La Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones denunció hoy ante la Corte Suprema de Justicia la “gravedad institucional” generada por la eximición a Tabacalera Sarandí de tributar el impuesto mínimo fijado por la ley 27.430 por la comercialización de atados de cigarrillos como consecuencia de una medida cautelar, argumentando que de esta forma se desefinancia el Fondo Especial del Tabaco.

Adicionalmente, y en la misma línea, la entidad solicitó presentarse como “amicus curiae” en el marco de un recurso de queja presentado por AFIP en la causa que enfrenta al ente recaudador con Tabacalera Sarandí.

En su presentación, a la que accedió Télam, la asociación misionera sostiene que “el mercado de cigarrillos se distorsionó gravemente por el otorgamiento de las medidas cautelares antes referidas, especialmente las otorgadas a Tabacalera Sarandí, que lejos de ser una Pyme ya cuenta con aproximadamente 20% del mercado total y factura aproximadamente $ 10.000 millones anuales, siendo más grande que otras multinacionales que actualmente participan también del mercado de cigarrillos”.

Agrega que “el menor precio de venta de los productos de Tabacalera Sarandí y otras genera una elusión fiscal directa de más de $10.000 millones en concepto de impuestos internos, impuesto al valor agregado (IVA), Fondo de Asistencia Social (FAS), Fondo Especial del Tabaco (FET) y de Ingresos Brutos (IIBB) anualmente”.

En la presentación se asegura que “en términos acumulados, la pérdida de recursos que generaron las sucesivas medidas cautelares otorgadas desde 2016 hasta 2019 inclusive, superaría los $ 45.000 millones”.

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