POLITICA

Las marcas del nuevo tiempo

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Son horas cruciales para la política argentina. Cuando el telón del Mundial baje definitivamente, volverá al centro de la escena, con un humor que dependerá mucho de lo que hagan Messi y la selección en el campo de juego. Si hay triunfo, se aliviarán tensiones. Si no, recrudecerán. “Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo malo que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando”, declaró Leonel Messi apenas terminó la semifinal contra Inglaterra, una reedición del mítico 2 a 1 con Maradona y una revancha deportiva por Malvinas. 

No llegar a fin de mes y Malvinas, tópicos que interpelan a Javier Milei, responsable directo de la situación económica y siempre proclive a despreciar los sentimientos patrióticos por las islas arrebatadas.

La realidad es que la baja de la inflación no alcanza para atenuar los efectos del modelo económico ni mitigar el impacto de los despidos y de un costo de vida que hace tiempo dejó atrás la evolución de los salarios. 

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 28.262 empresas, a razón de 30 cierres por día. En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados se redujo un 3,46%, lo que representa una pérdida de 341.396 puestos de trabajo, lo que equivale a 385 trabajadores menos por día desde la asunción de Milei. En abril se cumplieron doce meses de caída ininterrumpida. 

Esta caída refleja una combinación de factores, como la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un traslado de trabajadores al empleo informal. Más allá de la cantidad, también implica un deterioro en la calidad del empleo, afectando salarios, beneficios y la estabilidad laboral de amplios sectores de la población. 

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Industria manufacturera con una reducción de 82.173 trabajadores entre noviembre de 2023 y abril de 2026. 

Dass es un ejemplo fresco. El viernes la planta de Eldorado cerró definitivamente y dejó 150 operarios sin empleo. Empezó con poco más de 30 en 2007, llegó a un pico de 1.500 hasta 2015 y desde entonces, con la apertura de importaciones de Mauricio Macri entró en un declive que fue definitivo con los aumentos de costos de la era Milei. Una parábola del ciclo económico de la Argentina, que se explica también por un detalle: la firma de capitales brasileños decidió no llevarse las máquinas y dejó abierta la posibilidad de regresar si en el futuro cambian las condiciones macroeconómicas y las políticas vinculadas a la producción nacional.

Pero Dass es apenas el último dato. El último dato oficial del empleo, marca que en abril Misiones registró unos 96.815 trabajadores en el sector privado formal, presentando una baja del 0,7% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de 698 empleos. Ya hay menos empleos que en plena pandemia y la provincia muestra el menor volumen de empleo privado formal desde octubre de 2012; es decir, de los últimos casi catorce años. Contra abril de 2025, Misiones muestra un retroceso del 6,1% (-6.430 empleos), y desde que asumió Milei, Misiones acumula una pérdida de 12.043 empleos (-11,1% vs. noviembre de  2023).

Aunque el Gobierno nacional prefiera obviar las señales de la realidad, lo cierto es que no hay políticas ni incentivos que alienten una esperanza de mediano plazo. Todo en pos de un equilibrio fiscal que a pesar de los esfuerzos acumulados, luce frágil y tambaleante. 

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en junio los ingresos totales del Sector Público Nacional cayeron 8,5% real interanual -con los tributarios retrocediendo 8,8%- mientras el gasto primario subió 3,1%. El resultado fue una reversión contundente: el superávit primario de $1.055.739 millones de junio de 2025 se transformó en un déficit de $696.843 millones, y el superávit financiero de $736.161 millones mutó en un rojo de $1.024.891 millones. Un mes no hace tendencia, pero el semestre agrega una señal más inquietante sobre la naturaleza del resultado.

El ajuste recae sobre las provincias que tienen que hacer malabares. Misiones gestiona recursos para cubrir las demandas insatisfechas en los últimos dos años. Para hacer rutas, para energía y ahora también, con el Fonplata, para culminar viviendas y otras obras de infraestructura, con unos 40 millones de dólares.

