POLITICA

La Corte Suprema analizó con jueces federales la implementación del sistema acusatorio

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El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, mantuvo este miércoles una reunión con integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales para analizar distintos temas vinculados al funcionamiento del Poder Judicial.

Según informó en un comunicado, el encuentro se realizó en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia y contó con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre los desafíos en la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones, la cobertura de vacantes, cuestiones de infraestructura, mejoras en la obra social y la situación financiera del Poder Judicial.

La delegación de magistrados estuvo encabezada por Javier Leal Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y contó con representantes de distintos tribunales federales del país, entre ellos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y cámaras federales de apelaciones de Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata.

Por parte del Consejo de la Magistratura expusieron el administrador general, Alexis Varady; la responsable del departamento de Coordinación Técnica, Silvina Montoya; y el director general de Tecnología, Hernán Rondinella. También participaron funcionarios de la Corte Suprema vinculados a la obra social, asistencia judicial e infraestructura.

El encuentro formó parte de las reuniones periódicas entre autoridades judiciales para evaluar el funcionamiento del sistema federal y coordinar políticas de gestión en los distintos tribunales del país.

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Milei comparó su salario con el de los rectores de universidades

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El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes”.

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger “sus cajas” políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas. 

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada

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Luciana Geuna le ganó a Javier Milei y la película de espías terminó en papelón

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Para repasar, el conflicto había explotado el 19 de abril de 2026, cuando en el programa “¿Y mañana qué?” de TN se emitió un informe realizado por Nacho Salerno utilizando lentes inteligentes con cámara incorporada para mostrar cómo trabaja un periodista acreditado dentro de Casa Rosada. El material incluía imágenes de circulación interna, sectores comunes y recorridos habituales dentro del edificio presidencial.

La reacción del Gobierno fue bastante desproporcionada, incluso para lo dramático que suele ser el gobierno de Javier Milei. La Casa Militar presentó una denuncia penal hablando de “revelación culposa de secretos políticos y militares”, “espionaje ilegal” y “vulneración de la seguridad nacional”, como si Salerno hubiera bajado colgado del techo a lo Tom Cruise y no mostrando un pasillo vacío con olor a café.

La denuncia fue presentada el 22 de abril por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, ante el juzgado federal de Ariel Lijo, arguyendo que el informe podía exponer detalles logísticos sensibles de la seguridad presidencial, sobre todo cuando, a nivel internacional, hay tensiones entre Irán y aliados estratégicos de Argentina como Estados Unidos e Israel.

Qué resolvió la Justicia sobre Luciana Geuna y la denuncia de Casa Militar

Pero cuando Pollicita analizó el material completo, el castillo de naipes se cayó. En su dictamen, el fiscal sostuvo que, si bien se incumplieron las normas internas de acreditación, lo que pasó no era ni de cerca espionaje.

Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato. Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato.

Pollicita además añadió: “Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público”. Y remató con otro párrafo que dejó expuesto el relato oficinal: “No se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”.

La Justicia pidió archivar la denuncia contra Luciana Geuna y Nacho Salerno por considerar que no hubo espionaje y que solo se filmaron espacios públicos de Casa Rosada. Foto: Urgente24

El dato más incómodo para el Gobierno es que el fiscal recordó que muchas de esas imágenes ya están disponibles públicamente en Google Maps, YouTube, visitas guiadas y hasta en contenidos oficiales de Casa Rosada. O sea, después de días instalando Watergate, la causa terminó pareciendo más a alguien descubriendo tarde internet.

La fiscalía también aclaró algo importante: el Derecho Penal tiene que ser la última herramienta del Estado y no un garrote para disciplinar periodistas. Por eso Pollicita pidió directamente la desestimación de la causa y el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

La guerra de Javier Milei en X que le terminó saliendo al revés

Si el expediente judicial ya era delicado para el oficialismo, en redes sociales se agravó más el cuadro político. Porque Javier Milei respaldó institucionalmente la denuncia y convirtió el caso en una cruzada personal contra Geuna, Salerno y buena parte del periodismo acreditado.

Desde su cuenta de X compartió posteos donde trató a los periodistas de “basuras repugnantes”, “delincuentes” y “basura mentirosa”. Incluso difundió montajes donde Geuna aparecía presa. Uno de los mensajes más virales del Presidente decía: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes.”

Sin embargo, al saberse la resolución, X (ex Twitter) se llenó de comentarios compartiendo la noticia, e incluso celebrando esto como un “golpe al Gobierno”.

  • “REVÉS JUDICIAL PARA LA PAREJA MILEI”
  • “El fiscal de la causa desestimó la denuncia… Chupala Milei”.
  • “El fiscal Pollicita desestimó… TAMBIÉN FUE UN VERSO LO DE PERIODISTAS QUE ESPIABAN PARA LOS RUSOS.”
  • “LUCIANA GEUNA SOBRESEIDA!!! … Trompada en los dientes al Presidente. El que las hace las paga.”

