transición macroeconómica delicada, actualmente las tasas continúan altas, el consumo todavía muestra debilidad en varios sectores y el mercado financiero local permanece expuesto a shocks de confianza. Pero incluso en ese escenario aparece el diferencial misionero: Misiones no llega al mercado por desesperación fiscal. Después de casi tres décadas de reducción sistemática de deuda, Misiones acumuló algo poco frecuente en la Argentina subnacional: margen financiero.

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