El fin del Mundial marcará también en Misiones el inicio formal de una nueva etapa de la política. El gobernador Hugo Passalacqua presentará el presupuesto 2027 y las proyecciones no serán lo más relevante, sino las señales políticas. Habrá reducción de ministerios y cambios de nombres sensibles. Antes incluso habrá incorporaciones a la primera línea para fortalecer el nuevo rumbo liderado por el gobernador. El intendente de Montecarlo, Julio Barreto asumirá en la empresa Energía de Misiones, en reemplazo de Virginia Kukla. El ex intendente de Dos de Mayo y ex ministro del Agro, José Luis Garay, ocupará un rol clave en el directorio de la misma empresa.

También habrá cambios en el Ministerio de Acción Cooperativa, donde Liliana Rodríguez dejará el cargo y será reemplazada por el actual intendente de San Javier, Matías Vilchez. Al mismo tiempo, Sergio Bresiski dejará su puesto al frente de Arquitectura.

El objetivo es fortalecer la gestión con funcionarios que conozcan el territorio y tengan vínculos directos con los municipios, en una avanzada que comenzó con la incorporación de Carlos Sartori, ex intendente de Campo Viera y ahora Jefe de Gabinete. Hubo otros alcaldes tentados, pero prefirieron priorizar los municipios, atentos a focos de conflicto locales que pudieran desentonar con la línea de gestión que marca Passalacqua. Sin embargo, por estas horas, los intendentes están todos alineados con el Gobernador. Incluso habrá cumbre con Leonardo Stelatto en las próximas horas.

En la Agencia Tributaria será reemplazada Belén Gregori, cuyo poder ya había sido recortado con el decreto del Gobernador que le dio más facultades al subdirector, Gabriel Petta, un funcionario que trabajó en el detalle de las reformas fiscales que ya se pusieron en marcha y otras que se avecinan. 

No será apenas maquillaje, sino que Passalacqua está decidido a dar un giro en la política, con anclaje territorial y experiencia en gestión. El primer dato es que no habrá más alineamiento automático con la Nación. Respeto institucional sí, pero cuando haya que discrepar, se hará notar. En Tres Capones, al celebrar el aniversario del municipio, lo dejó claro: “Estamos olvidados por el Gobierno de la Nación, no tiene una visión federal, solidaria ni una visión cristiana pensando en este día tan especial para los vecinos de Tres Capones”, sostuvo y aseguró que frente a este escenario es clave seguir trabajando unidos. 

“Son tiempos difíciles, gente y si no estamos juntitos vamos a estar complicados. Nadie llega a ningún lado sólo, esta vida es para estar acompañado, nadie sale adelante sólo”, aseguró.  “Veo en todo Misiones la voluntad misionerista de estar juntos, ese es el camino para salir adelante”, aseguró. 

Hasta ahora la Renovación, de la mano de Carlos Rovira, ejercía un “oficialismo nacional”, para acompañar leyes y posiciones del Gobierno votado en Nación. Pasó con los Kirchner, Mauricio Macri y ahora Milei. Pero la actual política nacional no ha hecho más que menguar los recursos provinciales y afectar el funcionamiento de las provincias, con una herida profunda en Misiones, como la desregulación de la yerba mate, un símbolo que Federico Sturzenegger goza exhibir cada vez que puede.  

La primera muestra de este cambio de actitud se dio en el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, eufemismo que significa en la práctica mayor flexibilidad para “atraer inversiones”, incluso en áreas críticas como las zonas de frontera o con acceso a recursos naturales. La voz de alarma llegó de la mano de la Red de Mujeres en Movimiento, que encabeza Viviana Rovira, que difundió un duro pronunciamiento en el que reclama a los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y Martín Göerling que voten en contra de la iniciativa.

El documento, titulado “Ante el Senado de la Nación en defensa del patrimonio territorial de Misiones”, sostiene que la propuesta legislativa de Nación “no es una ley de propiedad, sino una ley de entrega”, al considerar que elimina las principales restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Según el texto, el proyecto deroga el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, elimina las restricciones por nacionalidad y flexibiliza los controles sobre inmuebles ubicados junto a cuerpos de agua. Además, cuestiona la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo“, mecanismo por el cual, si el Estado no responde en un plazo de 180 días, determinadas operaciones quedarían automáticamente autorizadas.

La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó“, sostiene el pronunciamiento.

