Jaime Ledesma, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones y Asesor del Ministerio del Agro y la Producción se suma al debate forestal que comenzó en los últimos meses donde se está discutiendo la posible llegada de nuevas inversiones de la industria de pasta celulósica o la continuidad de la Ley 25.080, que otorga subsidios a los pequeños y medianos productores forestales. A continuación, publicamos una columna que escribió para Economis.
 
EL DEBATE DE LA CONTINUIDAD DE LA LEY 25.080 ES LA GRAN OPORTUNIDAD PARA DEBATIR UNA POLITICA FORESTAL ESTADO
 
Por: Ing. Ftal. JAIME G. LEDESMA (*)
El sector forestal está atravesando un contexto político institucional que hay que destacarlo como un hecho sumamente positivo.
Las señales dadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en ese sentido, posibilitan el abordaje de una interesante AGENDA FORESTAL, en forma conjunta con las provincias y los principales actores productivos, industriales, empresariales y profesionales del País.
En estos 5 meses se han realizados tres reuniones de la Mesa Foresto Industrial con la presencia del Presidente de la Nación; Gobernadores; funcionarios nacionales y representantes institucionales Provinciales del más alto nivel con los actores empresario-productivos del sector. Donde claramente la cuenca forestal mesopotámica tiene un sesgo destacado en su participación.
Cabe reseñar también que, durante el año 2017, se realizaron interesantes reuniones, en el marco del CFA, abordando la cuestión de la Ley 25.080; como también,en estos primeros meses del año, ya se realizaron dos reuniones de trabajo(y en próximos días la tercera), en el Ministerio de Agroindustria coordinadas por el Subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial, Nicolás Laharrague, con amplia participación del sector productivo, empresarial, profesional e institucional.
En su momento, allá por septiembre, se elaboró una agenda de temas con unos 10 puntos, donde obviamente cada actor de la cadena foresto-industrial tiene su propia mirada e impronta; el desafío institucional pasa entonces por poder consensuar visiones, metas, objetivos, estrategias y acciones; en definitiva definir una clara política forestal de Estado para no repetir las historias del pasado, haciendo un abordaje de las cuestiones institucionales, técnicas, económico-productivas, ambientales y sociales de cara al futuro, en contexto de sostenibilidad.
No se puede negar que se está trabajando institucionalmente, Nación y provincias, sobre cuestiones que buscan dar competitividad al sector (un sector que por cierto es gran dinamizador de las economías regionales), desde lo tributario, económico y logístico; pero para que esto no sea una cuestión coyuntural, de mediano plazo o de este gobierno; debe necesariamente transformarse en una política de Estado con todo lo que ello implica, en un país que no tiene conciencia y cultura forestal.
Hay un consenso generalizado sobre la continuidad de la Ley 25.080. Ahora bien, existen opiniones encontradas hacia dónde focalizar los recursos de la promoción forestal: seguir orientando los incentivos al sector primario para forestar o reforestar o invertir en desarrollar el sector foresto-industrial en algunas economías regional o un mix: Es en este punto donde tenemos detenernos a fin de que plantearnos que es lo que queremos o pretendemos como país y región en los próximos tiempos, en materia foresto-industrial.
Tener caridad en la visión, metas y objetivos no es un dato menor, es clave para todo este proceso de construcción política de consensos.
Digo esto para que no dilapidemos esfuerzos y tiempos focalizando en los instrumentos y no en la política; pues las políticas pendulares, muy común en nuestro País, en los últimos 70 años, no van a contribuir a desarrollar sosteniblemente el sector forestal.
Me parece oportuno mencionar un concepto dado del Prof. Enrique Gallardo (especialista en Derecho Forestal) que nos posibilitara comprender lo dicho: “…si no se tiene en claro ni se entiende a la política, simplemente como un conjunto de objetivos, o a lo más, como una estrategia para lograrlos, esto es, como un fin, ni la legislación y la institucionalidad como medios o instrumentos para alcanzar los objetivos definidos en la política, lo más probable es que suceda lo que pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, que las normas legales o reglamentaria sean ineficaces e ineficientes”
La política forestal, en nuestro país, ha sido fragmentada, según el tipo de recurso bosque nativo y bosque de cultivo, y muy errática en los últimos 70 años. Un dato territorial es que, desde 1914 a la fecha, hemos perdido más de 70.000.000 de hectáreas de bosques nativos (donde sigue habiendo un avance de la frontera agropecuaria) y desde mediados de los 50 y 60 a la fecha alcanzamos un poco más de 1.300.000 hectáreas de bosques cultivados, cuando por lo menos podemos duplicar esa cifra sin colisionar con otros intereses productivos.
Si bien hay una estructura foresto-industrial consolidada, sigue teniendo una incidencia muy baja en el PBI nacional, pero que puede tener un crecimiento exponencial con todo el efecto multiplicador que puede tener en las economías regionales.
Creo que hoy, en virtud de todo lo descripto anteriormente,están dadas las condiciones y tenemos la gran oportunidad para sentar las bases de una política forestal de Estado; entendiendo a la política forestal como: el desarrollo coherente de un armonioso conjunto de medidas legales e instituciones, basadas ambas en principios políticos previamente establecidos, que conduzcan al objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible de los recursos forestales.
No tenemos que perder de vista la importancia estratégica que tienen los bosques y la foresto industria para el desarrollo sostenible del país.
“Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va” (Lucio Séneca)
 

(*) Jaime Ledesma es vicepresidente Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones y Asesor Ministerio del Agro y la Producción.

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