“El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea”. Con párrafos de esa dureza, Ricardo Lorenzetti le envió hoy una carta a su sucesor en la presidencia de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Esto sucede en medio de la disputa que se abrió en el máximo tribunal por el control del Centro de Información Judicial (CIJ).
El nuevo presidente supremo dictó una resolución en la que denuncia un “vaciamiento” del Centro de Información Judicial y ordenó que se proceda a la recuperación “de la totalidad de los dispositivos tecnológicos que posibilitan el manejo del sitio web”.
Según detalla el texto, Rosenkrantz relata que luego producida su designación como presidente “pero antes de que fuera efectiva”, el 27 de septiembre de 2018, “el entonces Presidente de la Corte Suprema” dispuso mediante resolución 2972/2018 “la transferencia de la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto” al ámbito de la vocalía Lorenzetti.
La resolución señala que “más allá de la justificación” que pudiera haber tenido la Resolución de Lorenzetti, otras cinco resoluciones se dictaron el mismo 27 de septiembre en las cuales se dispone la transferencia de otros 10 agentes de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto “a distintas dependencias de esta Corte Suprema con lo que la dotación de dicha Secretaría se redujo de 18 funcionarios y empleados a 6 empleados”.
En síntesis, el nuevo presidente de la Corte denunció un vaciamiento del área de comunicación del Máximo Tribunal. Rosenkrantz, de forma diplomática, lo graficó de la siguiente manera: “Como consecuencia de esas decisiones, el área de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto ha quedado acéfala y sin personal suficiente para cubrir las importantes competencias que le atribuye a dicha Secretaría la Acordada 42/2015”.
Esa acordada declara que el objetivo comunicacional de la Corte es, precisamente, el de “ profundizar la política de comunicación, basada en la transparencia informativa y la participación social, logrando una estrategia uniforme que continúe garantizando a la población el acceso a la información y la publicidad de los actos de gobierno”.
La resolución denuncia que esa acefalía “ha hecho imposible el funcionamiento de la Secretaría en cuestión y pone en riesgo la continuidad operativa del Centro de Información Judicial, comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación”.
Para fundar su decisión, Rosenkrantz apeló al texto de la acordada n° 9/2012, que en su artículo 2, “explícitamente dispone que el Centro de Información Judicial dependa de la Dirección de Comunicación Pública y somete dicha dirección a la autoridad directa del Presidente de este Tribunal”.
Por lo tanto, a los fines de cumplir “las obligaciones institucionales a su cargo”, el Presidente de la Corte reconoció que “debe contar, de modo urgente, con los medios para continuar el servicio provisto por el Centro de Información Judicial, entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web”, y que de acuerdo con toda la normativa interna al respecto, está obligado “a disponer las medidas de seguridad informática necesarias para garantizar la provisión del servicio de comunicación judicial”.
A raíz de esto, en su carta al actual presidente de la Corte, Lorenzetti señala: “Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar”.
Y a partir de ahí enumera una serie de hechos. “Hace muy pocos días, Usted se apersonó en el despacho de la Secretaria de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional,proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial (CIJ)”, señala.
Y sigue la carta: “Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional”.
Agrega Lorenzetti: “No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal”.
Lorenzetti sostiene que “la presidencia no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa”. Y relata en forma detallada cómo surgieron el CIJ y la Dirección de Comunicación Pública a lo largo de los años.
Para concluir sobre el ex abogado de Clarín, Lorenzetti señala: “Creo firmemente que el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había, sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé”.
Este martes, y en medio del clima hostil que se vive en la Corte Suprema, Rosenkrantz y Lorenzetti se mostraron junto al presidente Mauricio Macri y al resto de los miembros de la Corte Suprema en la cumbre del J20.

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