La Red de Mujeres remarca que Misiones presenta condiciones particulares por su ubicación geográfica y sus recursos naturales. En ese sentido, recuerda que la provincia posee cerca del 90% de sus límites sobre frontera internacional, alberga parte del Acuífero Guaraní y conserva la mayor superficie continua de selva del país.

Por esa razón, advierten que una desregulación del mercado de tierras tendría consecuencias especialmente sensibles para la provincia.

Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica. Es una amenaza territorial concreta“, señala el documento. El pronunciamiento concluye con una definición que sintetiza la posición del Movimiento por lo que viene: “La tierra misionera no está en venta. Y no se vota a ciegas”. 

Los senadores no tuvieron necesidad de expresar su voto, porque la Libertad Avanza fracasó en el tratamiento de la ley en el Senado en medio de su propia interna -expresada por Victoria Villarruel y Patricia Bullrich- y pateó la discusión para el 6 de agosto. Sin embargo, los misioneros fueron clave para que el oficialismo consiga el quórum para iniciar la sesión. 

“Entendemos que se pueden lograr acuerdos sin resignar principios. Nuestra prioridad es defender la soberanía nacional y el federalismo argentino, resguardando los intereses estratégicos de Misiones y de todas las provincias. Las provincias estamos impulsando modificaciones que optimizan significativamente el régimen vigente, en el marco del debate sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Nuestra posición es clara y es algo que siempre se tendrá que cumplir: más federalismo, más control y una soberanía que no se limita a la retórica, sino que se traduce en fortalecer las oportunidades de desarrollo para todos los habitantes que quieren trabajar y construir el crecimiento de la nación. Trabajamos con responsabilidad para llevar tranquilidad a la ciudadanía, con la firme convicción de que no vamos a acompañar ninguna norma que debilite la capacidad de las provincias para proteger su territorio ni que reduzca las herramientas del Estado para defender los intereses estratégicos de nuestra Nación”, argumentó Rojas Decut.

Si sale, la ley tendrá fuertes cambios, impuestos por las provincias. El silencio administrativo desaparece y las provincias tendrán potestad última para autorizar la venta de tierras. La posición del Gobierno provincial es que los senadores misioneros deben votar en contra y esa posición se hará explícita el miércoles en una nueva cumbre de intendentes en San Ignacio, donde los alcaldes firmarán un documento conjunto de rechazo absoluto a la Extranjerización de Tierras.

La clave política estará ahí. En el pulso de los intendentes, que le darán músculo a la gestión. El contraste es evidente. Atrás quedó el ninguneo a “lo viejo” que venía a ser desplazado por lo neo. Ahora se abraza la experiencia y el saber horizontal. Esa será la marca registrada del nuevo tiempo.

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El Gobierno apuesta a reformar el código aduanero y desregular el mercado inmobiliario

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Además de la Ley de Inviolabilidad de la Ley de Propiedad Privada, Zonas Frías y Reforma Electoral, el Gobierno pretende tras el receso invernal motorizar dos iniciativas en línea con su política de desregulación económica. Una de ella trata de una reforma integral del código aduanero. Otra, cambiar de manera sustancial el mercado inmobiliario.

De acuerdo a lo que pudo saber Agencia Noticias Argentinas, detrás de los dos textos está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Pero no está solo: el funcionario escuchó voces del mundo inmobiliario, por ejemplo, para redondear un proyecto que busca consagrar que el corretaje finalice una etapa de consideración de profesión liberal y pase a ser simplemente un servicio de intermediación comercial.

Una de ellas fue la Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint, una start up que se asentó en el mapa inmobiliario y que le acercó algunas ideas al ministro para que se termine de redondear la iniciativa que tendrá ruido en el ambiente.

Para el empresario, “el corretaje inmobiliario no es medicina, ingeniería ni una ciencia reservada a iniciados”. “Es una actividad comercial que conecta a dos partes, para facilitar una operación y cobrar una comisión. Durante décadas, el lobby sindical agrupado en FAEMCI, disfrazó ese servicio de profesión tutelada para apropiarse legalmente del mercado”, agregó. 