Recordemos también que la Casa Rosada se olvidó de la democracia y tomó medidas inéditas, como la suspensión de acreditaciones, el cierre temporal de la sala de prensa, al eliminación de huellas biométricas y restricciones específicas para TN y El Trece. Todo eso por un informe que para la Justicia no tenía relevancia penal.

Al final, todo quedó como una especie de remake de Minority Report, pero con funcionarios viendo conspiraciones en corredores vacíos y una causa judicial que, después de tanta espuma, quedó más flaca que el presupuesto universitario.

Fuente Urgente24

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Nuevos contratos, pagos en efectivo y más dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

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La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario alquiló en el country Indio Cuá. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el testigo aportó nuevos contratos, conversaciones de WhatsApp y detalles de pagos realizados en efectivo y en dólares, que amplían el foco sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.

La Justicia ya había detectado que Adorni había pagado 13.000 dólares por el alquiler de una casa en ese barrio privado mientras remodelaba otra propiedad adquirida en el mismo lugar por 120.000 dólares. Ese contrato abarcó desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 y coincidió con una refacción integral de la vivienda propia, obra que estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y que demandó una inversión estimada en 245.000 dólares entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Ahora, Rodríguez reveló que ese contrato se extendió de manera verbal por tres meses más debido a demoras en la finalización de la obra. Por ese trimestre adicional, Adorni pagó otros 2.400 dólares.

Pero no fue el único alquiler. El testigo también confirmó que ya le había alquilado la misma propiedad anteriormente, en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. En ese caso, Adorni pasó enero y febrero de 2024 en Indio Cuá, ya como vocero presidencial designado, por un monto de 5.600 dólares.

Con ambos contratos y la extensión posterior, el actual jefe de Gabinete y su familia habrían alquilado la vivienda durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, todos abonados en efectivo y en moneda extranjera, según declaró el propietario. A esa cifra se suman las expensas de los dos lotes —el alquilado y el propio— que rondarían los 600.000 pesos mensuales cada uno.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo junto con el fiscal Pollicita, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados. El funcionario mantuvo congelado su salario en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales hasta comienzos de este año, cuando se le duplicó la remuneración.

La Justicia también analiza los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. A pedido de la fiscalía, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal realizará un cruce integral entre ingresos y egresos para detectar eventuales inconsistencias patrimoniales.

Según la reconstrucción del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380.000 dólares solo en el segmento inmobiliario, mientras que las deudas declaradas junto a su esposa superarían los 335.000 dólares, con vencimientos mayoritarios previstos para noviembre de este año.

Hasta el momento, Manuel Adorni no presentó explicaciones formales ante la Justicia. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas, y el propio funcionario adelantó que será entonces cuando brindará el detalle completo de su patrimonio.

El caso se volvió uno de los frentes más sensibles para el oficialismo, no solo por el peso político del vocero presidencial devenido jefe de Gabinete, sino porque la investigación pone bajo observación la coherencia entre los ingresos públicos y un nivel de gastos que, al menos en los papeles judiciales, comienza a mostrar más preguntas que respuestas.

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La Justicia también investiga al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6 y fue impulsado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien ordenó una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde 2020 hasta la actualidad.

La pesquisa se concentra en determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado durante el período en que Francisco Adorni ocupó cargos dentro del Ejecutivo nacional. Primero se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, desde junio de 2025, quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según el dictamen fiscal, no registraba antecedentes públicos relevantes en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la rápida incorporación de bienes registrables de alto valor.

El punto central de la investigación está en la evolución de su declaración jurada. Al asumir funciones públicas declaró el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,79 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones, además de otros bienes y dinero que totalizaban $43,79 millones, sin deudas declaradas. Sin embargo, en la declaración jurada anual de 2025 informó un patrimonio neto de $80,5 millones.

Ese salto patrimonial se explicaría principalmente por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, sobre todo, por la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.

Allí aparece la principal sospecha del fiscal. En el dictamen, Marijuan sostuvo que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento del salario percibido”, el flujo de ingresos resultaría insuficiente para explicar la cancelación de ese pasivo en un plazo de apenas 12 meses. Ese punto se convirtió en el eje de la investigación judicial.

Para avanzar con la causa, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y pidió informes a una amplia red de organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos figuran ARCA, el Banco Central, la UIF, la IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, además de compañías aseguradoras y firmas de envío de dinero. También se pidió al Banco Provincia el detalle completo de los pagos imputados a la cancelación del crédito hipotecario durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo fechas, montos, medios de pago y origen de los fondos.

Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo del funcionario, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción también se le solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.

Aunque la denuncia original también hacía menciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que esas referencias no forman parte de esta investigación específica, que por ahora se concentra exclusivamente en Francisco Adorni.

El expediente suma presión política sobre el entorno del Gobierno nacional en un contexto de creciente exposición pública del caso Adorni, que ya comenzó a generar ruido en el oficialismo y en la oposición, donde distintos sectores impulsan pedidos de explicaciones y mayores controles sobre la evolución patrimonial de funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo.

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