En esa línea, remarcó que las leyes nacionales 20.266 y 25.028 “instalaron la trampa unificadora”. Esto significa que exigieron título universitario y habilitaron a las provincias a levantar “un cerrojo”. Casotti apuntó que “desde 2003, el modelo se expandió mediante leyes provinciales que crearon colegios obligatorios, territorios cautivos, comisiones reguladas, cajas millonarias y organismos que habilitan, cobran, inspeccionan y sancionan. Juez, parte y recaudador. Todo dentro de la misma corporación”.

Por eso, el proyecto, entre otras condiciones, apunta a desterrar el rol de los colegios, con toda su artillería sancionatoria. Además, busca eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones y, algo fundamental: la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional.

“La matrícula no garantiza ética, capacidad ni excelencia: garantiza que alguien pagó para entrar al sistema. Los colegios no protegen al consumidor; protegen su exclusividad. Y cuando persiguen a quien trabaja sin su permiso, no están defendiendo calidad: están eliminando competencia con la fuerza del Estado”, justifica Casotti este punto que ya genera controversia en el ambiente.

Paralelamente, el oficialismo quiere implementar cambios de fondo en el código aduanero. Ante este medio, una persona que trabaja en la Aduana y que pudo acceder al borrador de la iniciativa confirmó que la administración de Javier Milei intentará relajar controles, prescindir de personal, terminar con burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercadería y, fundamentalmente, cambiar la figura y las penalidades de lo estipulado por contrabando.

Desde el SUPARA, el sindicato que nuclea a los trabajadores del organismo, ya advirtieron que los cambios estructurales sin la participación de los trabajadores podría debilitar el sistema de control. El gremio asimismo indicó que el funcionamiento del comercio exterior no puede analizarse en forma aislada sin considerar el rol de la Aduana en la regulación, la fiscalización y el resguardo del interés nacional.

Para el gremio, conducido por Daniel Mallotti, no es un buen momento para la desregularización y comenzó a tener contactos, con coincidencias, con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). De hecho, ya hablaron del incremento del comercio ilegal y reclamó al Gobierno “reforzar los controles fronterizos, para evitar el daño que hace a nuestra industria y las pérdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando”.

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El Supremo de Brasil le negó a Milei visitar a Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria

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La Corte Suprema de Brasil negó este sábado una petición de los abogados de Jair Bolsonaro en la que solicitaban autorización para que el mandatario argentino, Javier Milei, pudiera visitar al expresidente brasileño en prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, encargado del cumplimiento de la condena de 27 años de cárcel que recibió Bolsonaro por “liderar” una trama golpista contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

La defensa del líder ultraderechista brasileño había pedido permiso a De Moraes para que Milei visitara a Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria en su casa de Brasilia, el próximo 25 de julio, según el fallo divulgado por el Supremo.

Ese día, Milei tiene previsto participar en la presentación oficial de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, que tendrá lugar en la ciudad de São Paulo.

“El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, dijo Milei el pasado 10 de julio durante una entrevista con FM Radio Now 97.9.

Pero el magistrado brasileño ha rechazado esa última posibilidad y aludió a una decisión suya dictada el viernes a través de la cual endureció las condiciones para que Bolsonaro pueda permanecer recluido en casa por motivos de salud.

De Moraes determinó que el ex jefe de Estado (2022-2019) no podrá recibir visitas sociales durante 30 días, salvo las de sus médicos, fisioterapeutas y abogados.

Además, le prohibió también recibir visitas con fines políticos o electorales hasta el fin de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del próximo mes de octubre.

El magistrado endureció las condiciones penales del capitán retirado del Ejército después de que Flávio Bolsonaro leyera el sábado pasado en sus redes sociales una carta escrita por su padre.

En la misiva, escrita de su puño y letra, Jair Bolsonaro reafirmó su apoyo a la candidatura de su hijo y pidió “dejar de lado las diferencias”, en medio de las tensiones en el seno de su familia por las elecciones.

No obstante, De Moraes consideró que la lectura de la carta violó una de las condiciones previamente impuestas a Jair Bolsonaro: la prohibición de utilizar las redes sociales directa o indirectamente, es decir, a través de terceros.

En este sentido, primero prohibió las visitas de Flávio a su padre por 90 días, es decir, hasta después de la primera vuelta de las elecciones, prevista para el 4 de octubre, y ya el viernes endureció el régimen de visitas a Jair Bolsonaro.

Flávio ha criticado fuertemente a De Moraes, a quien ha acusado de interferir políticamente en la contienda electoral, para la que el senador aparece en el segundo lugar en intención de voto, por detrás de Lula, según las últimas encuestas.

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Ecología dio marcha atrás y derogó el registro provincial de Infractores Ambientales

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El Ministerio de Ecología de Misiones dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una medida que había generado un fuerte rechazo del sector privado y abierto un debate sobre los límites de la regulación ambiental y la seguridad jurídica en la provincia. La decisión, oficializada este 17 de julio mediante la Resolución Nº 248/26, revoca la Resolución Nº 182/26, que había creado el registro apenas días atrás.

La marcha atrás se produjo en un contexto de creciente tensión institucional. Cámaras empresarias, entidades forestales y organizaciones agropecuarias habían cuestionado la legalidad de la iniciativa y anticipaban una ofensiva judicial que incluso contemplaba llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La derogación desactiva ese escenario y evita que el conflicto escale a una instancia de mayor confrontación entre el Estado y el sector productivo.

En los fundamentos de la nueva resolución, firmada por el ministro Martín Recamán, la cartera ambiental señala que, tras una nueva evaluación, resolvió dejar sin efecto la medida por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”. El texto, sin embargo, no hace referencia a las impugnaciones presentadas por las entidades empresarias ni responde a los cuestionamientos constitucionales planteados durante los últimos días.

La reacción del sector productivo había sido prácticamente unánime. La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) presentó una impugnación administrativa en la que sostuvo que el registro vulneraba garantías constitucionales al permitir la incorporación de personas o empresas por el solo hecho de tener un expediente administrativo abierto, sin una resolución firme que acreditara una infracción.

La entidad también cuestionó que la resolución contemplara sanciones por incumplimientos de “normas complementarias”, una formulación que consideró demasiado amplia y generadora de incertidumbre jurídica. A ello sumó un planteo de competencia institucional, al sostener que un registro con efectos sobre derechos de particulares no podía ser creado mediante una simple resolución ministerial.

La posición fue respaldada por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados. Todas coincidieron en advertir que la iniciativa generaba un clima de mayor incertidumbre para la inversión y la actividad productiva.

Sin embargo, el debate trascendió rápidamente la discusión sobre el RePIA. Las entidades aprovecharon la controversia para expresar un malestar acumulado respecto de distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología, entre ellas las demoras en la aprobación de permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas controladas, la prohibición del glifosato, la implementación del programa REDD+ y la escasa participación de los sectores productivos en la elaboración de regulaciones con impacto económico.

En ese contexto, la decisión del Gobierno provincial aparece como una señal de distensión. La derogación del registro no implica necesariamente un cambio en la política ambiental de la provincia, pero sí refleja la capacidad de rectificación institucional frente a una medida que había generado un rechazo transversal y riesgos de judicialización.

Desde una perspectiva de gobernanza, el episodio deja una enseñanza relevante: la construcción de políticas públicas vinculadas al ambiente requiere mecanismos de participación que permitan compatibilizar los objetivos de conservación con la previsibilidad que demanda la producción. La sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico difícilmente puedan consolidarse si avanzan por carriles separados.

La eliminación del RePIA cierra, por ahora, uno de los capítulos de mayor tensión entre el Gobierno y las entidades productivas durante este año. El desafío que se abre es transformar ese retroceso administrativo en una oportunidad para construir consensos duraderos, donde la protección de los recursos naturales y la seguridad jurídica no aparezcan como objetivos contrapuestos, sino como pilares complementarios de una estrategia de desarrollo para Misiones.

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Meza advierte que el Duty Free puede crear nuevas asimetrías y pide una zona franca industrial para Posadas

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El ministro de Desarrollo Social de Misiones planteó que la futura tienda libre de impuestos no debe convertirse en un negocio para pocos. Propone aprovechar la apertura nacional para defender al comercio local, atraer industrias y generar empleo genuino en la ciudad.

La llegada del Duty Free a Posadas abrió una discusión que va más allá de una tienda libre de impuestos. Para Fernando Meza, ministro de Desarrollo Social de Misiones el debate central es si la ciudad aceptará una nueva asimetría comercial o si utilizará esta oportunidad para reclamar un modelo más amplio, que cuide a los comerciantes locales y atraiga inversiones productivas.

“El Duty Free por sí solo no alcanza; Posadas necesita producir y generar empleo”, sostuvo Meza.

El Gobierno nacional reglamentó el régimen de tiendas libres en pasos fronterizos terrestres, y en Misiones Posadas aparece como uno de los puntos estratégicos por su dinámica comercial con Paraguay y Brasil, siendo nuesta ciudad el paso fornterizo de mayor trancito de personas a nivel pais. La medida puede generar movimiento económico y nuevos puestos de trabajo, pero también despierta preocupación en los sectores que desde hace décadas compiten en condiciones desiguales frente a Encarnación.

“No queremos una nueva competencia desleal; queremos una oportunidad de desarrollo para toda la ciudad”, enfatizó.

La preocupación de los comerciantes posadeños no pasa por rechazar la inversión ni desconocer el empleo que puede traer el Duty Free. El planteo apunta a evitar que un régimen con beneficios fiscales termine agravando las desigualdades que el comercio local arrastra desde la apertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

“Queremos que haya inversiones y que se generen puestos de trabajo: sí. Pero no queremos una nueva asimetría dentro de nuestras fronteras”, remarcó.

Por eso, el eje del reclamo no es frenar el Duty Free, sino ampliar la mirada. Meza propone que la habilitación comercial sea el punto de partida para avanzar hacia una zona franca con perfil industrial, logístico y comercial, capaz de convertir a Posadas en un polo de producción, exportación y generador de empleo.
La diferencia es clave: una tienda libre de impuestos puede concentrar beneficios en pocos operadores; una zona franca industrial y logística podría abrir oportunidades para proveedores locales, empresas exportadoras y trabajadores de distintos sectores. En esa línea, el funcionario plantea que la ubicación de Posadas, frente a Encarnación y cerca de corredores hacia Brasil, debe transformarse en una ventaja productiva.
Para Meza, la oportunidad no debe quedar encerrada en un esquema de consumo. Debe traducirse en empleo formal, participación real de la economía local y una política pública que ordene el crecimiento, pasar de ser una mera ciudad administrativa a una gran prestadora de insumos y sevicios. En particular, observa que industrias orientadas a exportar hacia Brasil podrían encontrar en Misiones una plataforma competitiva si existen reglas claras e incentivos adecuados.
El planteo también tiene respaldo normativo. La Ley 24.331 de Zonas Francas permite impulsar espacios destinados al comercio y a la actividad industrial exportadora, mientras que antecedentes recientes vinculados a Puerto Iguazú mencionan la posibilidad de extender beneficios hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen. Para el ministro, esa base debe servir para construir una respuesta de fondo a las asimetrías.
“La discusión no debería limitarse a la instalación de un Duty Free, solo para venta minoristas de productos importaos. El verdadero desafío es definir qué modelo de desarrollo y generador de empleo queremos para nuestra ciudad”, sostuvo.
La posición busca un equilibrio: reconocer que el Duty Free puede generar empleo y movimiento económico, pero advertir que, sin reglas que incluyan a los comerciantes y sin una estrategia industrial, el beneficio puede quedar concentrado, en pocasa manos. La propuesta de Meza es convertir una medida comercial en una política de desarrollo para toda la ciudad.
“La verdadera oportunidad es fortalecer la producción, atraer inversiones y generar trabajo para los posadeños”, afirmó.
En tiempos en que la frontera vuelve a marcar la agenda económica de Misiones, Meza intenta instalar una consigna clara: Posadas no debe resignarse a competir en desventaja ni conformarse con mirar cómo se concentra el negocio. Debe exigir una herramienta que cuide a sus comerciantes, atraiga industrias y convierta la apertura del Duty Free en una oportunidad más amplia.
“Más que discutir una tienda libre de impuestos, la pregunta de fondo es qué ciudad queremos construir: una ciudad que dependa del consumo o una ciudad que también produzca, exporte y genere nuevas oportunidades”, remató.

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